La economía de Santa Fe registró en mayo su segunda caída interanual consecutiva en 2026. El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mostró un traspié de 2,5 %, que se suma al 2,7 % de abril. Solo tres sectores se salvaron de una contracción que, incluso, alcanzó al agro. Por casi medio año, la actividad reptó a una tasa de 0,5 % anual, muy por debajo del 7 % del mismo período del año pasado o del 5,3 % con el que cerró 2025.
Los números del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae) resumen el rumbo de una crisis que se difunde hacia múltiples campos. En el mismo período analizado, el déficit fiscal de la provincia llegó a casi 600 mil millones de pesos, abultado por la federalización del ajuste nacional y el impacto del deterioro económico en los ingresos.
Un reciente informe del instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea puso el foco en los números oficiales del primer trimestre del año para analizar la evolución fiscal del consolidado de 23 provincias. Detectó un acelerado achicamiento del superávit obtenido gracias al ajuste originario de 2024. El resultado positivo fue 69 % inferior al promedio de los últimos doce años. Pero además hubo seis distritos que presentaron directamente déficit financiero: Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Cruz, San Juan, Buenos Aires y Santa Fe, que mostró el rojo más pronunciado, equivalente al 18,2 % del gasto total. Como contrapartida, la provincia fue una de las cuatro que aumentaron el gasto de capital. Es decir, la inversión pública.
Según el informe elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, los ingresos totales del conjunto de provincias bajaron 12,8 % y las erogaciones 10,3 %. Las transferencias no automáticas de Nación disminuyeron 66 % en ese lapso. Del cruce de datos infieren que un 38 % del ajuste fiscal ocurrido en el interior durante los últimos tres años fue inducido por el recorte de estos envíos.
Cumbres borrascosas
El federalismo inverso que impone el gobierno central no encuentra un freno. A principios de agosto de 2025, los gobernadores de cinco distritos que concentran cerca del 25 % del PBI nacional crearon Provincias Unidas. El bloque aportó gran peso a la rebelión parlamentaria que incomodó a Javier Milei durante la segunda mitad del año pasado. El revés electoral de octubre los devolvió a las trincheras del regionalismo institucional. Mientras las provincias del Norte Grande preparan su cumbre a mediados de agosto, la Región Centro celebró su junta de gobernadores en San Francisco, con la agenda de renovar los reclamos de su círculo rojo, como el fin de las retenciones. En el medio, filtraron un golpe con el diario mojado, al recordar que la región aportó 30 % más al Tesoro nacional que lo que volvió. El cálculo fue por período de 2011 a 2023. El que corresponde al actual gobierno nacional no fue expuesto.
La administración central tiene menos plata que poder de daño. Sin prisa pero sin pausa la institucionalidad distributiva es reemplazada por el arbitrio político. Le debe 2 billones de pesos a Santa Fe por el financiamiento de la Caja previsional pero gira apenas 10 mil millones mensuales correspondientes al flujo de corto plazo. Al segundo mes de firmar ese compromiso incumplió el pago, aunque se puso al día durante julio. Además, le habilitó un descubierto por 400 mil millones, a una tasa del 15 %, del cual la provincia tomó una parte hace una semana.
Lo concreto es que en su plan de ajuste perpetuo el propio Estado central se muerde la cola. Por la caída de ingresos, no sólo cerró junio con déficit sino que en el primer semestre el resultado financiero se pulverizó respecto del registrado en el mismo período del año anterior. “El dogma libertario de alcanzar el superávit fiscal parece un arco que se corre cada vez que se aproxima”, señaló Cristian Módolo en la última edición de su “Monitor de la economía”. Y apuntó: “A pesar de los recortes en las partidas sociales y las transferencias a las provincias, el resultado financiero del semestre no alcanzó para abonar la totalidad de los intereses de la deuda”.
