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Política

Médicos, estatales y docentes, a la espera de la “nueva normalidad”

En la provincia de Santa Fe, las paritarias del sector público habían arrancado muy complicadas para los trabajadores y de repente apareció la pandemia del coronavirus. Sin aumento salarial, los trabajadores del Estado se pusieron en la línea de fuego para enfrentar la emergencia sanitaria y ahora, casi seis meses más tarde, todo sigue igual.

La última actualización que recibieron médicos, estatales y docentes fue el porcentaje de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre de 2019, que se pagó con los sueldos de febrero. El gobierno de Omar Perotti ya había avisado que este año iba a dejar de lado esa herramienta, por la cual los salarios se actualizaban en forma automática en función de los índices inflacionarios. Con los ingresos congelados, los trabajadores vienen recibiendo promesa tras promesa de parte del gobierno provincial, pero ninguna respuesta concreta sobre la política salarial para lo que resta del año.

La única señal del Estado santafesino a los trabajadores fue el bono no remunerativo y por única vez que se pagó en la última semana: 3.000 pesos para los activos y 2.400 pesos para los jubilados. Los gremios rechazaron por “unilateral” esa decisión y siguen a la espera de una propuesta de aumento salarial que merezca ser puesta a consideración de las bases.

De enero a julio, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe (Ipec) midió una inflación acumulada del 16,1%. Los rubros esenciales aumentaron en el mismo período por encima de ese promedio: Alimentos y bebidas 18%; Indumentaria 27,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 19,4%. Para los trabajadores de menores ingresos, que en el Estado son legión, la suba de precios impacta de un modo mucho más profundo.

Las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos comenzaron jalonadas por una disputa política que excede ampliamente el ámbito gremial y de la que aún se sienten los coletazos: el debate sobre el gasto público que dominó buena parte de la campaña 2019, que ocupó el centro durante el período de transición y que consumió los primeros meses de gestión del nuevo gobierno, hasta que estalló la crisis del coronavirus.


Jorge Molina y Jorge Hoffman, secretario general de UPCN y secretario general de ATE Santa Fe, este viernes en la Casa de Gobierno.

Cuando comenzaron las paritarias de estatales, docentes y médicos, la política todavía debatía sobre la “herencia” del socialismo y por esos días la Auditoría General de la Nación se encontraba revisando las cuentas públicas. Recién en junio se conoció el resultado de ese trabajo, que dio cuenta de un déficit de 8.200 millones de pesos al momento del recambio de gobierno.

El gobierno de Perotti puso siempre sobre la mesa esos números como condicionante al momento de negociar con los trabajadores. También los usó como argumento central cuando se discutieron los proyectos de declaración de emergencia, que en primer término fueron rechazados por el Frente Progresista en la Legislatura pero luego —ya desatada la pandemia— terminaron sancionados bajo el rótulo genérico de Ley de Necesidad Pública.

En ese marco comenzaron las paritarias del sector público, aún irresueltas. Hubo una primera propuesta por parte del gobierno —un aumento del 3% sobre el valor índice del salario, junto con el compromiso de reabrir las negociaciones a mitad de año— que fue rechazada por todos los sindicatos. Y hubo una segunda oferta que tampoco convenció, por la cual se alcanzaba un incremento del 10% sobre el salario de bolsillo de las escalas más bajas.



Aunque el rechazo fue unánime, la postura de los distintos sindicatos fue dispar: los docentes y los profesionales de la salud fueron al paro en marzo, antes de la pandemia, y retomaron las medidas de fuerza en agosto, siempre con la misma demanda: un aumento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido en lo que va del año. Los gremios estatales ATE y UPCN, en cambio, no realizaron medidas de fuerza ni antes ni ahora: apuestan a conquistar sus objetivos en la mesa de negociaciones.

Las paritarias del sector público, que fueron suspendidas por el gobierno a mediados de marzo por motivo de la pandemia, reanudaron a fines de julio. Desde entonces, los trabajadores continúan reclamando un incremento salarial que al menos le empate a la inflación (que superó el 16% acumulado en julio), pero a cambio sólo lograron el bono no remunerativo de 3.000 pesos.

El último encuentro entre el gobierno y los líderes de ATE y UPCN fue el de ayer (viernes 21 de agosto) en la Casa Gris. Allí los funcionarios del Ejecutivo reconocieron la legitimidad de los reclamos gremiales, pero volvieron a patear la pelota para adelante y no presentaron ninguna propuesta salarial concreta.

Desde UPCN indicaron que las autoridades del gobierno, encabezadas por el ministro de Gestión Pública Rubén Michlig y el secretario de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri “manifestaron que, pese a las dificultades y la afectación de fondos públicos para atender la emergencia ante la pandemia, entienden que tiene que haber un aumento”.

Según informaron, luego de la elaboración del cronograma de pagos del mes de agosto, se evaluarán los fondos disponibles y habrá finalmente una propuesta salarial. “Aún en este contexto, nuestro compromiso es seguir atendiendo la cuestión salarial y la idea es ir conversando con todos los gremios”, señaló Pusineri.

Por el lado de los gremios, la paciencia empieza a agotarse. Los sindicatos docentes Amsafe, Sadop y UDA realizaron dos paros “virtuales” de 48 horas en las últimas dos semanas en rechazo al bono de 3.000 pesos. “No vamos a pagar la crisis ni a ser la variable de ajuste”, dispararon desde Amsafe. “La docencia está muy enojada”, reconoció el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, quien además le envió un mensaje al gobierno: “Si van a convocar a paritarias, tiene que ser con una oferta salarial”.



En la misma situación se encuentran los médicos de AMRA y los profesionales de la salud nucleados en Siprus: también hicieron paro en la última semana y reclaman, además de un aumento salarial, condiciones de higiene y seguridad en los hospitales y centros de salud ante el rebrote del coronavirus. Y a esas demandas le agregan el pago de las deudas salariales y el pase a planta de los trabajadores contratados.

Los trabajadores municipales representados por la Festram también están que trinan: realizaron una jornada de protesta el jueves 13 de agosto en toda la provincia y, ante la falta de respuestas de los intendentes y presidentes comunales, convocaron a un paro de 48 horas que se realizará el 26 y 27 de agosto.

El diálogo, las negociaciones y el potencial acuerdo van para largo, tanto como la hipotética “nueva normalidad” que sobrevendrá tras la pandemia. Mientras tanto, los conflictos se multiplican, la inflación no cede y los laburantes se ven obligados a exprimir hasta la última moneda para poder llegar a fin de mes.


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