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Política

Por irregularidades en el proceso electoral, la Justicia postergó las elecciones en Central

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) determinó la postergación de las elecciones en Rosario Central, que estaban previstas originalmente para el 30 de octubre. El organismo emitió una resolución en la que establece que el proceso electoral debe reiniciarse en razón de que lo actuado no cumple con lo dispuesto en el estatuto ni con la ley. Desde el club dejaron trascender la intención de apelar la medida.

Son numerosas las irregularidades que enumera la IGPJ, entre ellas la falta de quórum en la reunión de comisión directiva del 20 de julio que decidió la convocatoria a asamblea para el 25 de agosto y que no hay acta de la misma.

Las autoridades de Central fueron notificadas este viernes de la decisión. Se estima que la postergación podría ser de aproximadamente 90 días; en ese lapso, los miembros de la actual comisión directiva seguirán en sus cargos, más allá de que se venzan sus mandatos.

Desde la planificación futbolística, la postergación de las elecciones no es un tema menor. La nueva comisión directiva no tendrá el tiempo que originalmente pensaba para tomar la conducción del club y, en el caso de que sea la oposición, de interiorizarse sobre la situación económica y financiera. Además, será la actual comisión directiva la encargada, entre otras cosas, de acordar o no algunos contratos que se vencen a fin de año, como los de los juveniles Kevin Ortiz y Mateo Tanlongo, que ya se vienen negociando. Asimismo deberá encarar la renovación de jugadores cuyos préstamos también terminan en diciembre.

Es decir, puede darse el caso de que la comisión directiva que encabeza Ricardo Carloni sea la encargada de manejar contratos, préstamos y mercado de pases, y después pierda las elecciones. Una situación que, a las claras, no solo condicionaría a las nuevas autoridades sino que iría en contra de la decisión de los socios.


Las razones


La titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, explicó los motivos de la decisión. “A raíz de una denuncia recibida, el organismo efectuó una inspección sobre la documentación institucional. Como resultado de la misma se advirtió que la reunión de comisión directiva que convocó a la asamblea del 25 de agosto no contaba con quórum, que no existe acta de dicha asamblea, que el libro de actas de asamblea no tiene ningún acta pasada desde hace seis años y otras irregularidades en la documentación”. La funcionaria agregó además que “el informe labrado por las inspectoras actuantes, motivó la necesidad de emitir una decisión que diera marcha atrás el proceso electoral, ya que los defectos de origen iban a trasladarse a los actos posteriores y con ello se afectaría la validez y transparencia del proceso electoral. El organismo tiene como función velar por el cumplimiento de la ley y del estatuto que los propios asociados han creado para regir su funcionamiento. De allí que en casos como este, que se dan con cierta frecuencia en las asociaciones, se deba actuar como se lo hizo”.

Cuando en horas de la tarde comenzó a circular la versión de la suspensión, los referentes de distintas agrupaciones opositoras concurrieron a la sede de calle Mitre para interiorizarse de la situación. Desde el club dejaron trascender la decisión de apelar la medida dispuesta por la IGPJ. El tema se instaló rápidamente en las redes sociales y los simpatizantes de Central descargaron su bronca con la comisión directiva.


Cómo sigue


El reinicio del proceso, de acuerdo a lo establecido por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), implica que la fecha originalmente prevista para las elecciones se verá postergada, dado que la comisión electoral debe constituirse, como mínimo, sesenta días antes del fijado para las elecciones, porque así lo establece el estatuto.

Desde la IGPJ se dejó aclarado que esta decisión no afecta la continuidad en la gestión del club, porque, “aunque se produzca el vencimiento de los mandatos, los integrantes de los órganos continúan en sus funciones hasta tanto sean reemplazados, no existiendo cesación automática por vencimiento del plazo por el que hayan sido elegidos”. Desde el organismo precisaron que “esta situación tampoco es nueva, pues ocurrió con las asociaciones que debían renovar autoridades durante la época de aislamiento sanitario, donde la postergación implicó que las personas continuaran en funciones hasta su reemplazo”.


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