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Política

Lo que deja la imputación contra Sain, la delgada línea que definirá los próximos pasos y el impacto institucional

Se trata de acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25550. La imputación de los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg contra Marcelo Sain y siete ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia conocida por fin después de un año de investigación evitó hablar de espionaje, como se juzgó la causa en los medios de comunicación. La línea que separa esas expresiones no parece muy nítida, pero gravitaría en el destino de la causa: mantenerse dentro de la órbita de la justicia provincial o pasar a la competencia federal, como reclaman las defensas de los acusados.

Durante la audiencia en la que fue imputado como jefe de una asociación ilícita Sain encuadró las acciones de inteligencia reprochadas en “la política y las estrategias de persecución del crimen” que desarrolló en su gestión “y fueron manifiestamente decididas por el gobernador”. En conferencia de prensa con medios santafesinos, los fiscales Hernández y Grimberg afirmaron que “de ninguna manera” aparece implicado Omar Perotti por más que según el ex ministro “el gobernador siempre estuvo al tanto de todo lo que nosotros desarrollamos en esta materia”.

Más allá de que el gobernador haya sido “quien le dio la orden a Sain para espiar y perseguir a opositores y empresarios”, como plantea el diputado Maximiliano Pullaro, o bien que reconoce el fin de “separar definitivamente el universo delictivo de la política y del Estado” pero no los medios utilizados para el objetivo, según sugiere la interpretación del ministro Marcos Corach, lo cierto es que la imputación pone en primer plano un aspecto poco considerado: la causa contra Sain y los presuntos delitos adjudicados al ex ministro y su equipo no puede explicarse con abstracción del contexto político configurado a partir de fines de 2019.

El documento de los fiscales Hernández y Grimberg tiene 65 páginas y si bien para las defensas resulta impreciso en la calificación de delitos impresiona como una descripción puntual de hechos. Sin embargo, la imputación reproduce en varios pasajes el criterio con el que se difundieron audios de Sain en los medios: presenta recortes de situaciones que abstraen el marco de interpretación y establece o sugiere conclusiones a partir de esa extracción quirúrgica de datos y citas. Y de hecho una parte sustancial de los fundamentos proviene de los audios y los mensajes contenidos en los teléfonos secuestrados a los ex funcionarios.

En base a un conjunto de audios, los fiscales acusaron a Sain, Nadia Schujman y Diego Rodríguez de sustraer dinero de la partida de gastos reservados destinada a la Agencia de Control Policial. “Entendemos que los audios no acreditan nada. Para imputar un delito tendrían que probar que esos fondos fueron mal utilizados o en contra de lo que dispone la norma. No se presentó ninguna evidencia al respecto”, dice el abogado Hernán Martínez, defensor del ex ministro.

Un audio, como cualquier otro elemento en una investigación judicial, tiene sentido dentro de una construcción discursiva. En principio parece no haber demasiado margen de interpretación en la orden “háganse los boludos” y “ni se les ocurra intervenir”, ante la denuncia de torturas a Dylan Cantero, un chico que carga con el cartel de pertenecer a la reconocida familia narco de Rosario. “Inducile un coma”, dicho en relación a otro detenido, suena también concluyente. El peso de esas palabras está en proporción con el recorte que se practica sobre el registro, como sucedió en el audio “filtrado” en la previa mediática y donde se escucha a Sain lanzar una carcajada después de referirse a la muerte del comisario Adrián Forni, en una conversación con el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro que levantó la temperatura social contra el ex ministro de Perotti.

Los fiscales acusan por ejemplo a Sain de impartir instrucciones contrarias al derecho al ordenar el 26 de marzo de 2020 “hacer mierda” a los policías Milton Germán Vacarezza, Germán Luis Fachetti y Jorge Santiago Delgado. Omiten la circunstancia de la orden: los tres pretendieron escapar a un control dispuesto por el aislamiento social obligatorio, después de volver de un viaje a Jamaica, y reaccionaron agresivamente frente al procedimiento. En cambio, afirman que el ex ministro actuó contra los policías “por considerarlos vinculados al ex jefe de la PDI Daniel Corbellini” y presentan como una represalia la sanción administrativa impuesta —estuvieron en disponibilidad— sin mencionar la existencia del sumario interno ni la causa penal por resistencia a la autoridad. Sin estas referencias, la expresión coloquial “hacer mierda” se carga de un sentido ominoso.

En una enumeración de episodios en que supuestamente se dieron órdenes que vulneraban derechos humanos, los fiscales incluyen también el caso de una mujer que habría sido detenida en la Casa de Gobierno de Rosario mientras paseaba sus perros en infracción al aislamiento social. La víctima no está identificada ni compareció pese a la amplia difusión del suceso. La única fuente es un audio de Sain, en el que los fiscales toman los dichos al pie de la letra. Cualquier estudiante de lingüística explicaría que el sentido de una conversación privada no está dada solo por los palabras sino por los sobreentendidos y la relación entre los interlocutores y que un recorte, por su propia operación, genera un nuevo significado sobre el mensaje.

