Desde que la inflación se transformó en un problema recurrente, a principios de los 70, las argentinas y argentinos hicieron carne una sentencia que se le adjudica a Juan Domingo Perón y que describe el fenómeno a la perfección: “Los precios suben por el ascensor, los salarios por la escalera”. En otras palabras: los aumentos de sueldos, para aquellos que pueden acceder a ese derecho, siempre corren por detrás de la suba generalizada de los precios.
La pandemia del coronavirus rompió ese axioma: ahora los salarios no suben ni siquiera por la escalera. En lo que va de 2020, se cuentan con los dedos de la mano los gremios que consiguieron aumentos en línea o por encima de los índices inflacionarios. Por el contrario, una amplia mayoría de las y los trabajadores de nuestro país, ya sea en forma registrada o irregular, sobreviven con sus ingresos congelados y, en algunos casos, por debajo del nivel que tenían antes de la pandemia.
De enero a julio, la inflación acumulada a nivel nacional fue del 15,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), mientras que la variación interanual (julio de 2020 contra julio de 2019) fue del 42,4%. Y según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), en la provincia de Santa Fe los precios acumularon un aumento del 16,1% en los primeros siete meses del año y subieron 41,9% interanual.
Salvo algunos sectores puntuales —aceiteros, bancarios, camioneros—, el resto de los trabajadores vienen perdiendo feo contra la inflación, que si bien se desaceleró este año respecto de los dos anteriores, sigue siendo un problema que está lejos de ser controlado.
En busca de generar algún grado de optimismo sobre el futuro inmediato de la economía, el gobierno nacional ha remarcado que, por las distintas líneas de apoyo a los trabajadores y a las empresas lanzadas para mitigar el impacto de la pandemia, la situación en la Argentina es menos mala que en otros países de la región.
Lo cierto es que en el actual escenario, con una pandemia global que afectó a todas las economías —incluso a las más poderosas—, las estadísticas aún son prematuras. Será necesario dejar pasar el tiempo para poder medir el tamaño real de la catástrofe.
Cifras preliminares
En una entrevista publicada por Página/12 el 18 de agosto, el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni calculó que, en el último año (julio de 2019 a julio de 2020), la caída del poder adquisitivo fue del 8,8%. Moroni suaviza ese dato incorporando los aportes de emergencia otorgados por el gobierno, para que el promedio mejore. Para la gran mayoría de los trabajadores, la merma es mucho mayor.
Los observatorios y los centros de estudio que analizan la economía nacional todavía no pudieron mensurar con exactitud el impacto de la pandemia sobre el mundo del trabajo: es un fenómeno aún en curso y todas las cifras son relativas. Los estudios más actualizados hacen foco en el proceso que va desde 2015 hasta mediados de 2020. Las curvas muestran un declive que este año será aún más profundo.
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) publicó a fines de julio un análisis sobre la evolución de la masa salarial y de las contribuciones patronales desde la gestión de Cambiemos hasta los primeros meses de la pandemia.
Allí se sostiene que en los primeros dos meses de 2020 la masa salarial real había iniciado un proceso de recuperación (una suba interanual de 2,4% en términos reales en febrero 2020) que se cortó de cuajo con la llegada del virus: “Luego de esa breve recuperación, la pandemia tuvo como efecto el retorno a los valores mínimos de diciembre de 2019. La masa salarial al mes de abril 2020 perdió 11,7% respecto de febrero 2020 (punta a punta) y se ubicó al mismo valor real que a diciembre 2019”.
El estudio de Cepa mide los dos motivos de las pérdidas salariales: “La comparación entre noviembre 2015 y noviembre 2019 da una caída de la masa salarial en términos reales de 19,5%. La caída se produce en un 84% por la pérdida de masa salarial contra la inflación y sólo 16% por la pérdida de puestos de trabajo. De aquella frase de Prat Gay sobre la elección entre salarios y empleo, se constata que la preferencia por la preservación de los puestos de trabajo fue una parte central de las estrategias sindicales en el periodo, aunque con grandes excepciones dadas por sindicatos que —en distintas coyunturas— pelearon por paritarias por encima de la inflación”.
