La misma provincia que reclama por la designación de jueces federales, dio un mal ejemplo de cómo se cumple en su jurisdicción con ese trámite. Un total de 69 legisladores que habían sido convocados para tratar en asamblea la designación de diez jueces provinciales para Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, terminaron aceptando que el mensaje sea devuelto al Poder Ejecutivo por falta de acuerdo y acusaciones mutuas. El resultado de la votación fue 31 a 24 con tres abstenciones.
No prosperó la idea de que se aprobaran al menos los seis nombres propuestos sobre los que había consenso. Desde el Gobierno justificaron el retiro de todos los pliegos (eran diez) para “preservar la integridad humana de todos los postulantes y no faltarles el respeto”, y acusaron a algunos legisladores de querer “ejercer el poder de ser mayoría”, y de “tener vocación para evitar cualquier tipo de consenso”.
Aunque no es explícito, probablemente influyó en el desacuerdo que entre los postulantes hubiera mayoría de cargos para Rafaela (eran cuatro sobre tres para Rosario, dos para Reconquista y uno para Santa Fe) y que dos de los nombres tuvieran relaciones políticas con el actual gobierno, como el hermano del ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri y una candidata que fue abogada de la Municipalidad de la perla del oeste.
En la lista de no aceptados figuraban reprobados tres de los cuatro candidatos para Rafaela, un candidato a juez de Rosario y otros dos que en opinión del gobierno no tuvieron justificaciones objetivas para el rechazo. “Para hacer daño. Parece una reprimenda contra el gobernador”, deslizaron en el oficialismo.
Desde el gobierno provincial le cuestionan a los legisladores que integran la comisión de Acuerdos de la Legislatura que las objeciones contenían valoraciones meramente políticas o por “cómo se expresaron o por la cara”, y reprochan que aparecieron requisitos que no fueron exigidos cuando se aprobaron otros pliegos.
En cuanto a los vínculos políticos de dos de los postulados, contraatacan con el pasado reciente y afirman que no sucedía lo mismo durante el gobierno del socialismo cuando se nombraron más de 30 funcionarios del Ejecutivo en el Poder Judicial. Entre otros ejemplos mencionan que un ex secretario de Seguridad es actualmente camarista penal, al igual que un ex funcionario de Gobierno de la gestión de Miguel Lifschitz.
Un “re-retiro”
Para varios de los nombres se trató de un “re-retiro” de pliegos, ya que cinco de ellos ya habían sido rechazados por el pleno de diputados y senadores en noviembre del año pasado cuando esa vez sí el gobierno aceptó quitar los nombres sólo de los que no tenían acuerdo, y permitió en cambio que se aprobaran otros pliegos con consenso.
Esta vez no fue así. Fue una jugada política que dejó a los legisladores con sabor amargo, a deber incumplido y que desde los bloques opositores se calificó como “vergüenza institucional”, aunque desde el oficialismo podrían considerarla como una victoria política.
Lo concreto es que las diez vacantes siguen igual y el diálogo no parece ser el mejor para replantear estrategias que permitan cumplir con un trámite que en todas las declaraciones y discursos es considerado fundamental y necesario para ayudar a paliar la crisis por la inseguridad en la provincia.
En el fondo, lo que quedó expuesto y cuestionada es la manera en la que se designan magistrados en la provincia. Para algunos legisladores como Agustina Donnet fue la ocasión para reclamar un Consejo de la Magistratura por ley y una selección de magistrados más transparente.
Durante la asamblea legislativa se destacó que la labor de la comisión de Acuerdos fue la que se debía hacer: evaluó a los postulados y emitió un dictamen de mayoría que avalaron 8 de sus 12 miembros.
Fue el gobierno el que no quiso que se rechazara a algunos, argumentando que los pliegos enviados son de profesionales que aprobaron sus respectivos exámenes en el marco de un concurso y fueron evaluados por un jurado. Las diferencias planteadas parecen ser políticas.
“Hace un mes que venimos dialogando”, dijo el senador Lisandro Enrico, antes de que la comisión bicameral se mantuviera en cuarto intermedio esperando la nota del Ejecutivo que retiró los pliegos. “Que no sea como el general Alais”, pidió antes por celeridad el diputado Fabián Bastía, en medio de interpretaciones reglamentarias que obligaron a leer el reglamento sobre el funcionamiento de la asamblea legislativa.
“Es una desprolijidad y un estropicio del Ejecutivo”, opinó el diputado Gabriel Real, quien comparó al retiro de pliegos del gobernador con “un jugador que porque no lo dejan ganar se lleva la pelota”.
Julián Galdeano advirtió que “estamos jugando con la institucionalidad de la provincia de Santa Fe” y calificó la actitud del gobernador de “irresponsable e institucionalmente grave, un capricho”, dijo. Carlos del Frade no dudó en afirmar que “estamos en una ciénaga institucional”, mientras que Joaquín Blanco habló de “incapacidad política y carencia de planificación, y de un verdadero bochorno institucional” y también culpó al gobernador de ser “el único responsable del enfrentamiento entre poderes con este ataque de pliegos, el mismo día que fue imputado el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain”.
Más hombres que mujeres
Una objeción repetida fue que entre los diez nombres propuestos para jueces hubiera apenas dos mujeres, por lo que quedó asentado el pedido para que en el futuro se tenga en cuenta en el envío de pliegos el cumplimiento de la ley de paridad y la perspectiva de género. Fue paradójico que justo una mujer figurara entre los nombres objetados en el envío del Ejecutivo.
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