Otro cargo imputado en el que podría reponerse el contexto es la causa por malversación de gastos reservados de Asuntos Internos iniciada en agosto de 2020. Los fiscales afirman que Sain y Nadia Schujman omitieron denunciar durante seis meses la existencia del presunto delito y que protegieron a la empleada María Esther Romeggio, una de las involucradas. No dicen que la causa surgió a partir de una auditoría ordenada por el ex ministro y que en la pericia se constató el pago con fondos reservados al abogado José Alcacer por la defensa de cinco policías involucrados en la desaparición y muerte de Franco Casco. Alcacer fue asesor del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Maximiliano Pullaro.


El mandato político


Sain citó en la última audiencia el discurso del gobernador Perotti ante la Asamblea Legislativa del 11 de diciembre de 2019 y su prescripción de “cortar los vínculos de la política con el delito”. Con tal fin, dijo, “teníamos como eje trabajar fuertemente en los delitos de poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado”.

Los fiscales niegan tácitamente ese marco y describen una asociación ilícita que funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021, el día en que allanaron las oficinas del Ministerio de Seguridad. Además de Sain, acusaron a Montenegro, Schujman, Rodríguez, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Milagros Bernard y Agustina Moulins.

Las “actividades de inteligencia prohibidas por la ley” consistieron según la imputación en consultar bases de datos, hacer tareas de calle, obtener referencias de policías y periodistas informantes y elaborar perfiles y dossiers, y apuntaron a influir en la opinión pública, en la situación institucional de la provincia y en la vida interna de los partidos políticos. “Disfrazan de espionaje lo que no son más que tareas de investigación propias de un Ministerio de Seguridad o de un Organismo de Investigaciones”, plantea el abogado Martínez.

Los fiscales enfatizan además en que Sain siguió al mando más allá de su renuncia al ministerio y de su salida del Organismo de Investigaciones y postulan una asociación ilícita que habría actuado como un grupo enquistado y autónomo dentro del gobierno provincial. No hay comentarios sobre las referencias de Sain a las supuestas órdenes de Perotti para perfilar a Nahuel Caputto, CEO del diario El Litoral, y a la empresa Pecam “por considerarla vinculada al Partido Socialista”, ni sobre los pedidos de colaboración al secretario de Justicia Gabriel Somaglia y las exigencias adjudicadas al diputado nacional Roberto Mirabella. Tampoco se explicita a qué y a quiénes se referiría Sain al decir que “el mandato político es que le pasemos todo lo que tenemos a este tipo para que le haga una denuncia penal a coso”.

Si no el coso, por lo menos el caso testigo sería el de Maximiliano Pullaro. El Ministerio de Seguridad de la provincia obtuvo y procesó información sobre el actual diputado y otras diez personas y tres empresas de su entorno familiar y político, según la acusación. Al mismo tiempo, los fiscales detallan los perfilamientos de Jorge Molina, secretario provincial de UPCN, y otras diecinueve personas y diecisiete personas jurídicas de su entorno a partir de febrero de 2020 y no durante la gestión de Pullaro en el ministerio, contra lo que dicen las defensas. También se revelan minuciosos y abarcativos los informes sobre Damián Pullaro, hermano del diputado; Pablo Cococcioni, ex director del Servicio Penitenciario, y Ana Viglione, ex funcionaria de Seguridad, en cuyo dossier difundido por el programa de televisión ADN de Tomás Méndez se transcribieron fragmentos que habían sido tachados en el expediente de una causa penal para no permitir su lectura.

En diciembre de 2020 Sain publicó en Twitter una foto de Pullaro con el ex comisario Alejandro Druetta, por entonces juzgado como organizador de una red de narcotráfico. La búsqueda y difusión de audios del policía que simulaba ejercer una mano dura implacable con el delito encuadró con su teoría sobre la seguridad en Santa Fe, respecto a un bloque de poder transversal a los partidos tradicionales y vinculado con el Poder Judicial. En el juicio, el narco Ignacio Actis Caporale afirmó que la policía corrupta “tenía que llevar la guita a gente relacionada con el gobierno”.

La imputación de los fiscales también cuestiona los perfilamientos de policías implicados en la desaparición y muerte de Franco Casco y de sus abogados. Surge la pregunta de qué tendría que hacer una Agencia de Control Policial ante un caso de extrema gravedad como el de Casco, que provocó la reacción de sectores antidemocráticos de la policía aun en pugna para lograr la impunidad de los acusados. El informe que detalla la imputación más que una acción de inteligencia parece un insumo básico de gestión: contiene una línea histórica comentada de funcionarios políticos que formaron parte de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia entre 2014 y 2019, en relación con fechas relevantes en la investigación por la desaparición de Casco y su encubrimiento, una síntesis de la información que surge de la causa penal y su encubrimiento e información personal y trayectoria laboral de los funcionarios policiales.

