Mientras La Libertad Avanza (LLA) va probando por dónde encontrar una grieta para retrotraer todos los avances constitucionales de al menos los últimos 20 años de la democracia argentina en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, crece el escándalo de la visita de seis diputados de la fuerza oficialista a Alfredo Astiz y otros cinco condenados en la cárcel de Ezeiza. Y hasta resulta incómodo en la visita del presidente Javier Milei a Francia.
Es cierto que visitar a un condenado (por lesa humanidad u otros delitos) no constituye un hecho necesariamente reprochable. Por caso, la ex diputada Victoria Donda (nacida en la ex Esma, víctima luego de apropiación y a quien le fuera negada su identidad hasta que las Abuelas de Plaza de Mayo se la restituyeron en 2004) visitó en algunas oportunidades a su tío represor, Adolfo Donda, apropiador y condenado finalmente a prisión perpetua en marzo de este año.
Pero hay un detalle decisivo: la ex diputada Donda no pretendía con sus visitas a la cárcel promover ningún camino para eludir la acción de la justicia cómo sí promueve LLA. El viaje de los seis diputados hasta Ezeiza en un vehículo de la Cámara baja autorizado por el presidente de ese cuerpo, Martín Menem, se inscribe en una avanzada política que tiene anclaje explícito en la pareja presidencial. Al menos cinco de los seis diputados responden políticamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que nunca ocultó su vocación por despenalizar a los militares represores; incluso desde cuando ella misma visitaba al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, antes de su muerte en la prisión de Marcos Paz, sentado sobre el inodoro de la celda, en la madrugada del 17 de mayo de 2013.
Cuando condenaron a Adolfo Donda, su sobrina Victoria Donda escribió por la red X el pasado 4 de marzo: “Hoy condenaron a 15 años de prisión a mi tío, Adolfo Donda, por mi apropiación y ocultamiento de identidad. Aunque sigo sin saber dónde están mis padres, sé que desde hoy descansan en paz”.
Para movilizar un vehículo de la sección automotores de la Cámara de Diputados, el o los diputados solicitantes deben llenar un formulario, “COM-DOC”, dirigido al titular de Automotores. Normalmente se autoriza y se dispone el vehículo. El formulario debe especificar la fecha, hora y destino. A estas horas sigue sin aclararse si se hizo el trámite formal o si hubo una autorización política específica que evitó dejar por escrito el pedido, y, sobre todo, el destino.
Benedit Beltrán, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y la santafesina Rocío Bonacci, los seis diputados libertarios, luego de conocida la visita del 11 de julio pasado, salieron con versiones contradictorias a intentar bajarle el “precio” a un hecho político sin precedentes en la historia democrática. A la camioneta Renault Master color blanco, patente MBI546, perteneciente al Congreso, que hizo el viaje a Ezeiza, todavía le falta revelar quién la condujo políticamente.
Entre las muchas reacciones se destaca el proyecto de resolución que presentó el bloque de Unión por la Patria (UxP): “En virtud de los hechos de público conocimiento que involucraron a las diputadas y los diputados nacionales Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra en una visita a genocidas condenados y que, según trascendió, los motivos que la originaron son contrarios al respeto de los valores intrínsecos de nuestro ordenamiento jurídico y de la vida democrática”.
“Instar al Honorable Cuerpo a proceder a la constitución de una Comisión Especial para evaluar la conducta de dichos diputados y diputadas, de conformidad lo autoriza el Artículo 188 del Reglamento de esta Cámara y lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”, añade el texto.
“Solicitar a los bloques políticos de la Honorable Cámara la propuesta de diputadas y diputados para la integración de la comisión mencionada, respetando la proporcionalidad de los bloques del cuerpo”, apunta el proyecto.
“Establecer que en el plazo de 20 días la Comisión Especial determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande, tanto de los arriba mencionados como de otros que pudieran haber participado, acompañado y/o facilitado recursos”, agrega.
El artículo 188, según la visión de UxP, habilita a formar una comisión que investigue “la gravedad de la falta”, y si amerita, separar a los diputados involucrados.
Los fogonazos entre los miembros de la delegación a Ezeiza se hicieron evidentes en los últimos días. El entrerriano Beltrán Benedit, organizador operativo de la visita, se reunió con Karina Milei y Guillermo Francos y cuestionó el avance de los juicios que fueron impulsados por los gobiernos peronistas. El libertario había promovido la visita por un grupo de WhatsApp del bloque de LLA, en las horas posteriores al desfile del 9 de julio donde hubo una bandera que expresaba que “los carapintada tenían razón” y cuando la foto de difusión principal fue la pareja presidencial subida a un tanque de guerra que circuló por la avenida del Libertador de Buenos Aires.
La cabeza política más activa entre los represores es la de Alfredo Astiz, de 71 años, que tiene una relación vigente con Villarruel. El objetivo de mínima para los represores es conseguir la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, como efectivamente opera en otros casos de condenados, pero no rige para los juicios de lesa humanidad.
En estas horas, y previo a su viaje a París, el presidente Milei recibió una carta de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Francia pidiendo una explicación sobre la visita de los diputados al represor Astiz, condenado en ausencia en Francia, y también luego en la Argentina, por la desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, que fueron arrojadas al mar semi desvanecidas desde un avión de la Armada y cuyos cuerpos aparecieron en diciembre de 1977 frente a las costas de Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires.
Tal vez por ese motivo en las últimas horas Milei sobreactuó un distanciamiento con Villarruel, la cara más visible de la reivindicación del genocidio en la Argentina. Podría resultar incómodo para el presidente un reproche directo de las autoridades francesas sobre esta inesperada reivindicación de Astiz y otros represores que impulsa el gobierno libertario.
Conocida la visita al penal de Ezeiza, la santafesina Bonacci tomó distancia, alegó un poco verosímil desconocimiento de la movida y dijo que no participó de la reunión. El resto acompañó un reclamo de aligeramiento de las condiciones de detención como la prisión domiciliaria de los mayores de 70 años. En un principio, el entorno de Martín Menem se despegó de la visita y sostuvo una versión inverosímil: que el titular de la Cámara no estaba al tanto. Luego el propio Menem declaró ante el periodista Javier Negre (EDATV News) que “no ando controlando a dónde van los diputados, y además no es la posición (política) de todo el bloque”, en referencia a promover la prisión domiciliaria de los represores.
Finalmente también se distanció el diputado Oscar Zago, exjefe de bloque de La Libertad Avanza, que reclamó explicaciones el domingo por la mañana en el programa radial El fin de la metáfora.
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