Liquidación final
La combinación de un aumento de 40 % en el pago de los intereses de la deuda durante los primeros seis meses del año con una caída de 8,6 % en la recaudación impositiva inquieta hasta al Fondo Monetario Internacional. Su directora ejecutiva, Kirstalina Georgieva, viajó a Buenos Aires y a Neuquén para inventariar las garantías de recupero de los dos préstamos políticos que le dio a Luis Caputo, en 2018 y 2025. En la primera conferencia anticipó el resultado de la pesquisa “¿Están listos?”, apuró entre jocosa y desafiante tras inquirir sobre el nivel de perseverancia de la población en el nuevo camino de ajuste.
En la cadena de aprietes, el presidente fungió de gobernador frente a la autoridad de la jefa del Fondo. Cedió la cabecera de la Casa Rosada, mandó al ministro de Economía a servirla y le ofreció nuevas señales de regalo. El jueves presentó el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, con el que pretende atarse al mástil de la ortodoxia monetaria que propuso en la campaña.
Luego de haber bebido en sus primeros años del vaso de la emisión, la transferencia de utilidades al Tesoro y hasta la opaca salida del país de los activos en oro, ahora promete que cerrará ese grifo. Lanzado a recrear una convertibilidad recargada pero con reservas netas en rojo, y a perpetuar al socio comercial de su ministro como presidente de un banco central “independiente”, tirará las herramientas para enfrentar eventuales crisis sistémicas. Un escenario que no se puede descartar totalmente en un contexto en el que la laxitud para tomar deuda pública, inversamente proporcional a la restricción monetaria, elevó el stock de compromisos en el equivalente a 100 mil millones de dólares desde diciembre de 2023. El poder que transferirá al mercado de capitales, con una nueva desregulación, no promete mayor garantía de estabilidad.
Sí garantiza mayor freno a la actividad, sin asegurar por ahora un brusco descenso de la inflación. En rigor, las consultoras prevén un repunte en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. El ajuste sin crecimiento muestra sus límites.
La olla laboral
El secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, asiste diariamente a la materialización de este proceso. La actividad en el edificio de Ovidio Lagos y San Lorenzo se intensifica con una nueva ola de conflictos laborales. En diálogo con el programa La Banda Cambiaria, el funcionario describió la curva que dibujó el actual ciclo económico. El primer semestre de 2024, cuando se llegó al pico de 11 mil trabajadores suspendidos en la provincia, fue el más duro. Luego, en 2025, “hubo una cierta estabilización aunque con comportamientos muy dispares; la industria fue el sector más crítico porque nunca logró repuntar”, dijo. Desde marzo y abril de este año “los problemas se están intensificando”.
El último capítulo disruptivo lo protagonizó Pampa Energía, que decidió cerrar la fábrica de caucho de Puerto San Martín y desvincular a más 100 empleados. Mientras transita la tregua pactada hasta la primera semana de agosto, el gremio petroquímico, Soepu, llevó el tema a la cúpula de la CGT nacional, que brindó su respaldo. Mientras tanto, los obreros de Lácteos Verónica, que hace ocho meses que no cobran, se movilizaron a los tambos de la familia Expiñeira, dueña de la firma, para recordar que el reclamo está en pie a pesar del tiempo.
Según el secretario de Trabajo, actualmente hay 44 empresas santafesinas, con 3.000 empleados, que operan bajo acuerdos habilitados por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta herramienta permite acordar suspensiones, reducción de jornadas o rebajas salariales en situaciones de crisis. En algunos casos, es el purgatorio antes del cierre. En otros, una plataforma que ayuda a la recuperación.
Este instrumento se utilizó, por ejemplo, para ayudar a reactivar la planta de Sudamericana Lácteos, en Díaz. La resistencia y el aporte de los trabajadores es la línea que une a los casos que, en las últimas semanas, sembraron el pantano económico de noticias esperanzadoras. Después de 259 días de una lucha que incluyó la ocupación de la planta y un principio de autogestión, el frigorífico Euro, de Villa Gobernador Gálvez, será adquirido y reactivado por un empresario de Buenos Aires. En Firmat, la aparición de un grupo de inversores liderados por un ex gerente de Vassalli, abrió la posibilidad de que se reactive la histórica fábrica de cosechadoras.