Las investigaciones en torno a “la Familia Azul”, el nombre angelical que se impusieron policías levantados contra el gobierno provincial en septiembre de 2020, parecen igualmente actuaciones elementales de una Agencia de Control Policial. Entre otros fueron perfilados el abogado Gabriel Sarla y el sargento retirado Luis Morbiato, voceros del levantamiento. Sain agregó entonces su cuota de nafta al fuego al llamar “cachivaches” a los policías que reclamaban un aumento de sueldo.

Los fiscales podrían decir que las objeciones no afectan al núcleo de su argumentación, y que la ley no impide a la justicia provincial tratar las acciones de inteligencia prohibidas. Las defensas sostienen que el delito le incumbe a la Justicia Federal. El juez Jorge Patrizi convocó a una audiencia para el próximo miércoles a fin de dirimir la competencia; previamente el juez Nicolás Falkenberg estará a cargo de otra audiencia por un pedido de medidas cautelares de la Fiscalía de Delitos Complejos contra Sain, Montenegro y Moulins.



Datos, rumores y conspiraciones


Si acciones del Ministerio de Seguridad pueden comprenderse en función de un diagnóstico —o en algún caso “en el marco de una disputa política que mantenían el entonces Senador Nacional Roberto Mirabella y el Diputado Provincial Maximiliano Pullaro”, según la acusación— otras referencias desnudan el enfrentamiento político dentro del gobierno —como una noticia falsa propalada sobre Héctor Acuña cuando estaba a cargo del Servicio Penitenciario— y hasta del propio ministerio, con perfilamientos de Jorge Lagna y los funcionarios que no integraban el grupo. La imputación también alude a “una investigación ilegal que tenía como objeto a (el ministro de Cultura) Jorge Llonch”, sin dar mayores precisiones. Según el abogado Hernán Martínez, “Llonch estaba investigado en una causa formal”.

La información se confunde con el rumor y la teoría conspirativa en otros episodios. Sain aseguró contar con datos de una reunión en que la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el entonces ministro de Gobierno Esteban Borgonovo y Héctor Acuña se confabularon para defenestrarlo. También sospechó que el ex jefe de la policía provincial Víctor Sarnaglia estaba detrás de una fuga de presos en Santo Tomé y que Acuña congregaba a policías contrarios a su gestión en el parque Juan de Garay, en Santa Fe. La mano negra en su contra se hizo visible en marzo de 2021 con la difusión de un audio en que criticaba a los policías santafesinos, el primero de una sucesión que se extiende hasta hoy.

Algunos perfilamientos particulares parecen sin pies ni cabeza: Daniel Di Lena, militante radical de Venado Tuerto, “es un viejo amigo mío, una persona de bien, un tipo al que aprecio muchísimo”, dijo Sain en Twitter; a Matías Edery lo ponderó públicamente como “un fiscal valiente”; a Gustavo Javier González lo dirigió en su tesis de doctorado en la Universidad Nacional del Litoral. Se ignora también el criterio de recopilar información sobre profesionales y empresas relacionadas con la salud. Otras actuaciones remiten a causas de corrupción conocidas, como las que involucraron a los ex jefes policiales Omar Odriozola, Rafael Grau y Marcelo Villanúa, en las que intervino el propio fiscal Hernández.

Entre otros informes, los fiscales detallan “una genealogía comercial de empresas y empresarios vinculados a Gustavo Scaglione”, con información sobre el Multimedios La Capital, el Grupo Televisión Litoral, Daminato Estudiantil y Daminato Viajes y Turismo. Sain criticó al periodismo rosarino a poco de asumir sus funciones y en enero de 2021 identificó a La Capital como “partido político opositor”. En 2020, durante una entrevista con la radio Aire de Santa Fe, dijo que empresarios considerados “exitosos” tenían negocios con el narcotráfico y que “muchos de estos tipos se dedican a los medios: han comprado medios para protegerse y para extorsionar al poder político, por lo que también tendremos que prestar atención a ellos”.

A propósito del conocido audio del 2 de abril de 2020, en que se escucha a Sain decir que “a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel (Caputto) tenga algún problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal”, los fiscales Hernández y Grimberg afirman que se preparó una acción por supuesta violación a las disposiciones relativas al aislamiento obligatorio con motivo de la pandemia: “(El comisario) Maximiliano Bertolotti manifestó que él se encargaría y confeccionó un parte comunicativo que consignaba falsamente la existencia de una denuncia anónima que motivó que personal de la Agencia de Investigación Criminal se constituyera en la sede del Diario El Litoral”. Este oficial que recurre a tales maniobras, típicas de la policía delictiva, está actualmente a cargo de la Unidad Especializada de Investigación de Crimen Organizado.

Las consecuencias institucionales de la causa agregan incertidumbre a la discusión sobre la competencia y al objetivo disciplinador que denuncian las defensas. Las expectativas son enormes: “El 29 de noviembre (día de la imputación) va a comenzar otra historia en la provincia”, dijo el senador Armando Traferri en un pasaje de su intervención durante la última Asamblea Legislativa.


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