El Palacio transcurre sus días de silencio profundo, sin actividad a propósito del único receso de invierno que realmente cala en el Congreso: las vacaciones en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Se sabe, el país reparte las vacaciones de invierno en distintas semanas de julio según grupos de provincias, pero en el Congreso manda el receso porteño. Sin embargo, la primera semana de actividad, en agosto, se anuncia ruidosa: el Senado debería —está por verse aún— tratar el temerario proyecto de ley con el que sueña el gobierno nacional, denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”.
El proyecto viene a los tumbos, con numerosos retoques, con la presencia de su propio mentor, Federico Sturzenegger, visitando a Patricia Bullrich en su despacho del Senado y aceptando “retoques” porque de lo contrario la chance de conseguir los votos es igual a cero. La experiencia libertaria el día posterior al inolvidable triunfo argentino ante Inglaterra en el mundial de fútbol, con la difusión de la ya mitológica bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, no se borra de la memoria de nadie. Ese día 19 de julio la ley de “Inviolabilidad…” cambió de nombre para la jerga popular y parlamentaria, y pasó a denominarse la ley de “extranjerización de tierras”. La propuesta tuvo que ser retirada de la sesión por el propio oficialismo, y con un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 6 de agosto.
Ese cambio narrativo en su denominación la mantiene en zona de zozobra. El próximo jueves 6, hasta esta hora, resulta una gran incógnita para el gobierno, y también para opositores convencidos. Una media docena de aliados oscilantes, como tantas veces, tendrán en sus manos definir si el gobierno tendrá o no el instrumento jurídico para vender tierras a extranjeros sin límites, y derribar la legislación construida por décadas, y perfeccionada en 2011, que impide excederse (en ventas a extranjeros) del 15 por ciento de los territorios en cada distrito, en cada departamento, de la Argentina.
Decenas de agrupaciones ambientalistas de todo el territorio nacional, la Iglesia Católica con un inusual pronunciamiento contra el intento libertario, y progresivamente gobernadores con alguna incidencia en los votos del Senado (por caso Misiones, Hugo Passalacqua) empiezan a avisar que no avalan la pretensión desreguladora y extranjerizante del gobierno libertario de ultraderecha de la Argentina.
“Sería ir contra las economías regionales, el cuidado del ambiente y el sistema productivo” dice ahora un sector del grupo legislativo Innovación Federal, en la voz del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, que agrupa a un puñado de provincialismos filolibertarios que, en este caso, pareciera, encuentran un límite a su propia supervivencia política.
La mención de Herrera Ahuad refiere a uno de los territorios nacionales más afectados por la extranjerización, y habitado por centenares de miles de colonos con pequeñas parcelas, que incluso el propio gobierno provincial en su momento ayudó para regularizar su situación dominial. Con el arrasamiento a los pequeños productores —por caso, yerbateros— a partir de la apertura importadora que implementa la motosierra autoritaria liberal, es sencillo imaginar dónde podrían terminar esas pequeñas parcelas de productores endeudados, al borde de la quiebra.
Ya circuló por los despachos de los senadores una convocatoria a comisiones para el próximo miércoles 5 de agosto, arranca el debate por el “Súper Rigi” en el Senado. Aunque hasta esta hora no se habría lanzado el llamado para el necesario encuentro de “labor parlamentaria”, paso previo inevitable para la anunciada sesión del jueves 6. “Los votos los están buscando”, aseguraron a Suma Política fuentes del Senado, aunque no es del todo claro si los están encontrando o no.
Si llama (el oficialismo) a “labor”, habría que conjeturar que los votos están (a partir del dictamen que le prometió Bullrich a Sturzenegger), mientras tanto, todo es incertidumbre.
La duda está en los senadores con gobernadores provincialistas, en especial en los más afectados por zona de fronteras (también marítimas). La aprobación de esta ley abriría la puerta a puertos y aeropuertos privados, algo bastante parecido al fin de la integridad territorial, la soberanía, aunque en ese punto el oficialismo trata de dar batalla con el debate sobre qué es la soberanía.
El voto santafesino
En el caso santafesino, si bien crecen las resistencias de sectores civiles incluso con anclaje en el llamado campo de la pampa húmeda, la suerte parece estar echada: no es esperable que Carolina Losada y Eduardo Galaretto, los senadores del gobernador —aunque por ahora no lo hicieron explícito— contradigan la pretensión de Sturzenegger. El reacomodamiento del gobernador Maximiliano Pullaro con la Casa Rosada se visualiza abierto y creciente. Quedó muy explícito en la visita a la Casa Rosada de una delegación santafesina, con el gobernador al frente, donde se celebró como un éxito un curioso pase de manos administrativo de una ruta nacional en mal estado y sin recursos nacionales para mejorarla, la AO12.
Distinto será el caso del senador por la minoría, peronista, Marcelo Lewandowski, que votará contra la “extranjerización”. “Ellos —por Unidos, donde convergen radicales y socialistas entre otros— ya pasaron todos los límites éticos y políticos imaginables, ya no les importa nada, se basan en la matriz antiperonista, le votan todo a Milei, pero todo pasa, y este experimento va a terminar mal, esos legisladores tendrán que explicarle luego a la historia cómo votaron la ley de extranjerización de tierras”, le dijo el senador rosarino a Suma Política. Y concluyó: “Además, es todo muy absurdo, resulta que el supuesto presidente de la UCR a nivel nacional, Leonel Chiarella —intendente de Venado Tuerto—, se pronuncia contra la ley pero los senadores del gobernador, presuntos radicales, votan con Milei”.
La moneda, como tantas veces, está en el aire para el retorno legislativo en agosto.
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