Casta, privilegiados, codicia, ignorancia, contradicción. Las reacciones del gobierno santafesino no dejaron dudas acerca del impacto político causado por el fallo de la Corte de Justicia de Santa Fe que anuló para las jubilaciones estatales de la provincia el tope establecido para el haber máximo, dispuesto hace dos años por la ley de emergencia previsional, equivalente a veinte jubilaciones mínimas provinciales (unos 13 millones por mes). Con esta decisión, volverán a pagarse en Santa Fe jubilaciones que en algunos casos superan los 18 millones de pesos mensuales.
Cuatro de los siete cortesanos, tres de ellos en sus últimos meses de actividad y próximos a jubilarse, propinaron al gobierno un tropezón inesperado en su política de ordenar las cuentas y hacer transformaciones de fondo en el Estado provincial. En este caso para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, actualmente con un déficit de 400 mil millones.
Es el primer traspié significativo para un gobierno que llegó con ideas de cambio y una mayoría legislativa que le permitió concretar sus planes, hasta ahora casi sin obstáculos. Y no encaró problemas menores: reformó la Constitución, encontró una solución para evitar los recurrentes paros docentes y atenuó los problemas de inseguridad con leyes que consiguieron amplio consenso legislativo. En breve para este último tema propone tratar un nuevo paquete de normas, esta vez más espinoso, pero para eso hay tiempo.
¿Qué falló entonces para que la Corte le asestara semejante golpe político? Probablemente que el gobierno pensaba para este tiempo del año haber completado la renovación casi total de la Corte y no tener que seguir presionando para que quienes superan el tope de edad establecido por la Constitución para ejercer sus funciones (75 años) terminen de concretar su salida.
No hizo poco el gobernador para que eso ocurriera. Planteó el tema desde el mismo momento, incluso en su discurso de asunción, nunca lo abandonó, lo reafirmó públicamente y hasta dio lugar a una histórica tensión entre poderes que incluyó actos públicos, cuestionamientos por vacantes y distribución de cargas de trabajo, movilizaciones de jueces a las puertas de Tribunales, reproches porque los magistrados no aportan al IAPOS, y hasta una reunión convocada un domingo a la mañana en la Casa Gris.
Todas las señales concretas fueron dadas, además de algunos planteos más directos en encuentros reservados. Hasta les designaron a los que no terminan de irse a sus reemplazantes, que llevan ya varios meses en lista de espera por asumir. El propósito: que se retiren quienes merodean los 80 años. Pero el camino a veces es más complejo y lento de lo esperado.
Con todo, no logró poco el gobierno: dos ministros de la Corte se fueron después del primer año de presión, se creó una nueva poltrona: la séptima y se designó a su ocupante, y otros tres cortesanos prometieron jubilarse este año. Uno de ellos, el santafesino Eduardo Spuler, puso fecha, el 1º de setiembre, con lo que era previsible que se buscara que el tema previsional fuera tratado por “el ala vieja” de la Corte durante este primer mes posterior al receso de invierno, el último en el que iban a estar presentes todos los que fueron emplazados a retirarse y estiraron su salida. Spuler no es un actor principal, pero su voto vale igual que el de quien es su guía y consejero, Rafael Gutiérrez.
El actual presidente de la Corte (Gutiérrez), y el más antiguo de los ministros supremos, Roberto Falistocco, prometieron retirarse este año, aunque ninguno de los dos aceptó firmar antes esa promesa (sí lo hizo Spuler) con el argumento de que era suficiente el compromiso público que asumieron al decirlo en dos medios de prensa.
Falistocco tiene decidido concretar su retiro, incluso con una fecha probable que cae un domingo: el 15 de noviembre, porque coincide con el día que celebrará sus 35 años de ingreso a la justicia santafesina y pocos días después de cumplir sus 80 años. Su par Gutiérrez aparece más esquivo con su repetida frase “me voy a ir cuando quiera”. Esta vez parece no tener mucho margen para estirar la movida, aunque nunca se sabe.
¿Qué hará el Gobierno?
