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Política

Para el fiscal Schiappa Pietra la causa ahora sigue con Traferri: “Es un punto de llegada que no tiene retorno”

Leonardo Peiti le dedicó varias menciones en su declaración. “Desde el 2017 al 2020, cuando apareció Schiappa Pietra, nunca hubo un problema”, dijo. “Nunca avanzó ninguna investigación, hasta que aparecieron los fiscales Schiappa Pietra y Edery”, agregó en otro pasaje. Todo un reconocimiento.

A cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada, el fiscal Luis Schiappa Pietra destaca que “los jueces hicieron lugar a lo que planteamos, el alcance que le dimos a Peiti como imputado colaborador estuvo muy fundamentado y pudimos explicar la relación con el senador Armando Traferri”. La audiencia en que el empresario del juego fue aceptado como imputado colaborador por la Justicia es “un paso fundamental para ir cerrando esta causa” y para reintentar el desafuero del legislador, según adelanta el fiscal en esta entrevista.

—Hay muchos detalles en la declaración de Peiti. Por ejemplo dice que el comisario Corbellini, en represalia por la interrupción de la coima que recibía periódicamente la policía, aportó datos para la investigación sobre juego clandestino que hizo la fiscalía de Melincué.

—Dice eso, sí. Lo que explica es cómo funcionaba el juego ilegal y este tipo era el que recibía el dinero y le permitía funcionar casi en toda la provincia. Estamos hablando de 2016, 2017, 2018. Y lo dice la persona que manejaba el juego ilegal en ese momento. Tenemos totalmente acreditado que en ese momento el propio Peiti manejaba todos los circuitos del juego ilegal en la provincia, que en ese momento al decir de Peiti estaban formalizados en los acuerdos ilegales que tenía con las cúpulas policiales. También menciona a (José Luis) Amaya. Vamos a profundizar la investigación para tratar de corroborar esas afirmaciones con otra prueba objetiva, como hicimos con Traferri.

—Además apunta que los contactos con el senador continuaron después que estallara el escándalo.

—En los audios que nos pasa el abogado Luis Rossini (defensor de Peiti), Rossini le pide a Traferri que le consiga algún contacto en Rafaela para morigerar la prisión preventiva que le habían dictado en esa ciudad y le dice que (Antonio) Bonfatti y (Rubén) Galassi tienen llegada al juez de Cámara de Rafaela que revisaba el caso, Matías Drivet, ex secretario de seguridad de Lamberto. A continuación Traferri contesta que está en Santa Fe y se va a reunir con Galassi y después en otro mensaje le dice que no tienen llegada. Más allá de las instancias penales esto es muy fuerte respecto del senador. Evidentemente, Traferri trataba de intervenir porque se veía venir que si Peiti seguía en esa situación podía complicarlo más. Por otro lado es muy sintomático respecto a otra dimensión de naturaleza política de la relación que tenían Traferri y Bonfatti, una relación transversal a los partidos políticos que representaban.

—¿Se hizo el lobby sobre Drivet?

—Lo que tenemos son los mensajes entre Rossini y Traferri. No sabemos si hubo una gestión y fue infructuosa o si le dijeron a Traferri que no tenían intención de hacerla. Esa relación entre el abogado de Peiti y el senador es consistente con otras evidencias, por ejemplo cuandoTraferri le dice a Rossini que cambie la titularidad de las empresas de Peiti porque si no iba a ser muy difícil que saliera la autorización para instalar las máquinas de juego virtuales, porque empezaba a estar implicado penalmente. Esto consta en un audio. Traferri estaba interesado en que a Peiti no le fuera mal porque sabía que podía verse implicado él mismo.

—¿Y querían seguir adelante con el proyecto?

