El Concejo juntó los votos necesarios y le dio luz verde a un edificio de once pisos que un grupo inversor que tiene como cara visible a Ángel Di María quiere seguir construyendo en zona Norte. Se trata de la edificación de bulevar Rondeau al 1700, que había quedado envuelta en una polémica por no respetar los cambios impuestos en el nuevo Código Urbano: límites de altura y deslindes.
Con este visto bueno que le dio el Palacio Vasallo, la empresa Perdriel SA —que tiene como principal accionista al ex jugador canalla— podrá avanzar con su emprendimiento mediante un permiso de “excepcionalidad” en una de las zonas más codiciadas de los últimos tiempos.
Según pudo averiguar Suma Política, no sería casual la aprobación. Es que hay una idea del municipio para modificar las condiciones de edificación tanto en Rondeau como en avenida Alberdi, en pos de que lleguen más y nuevas inversiones, que se ajustarían a la misma lógica que tiene el edificio en cuestión.
En concreto, este jueves se tuvo que votar sobre si se le daba el ok o no a la compañía. Porque el legajo que presentó en 2012 la empresa Perdriel SA, que tuvo despacho en Comisión de Planeamiento en 2019 pero luego se dio de baja, estaba próximo a vencerse. Por eso, los privados se acercaron al Palacio Vasallo para reimpulsar el proyecto y lograr destrabarlo.
Finalmente, la aprobación para construir bajo un permiso de “excepción” se obtuvo gracias al apoyo de los bloques de Cambiemos, Juntos por el Cambio, Creo, Partido Demócrata Progresista, Unidad Ciudadana, y los monobloques de Marcelo Megna, Ariel Cozzoni, Daniela León, María Eugenia Schmuck y Renata Ghilotti. Mientras que en contra votaron Fernanda Gigliani, el bloque socialista, el del Frente de Todos, Ciudad Futura y Susana Rueda.
Un proyecto torcido
Todo comenzó en el año 2012 cuando la desarrolladora de Di María presentó en el Palacio Vasallo el legajo para poder edificar en Rondeau al 1700, en la zona norte de Rosario.
El conflicto surgió cuando al año siguiente se aprobó un nuevo Código Urbano para Rosario, que cambiaba las reglas del juego de la construcción y proponía una reducción en las alturas de las nuevas construcciones.
Otra novedad que incorporó fue el “deslinde”, que implica que los nuevos proyectos tienen que tener una distancia de cinco metros con relación a las construcciones linderas.
Las modificaciones dejaron en off side al proyecto del ex jugador canalla, que fue frenado por incumplimiento de normativa.
El problema era que el terreno propiedad de la constructora tiene diez metros de frente, por ende quedaba imposibilitado de edificar en ese lugar según los nuevos requisitos que establecía el deslinde.
Desde el grupo inversor apuntaron contra un inspector municipal que pasó por la zona donde, en teoría, ya estaban construyendo, pero como “no vio” la obra iniciada, la clausuró.
Poco después se conoció una versión distinta a la del grupo empresario. Concejales como Fernanda Gigliani y Juan Monteverde desmintieron públicamente que hubiesen comenzado los trabajos en el lugar y sostuvieron que las obras se dilataron y no empezaron en tiempo y forma, con lo cual se debía adaptar el plano al nuevo Código Urbano.
Ante esta situación, la familia del ex jugador canalla consiguió en 2019 que la Comisión de Planeamiento del Concejo le permitiera construir sin modificaciones, es decir en base al proyecto presentado siete años atrás. Inclusive con el beneficio de no pagar el adicional por mayor aprovechamiento del suelo. Esto desató una fuerte polémica que obligó a que se frenara la obra.
Como el plazo para presentar un nuevo plano en regla estaba próximo a vencerse, ahora desde la empresa reimpulsaron las gestiones con la intención de que le permitieran seguir construyendo acorde a los primeros lineamientos presentados. Esta vez se encontraron con la buena voluntad de los ediles y el municipio y consiguieron la aprobación para construir.
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