¿Qué acciones podría encarar el gobierno? Sobre el fallo de la Corte santafesina ya anunció que va a apelar con un recurso extraordinario ante la Corte nacional, pero sin demasiadas expectativas. Aunque es de forma que sea admitido el planteo, los precedentes de la Corte nacional no son favorables a la posición de la provincia en este tema, que cuestiona la intangibilidad de los sueldos de los magistrados.
Sobre la suerte de los cortesanos provinciales que están de salida pero demoran para dar ese paso tan pedido, el gobierno está en una encerrona. Varias veces amagó con sacarlos por decreto, algo que nunca se descarta, pero el problema es que alguno de ellos podría seguir la pelea al infinito y presentar un amparo. Se estiraría la cuestión de fondo por algún tiempo mientras se discuten los antecedentes jurídicos que hay sobre el asunto a nivel nacional. Además, ante un decreto, los que todavía no firmaron podrían decir que el gobierno rompió su palabra al no esperar a que renuncien en noviembre. Y que entonces ahora ellos tampoco piensan cumplir la suya.
Sí encontró el gobierno en esta mala noticia una oportunidad para exponer a un sector del Poder Judicial al que considera privilegiado, apostando a desgastarlo, aunque para evitar que los cortesanos voten ya es demasiado tarde. También puede mostrar lo contrario de lo que le habían empezado a mencionar como crítica: que tenía una mayoría automática tanto en el Legislativo como en la Corte. El 4 a 3 de la votación demostró que tal cosa no existe, al menos por ahora.
No le debe haber caído en gracia a la coalición Unidos que uno de los cuatro votos en contra fuera ejecutado por uno de los miembros más “nuevos” de la Corte, aunque ya estaba jubilado al tiempo de ser propuesto por el gobernador. Se trata de Rubén Weder, que ingresó avalado por el ex gobernador Omar Perotti. El resto de los votos se dividen entre dos de “los nuevos” (Jorge Baclini y Margarita Zabalza) más Daniel Erbetta, el único que queda de la anterior camada. Estos tres sintonizaron con los argumentos del gobierno, mientras que los tres que están de salida este año lo hicieron en forma negativa a los intereses oficiales. Como si se tratara de una revancha con argumentos, aunque se niegue.
Algo de esto se veía venir el gobernador Maximiliano Pullaro cuando a fines del año pasado pidió recusar justo a los cuatro ministros que ahora votaron en contra. El motivo era el mismo que ahora reprocha: que tenían afectada su imparcialidad porque uno ya está jubilado (Weder) y los otros tres están a punto de hacerlo (Spuler, Gutiérrez y Falistocco), con lo que al votar sobre la ley previsional están definiendo el monto de los haberes que van a cobrar como pasivos dentro de unos pocos meses, o dentro de pocos días en el caso de Spuler. No tuvo eco favorable el planteo gubernamental y fue rechazado.
Un quiebre político
¿Por qué la resolución de la Corte es relevante? Se trata antes que nada de un quiebre de sentido en la relación política con el gobierno, que hasta ahora le venía ganando casi todas las pulseadas a este sector del Poder Judicial. Fuentes de la Casa Gris fingen calma y aseguran que los jueces se tiran tierra encima, porque demuestran que son casta y lo único que buscan es mantener sus privilegios.
“Es un fallo para ellos mismos. Los topes tienen un criterio moral, estos jubilados ganan más que el propio gobernador y con este fallo joden a todos los activos que tienen años por delante. Salvar la Caja del desastre inmediato era el eje de esta reforma, especialmente para los que se van a jubilar dentro de 15 ó 20 años. A ellos le vacían la Caja, ahora que se había logrado frenar el déficit, que venía en alza”, expresaron a Suma Política desde el gobierno el mismo día del fallo.
Entre tanto enojo, tal vez no les quede margen para reconocer un detalle: ante el empate de los tres que votaron en los dos temas a favor y los tres que votaron siempre en contra, Falistocco cumplió el rol de una bisagra y se inclinó en un caso por declarar inconstitucional el tope que había fijado la ley de emergencia previsional (fue el 4 del 4 a 3) y en otro le dio al gobierno un salvavidas importante al sumar a la mayoría que coincidió en no resolver si era inconstitucional o no aplicar aportes solidarios para la Caja jubilatoria. Este asunto ahora se tendrá que dirimir en un tribunal contencioso administrativo y cada amparista deberá realizar una nueva gestión. En principio se gana mucho tiempo.
