Con el fervor patriótico a flor de piel, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos plantaron bandera este jueves por la tarde en Rosario para organizar la resistencia al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, nombre que eligió el gobierno de Javier Milei para bautizar la iniciativa que tiene por objetivo eliminar todas las barreras para la venta de tierras rurales a extranjeros. El aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) hizo las veces de ateneo político; en el estrado, los discursos fueron construyendo la épica de lo que promete ser una verdadera gesta militante.
“Hay reservas infinitas en el pueblo argentino”, comenzó diciendo Luciano Orellano, militante e investigador rosarino y una de las caras visibles del Encuentro Federal por la Soberanía, un espacio que promueve el debate en torno a los recursos estratégicos y el patrimonio nacional. “Ningún imperio se puede sostener sin un patio trasero; mejor dicho, sin los recursos de la patria grande, y viene por todo”, arengó desde el escenario. En este sentido, aclaró: “Nosotros estamos a favor del desarrollo nacional que ponga en valor primero lo nuestro. En el primer plan quinquenal (de Perón) se podían llevar el tres por ciento o el ocho por ciento de las utilidades; ahora vienen a llevarse el cien”.
En otro tramo de su exposición, Orellano hizo referencia al partido entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial, en el que algunos jugadores se atrevieron a desplegar una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” pese a las advertencias de la FIFA y del propio gobierno libertario. “Derrotaron a los ingleses y sacaron lo más hermoso del pueblo”, aseguró en relación con el sentimiento que eso despertó en los argentinos. En esa línea, remarcó que ahora la tarea es “unir a las mayorías”, una idea que atravesó casi todos los discursos que se escucharon durante la jornada.
Con micrófono abierto y algunas alocuciones pautadas, la asamblea albergó a referentes de distintos sectores como la ex diputada provincial Mercedes Meier; Eduardo Delmonte, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Walter Palombi, en representación de la Intersindical Rosarina; los concejales Julián Ferrero, de Ciudad Futura, y Pablo Basso, del Movimiento Evita; Pedro Peretti, del Movimiento Arraigo; y los periodistas Germán Mangione y Ariel Bulsicco.
Hacia el final, se resolvió convocar a una concentración el jueves 6 de agosto a las 12 en la plaza San Martín de Rosario. A partir de las 17 está previsto que se realice una movilización hacia el Monumento Nacional a la Bandera, en consonancia con la marcha nacional que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires y que promete llegar hasta las puertas del Congreso mientras los senadores debaten la propuesta del oficialismo y sus aliados.
Vender el país, resignar soberanía
El proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” lleva la marca de Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, un hombre de extenso prontuario en los gobiernos de corte neoliberal. Esta vez, el economista plantea eliminar cualquier límite a la venta de tierras a extranjeros, lo que, en los hechos, supone desmantelar la Ley de Tierras sancionada en 2011, que fijó un tope del 15 % para este tipo de operaciones, entre otras restricciones.
En la actualidad, los capitales transnacionales poseen alrededor de 13 millones de hectáreas, lo que representa el 5 % de las tierras rurales del país. Según el mapa de la extranjerización elaborado por el Observatorio de la Tierra sobre la base del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), en Santa Fe el departamento Garay, ubicado en el centro-norte de la provincia, a la vera del río San Javier, es la zona donde los extranjeros concentran la mayor superficie: 61.630 hectáreas, cifra con la que se alcanza el máximo permitido por la legislación vigente. Según consigna el informe, predominan allí capitales españoles y estadounidenses.
Durante la asamblea, el periodista Germán Mangione expuso algunos de estos datos y explicó que la totalidad de los campos argentinos vendidos a ciudadanos de otros países representa una extensión equivalente a la superficie de la provincia de Santa Fe y duplica el territorio de Inglaterra. A su juicio, el alcance de la iniciativa trasciende la coyuntura política y busca condicionar a futuras administraciones. “Lo que buscan es que, cuando terminemos de sacar a esta gente, sea mucho más difícil recuperar empresas públicas, tierras o recursos estratégicos”.
Entre otros puntos problemáticos, el texto que discutirá la Cámara alta propone eliminar el límite de mil hectáreas por individuo en zonas de alto valor estratégico, como la región pampeana; levantar la prohibición de adquirir tierras en zonas ribereñas o de frontera; modificar el concepto de titularidad extranjera para permitir la compra a ciudadanos que ni siquiera estén radicados en el país, así como a personas jurídicas integradas por capitales internacionales, y habilitar la posibilidad de realizar desalojos exprés, una medida que apunta especialmente al desplazamiento de los pueblos originarios.
Según el Registro Nacional de Tierras, el podio de los países con mayor cantidad de propietarios en territorio nacional está encabezado por Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas; Italia, con 2 millones, y España, con 1,7 millones. Además, hay 2,2 millones de hectáreas a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales, es decir, países de baja tributación como Panamá, Luxemburgo y Liechtenstein.
La disolución de la Argentina
Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria e integrante del Movimiento Arraigo, advirtió que el proyecto no solo habilitará la venta irrestricta de tierras a capitales extranjeros sino que también abrirá la puerta a una mayor concentración de poder en los gobiernos provinciales, porque cada jurisdicción podrá decidir qué tierras pueden venderse y a quién, un escenario que, según sostuvo, supone un riesgo para la integridad territorial del país. “De ahí a la secesión, a la disgregación de la Argentina, hay un paso”, alertó.
Con la votación en el Senado prevista para el 6 de agosto, Peretti puso el foco en la representación santafesina. Recordó que el senador Marcelo Lewandowski ya anticipó su rechazo al proyecto y reclamó que el gobernador Maximiliano Pullaro fije una posición pública e instruya a los otros dos senadores de la provincia, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, para que voten en contra. También interpeló a los partidos que integran la coalición oficialista santafesina, en especial al Partido Socialista y al Partido Demócrata Progresista, a los que les pidió honrar la tradición de figuras como Juan B. Justo y Lisandro de la Torre. “El que vote esta ley está votando la disolución de la Argentina”, sostuvo.
Un grito federal por la soberanía
A nivel nacional, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, La Fraternidad y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entre otros gremios, convocó a una movilización para el 6 de agosto frente al Congreso Nacional para rechazar la modificación de la Ley de Tierras y cuestionar el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Hasta allí se espera que lleguen delegaciones de todo el país, aunque también se promueven marchas locales en las principales ciudades.
También la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda llevarán adelante una serie de actividades bajo el lema “Argentina no se vende”, con talleres, radios abiertas y banderazos.
Además de Rosario, cuya convocatoria quedó establecida para el 6 de agosto a las 12 en la plaza San Martín, en la ciudad de Santa Fe un conjunto de organizaciones, entre ellas la Asamblea Ni Una Menos, el Foro contra la Impunidad y la Justicia y la Marcha de los Banquitos, también se reunió este jueves para coordinar la movilización de la próxima semana en el centro de la capital provincial.
En el resto del país, las ciudades que ya confirmaron marchas son Neuquén, Bariloche (Río Negro), Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Resistencia (Chaco) y Posadas (Misiones), aunque los organizadores no descartan que durante los próximos días se sumen otras localidades, como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Luis y Comodoro Rivadavia.
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