Como en una época que ya no existe suena el teléfono y del otro lado una voz, la de un comisario, anuncia que murió el Gallego Tortajada. El abogado penalista más veterano en Rosario. Tenía 85 años. Durante al menos cuatro décadas estuvo muy activo por intervenir en casos de mucha resonancia, por el tipo de clientes que tuvo, por una vida con claroscuros, por el sentido del humor. Y por una ética que no buscaba refugio en ninguna preservación de una buena fama jamás pretendida. Eso no le importaba. Un hombre que no hizo ningún movimiento esforzado para ocultar sus pliegues múltiples. Pero que, prescindiendo de la moral burguesa, sí tuvo una honra.
Hace unos 15 años Alberto Tortajada jugaba al póker fuerte en un garito clandestino en Fuentes cuando cuatro ladrones cayeron y desplumaron a los jugadores y a la banca. A los quince minutos llegaron varios patrulleros. Un policía lo reconoció y le preguntó si estaba bien. “Estaría mejor si hubieran llegado quince minutos antes”, le dijo.
Años después diría que no le molestó el asalto ni la plata. Lo que lamentaba era que lo hubieran vaciado en la última mano, en la que venía con buen naipe.
“Murió el último y único incorrecto perdonable”, dijo al enterarse de la noticia un juez veterano de Rosario que apareció en los círculos donde prematuramente se empezó a hablar de la noticia. Al Gallego Tortajada se lo recordará por una vida con emociones pendulares. Defendió a delincuentes célebres, los llamados de los de antes, con los que en algunos casos trabó relaciones perdurables. Tuvo desempeños agudos como defensor, caracterizados por lecturas sagaces de los casos y por ir a los bifes, lo que cantaban o no las pruebas. Lo distinguía una sobriedad no fingida que hizo que sus adversarios fiscales o jueces lo apreciaran. También vivió momentos intensos. Como cuando en 2012 un pistolero enviado por un farmaceútico le pegó cuatro tiros a quemarropa en la entrada de su estudio por la calle Montevideo. Estuvo más de un mes internado. Salvó la vida y volvió a los estrados.
Le decían Gallego pero era catalán. Había nacido en un pueblo de Tarragona en 1940 pero dos años después su familia emigró y se instaló en Rosario. Se recibió de abogado en 1974 pero antes, a los 17, empezó a trabajar como practicante en la Justicia Provincial, de la que luego fue empleado. Pasada esa etapa arrancó una carrera de letrado particular que duró 50 años.
Menospreciaba por igual a la Justicia Federal y a la Iglesia. Ambas instituciones revestían para él una hipocresía que como hijo de un anarquista español deploraba de un modo repetido y declarado. Un día le pregunté de dónde le venía la tirria por los curas. “De uno que cuando mi viejo era chico le rompió el culo en el colegio”, dijo. A la Justicia Federal la conoció mucho por dentro. Dijo haberle captado todas las trampas, agachadas y mancadas de ese mundo en sus funcionarios, a los que encontraba vanidosos, serviles del poder y con un afán aristocrático que le repugnaba.
Tortajada decía que el trabajo de un penalista no consistía en defender inocentes sino en encontrar para los acusados la forma de esquivar los rigores más severos, sacarla lo más barata posible. Igual no pocas veces litigó convencido de la inocencia de sus asistidos. La última vez que pasó fue con Luciano Nocelli, policía doblemente condenado por homicidio en un enfrentamiento, que tras una intervención del gobernador Maximiliano Pullaro terminó con su pena revocada.
Pero tuvo a tipos con prontuario robusto entre sus pupilos. Uno de los más destacados pudo haber sido Dámaso Herrera, un hombre muy cerebral que planificaba asaltos de magnitud en base a informaciones privilegiadas y el propósito de no usar violencia o al menos no de tipo letal. Tortajada fue más de veinte años abogado de Dámaso pero además había construido un sólido lazo personal. Le parecía que Dámaso, que no solía usar o sacar armas, tenía una integridad que él prefería a los de poderosos de guante blanco o sus chupamedias o beneficiarios encaramados en posiciones políticas o judiciales. Dámaso fue asesinado durante un asalto a la DGI de calle Cochabamba en 1999. Tortajada siempre dijo que fue una ejecución a sangre fría.
