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Política

Narcos, policías corruptos y una investigación fallida de la Justicia asoman detrás del crimen de Luis Medina

El juicio contra Esteban Lindor Alvarado y seis presuntos cómplices actualmente en curso en el Centro de Justicia Penal reabre la historia criminal de Rosario en la última década. Las declaraciones de funcionarios policiales y judiciales y de testigos, además de escuchas telefónicas y registros en video que no fueron tenidos en cuenta por la antigua Justicia de Instrucción, despliegan un espectacular abanico de pistas y evidencias sobre delitos que conmovieron a la ciudad y no fueron aclarados. El asesinato del empresario narco Luis Medina tiene un lugar central entre esos casos que parecían cerrados y ahora pueden ser examinados con nuevos detalles.

Los hechos se remontan a la mañana del 29 de diciembre de 2013. Medina y su novia Justina Pérez Castelli salieron de una fiesta en el Complejo La Fluvial en un Citroen C3 de color rojo y se dirigieron hacia el hotel Pullman del complejo City Center, donde estaban alojados. Antes de llegar, en acceso sur y Ayolas, otro auto se les puso a la par con la escolta de una moto y sus ocupantes los acribillaron a balazos.

Aquella mañana la jueza María Luisa Pérez Vara dejó sonar el teléfono sin atender las llamadas. Estaba de turno, pero se había ido a pasar unos días de vacaciones a Cariló. Fue el final de su carrera judicial, ya que terminaría condenada a un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y el principio de una serie de irregularidades que agregaron más sospechas y circunstancias extrañas al doble homicidio.

Una de esas circunstancias concierne a la computadora personal de Medina que fue secuestrada en su habitación del hotel. Era una Mac que los peritos de la policía rosarina no pudieron desbloquear y que por orden de la Dirección de Asuntos Internos entregaron a Javier Echaniz y Martín Degratti, funcionarios de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del gobierno provincial.

La oposición al gobierno de Antonio Bonfatti denunció que Echaniz tuvo la Mac entre la noche del 29 de diciembre y el mediodía siguiente y alentó versiones sobre un presunto envío de archivos a la papelera de reciclaje de la máquina. “Por ese tema hay una causa aparte, que no tenemos nosotros. La pericia fue hecha por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y no fue concluyente sobre una manipulación”, dice el fiscal Matías Edery, que investiga el crimen de Medina junto al fiscal Luis Schiappa Pietra.

La División Judiciales aportó su grano de arena. José Luis Ramonda, Néstor Chazarreta y Miguel Giordano, integrantes de esa sección que buscaba favorecer la hegemonía de Alvarado en el mercado de drogas, intentaron ingresar junto a Gustavo Pérez Castelli, padre de Justina, en el country Haras del Pilar donde vivía Medina. Los policías declararon ante la Justicia que la incursión se realizó por órdenes de su jefe, Cristian “Carancho” Romero, y con conocimiento del jefe de policía de la provincia, Omar Odriozola.

“Según el padre de Justina fueron a buscar sus pertenencias personales -dice el fiscal Edery-. Era imposible que eso fuera cierto y que lo hiciera con tres policías. Iban a buscar plata, como queda corroborado con la declaración de Sergio Sánchez”, entonces subjefe de Inteligencia Criminal de las Tropas de Operaciones Especiales. Gustavo Pérez Castelli fue asesinado a balazos el 31 de marzo de 2016 en Mendoza y Circunvalación y el autor del homicidio le cortó una oreja; “había quedado muy mal después de la muerte de su hija, divagaba”, dijo el mecánico Carlos Argüelles en la declaración que grabó en video antes de ser a su vez asesinado.

Otros hechos sumaron interrogantes: el asesinato del comisario Guillermo Morgans, quien encabezaba la investigación policial por el caso, y el trámite sin pena ni gloria de la causa en el Juzgado de Instrucción número 2, pese a que se contaba con información sobre los negocios de Medina, Alvarado y sus socios en la policía de Rosario.

