El presidente Javier Milei junto a parte de su gabinete económico y político hizo uso de la cadena nacional para anunciar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto que remitirá al Congreso para su tratamiento busca cambiar no sólo el funcionamiento de la autoridad monetaria sino también la forma en que el Estado interviene en la economía. En términos simples, pretende impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
La nueva iniciativa representa un giro respecto de la reforma de 2012. Hasta ahora, el Banco Central tenía múltiples objetivos: preservar el valor de la moneda, promover la estabilidad financiera, contribuir al empleo y acompañar el desarrollo económico con equidad social. La propuesta oficial elimina ese mandato amplio y establece una única prioridad: garantizar la estabilidad monetaria.
En realidad, no se trata de una idea completamente nueva. La historia del Banco Central muestra un péndulo permanente. Cuando fue creado en 1935 nació con un perfil técnico orientado a preservar la moneda y ordenar el sistema financiero. A partir de 1946 pasó a convertirse en un instrumento del desarrollo económico y del financiamiento estatal. Durante la Convertibilidad, en los años noventa, recuperó una fuerte independencia y volvió a concentrarse casi exclusivamente en la estabilidad monetaria. En 2012 volvió a ampliarse su mandato. Ahora Milei propone regresar, e incluso profundizar, aquel modelo de autonomía.
El cambio más importante consiste en prohibir cualquier forma de financiamiento monetario del Tesoro. Si el Estado necesita recursos ya no podrá recurrir al Banco Central para emitir pesos, sino que deberá obtenerlos mediante impuestos, endeudamiento o una reducción del gasto público. Aquí aparece un debate interesante. Si emitir para financiar al Estado merece una sanción por las consecuencias económicas que genera, ¿por qué el endeudamiento, que también compromete a generaciones futuras, no recibe un reproche institucional semejante?
El proyecto de reforma también modifica el papel de la tasa de interés. Dejaría de ser una herramienta para estimular la economía o el empleo y pasaría a utilizarse casi exclusivamente para controlar la inflación. En otras palabras, el Banco Central ya no debería preguntarse cómo crece la economía, sino cuánto aumentan los precios. Desde la óptica oficial, esta mayor independencia fortalecería la credibilidad de la política monetaria, reduciría la incertidumbre y favorecería la inversión privada.
Sin embargo, toda reforma tiene ganadores y perdedores. Entre los potenciales beneficiarios aparecen los ahorristas, los inversores y las empresas que requieren reglas previsibles para desarrollar proyectos de largo plazo. También podría fortalecerse el sistema financiero si la estabilidad monetaria logra consolidarse.
Del otro lado, el principal perjudicado sería el propio Estado, que perdería una herramienta de política económica porque el Banco Central ya no podría utilizar la tasa de interés para amortiguar recesiones o estimular la actividad cuando la inflación dejara margen para hacerlo, tal como lo hace la Reserva Federal de los EE.UU. o el Banco Central de Israel.
También las provincias y los sectores que dependen del gasto público podrían enfrentar mayores restricciones presupuestarias, mientras que empresas y personas altamente endeudadas podrían verse afectadas si las tasas de interés permanecen elevadas durante un tiempo prolongado. Pensemos, por ejemplo, en los 5,8 millones de argentinos sobreendeudados a la hora de opinar sobre este punto de la reforma.
Las críticas advierten además que un Banco Central con mandato único pierde capacidad para actuar frente a recesiones profundas o crisis financieras globales o pandemias. Si el único objetivo es combatir la inflación, podría mantener políticas monetarias restrictivas aun cuando aumente el desempleo o caiga la actividad económica como lo fue después del Tequila en Argentina en los años noventa, provocando un ciclo recesivo y destructor de empleo.
En definitiva, el proyecto trasciende una simple modificación institucional. Representa un cambio de filosofía económica. Mientras durante décadas el Banco Central fue concebido como una herramienta para promover el crecimiento, el crédito y el desarrollo, la propuesta oficial sostiene que su única responsabilidad debe ser cuidar el valor de la moneda. El resto deberá ser resuelto por la política fiscal y por el funcionamiento del mercado.
La discusión recién comienza. La letra chica del proyecto aún se desconoce y el gobierno está decidido a aumentar la apuesta, restringiendo la política monetaria, y condicionando la política fiscal al extremo de anunciar un “grillete fiscal” que recuerda, en parte, a la convertibilidad fiscal de fines de los noventa. Salvando las diferencias institucionales, la lógica es similar: cuando las cuentas no cierren, el ajuste recaerá sobre el gasto disponible. En otras palabras, habrá que “rascar el fondo de la olla” en el “shutdown criollo”, aunque en Estados Unidos la cuestión gira sobre el techo de la deuda y aquí sobre un presupuesto subejecutado.
El debate no es únicamente la independencia del Banco Central sino un nuevo arreglo institucional que lejos de ayudar a las familias, a los jubilados, pymes o a los hombres de campo, asienta una regla fiscal que hará tronar el escarmiento cuando las papas quemen en tiempos de crisis.
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