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Política

Qué hacer con la seguridad, entre las urgencias y una política a largo plazo amenazada por la disputa electoral

La idea es básicamente que los problemas de seguridad en la provincia de Santa Fe exigen la implementación de un programa a largo plazo que no se limite a las urgencias del momento. El consenso es creciente entre dirigentes de los partidos políticos mayoritarios, en el contexto del ciclo de violencia que azota a Rosario, el incremento de los homicidios y las contramarchas del gobierno provincial de un extremo a otro en la política de seguridad. Pero la coyuntura de la próxima disputa electoral se cierne otra vez como una amenaza para la posibilidad de esos acuerdos.

“La inseguridad es el mal crónico del Estado y la política de Santa Fe y no hay un plan que dé resultado en el corto plazo. No es una cuestión para construir situaciones que nos diferencien. Sin duda será un tema de la campaña pero tendremos que pensar cómo lo resolvemos entre todos y todas”, advierte el diputado provincial Leandro Busatto, jefe del Bloque Justicialista.

Joaquín Blanco afirma a su vez como “condición totalmente necesaria” la definición de un programa que exceda a los gobiernos de turno. “Lo planteábamos en las gestiones del Frente Progresista y lo planteamos ahora. El fracaso de Omar Perotti en materia de seguridad obliga a los acuerdos políticos a los que su gobierno se negó”, dice el diputado provincial y presidente del Bloque Socialista.

Sin embargo, la seguridad es también un motivo de enfrentamientos. El reciente cruce de acusaciones entre Maximiliano Pullaro y Roberto Mirabella, después que el diputado provincial del radicalismo acusara al gobierno de Perotti de recibir financiamiento del juego clandestino, expuso un escenario conocido, el de los dirigentes que se responsabilizan mutuamente por la debacle de la seguridad pública y por tener o haber tenido vínculos con el delito.

Busatto observa el incidente entre Pullaro y Mirabella como un camino que no conduce a ninguna parte: “Es pura pérdida para la política que estén cruzando acusaciones por causas judiciales. Para algunos dirigentes políticos esas son las reglas del juego en las próximas elecciones. Pero la inseguridad no nos lleva necesariamente a ese lodazal”.


Pullaro y Mirabella

El respaldo político que tuvo el ex comisario Alejandro Druetta, condenado por complicidad por el narcotráfico, aparece como otro tema de explotación con fines electorales. Un caso que podría habilitar una discusión sobre las concepciones políticas de la seguridad se rebaja a una chicana en la que los insultos desplazan cualquier debate, como se vio en un burdo intercambio de tuits entre el senador provincial Lisandro Enrico y el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea.

Para Blanco, “el problema es que el peronismo, básicamente el perottismo, no solo no tiene plan sino que no tiene concepto ideológico de qué hacer con la seguridad”. El cuestionamiento apunta al reseteo actual del ministerio bajo la órbita de comisarios identificados con el antiguo modelo vertical. “¿Cuál va a ser el legado de Perotti en materia de seguridad? —se pregunta el diputado socialista—Tratamos de que no sea tierra arrasada, de que haya consensos básicos en cuanto al rol de la policía y del servicio penitenciario, las políticas de prevención y la articulación con el Poder Judicial y de que sean lineamientos perdurables”.



La noticia de que había sido desplazado sorprendió al ex ministro Jorge Lagna cuando se preparaba para informar ante la Legislatura sobre los resultados de la aplicación de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública. La designación de Ruben Rimoldi, “el comisario general ministro” como lo llamó el ex jefe de policía Mariano Savia, postergó la rendición de cuentas mientras otro mecanismo de consulta y deliberación, la Junta Provincial de Seguridad, permanece en una especie de limbo.

“La Ley de Emergencia en Seguridad obliga al gobernador a convocar por lo menos una vez por mes a la Junta Provincial de Seguridad —dice el diputado Joaquín Blanco—. Hubo solo dos reuniones en lo que va del año, y en vez de tomar ese ámbito como un lugar de trabajo y de articulación entre los distintos poderes, el gobierno trató de contarnos lo bueno que estaba haciendo. Pero la Junta de Seguridad no es para hacer publicidad de actos de gobierno sino para compartir criterios e información y para construir política pública entre los tres poderes del Estado”.