Guillermo Morgans, el comisario asesinado

Morgans, jefe de la Agrupación de Unidades Especiales, fue asesinado el 10 de junio de 2014 durante un intento de robo al negocio de quiosco y pago fácil de uno de sus hijos en Rodríguez al 200. El autor del crimen quedó registrado en la imagen borrosa de una cámara de seguridad, pero no fue identificado. “En la calle se decía que podía tener relación con el homicidio de Medina”, recordó el policía Sergio Sánchez, entonces subjefe de Inteligencia Criminal de las Tropas de Operaciones Especiales, al declarar en el juicio contra la banda de Alvarado.

La causa en el Juzgado de Instrucción número 2, a cargo de la actual vicegobernadora de Alejandra Rodenas, quedó en suspenso. “Nunca hubo una resolución de archivo -aclara el fiscal Edery-. Se paralizó sin movimientos, pero no existió esa resolución porque María Eugenia Iribarren, que en ese momento era fiscal de Cámara, no lo consintió”.

Luis Medina y Esteban Alvarado

De socios a enemigos

Los datos que surgen sobre el crimen de Medina tienen un nombre repetido: el de Esteban Alvarado.

Carlos Argüelles recordó una anécdota de la época en que los narcos eran cómplices y se empoderaban en alianza con la policía santafesina. “Cuando Esteban andaba con Luis Medina -dijo-, en la calle los trapitos se acercaban a pedirles una moneda. Entonces les agarraban la mano y los picaneaban”. La “costumbre de torturar” era una diversión y una práctica de rutina: las víctimas de los crímenes de Alvarado presentaron con frecuencia signos de haber recibido tormentos.

Mariana Ortigala afirmó que la sociedad con Medina resultó fundamental para el crecimiento de Alvarado, “un paso fuerte” que lo llevó de los negocios con autos robados al narcotráfico. Sobreviviente de un intento de homicidio por sus declaraciones como testigo, Ortigala dijo que vio a Medina y Alvarado en fines de semana compartidos en el río y que conoció detalles de esa relación a través de Justine Pérez Castelli, “mi sobrina política”.

-¿Qué sabe del vínculo de Medina con Alvarado? -le preguntaron los fiscales.

-Sé que eran socios, sé que Luis lo inició a Esteban -respondió Ortigala.

-¿Lo inició en qué sentido?

-Le enseñó el negocio del narcotráfico.

-¿En qué fecha?

-Cuando íbamos al río. En el 2010 habrá sido, porque ellos andaban en esa época.

“Después hubo un quiebre entre ellos dos, una pelea cuando Esteban estaba detenido (a partir de agosto de 2012)”, agregó Ortigala. De hecho Medina brilla por su ausencia en el minucioso registro que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria de las visitas que recibió Alvarado en las cárceles de Campana y Urdampilleta.

“A Luis Medina lo manda a matar él y me entero por boca de él, pero luego de un tiempo -declaró Carlos Argüelles-. Dijo que amenazó a su familia, que Luis Medina quería cobrarle la mitad de una avioneta, 50 mil dólares”. El enigma solo tenía vigencia para la justicia y la policía: en el ambiente de la delincuencia, “todo el mundo sabía que era Esteban Alvarado”.

Ortigala también dio cuenta de amenazas de Medina a Rosa Capuano, la ex pareja de Alvarado, e invocó otra fuente de información: Mariel Fall, una amiga vinculada con el abogado Claudio Tavella. Según este relato, Tavella “había hecho la logística del crimen de Medina y había asesorado a Esteban para que difunda el crimen y lo encaminara hacia la ex pareja de Luis porque esta chica, (Daniela) Ungaro, había amenazado públicamente a Justine”. Por su parte Fall tuvo sus minutos de fama en abril de 2016 por un posteo en Facebook contra unos ladrones, lo que se difundió en la prensa local como el caso de “la madre a la que le quisieron arrebatar su hija a golpes”.

Pasando la gorra

El 24 de febrero de 2013 el dueño de la marca Esperanto anunció por Twitter el cierre de la franquicia que había otorgado en Rosario a un supuesto grupo de inversores que no pudo esconder la figura de Luis Medina. Fue un negocio a pura pérdida, que dejó un rojo millonario en dólares.

La necesidad de recomponer las finanzas condujo al proyecto de Medina de volver al negocio narco en Rosario y derivó en su asesinato, según las hipótesis que expusieron oficiales de las TOE en el juicio contra Alvarado.

