La renovación de autoridades en el Ministerio Público de la Acusación llega a su instancia decisiva envuelta en incertidumbres y negociaciones contra reloj. El gobernador Omar Perotti enviará los pliegos del fiscal general y de los fiscales regionales para una discusión que promete ser intensa en la Legislatura provincial, entre las críticas que ya se plantearon a Roberto Prieu Mántaras, candidato a jefe de fiscales, y las denuncias sobre una voluntad expresa para dejar fuera de carrera a Luis Schiappa Pietra. El interrogante que se develará en las próximas horas es también si la política santafesina aprendió de la experiencia y está dispuesta a evitar los manejos oscuros del pasado reciente.
El gobierno provincial inició el proceso de renovación de autoridades con un decreto del 26 de agosto de 2022. La Asociación de Fiscales del MPA reclamó entonces que el concurso fuera transparente “para evitar experiencias nefastas como sucedió en la elección del anterior fiscal regional de Rosario”, Patricio Serjal. La cuestión retorna con las ternas de candidatos propuestas por el jurado: “Un nuevo acuerdo de la corporación política con la mesa judicial impide que @LSchiappaPietra sea uno de los candidatos ternados para asumir la fiscalía general del Ministerio Público de Santa Fe”, señaló entre otras voces críticas el diputado provincial Fabián Palo Oliver.
Schiappa Pietra planteó en su exposición ante el jurado que el concurso tiene como marco “el contexto político criminal de Santa Fe” y “la profunda situación crítica que atraviesa la provincia en materia de seguridad pública”, un aspecto en el que puso mucho más énfasis que el resto de los candidatos. “En las principales ciudades se encuentran desarrollados y en expansión fuertísimos mercados criminales que producen excedentes dinerarios que son colocados en mercados formales e informales y generan entre otros problemas corrupción institucional y política —dijo el fiscal—. Es un problema que la provincia de Santa Fe tendrá que abordar y del que el MPA debe hacerse cargo”.
En otro tramo de su exposición Schiappa Pietra dijo que la estructura del MPA debe aggionarse para investigar los mercados criminales, la corrupción institucional y la violencia de género e institucional. “El crimen organizado tiene un correlato muy claro con los mercados que están detrás y con el dinero que producen. El MPA tiene que comprender estas tramas y avanzar hacia instancias que brindan las condiciones de posibilidad para que estos crímenes ocurran”, agregó. El jurado estuvo integrado por el fiscal de Córdoba Eugenio Vezzaro, el camarista federal Aníbal Pineda, el camarista de Rafaela Sergio Alvira, la abogada y profesora de la Universidad Católica María Florencia Blotta y Beatriz Forno, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Críticas, propuestas y prioridades
El camarista rosarino Javier Beltramone, ternado para la jefatura del MPA, planteó en contraste con la visión de Schiappa Pietra que “el fallo de la Corte Suprema de la Nación en el caso Garfunkel ha cerrado la posibilidad de que el delito de lavado de dinero sea provincial y ha sentado postura respecto de que es federal” y basó su exposición en la necesidad de que el fiscal general de la provincia actúe “proactivamente” sobre los regionales porque “tiene muy acotado su marco de acción”.
Roberto Prieu Mántaras se concentró en una crítica hacia la situación actual del MPA. “No encontré información detallada que pudiera servir como guía para elaborar un diagnóstico sobre cómo está funcionando el MPA. Los informes de las regionales y de la fiscalía general carecen de pautas comunes. No me parece que se haya cumplido con la debida transparencia hacia la comunidad y hacia los demás poderes públicos”, afirmó, y al igual que Alejandro Sinópoli citó el informe de Inecip “La eficacia de los ministerios públicos fiscales en Argentina” (2022), donde Santa Fe ocupó el puesto número 13 en un ranking de actuación en política criminal.