La misma comparación entre abril de 2020 y febrero de 2020 arroja una caída del 11,7% que también se explica mayoritariamente por la reducción de salarios en términos reales (63%), mientras que los puestos laborales perdidos explican el restante 37%.
Un estudio reciente divulgado por la Junta Interna de ATE-Indec sostiene que los trabajadores del sector público perdieron el 34,1% del poder adquisitivo de sus salarios en el período que va de noviembre de 2015 (antes del inicio del gobierno de Mauricio Macri) a julio de 2020.
Ese estudio también da cuenta de la situación general del conjunto de los trabajadores públicos y privados: en el mismo período —los 56 meses que contienen el gobierno completo de Macri y lo que va del mandato de Alberto Fernández—, la inflación aumentó 475%, mientras que el salario promedio en el sector privado subió 400% y el salario promedio en el sector público un 313%.
En cuanto a los puestos de trabajo, el informe de Cepa indica que entre 2015 y 2019 se redujo la cantidad de trabajadores registrados del sector privado en 230.264 casos. En el período de pandemia, pese al decreto antidespidos, se perdieron 173.507 puestos de trabajo (hasta junio de 2020). “Se presentan valores similares. La gestión de Cambiemos parece haber significado una pandemia en cámara lenta, aunque sin virus”, sostiene el estudio.
Más mínimo, imposible
El salario mínimo vital y móvil perdió 20% de poder adquisitivo en el último año, de agosto de 2019 a julio de 2020. La última actualización fue en agosto del año pasado en tres cuotas consecutivas que llevaron el monto de 12.500 a 16.875 pesos, valor que quedó congelado desde octubre de 2019. El incremento interanual del 35% quedó 7,4 puntos debajo de la inflación interanual (42,4%).
El monto actual del salario mínimo vital y móvil (16.875 pesos) equivale a solo el 38,5% del valor de la Canasta Básica Total para una familia tipo, que establece el umbral de pobreza y que, en junio de este año llegó a los 43.811 pesos.
Las excepciones
El inicio de la cuarentena coincidió con la puesta en marcha de las paritarias, que en su gran mayoría quedaron en suspenso ante el imprevisible escenario al que se enfrentaba el país allá por marzo. Recién a mediados de año los gremios más poderosos, vinculados a las actividades que funcionaron casi con normalidad aún en los primeros meses de la emergencia, lograron actualizar sus ingresos para lo que resta de 2020.
En general se observan dos modalidades: acuerdos salariales “cortos” de tres a seis meses con aumentos porcentuales o de sumas fijas —en línea con la inflación estimada para el período de vigencia— y acuerdos anuales en torno a una pauta de aumento de entre el 25% y 30%, que es la proyección de aumento de precios que se espera para este año.
En ese segundo grupo se ubican los sindicatos más poderosos. Los aceiteros nucleados en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines fueron los primeros en lograr un acuerdo anual. En abril formalizaron un aumento del 25% que llevó el salario inicial a casi 70 mil pesos a partir de mayo de 2020.
Con esa pauta como horizonte, otros sindicatos también firmaron aumentos anualizados. En julio los bancarios acordaron una mejora salarial del 26% en cuatro cuotas y con revisión en noviembre. Los camioneros firmaron a principios de agosto una suba anual del 30% que se aplicará en cuatro tramos y tendrá cláusula de revisión por inflación en febrero de 2021. El gremio de los trabajadores químicos acordó una suba del 24% y los mecánicos de Smata del 21,4% en dos cuotas y con revisión por inflación.
Otros sindicatos del sector privado debieron conformarse con acuerdos de corto plazo. La paritaria de la industria de la alimentación fijó una recomposición salarial del 6,5% por cinco meses, mientras que laboratorios y droguerías acordaron un 7,8% por cuatro meses. También cerraron acuerdos “cortos” los molineros, papeleros, trabajadores de compañías de seguros, farmacia, trabajadores avícolas de frigoríficos. Ninguno de esos acuerdos superó el 10% contra una inflación que en el primer semestre acumuló un 13,6% y en los primeros siete meses llegó al 15,8%.