En esa trama, a la luz de escuchas telefónicas, surgen otros factores: la relación de Medina con su colega cordobés Claudio Torres, protagonista del “narcoescándalo” que estalló en la ciudad de Río Cuarto en 2016 y el vínculo con policías de Rosario, aceitado con el pago de coimas en forma periódica y al contado rabioso.

“Medina y Torres (nota: fue asesinado en enero de 2019 en Río Cuarto) tenían algún tipo de sociedad. Es evidente que trabajaban juntos. El 20 de diciembre de 2013, cuando Medina le avisa que se iba a reunir con narcos colombianos, Torres le manda unas personas armadas para que lo cuiden”, señala Edery. 

“Los colombianos eran proveedores de droga y Medina les debía plata. Se quería juntar con ellos para arreglar la deuda y que le enviaran más mercadería. Y los colombianos querían que les pagara”, agrega Edery.

Las amenazas de Medina a Rosa Capuano sobre las que testimoniaron Argüelles y Ortigala se habrían producido en ese regreso a las fuentes proyectado por Medina, según una de las tres teorías elaboradas por las TOE. Alvarado no habría tolerado la competencia y “utiliza entonces su equipo de sicarios”, en los que el oficial Rodrigo Capdevilla identificó a Darío “el Oreja” Fernández, Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, Sergio Oscar Juárez y un tal “alias el Gordo”.

Capdevilla desgrabó y transcribió las conversaciones interceptadas en un radio Nextel que utilizaba Jorge Benegas, mano derecha de Alvarado y amigo de infancia del comisario Gustavo Spoletti, jefe de inteligencia de la ex Drogas Peligrosas. “Tenía una inteligencia superior a la del promedio -dijo el oficial de las TOE-, hacía entre 100 y 300 llamadas por día. Era una persona oportunista, siempre atenta a los negocios, no dudaba en darle para adelante”.

El pago de sobornos a la División Judiciales era una práctica establecida. Según el testimonio del oficial Maximiliano Lencina en el juicio, Medina viajaba cada quince días a Rosario para pagar la protección policial y a veces acortaba los plazos y era necesario que visitara la ciudad cada diez días para calmar a las fieras.

La extensa declaración del ex comisario inspector Gustavo “Gula” Pereyra es particularmente significativa en ese marco. El testimonio desbarata el descargo habitual de la policía santafesina ante denuncias de corrupción, la teoría de la manzana podrida, según la cual esos hechos son responsabilidad de agentes que por su propia decisión fueron por el mal camino. Al contrario, Pereyra dio cuenta de cómo oficiales de baja jerarquía cumplían órdenes de recaudar “que venían de arriba”; y su propia experiencia, al ser castigado por mantenerse distante de esos manejos, demuestra cómo las cúpulas de la policía santafesina organizaron esas prácticas y la forma en que oficiales y suboficiales quedaban presos de la estructura corrupta (“Gula” definió así al comisario Raúl Saccone como “un hombre de bien” capturado en el antro de corrupción que fue la División Judiciales).

En las últimas jornadas del juicio se difundió parte del contenido del teléfono Blackberry que usaba Medina. El 11 de noviembre de 2013 el empresario narco le confió a Claudio Torres su decisión de volver a Rosario. “Ya arreglé con toda la gorra”, dijo, en referencia a la protección policial, y el territorio que le habilitaba ese pacto alcanzaba hasta la ciudad de Santa Fe.

Las revelaciones de ese teléfono, del que surgen mensajes y audios sobre Alvarado y los narcopolicías rosarinos, ponen la lupa además sobre el trámite que la actual vicegobernadora le impuso a la causa como jueza y el secreto que impuso a la pericia del Blackberry, realizada 18 de diciembre de 2014 por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “No nos mostraron nada, a nosotros nos hubiera sido de mucha utilidad”, dijo el policía Capdevilla.

“Había reuniones conjuntas entre Adrián Forni (jefe de las TOE) y Guillermo Morgans con Alejandra Rodenas -dice el fiscal Edery-. Pero la investigación la tenían las TOE. La pericia del Blackberry nunca estuvo a disposición de nadie excepto de la jueza. Y en ese teléfono quedaba claro que Medina le pagaba a Judiciales”.

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