Con la asunción de los nuevos diputados y senadores en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de humedales está a punto de perder otra vez el estado parlamentario. Ya ocurrió en 2013 y 2016. La normativa que busca monitorear, proteger y regular las actividades que se pueden realizar en estos ecosistemas impacta de lleno en Santa Fe. El Delta del Paraná es la zona de humedales más conocida, pero también están presentes en las costas de los ríos y arroyos pampeanos y en los bajos submeridionales del norte provincial.
Organizaciones ambientales y científicos reclaman un paraguas de protección desde hace más de una década como ya se logró para el bosque nativo y los glaciares. El año pasado apareció en la agenda de los medios y de la política a partir de los incendios en las islas del Delta del Paraná. Según la Red Nacional de Humedales, ya ardieron más de un millón de hectáreas de este ecosistema en los últimos dos años.
El proyecto logró el dictamen favorable en varias comisiones y el Gobierno nacional prometió tratarlo este año, pero sus representantes lo remitieron a la comisión de Agricultura en Diputados, donde quedó congelado. Con la renovación de la Cámara, el trámite legislativo puede volver a cero.
Solo queda una última chance. El proyecto debería ponerse en agenda para su tratamiento antes del 31 de diciembre, o en sesiones extraordinarias, pero si no se aprueba antes del 28 de febrero de 2022, caerá.
“La ley de humedales incluye un presupuesto mínimo para garantizar su protección, una definición amplia de estos ecosistemas e incluye la participación de las comunidades locales”, asegura Sofía Naranjo, de la organización Taller Ecologista de Rosario.
Solo queda una última chance. El proyecto debería ponerse en agenda para su tratamiento antes del 31 de diciembre, o en sesiones extraordinarias, pero si no se aprueba antes del 28 de febrero de 2022, caerá
Y agrega: “Las presiones que actúan para que no salga la ley son las mismas desde hace años y están vinculadas a diferentes actividades productivas desde el agronegocio a la megaminería, pero también el desarrollo inmobiliario. Operan para defender intereses económicos sobre el bien común y la protección de la vida”.
Qué es un humedal
Ocurre que los humedales se extienden por todo el país: desde los Andes hasta la zona de Tigre a kilómetros de la ciudad de Buenos Aires; y desde la Puna hasta Tierra del Fuego. Según una estimación amplia, el 20 por ciento del territorio nacional podría considerarse bajo la categoría de humedal.
Se definen como ecosistemas sobre tierras inundables, donde el agua puede estar en forma permanente o temporal. “El agua es el elemento fundamental que define las características físicas y biológicas y sus relaciones. No son un ecosistema terrestre ni acuático y son vitales para el sostenimiento de la vida, incluida la humana”, detalla Naranjo.
En Santa Fe, el Delta del Paraná es el área de humedales más conocida. A nivel nacional ocupa 2,2 millones de hectáreas. Pero la ambientalista detalla que, por ejemplo, los dos arroyos que atraviesan la ciudad de Rosario (Saladillo y Ludueña) también conforman humedales pampeanos y en el norte provincial existe un amplio territorio de humedales.
“En realidad el Delta del Paraná es el último tramo del gran corredor fluvial Paraguay-Paraná, un macroecosistema cursos de agua y humedales conectados entre sí”, detalla Naranjo y advierte que “el problema más visibilizado de esta área natural es la ganadería”.
Ganadería de isla
“La ganadería en el Delta debería estar adaptada a los pulsos de inundaciones y sequías. Hoy, con una sequía de dos años, surgen las quemas de pasturas, que no debería ocurrir si estuvieran protegidos y monitoreados bajo el amparo de una ley”, explica.
Esta práctica ganadera histórica consiste en quemar las pasturas secas, surgidas por la bajante del río, y favorecer el rebrote de pastos nuevos que sirven de alimento para el ganado. El fuego no es una agente natural en este ecosistema, como sí lo puede ser en un bosque.
Naranjo agrega que las explotaciones ganaderas traen aparejados terraplenes y diques que alteran los curso y pulsos naturales del agua, otro efecto grave para el funcionamiento de este ecosistema. “La alta carga de ganado en las islas del Delta simula una ganadería pampeana pero es un ecosistema diferente”, asegura.
“No es que queremos una conservación purista sin actividades productivas. Pero sí se necesita la ley para que las actividades humanas se adapten el ciclo natural de estos ecosistemas”
La necesidad de una ley
Para el ambientalismo, la sanción de la ley ayudaría a regular las actividades porque obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de los humedales y provee financiamiento para su monitoreo.
Naranjo agrega que el proyecto de ley ya caído propiciaba la conservación del ambiente con la inclusión de las personas, en especial, de los pobladores originarios e históricos, como los isleros del Delta.
Más allá de proteger la biodiversidad (el 40 por ciento de las especies del mundo viven en estos ecosistemas), los humedales cumplen funciones muy importantes que aseguran la calidad de vida de las personas:
- Regulan los ciclos del agua, para amortiguar las sequías e inundaciones.
- Filtran y eliminan la contaminación del agua generada por las actividades productivas y que luego vuelven a las personas en el agua que bebemos y en los peces que comemos.
- Proveen agua dulce apta para ser potabilizada y consumida por las personas.
- Capturan dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático.
- La convivencia sustentable con las personas permite que sean ecosistemas muy productivos y pueden dar sustento a una ganadería, apicultura y pesca adaptadas.
“No es que queremos una conservación purista sin actividades productivas. Pero sí se necesita la ley para que las actividades humanas se adapten el ciclo natural de estos ecosistemas”, asegura Naranjo.
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