También conoció y representó a Ariel García, jefe de una banda de piratas del asfalto que operaba en el entonces llamado Triángulo de las Bermudas, entre la ciudad de Colón, Venado Tuerto y Pergamino. Y estuvo cerca de Jorge Manuel Rivas, señalado por el misterioso secuestro del empresario José Díaz Franco en 1988. Pero se alejó. “No me gustan los oscuros, no me gustan los perversos”, decía.
Cuando ese desconocido lo sorprendió en septiembre de 2012 en la puerta de su estudio y casi le vació el cargador nadie tuvo idea de dónde provenía el atentado. El Gallego se puso a husmear. Siguiendo hilos supo que una farmacéutica a la que defendía era un obstáculo para el crecimiento comercial de José Antonio Iborra, un individuo que acumulaba farmacias en Rosario y que sacaba del medio a los competidores con total violencia. Una movida de Tortajada para defender a su cliente envenenó a Iborra, quien contrató a un sicario, Pablo Andrés Peralta, para rociarlo de plomo.
La oficina judicial NN armó un informe impecable sobre esa situación. Tortajada estaba al tanto. Pero la jueza Alejandra Rodenas demoraba por razones nunca sabidas dar curso procesal contra los acusados. Tortajada no disimulaba la bronca que le tenía a la jueza por esto. Lo decía por todos lados. Finalmente un medio periodístico, a 14 meses de que el informe de NN estuviera en un cajón del juzgado, lo publicó con detalles. A los pocos días Rodenas procesó a Iborra casi exclusivamente con los elementos incriminantes de ese legajo.
Cuando el trámite contra Iborra se demoraba, con la gravedad inconfundible de su voz y una confianza seca, Tortajada me expuso que tendría que haberlo matado él. Que tenía una forma muy sencilla de concretarlo.
Pero no lo hizo.
Su actitud más virulenta al lado de eso pareció un chiste. Porque fue un chiste. Fue contra Pablo Peralta, el hombre condenado a perpetua por asesinar a un policía e intentar matarlo a él. Peralta pidió una domiciliaria con un informe que indicaba que padecía de Lupus y de Belanofobia, una enfermedad que supone pánico a las agujas, necesarias para practicar una punción de riñón que determine su dolencia.
“Le tiene miedo a las agujas, pero a las armas de fuego que ha sabido manipular no tanto”, le dijo el Gallego al juez.
Después se fue despidiendo, con su particular estilo, de la profesión. En 2024 tuvo una audiencia en la Cámara Penal en calle Balcarce. Expresó que era la última y dijo unas palabras muy sentidas sobre la vida y el oficio. El juez Daniel Acosta y la fiscal María Bertotto se emocionaron. A la semana seguía litigando en las audiencias.
A los vicios, el Gallego los tuvo casi todos. Pero no tenía dobleces con las personas. Era de una sola pieza. Pero sonreía a los reproches que podían hacerle los peregrinos de la moral burguesa con desaire y desprecio. Nunca fue un hombre solvente ni amasó las fortunas de algunos letrados penalistas de ahora. Pero a veces le entraba plata grande. Que terminaba escurriéndose en ruletas o mesas de naipes, en cabarets, whiskerías y restaurantes. Era un loco por los números y siempre creía tener una martingala. Jorgelina Llopart, funcionaria de la vieja oficina NN que descubrió quién estaba detrás del atentado a Tortajada, decía con melancolía este viernes plomizo: “Lo aprecio muchísimo. Siempre claro y al grano, a pesar de sus cuestiones. Su domicilio tenía el número 2026. Una premonición para él, tan amante de los números”.