Estamos mal, pero no tan mal
El gobierno es optimista. El ministro de Trabajo Claudio Moroni señaló: “Logramos minimizar los daños en el empleo”. El funcionario nacional calculó que la pérdida del empleo registrado por la pandemia ronda el 2,5%.
Si el pronóstico se confirma, la desocupación llegará al 13% en la próxima medición. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cierre del primer trimestre 2020 la tasa de desempleo era del 10,4% de la población económicamente activa (contra el 8.9% registrado a fines de 2019.
Entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2020 más de 310 mil personas perdieron sus empleos. Entre febrero y junio, según Moroni, el empleo registrado acumula una caída de más de 400 mil puestos: unos 180 mil asalariados formales y más de 200 mil monotributistas y trabajadores informales.
El Ministerio de Trabajo comparó la pérdida de empleo registrado en Argentina y otros países de América, en el marco del coronavirus: “Entre febrero y mayo la caída del empleo asalariado registrado del sector privado fue del 19,2% en Canadá, de 13,8% en Estados Unidos, de 12,2% en Chile y de 7,5% en Brasil. En este marco, la Argentina es el país de los seleccionados donde el empleo asalariado del sector privado presenta la menor caída”. En efecto, el Ministerio de Trabajo calcula en 2,5% la contracción del trabajo privado registrado en ese mismo período, pero eso porcentaje corresponde a cifras desestacionalizadas; el cálculo con las cifras estacionalizadas —con la variabilidad de cada época tomada en consideración— arroja una caída del 3,7%.
Medidas anti Covid
Para evitar una sangría de despidos, el gobierno tomó una serie de medidas al inicio de la pandemia que siguen vigentes: el programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la prohibición de despidos y la doble indemnización.
Además, en determinados sectores que tuvieron una paralización casi completa en los primeros meses de la emergencia —como la industria y la construcción— se hicieron acuerdos de reducción salarial avalados por la CGT, el gobierno nacional y las cámaras empresarias. El método Prat Gay, aplicado bajo la guillotina de la pandemia.
Hasta mayo, última estimación del gobierno nacional disponible, 740 mil trabajadores continuaban suspendidos cobrando el 75% de sus salarios: representan alrededor del 12% del total de los registrados del sector privado.
El avance arrasador del coronavirus se expresa en otro dato que completa el cuadro: en lo que va de la pandemia (algo más de cinco meses) ya cerraron 18.546 empresas y pymes en el país; durante los cuatro años del macrismo fueron 24.505.
Según un informe elaborado por la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación, “la estrategia consistió en restringir la capacidad de las empresas de realizar despidos a cambio de un sensible recorte del costo laboral para los sectores en crisis, con escasa o moderada afectación en el salario de bolsillo de las y los trabajadores, teniendo en cuenta el contexto adverso. De este modo, se preservaron puestos de trabajo, evitando desvinculaciones que se producirían en un contexto de caída abrupta del nivel de actividad y apuntalando la sustentabilidad económica de las empresas. En este sentido, la medida inédita de prohibir los despidos sin justa causa y por las causas de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor (establecido en el decreto 397/2020) forma parte de un esquema articulado de políticas, integrado por el salario complementario que brinda el programa ATP y las suspensiones colectivas, en el marco del acuerdo firmado entre la UIA y la CGT, a través del cual se sostiene como mínimo el 75% del salario neto”.
En mayo de 2020, el programa ATP ayudó a pagar los salarios de casi dos millones de trabajadores de 230 mil empresas, número que representa el 43% del total de las empresas empleadoras privadas.
A fines de julio el gobierno nacional anunció la continuidad del ATP hasta el mes de diciembre será para empresas de hasta 800 trabajadores y para empresas que forman parte de sectores críticos como es el caso del turismo, gastronomía, salud, deporte y cultura.
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