El Mundial finalmente tuvo consecuencias políticas. El triunfo de la selección ante Inglaterra contribuyó a pausar en el Senado la marcha del proyecto oficialista que promueve la extranjerización de tierras. La relación es reveladora de lo que está en juego: el potencial desmembramiento territorial. La existencia de una coalición partidaria dispuesta a dar ese paso es más rara que los efectos que produce un resultado deportivo.
La agenda legislativa con la que el oficialismo atropella tras echar el lastre de Manuel Adorni incluye la reforma regresiva del proceso electoral, la colonización del Poder Judicial y una reforma del Banco Central que limita sus objetivos y funciones a la necesidad de un grupo selecto de operadores financieros.
En el campo orégano sobre el que cabalga esta alianza quedan aplastados los debates que no responden a los urgentes intereses de casta. En otra cancha, la discusión sobre el cambio en la reforma de la carta orgánica del ente rector monetario sería más profunda. Podría incluir, por ejemplo, una dimensión de cierta relevancia para las provincias.
Una reserva federal
El año pasado, el socialismo presentó en el Congreso un proyecto de ley para “federalizar” el Banco Central, mirando experiencias como las de la Reserva Federal de Estados Unidos, con los doce bancos regionales que la integran, y el Bundesbank alemán, de gobierno centralizado pero con filiales en los distintos estados federados. La iniciativa propuso incluir a las provincias en la gobernanza del BCRA, tal como lo manda la Constitución de 1994, conformar un directorio con representantes regionales y ajustar la política monetaria a las particularidades productivas, financieras y de empleo de cada región. El plan se completaba con la creación de delegaciones territoriales y la descentralización patrimonial.
La iniciativa fue puesta en discusión hace un año durante un seminario realizado en la Legislatura santafesina para “repensar las instituciones económicas de Argentina en clave federal”. El planteo fue novedoso porque desbordó los límites de la tradicional pelea por la coparticipación. El economista Ignacio Trucco, director del área económico productiva del Observatorio Demos, fue en ese encuentro al hueso del debate: “Es clave para limitar el peso territorial de la city financiera”. En esa desigualdad, explicó, anida una de las fuentes de “los violentos ciclos de apreciación y depreciación”.
A su juicio, detrás de estos ciclos están el endeudamiento y las grandes transferencias al sector financiero desde otros segmentos de la economía. Mientras los beneficios de un dólar barato se sienten más en territorios con fuerte peso del sector financiero y de servicios, como la ciudad de Buenos Aires, impactan en el tejido industrial y exportador de la mayoría de las provincias. Cuando ese período se corta, usualmente en modo brusco, le sigue una fenomenal devaluación que, si bien mejora en algo la posición de los sectores transables, provoca también la baja de la actividad económica y la pulverización de los ingresos populares. Este desequilibrio, agregó, empodera instrumentos como las retenciones a la exportación, que hoy son parte de la disputa entre las provincias y la Nación.
Federalismo de crisis
La dominancia cultural de Wall Street sobre el círculo rojo no alcanzó para generar interés en el proyecto. Tampoco inspiró la rebeldía de gobernadores, que hoy hacen fila para recibir los adelantos de coparticipación que ofrece arbitrariamente el gobierno central. En la última semana, Córdoba, otra gigante de la Región Centro, recibió esa gracia fiscal.
Desechado el camino de la disputa, las provincias le dan sintonía fina al ajuste que les permitió el “ahorro originario” en la era Milei: el que cayó sobre los trabajadores del sector público. Mientras avanza con la privatización del sistema de licencias por salud, el gobierno retoma la negociación paritaria para el segundo tramo del año. La inflación acumulada del 17,1 % en el primer semestre se devoró el aumento salarial del 12,5 % otorgado en el mismo período. Los gremios docentes ya anticiparon que reclamarán esa diferencia, más la cobertura de una proyección inflacionaria con un piso de 11 % en la segunda mitad del año.
Como es habitual, el gobierno arrancó la negociación con los sindicatos de la administración central, tradicionalmente más amigables. El miércoles, al salir de la primera reunión, los representantes de esos gremios elogiaron el resultado de los pisos salariales acordados en febrero. “El aumento general en los mínimos garantizados permitió que un sector de los trabajadores tengan hasta un 20 % ó 25 % de incremento”, indicó Jorge Molina, de UPCN. El ministro de Economía, Pablo Olivares, adelantó su intención de sostener esa dinámica “en los casos en los que implicó un incremento por encima de la inflación”.
Desde la seccional Rosario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) piensan, en cambio, que “la insistencia sobre el mínimo garantizado esconde una triple estafa a las y los trabajadores públicos: naturaliza que hay salarios tan bajos que ni un porcentaje de aumento impacta en la calidad de vida, achata la escala salarial y desfinancia la obra social y la caja de jubilaciones por no ser inmediatamente remunerativa”.
La política salarial suele tener menos eco en la paritaria docente, a tal punto que los últimos aumentos se vienen definiendo por decreto. En otras provincias, como Buenos Aires, se optó por cerrar un aumento escalonado y corto: 5 % en julio y 2 % en agosto.