En el caso de los amparistas, unos 50 que desde agosto volverán a cobrar como antes, sin el tope de las veinte jubilaciones mínimas, el impacto económico para el estado santafesino no es grande. Y en el caso de los aportes solidarios, el gobernador ya había anunciado en marzo pasado que en setiembre no iba a hacer uso de la posibilidad que tiene de extender por un año más las contribuciones adicionales que desde hace dos años vienen haciendo activos y pasivos a la Caja. Con lo cual en menos de un mes esa resolución, sea la que fuere, pierde sentido.
El ministro de Economía Pablo Olivares confió que se trata de un fallo todavía “no definitivo”, por la apelación que hará la provincia, y reconoció que más que un impacto cuantitativo o económico al Tesoro santafesino, el fallo de la Corte tiene un sentido ético y moral, que va en contra del objetivo de sostener la Caja y bajar el déficit que mantiene todavía, pese incluso a las medidas implementadas por la ley de reforma previsional aprobada por la Legislatura.
“Fue un autofallo”
Más virulento fue el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, quien no dudó en definir la sentencia como un “autofallo” y dijo que se trata de “la sentencia de la codicia, la ignorancia y la contradicción”.
Lo explicó así: “Codicia porque parece que 12 ó 13 millones de pesos no les alcanzan para vivir y en vez de proteger una reforma previsional que salvó la Caja en la provincia de Santa Fe, porque de lo contrario se tendría que haber transferido a la Anses, nada de eso les importó. Sólo se ocuparon de seguir cobrando como lo hacían antes: 18 ó 20 millones, en algunos casos sumando jubilaciones y pensiones. Por eso es una sentencia donde la codicia queda de manifiesto”.
También explicó por qué habla de ignorancia: “Los ministros de la Corte que fallaron en contra ignoran lo que es la seguridad social, donde no hay relación entre el tope y los aportes que hicieron toda su vida (ese es uno de los argumentos del fallo, que aportaron sin tope y cobran con tope). Esto no es un seguro privado donde cada uno cobra en función de lo que aportó. Los sistemas previsionales funcionan sobre un principio solidario y quienes tienen mayores ingresos también deben realizar un mayor esfuerzo para sostener la Caja”.
Además habló de “contradicción, porque los señores resolvieron su tema, anularon el tope, y el otro, el de los aportes solidarios que hace toda la administración pública santafesina, al pueblo, a la plebe, lo mandaron al contencioso administrativo. Me pregunto: ¿por qué no hicieron lo mismo con el tope y que se resolvieran con el mismo procedimiento los dos temas?”
Un punto que Boasso señaló también en el marco de las contradicciones que observa en el fallo es que las jubilaciones en la provincia ya tenían un tope, que era un alto porcentaje del sueldo del presidente de la Corte. Con lo que “se anula el tope que fijó la ley de emergencia previsional, no porque no esté bien que haya topes, sino porque les pareció exagerado”.
Otra observación que hizo el funcionario del gobierno provincial es que le sorprendió la celeridad con la que un estudio jurídico de Rosario, el que tiene la mayor cantidad de casos, al día siguiente del fallo, apenas pasado el mediodía, a las 12:45, ya ingresó la demanda ante el Tribunal contencioso administrativo. “¿Casualidad?”, se pregunta Boasso. Insinúa que podría haber tenido alguna información privilegiada sobre cuándo se iba a expedir la Corte, que adelantó su habitual acuerdo de media semana a un lunes, sin razones conocidas.
Pero lo que más impactó en el gobierno es que le torcieron el brazo quienes no deberían ya estar en funciones. Tal vez se reprochen una exagerada paciencia con la que se manejaron en la gestión del retiro. No hubo ofrecimiento de salida por la puerta grande que los sedujera.
Ahora el daño está hecho. Y el mensaje que le mandaron al gobierno puede ser desalentador: en esta provincia pueden cambiar lo que quieran, menos los privilegios.
🧾⚖️ #Exclusivo Todos los nombres de los amparistas contra el tope jubilatorio en #SantaFe
— sumapolitica (@sumapoliticaweb) August 5, 2026
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