Más consolidada en su recuperación, y luego de casi tres años de gestión a cargo de los trabajadores, la Nueva Cotar de la Gente presentó ante el juzgado que tramita la quiebra de la ex Sociedad Cooperativa de Tamberos una oferta para quedarse con la planta láctea de barrio Industrial. La cooperativa se creó en 2022, en medio de la profunda crisis, con 141 obreros que decidieron organizarse para evitar el cierre definitivo. Cuando asumieron la operación, la planta procesaba 10.000 litros de leche diarios. Actualmente, esa cifra alcanza los 200.000, entre producción propia y elaboración para terceros.
Los trapos al sol
Este protagonismo no es distante de un movimiento social que, de a poco, se encuentra en la calle. Tras la jornada de protesta que realizaron la semana anterior, organizaciones sociales y sindicales se preparan para intensificar el cronograma de movilizaciones. El 7 de agosto se realizará la tradicional marcha por paz, pan, tierra, techo y trabajo en el Día de San Cayetano. Se cumplen diez años de la primera movida.
Pero para el día anterior, el jueves 6, se está gestando desde abajo una movilización para frenar el proyecto de ley de extranjerización de tierras que el oficialismo quiere discutir en el Senado de la Nación. Su tratamiento se suspendió un día después del triunfo de la selección de fútbol sobre Inglaterra y la exhibición por parte de los jugadores de un trapo sosteniendo el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La secuencia subraya el sentido que tiene la iniciativa de La Libertad Avanza y su coalición de amigos. También la abrupta caída que sufrió la imagen presidencial, según las encuestas, a partir de este episodio.
Si bien el epicentro de la protesta será el Congreso, habrá actividades en todo el país. En Rosario, la CTA Autónoma convocó a concentrarse ese día en la Plaza San Martín y la Intersindical Rosario realizará un acto en la sala Luz y Fuerza.
El reclamo soberanista enlaza sectores. A principios de semana, más de 200 personas, entre dirigentes rurales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y productores participaron de una asamblea ciudadana en la localidad de Santa Isabel para rechazar la extranjerización de la tierra y convocar a la marcha frente al Congreso nacional.
La asamblea fue organizada por Bases Federadas, el nucleamiento de referentes que se alejó hace unos años de la Federación Agraria Argentina por discrepar con el sometimiento a la mesa de enlace agropecuaria.
En este caso, la Federación Agraria, también formuló críticas al plan de extranjerización aunque no anunció movilizaciones. Su presidenta, Andrea Sarnari, también advirtió sobre el intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de derogar la ley de arrendamientos agropecuarios. La norma actualmente en vigencia es la consecuencia de la larga lucha de la entidad, que en el Grito de Alcorta de 1912 se alzó precisamente contra los abusos que sufrían los chacareros arrendatarios por parte de los dueños de la tierra.
El drama multisectorial
Como en los tiempos de la convertibilidad, la masacre del modelo es multisectorial. Los pequeños y medianos empresarios nucleados en Apyme presentaron los resultados de una encuesta realizada con la Universidad de José C. Paz. Los datos son escalofriantes: el 62,5 % dijo que empeoró su situación general, el 57,9 % que registró caída de ventas, el 60,5 % que tuvo resultado económico negativo y el 53,9 % redujo capacidad utilizada.
En el comercio rosarino se disparó la tasa de vacancia de locales, según la encuesta semestral del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (Cocir) y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. El indicador pasó del 10,7 % al 12,5 % entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Fue el mayor incremento desde que comenzó el relevamiento, en 2020.
Si la lupa se acerca al área central, que concentra el 77 % de los locales relevados, el salto es mucho mayor. En la peatonal Córdoba la tasa de vacancia pasó del 9,2 % al 17,2 % y en la calle San Luis, del 5,1 % al 10,2 %. En los centros comerciales barriales el indicador se mantiene por debajo de la media pero también se incrementó. En estas calles, el shutdown ya es ley.
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