El contexto de la negociación es áspero. “Los recursos de todas las provincias del país siguen siendo magros, producto de una coyuntura nacional compleja, con una economía sin despegar”, señaló Olivares. Aunque presentado junto a un mar de justificaciones, el déficit fiscal que informó el Ministerio de Economía de la Nación para el mes de junio enciende otra luz roja.
Inflación vs actividad
Los decisores de política económica apuestan a que este desierto ayude a sostener la desinflación que registran los organismos de estadística desde el pico de marzo pasado. En junio, el IPC nacional perforó apenas el piso de suba mensual de 2 %. En Santa Fe, el ritmo aflojó más de medio punto, hasta ubicarse en 1,7 %.
Fabián Amico, director del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), atribuyó este aterrizaje a la apreciación del tipo de cambio. “A ese factor se sumó el control sobre las tarifas de los servicios públicos, aunque los precios regulados continúan registrando incrementos por encima del promedio general”, explicó durante una entrevista con el programa La Banda Cambiaria. Este último punto demuestra, a su juicio, que “la desaceleración inflacionaria no es homogénea entre todos los componentes de la economía”.
Para el economista, el dato a seguir no es el índice de precios sino la evolución de los ingresos. Advirtió, en ese sentido, que la intervención desembozada del gobierno nacional en la paritaria del sector mercantil, el que involucra a mayor cantidad de trabajadores, constituye una señal clara de llevar los aumentos salariales a la zona del 1,9 %, “por debajo de los acuerdos originalmente alcanzados entre sindicatos y empresas”.
“La intención del gobierno es que los salarios se ajusten a la baja para convertirlos en el principal ancla de la inflación, alineándose con la política que intenta mantener atrasado el tipo de cambio”, concluyó.
Esta estrategia, advirtió, enfría más la actividad económica. Resulta muy difícil que el consumo se recupere si los salarios reales permanecen estancados. Y la capacidad de las familias para acceder al crédito depende directamente de una mejora sostenida de sus ingresos. La consultora Analytica actualizó el informe sobre morosidad en la deuda de los hogares: 5,7 millones de personas están atrasadas en el pago de sus créditos.
Frío bajo el agua
También se conocieron nuevos datos sobre la caída de empresas y empleo registrado, que dimensionan el costo de este tipo de estabilidad económica. El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) ajustó su contador en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En 28 meses cerraron 28.262 empresas y se perdieron 34.396 puestos de trabajo en blanco. El declive se volvió precipicio en los primeros cuatro meses del año: 5.654 empleadores fueron dados de baja.
La aceleración del derrumbe vuelve a poblar los pasillos del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. La nueva vuelta de crisis encontró a más de 60 trabajadores despedidos de Expreso Brío, una empresa de logística que pasó de la Gloria a Devoto en medio de la recesión y de cuestionados manejos, reclamando por el pago de obligaciones salariales atrasadas.
El 30 de junio, cuando los empleados se presentaron a trabajar, descubrieron que el acceso a la empresa estaba restringido. “Todo fue muy extraño, parece un vaciamiento intencional y por eso queremos explicaciones”, afirmó Gabriela Díaz, una de las despedidas.
Un alivio, en cambio, llegó para unos 80 trabajadores de la planta de Sudamericana Lácteos, en Díaz. En la misma cartera laboral, el nuevo dueño de la firma que estaba paralizada desde hace meses, firmó con el gremio lechero, Atilra, un acuerdo de reactivación en el marco del artículo 223 de la ley de contrato de trabajo, que permite acordar la reducción temporaria de jornada y salarios. La vieja ley funciona, pese a la demonización de la que fue objeto antes de la reforma que impulsó el gobierno nacional y sancionó el Congreso.
En la punta del iceberg hay señales de vida. La empresa Molinos hizo honor al anuncio de un nuevo ciclo de inversiones que realizaron los popes de la industria aceitera en Acsoja, al informar que construirá una nueva planta de molienda en Timbúes, en sociedad con ACA y en los terrenos de la cooperativa. Será un desembolso de 500 millones de dólares para aumentar la capacidad de procesamiento de soja en 15 mil toneladas diarias. Visto algo más de cerca, significa un ajuste del plan original de la empresa de la familia Pérez Companc para levantar una planta desde cero en su propio predio, con una inversión de 800 millones de dólares. Aun con esa prevención, es un aporte relevante al nuevo mapa de inversiones en el enclave agroexportador.
Un repunte del precio internacional de la soja y subproductos encontró al complejo oleaginoso en un momento expansivo. Según el último reporte de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), el sector creció 9,4 % interanual y fue el que más contribuyó positivamente al índice de actividad de ese mes. La cadena de valor no termina de fluir. La producción de maquinaria agrícola hizo el mayor aporte negativo. Su actividad bajó casi 30 % interanual.
El indicador general de actividad manufacturera en la provincia bajó 1,3 % interanual en el mes y acumuló una contracción de 4,4 % en cinco meses de 2026. En relación al pico de 2022, está 14,3 % por debajo. El 71 % de las ramas registró una disminución. “El retroceso resultó generalizado como se manifiesta en forma reiterada desde el segundo semestre de 2025 y hasta el presente”, concluyó el informe de la central fabril.
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