Era abogado y amigo de Leonardo Peiti, condenado por explotar numerosos emprendimientos de juego clandestino. Y en una derivación de la causa hace un mes a Tortajada también le llegó un reproche. Lo imputaron el 4 de junio. Ese día a la noche lo llamé para tomar un vermú. Agradeció como captando que el mensaje era una excusa para expresar alguna forma de presencia.
En 2020 el periodista Osvaldo Aguirre, una referencia nacional en literatura y periodismo de género policial, editó Leyenda Negra, uno de sus mejores libros, que explora el mundo del hampa, pero también expone cómo los delitos que desafían las normas se entrecruzan con la corrupción policial institucionalizada y aceptada por el poder.
Es el relato de seis delincuentes avezados que se reúnen para dar un gran golpe, el que se concretó en 1993 en el PAMI de Arroyito. Allí estuvo Dámaso Herrera. En el libro aparecen las ambigüedades de los que están fuera de la ley y el mundo que los circunda. Tiene gran relevancia un abogado llamado García Jurado, que aparece rutinariamente en la narrativa policial de Aguirre.
Los dichos y reflexiones de García Jurado son los de una obra de ficción. Pero Aguirre frecuentó durante años a Tortajada y extrajo de sus numerosas charlas la esencia y la pulpa del pensamiento de ese personaje de ficción. Que en un tramo del libro cavila sobre su profesión, sus contactos, su lugar en el mundo.
Pensaba en Dámaso como un tipo derecho. Cuando yo lo voy conociendo, cuando vamos viendo cómo resolví el problema que le estaban haciendo por un banco, el Banco de Londres, América del Sur, una cueva de usureros que caían como buitres sobre jubilados y trabajadores precarizados, yo me doy cuenta de que él es un tipo de ley. Me doy cuenta de que su palabra tiene más valor que cualquier papel, y que lo que él me pide es nada más ni nada menos que eso, una palabra confiable. No descubro América si digo que la ley y la justicia como nos las quieren vender son un fraude. No descubro América tampoco si digo que la ley y la justicia sirven para hacer negocios, a veces a costa del Estado, a veces a costa de los pobres.
Hace 40 años que recorro tribunales y puedo contar con los dedos de la mano las veces en que alguien me dijo buenos días y no mintió. Con los dedos de la mano puedo contar las veces en que al litigar la parte contraria actuó con buena fe y con interés genuino por su defendido. Hace 40 años tengo un olfato muy afinado, enseguida saco a la gente falluta, a los que te palmean, te dicen doctor de acá, doctor de allá, y a la primera de cambio te clavan un puñal por la espalda.
El abogado debe ser desinteresado y provo, dicen en el colegio. Es bueno el chiste, conozco otros. El abogado no debe aconsejar actos fraudulentos, dicen en el colegio. Yo no me quiero mandar la parte. Tampoco soy una carmelita descalza. Conozco las reglas del juego y sé que, si en un punto no sigo las reglas, mejor me quedo en mi casa o voy a predicar la revolución socialista. Y también sé las cosas que se dicen de mí. Me dicen abogado de delincuentes. Está bien, no lo niego, al contrario. Soy un abogado de delincuentes y lo digo con orgullo.
Si pudiera, lo pondría en la placa, bien grande. Las mejores personas que conocí han sido delincuentes, las más honestas, las que van al frente sin medias tintas. La placa diría, García Jurado & García Jurado, abogados de delincuentes. El colegio me llamó al decoro más de una vez, pero a mí me gustaría que el presidente del colegio y el secretario y los integrantes del tribunal de ética tuvieran al menos una pizca de la decencia y de los cojones que tiene un buen delincuente.
Este no es un relato moral. Es una semblanza apurada sobre un hombre con los destellos cruzados de la vida de un ser humano promedio. Pero que se lleva un aprecio casi unánime en una vida de un abogado tan común como legendario. Nada más simple, nada más extraordinario. Un hombre para el cual la palabra tenía más valor que cualquier papel.
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