Respetar el orden de mérito de las ternas de evaluación. Ese es el criterio que se impuso Omar Perotti para quedar a resguardo de algunas discusiones a la hora elegir a los candidatos que enviará en los próximos días a la Legislatura para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal.
Como en una jugada de ajedrez, con ese modelo el gobernador se pone a salvo de una pretensión que había empezado a inquietarlo en la selección del cargo principal, el de fiscal general de la provincia, y que reclamaba que se atendiera la condición geográfica del candidato.
Se pedía que debía ser de Rosario, como un gesto a la crítica situación que vive la ciudad. Esa atendible exigencia dejaba fuera de carrera a uno de los tres postulantes, nada menos que el que ya tenía en mente el gobernador, el oriundo de Santa Fe.
Otro reclamo fue expresado por las diputadas provinciales de diferentes bloques políticos que le exigen al gobierno una representación igualitaria, o al menos que se prioricen los pliegos de las candidatas mujeres que se postularon para los cargos gerenciales del MPA, hasta ahora siempre ocupados por varones.
Con ese punto de vista, los nombres que propondrá Perotti para ocupar los principales cargos que concentran por estas horas la rosca central de la política santafesina son los del abogado capitalino Roberto Ernesto Prieu Mántaras, para cubrir el cargo de fiscal general del MPA; María Cecilia Vranicich, como fiscal regional de Rosario, y Jorge Alberto Nessier, para la fiscalía regional de Santa Fe.
Esas candidaturas serán elevadas la próxima semana, con la intención de que haya tiempo suficiente para que sean aprobados y evitar así una acefalía, que se produciría si hay falta de acuerdo antes del 20 de abril, fecha en la que vencerán los mandatos de las autoridades actuales.
Casi un mes tendrán entonces los legisladores para aprobar o rechazar en asamblea legislativa los nombres propuestos. En el caso de las dos fiscalías regionales de Rosario y Santa Fe no habría mayores problemas, porque los nombres que encabezan el orden de mérito y que serán elegidos pasarían sin problemas el filtro legislativo.
Todos los postulados deben ser propuestos por el gobernador de una terna que ya le elevó un jurado evaluador, y requieren también ser refrendados por la asamblea legislativa.
La pulseada por falta de acuerdo se dará en el cargo principal, el de fiscal general, donde el nombre que propondrá el gobierno es de quien figura en el primer lugar del orden de mérito pero no tiene el consenso de la oposición, con mayoría legislativa.
Desde el gobierno provincial ratificaron que se enviarán los pliegos elegidos al margen de saber que existe esa falta de respaldo de los legisladores opositores.
“Van los pliegos que van”, aseguraron a Suma Política, aunque admitieron que habrá una instancia de conversación para explicar los fundamentos de cada selección.
Sabedores de que los principales bloques del futuro frente opositor ya unificaron su posición y resolvieron que no van a votar a Prieu Mántaras, desde el oficialismo minimizan esa postura y arriesgaron un pronóstico: “una cosa es lo que dicen o dejan trascender públicamente, y otra lo que después hacen”.
Admiten que hubo fuertes presiones para bajar los nombres que no tienen respaldo legislativo, pero presumen que una vez enviados los pliegos “es complejo levantar la mano en contra de un fiscal general que fue elegido por el gobernador de una terna en la que ocupó el primer lugar, después de un proceso transparente y sin objeciones”.
Desde la oposición le reprochan al gobierno no haber habilitado una negociación clásica para este tipo de situaciones, donde se cubren varios cargos y hay posiciones enfrentadas. “No se puede negociar cuando te imponen todo y no ofrecen nada”, se quejan.
Lo que puede pasar
¿Qué puede pasar si estas tensiones llegan al recinto de la Legislatura y finalmente no se aprueba el nombre propuesto? Hay dos alternativas: que el gobernador acepte enviar un pliego con otro nombre de la terna propuesta, o llamar a un nuevo concurso de postulantes.
Si esto último ocurre podría haber un tiempo de acefalía, porque se excedería el plazo de los mandatos no renovados antes del 20 de abril. En este caso, el cargo de fiscal general será cubierto por un tiempo razonable por el fiscal regional de Santa Fe, como establece la ley.
Si accediera a considerar las opiniones de la oposición y enviar otro nombre distinto al de Prieu Mántaras para fiscal general, o éste decidiera renunciar a su postulación, el gobernador podría enviar el pliego del rosarino Javier Beltramone, que ocupa el tercer lugar en la terna ordenada por méritos. Esto sería así debido a que en el segundo lugar se ubica Vranicich, que quedó primera en la terna en la que concursó para la fiscalía de Rosario, y sería designada en ese cargo.
La opción de que finalmente Beltramone sea el fiscal general no está del todo descartada. Desde la oposición aseguran que “no es una pose” que se van a oponer a Prieu Mántaras y hasta imaginan que en el medio de todo este proceso puede existir una estrategia de Perotti.
En esa hipótesis, la jugada del gobernador sería enviar efectivamente al primero de la lista, para satisfacer la expectativa del círculo rojo capitalino, y que al ser rechazado la responsabilidad de que se caiga esa postulación quede totalmente del lado de los legisladores radicales, del PRO y del socialismo. Una suerte de “yo cumplí, ahí están los malos”, exageran.
Sólo en ese caso aceptaría el gobernador alterar su modelo de selección y enviar el pliego del otro candidato, que es rosarino y no le disgustaría a la oposición. Una jugada de dos movimientos, a la que le queda menos de un mes.
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