“Obviamente no es posible concebir una política de persecución penal sin tener en cuenta la perspectiva de género”, dijo Prieu Mántaras, camarista santafesino señalado como el preferido del ministro de la Corte Rafael Gutiérrez. Pero su inclusión en la terna para la fiscalía general y como primero en el orden de méritos evocó antecedentes de su currículum que contradicen esa postura, en particular a favor de la organización antiderechos Grávida, del ex arzobispo Edgardo Storni y la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito, y las mujeres del Partido Socialista manifestaron su indignación ante la posibilidad de que conduzca al MPA. Se descuenta que la oposición rechazará su nombramiento.
María Cecilia Vranicich profundizó en la perspectiva de género, una de las cuestiones definidas como prioritarias en el concurso. La actual auditora general del MPA propuso “que no sea un mero cumplimiento de la ley Micaela sino una real sensibilización y deconstrucción de todos los integrantes del ministerio público, un trabajo continuo” y dijo que en caso de ser la fiscal general implementará un protocolo para tratar situaciones de discriminación y de violencia de género y una oficina para recibir denuncias y seguir los casos, además de trabajar con referentes de colectivos de víctimas. Es la candidata del frente opositor.
Vranicich, también ternada para la fiscalía regional de Rosario y para continuar en la auditoría del MPA, destacó como prioridad de una política de persecución penal “la violencia altamente lesiva en el marco de la criminalidad organizada, una clara imposición de la realidad que atravesamos”. Dijo que “urge la mejora de la investigación de las lógicas del crimen organizado” y puntualizó la situación del Organismo de Investigaciones, que sigue funcionando sin director provincial, sin personal propio —los empleados dependen de la policía provincial— y sin técnicos que puedan utilizar equipamiento del que dispone como un cromatógrafo o software para desbloquear celulares.
La prioridad de Beltramone sería hacer una auditoría general del MPA para conocer los recursos con que cuentan las fiscalías; las de Vranicich, mejorar las investigaciones, focalizar en el crimen organizado y evaluar la eficacia del MPA; Prieu Mántaras comenzaría por capacitar a los fiscales y enfrentar la criminalidad organizada “con una investigación inteligente, coordinando entre las distintas fiscalías y con la Justicia Federal”, y además sugirió que podría hacer una reducción del personal del MPA, en lo que nota un “excesivo crecimiento”.
La relación con las víctimas y el manejo de la prensa fueron también parte del temario obligatorio para los concursantes. Schiappa Pietra propuso crear un área de atención a las víctimas y “controvertir con políticas concretas la selectividad del sistema penal: hoy tenemos más de 9 mil presos y el aporte (del encarcelamiento) para la seguridad pública ha sido, por lo menos, limitado”. Beltramone dijo que existe una “deuda muy grande” con las víctimas de delitos leves, para los que se podrían multiplicar las probation, y Prieu Mántaras también mencionó la selectividad del sistema, pero desde otro punto de vista: abogó por perseguir los homicidios culposos, “mucho menos atendidos que los dolosos”.
Beltramone y Vranicich coincidieron en cuestionar el despliegue de tropas especiales en determinados allanamientos, pero con una diferencia notable: “soy crítico del uso de las fuerzas especiales que algunos fiscales utilizan para allanar escribanías, estudios jurídicos y empresas, con armas largas, con máscaras —dijo el camarista—: no ayuda, no sirve, se dañan imágenes en forma irremediable”, lo que al parecer no sucedería en los barrios y la periferia de la ciudad; para la auditora del MPA se trata de que el despliegue de efectivos se corresponda con la importancia de los objetivos.
El camarista rosarino enfatizó en que “debe corregirse el manejo de algunos fiscales con la prensa”. El comentario evocó el cruce que tuvo en octubre de 2021 con Sebastián Narvaja, al que acusó de hacer una operación de prensa como respuesta al pedido de que se apartara de la causa Guardati-Torti por “favoritismo, predisposición y prejuicio” en relación a los vínculos con uno de los abogados defensores. Beltramone reaccionó además ante la referencia a su elección como miembro de la Cámara Penal de Rosario: el fiscal de Delitos Económicos dijo que había sido designado pese a que se ubicó noveno entre nueve postulantes. Ahora es el tercero en el orden de méritos.