—Sin duda. Era un negocio millonario. Peiti habla de más de mil millones de pesos mensuales a partir de la instalación de estas máquinas y dice que la política, la policía y la Lotería de la provincia podían recibir parte de las ganancias. Estaban atrás de este negocio que el gobierno termina por otorgárselo a las casas que hoy regentean oficialmente el juego, que son los casinos. Incluso hay diálogos entre (Darío) Scataglini y gente del Tribunal de Cuentas donde denostan la manera en que el gobernador le otorga la administración del juego on line a los casinos. El gobernador lo hace por un decreto, y Scataglini lo critica en sus mensajes y dice que debía hacerlo con otro mecanismo. Todo el sector de Traferri estaba muy preocupado porque habían perdido un negocio millonario. Hoy Peiti está condenado por una causa donde participó también el senador. Para nosotros ya es un punto de llegada que no tiene retorno respecto de Traferri. Ahora depende de cuando formulemos el nuevo pedido de desafuero o eventualmente la Corte Suprema nos autorice para imputarlo e ir a juicio. En términos procesales y probatorios la situación está muy avanzada. Tenemos que ver otras medidas de investigación una vez que nos autoricen a imputar.

—También aparecieron datos sobre las relaciones de Peiti en Reconquista.

—Esto lo contó en el marco de una causa que lleva el fiscal Merlo. Fundamentalmente la relación de Peiti con un juez de la ciudad de Reconquista al cual según dice le hizo entregas esporádicas de dinero con el objetivo de que si había alguna medida de investigación lo tuviera al tanto y evitara perjudicar a su organización. Peiti dio precisiones de las fechas y de los lugares donde tuvo esas reuniones.

“En términos procesales y probatorios la situación está muy avanzada. Tenemos que ver otras medidas de investigación una vez que nos autoricen a imputar”

—¿Cómo sigue la causa en Rafaela después de la muerte de Perona?

—Hay muchos imputados. Nosotros solo lo condenamos a Peiti en función de la imputación que hizo el fiscal Loyola por la organización de la asociación ilícita de Rafaela pero hay un segmento de igual jerarquía y también inferior que sigue siendo investigado. Además de los policías de alto rango que ya fueron mencionados.

—¿La situación política actual en la provincia alrededor de Marcelo Sain puede afectar la continuidad de esta causa?

—No. Por lo menos no de manera directa. La causa está muy avanzada en cuanto a la prueba que se recolectó como a las personas identificadas. Las consecuencias respecto de la investigación de Sain en este punto no podrían hacer mella, porque la evidencia que tenemos es muy profunda. Me parece que tendría que haber un acuerdo general en cuanto a qué hacer con el senador Traferri. Es poco presentable para la política santafesina seguir sosteniendo al senador. Pero la clase política que manifestó la necesidad de avanzar en la investigación es una minoría. Me refiero al desafuero. Cuando se planteó en el Senado, no pudimos avanzar. Si efectivamente hay que avanzar en la investigación de las estructuras de poder, lo que hay que hacer ahora es permitir que se puede imputar, acusar y eventualmente ir a juicio para ver si corresponde que Traferri, como ocurrió con otros imputados, vaya preso.

—La defensa del senador Traferri atribuye la causa a una persecución orquestada por el ex ministro de Seguridad. ¿Qué responden?

—Esta es una investigación que a la hora de direccionarse hacia el senador Traferri tuvo dos ejes centrales: la llamada de Scataglini de parte de Traferri al teléfono intervenido de Peiti, el 10 de julio de 2020, y toda la investigación que venía desde 2017 por parte del fiscal Merlo. A la vista de lo que sucedió en la última audiencia, todo eso está absolutamente probado. En el teléfono de José Fernández Chemes (abogado y representante de empresas de Peiti) pudimos corroborar que la llamada de Scataglini fue para avanzar en la contratación multimillonaria de máquinas de juego virtuales. Querían legalizar el juego de las máquinas VLT (NdR: Terminal de Video Lotería) con quienes regenteaban el juego ilegal. Es como si discutiese la legalización de la marihuana y le diéramos la explotación del negocio legal a las bandas narcocriminales. Eso era lo que hacía Traferri en el marco de su condición de senador: un lobby prohibido por la ley en beneficio de un solo oferente, que para colmo manejaba al juego clandestino.


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