Miguel Moreno, ternado para la fiscalía regional de Rosario, manifestó su desconfianza ante la prensa. “Hay periodistas muy honestos, que entiendo son la mayoría, y hay de los otros —dijo—. Y hay periodistas que a pesar de ser honestos responden a ciertos intereses. Detrás de ellos, en los medios de comunicación existen ciertos intereses y el fiscal que va a ser entrevistado por un periodista necesita saber con quién está enfrente para estar preparado y no sentirse sorprendido en una entrevista”.
Moreno disputa el cargo de fiscal regional con Vranicich y con María Eugenia Iribarren, quien reordenó al organismo después del descalabro que produjo la destitución de Serjal y del fiscal Gustavo Ponce Asahad. Desde 2002, Moreno cumplió distintas funciones en el fuero penal y actualmente se desempeña en la Unidad de Delitos Económicos, donde investiga los fraudes del financista Luis Herrera después de una imputación por lavado de dinero contra Andrés “Pillín” Bracamonte.
En enero de 2020 Moreno se retiró de la Unidad de Gravedad Institucional después de los atentados contra Marina Marsili, un episodio que produjo un cimbronazo en el MPA. En esa circunstancia Matías Edery fue el único fiscal que permaneció en el puesto, con un pequeño equipo de colaboradores, y poco después Schiappa Pietra se integró a la unidad y se pudo encauzar la investigación más trascendente del MPA en su existencia, la que condujo a la condena de Esteban Alvarado y el desentrañamiento de su estructura gerencial a partir de una tarea descollante de Marsili.
Un día de furia
Armando Traferri se plantó frente al círculo de periodistas que montaba guardia en las escalinatas de los Tribunales de Rosario y no se rehusó a la entrevista. “Denme otros fiscales si estos no me garantizan imparcialidad”, exigió en alusión a quienes se proponen indagarlo por presunta complicidad con el juego clandestino. En un día de furia, el senador del departamento San Lorenzo recibió la noticia de un dictamen adverso del procurador Eduardo Casal, se abalanzó sobre Luis Schiappa Pietra y lo invitó a pelear e intimó vía carta documento a Osvaldo Bazán para que se rectifique del contenido de dos artículos. La declaración también resonó en el marco de la renovación de las autoridades del MPA.
La reacción de Traferri tuvo más repercusión mediática que el discurso con el que el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, inauguró el Año Judicial. También dejó en segundo plano otra decisión trascendente: la recomendación del procurador general Jorge Barraguirre para que se investigue al juez de Cámara Guillermo Llaudet por posibles irregularidades en la resolución que dejó en libertad al financista Patricio Carey.
“Nuestro Código Procesal Penal no habilita a que un fiscal te meta preso cuando se le da gana”, proclamó Llaudet en el fallo sobre Carey. Pero la selectividad del sistema penal parece también verificarse en el reconocimiento de las garantías. El camarista integró además el tribunal que esta semana rebajó a la mitad el monto de la multa que deberá pagar Esteban Alvarado y que dejó en libertad a dos acusados por lavado en esa causa; confirmó la libertad del empresario gastronómico Roberto Dutra acusado de violar quince veces el aislamiento social obligatorio y liberó al ex fiscal Patricio Serjal. “En otros casos, con estas acusaciones, no se toman resoluciones de esta naturaleza”, dijo el fiscal Schiappa Pietra a propósito del último caso.
El miércoles, antes de la inauguración del año judicial, Traferri reiteró que las acusaciones en su contra responden a una maniobra del ex ministro Marcelo Sain, de la que Schiappa Pietra y Edery serían “la pata judicial”, y enfatizó en que no hay escuchas telefónicas que lo incriminen. En diciembre de 2020 ya había dicho que solo se presentaría a declarar con otros fiscales. Uno de los dos fiscales que mencionó reiteradamente entonces su abogado como garantía fue el actual aspirante a fiscal regional Miguel Moreno. Habrá que ver si los planetas de la política santafesina se alinean con los deseos del senador.
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