El diputado Busatto también critica la designación de Rimoldi. “No creo en la construcción de la política a medida de los nombres propios sino como un sistema de valores y un conjunto de decisiones —dice—. Desde ese lugar, más allá del nombre de Rimoldi, me parece un retroceso que la política acuda a la propia policía para gestionar la seguridad. Es un error: ninguna experiencia en el mundo muestra que la policía conduciendo a la policía lleva a un mejor lugar. Y es también una solución efectista que enajena la gobernanza de la seguridad, en la medida en que la política renuncia a la conducción civil de la fuerza”.

Pero se trata de reasumir el mando. “La política nos trajo hasta este punto y la política nos va a sacar”, agrega Busatto.


Leandro Busatto

Acuerdo, se busca


“Lo que hace falta es un acuerdo que surja de una vocación política partidaria para sostenerla en el tiempo —destaca Joaquín Blanco—. Cuando uno gobierna tiene que lidiar con la urgencia, cuando uno legisla hay grupos que buscan golpes de efecto con la seguridad y la demagogia suele estar a la orden del día. Todo acuerdo político se expresa en leyes y las leyes en políticas públicas, pero el motor tienen que ser los partidos políticos para darle seriedad y largo plazo”.

Leandro Busatto agrega un actor hasta ahora poco contemplado: la propia sociedad. “Un plan a mediano y largo plazo exige un acuerdo político entre todas las fuerzas, que a su vez se traduzca en un acuerdo entre los tres poderes del Estado y que además se corresponda con una apertura para que la ciudadanía pueda participar —explica—. No va más la idea de los controles cruzados entre los poderes del Estado. Tiene que haber auditorías y participación ciudadana”.

Alejarse de la coyuntura electoral, “de las soluciones mágicas y de las propuestas a paquete cerrado que tratan de bajar las ansiedades de la clase política” serían los requisitos de un acuerdo. “Eso implica trabajar en un aggiornamiento normativo, en una asignación presupuestaria correspondiente, en una trayectoria que involucre a los municipios desde otro lugar. Todas esas situaciones son parte de una discusión que tenemos que brindar”, plantea Busatto.

“Un tercer aspecto que debe incluirse en el plan a mediano plazo es resolver el tema de la Justicia, que también es parte del problema —sigue el legislador peronista—. Me refiero a hacer modificaciones que permitan otro funcionamiento del sistema. Tenemos un sistema de justicia penal de avanzada, pero está extremadamente operado por la política. Hoy tenemos un desmadre enorme con funcionarios judiciales vinculados directamente a los partidos políticos y partidos políticos que circulan alrededor de las discusiones judiciales”.

El régimen disciplinario del Ministerio Público de la Acusación evoca esos enjuagues entre política y justicia desde sus orígenes, en la causa donde se investigó la distribución de subsidios desde el Senado provincial. “La política en un momento determinado y por circunstancias coyunturales que tenían que ver con intereses de determinados dirigentes se atribuyó la potestad disciplinaria sobre los fiscales, situación que puede llevar al amordazamiento, a la pérdida de autonomía. Ahora, la justicia se prestó a esa maniobra, se politizó”, dice Busatto.

En los tira y afloje de la política y la justicia provincial, en un escenario tensionado además por la reciente sesión de fotos del fiscal general Jorge Baclini con Horacio Rodríguez Larreta, la luz al fin del túnel que observa el legislador peronista “es discutir abiertamente en un proceso que involucre a todos los poderes del Estado y a la ciudadanía: en los tiempos que corren en Santa Fe hay que practicar más democracia en serio y trabajar para incorporar a la ciudadanía”.


Joaquín Blanco

Joaquín Blanco focaliza por su parte en el papel “absolutamente lamentable” del Estado federal: “Tenemos tres patas fundamentales: lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los recursos humanos de las fiscalías y los juzgados federales en Santa Fe para perseguir el crimen complejo; la responsabilidad del Senado Nacional y el Consejo de la Magistratura para asignar la enorme cantidad de cargos vacantes en la provincia de Santa Fe, a más de dos meses del desembarco de la Corte en la Facultad de Derecho de Rosario; y la presencia del Ministerio de Seguridad de la Nación para pacificar los territorios donde se están produciendo muchos crímenes, lo que tiene que ver también con inteligencia criminal, con la colaboración entre fuerzas provinciales y federales y con mayor visibilidad del famoso comando unificado”.

La causa por el presunto espionaje en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain está en el centro de la grieta entre el oficialismo y la oposición, aunque el gobierno trató de despegarse al constituirse como querellante, y en función de su inminente desenlace será un posible argumento en la próxima campaña. “No conozco en profundidad la causa —responde Busatto al respecto—. A simple vista llama la atención que necesite tanto tiempo para elevarse a juicio. Hace más de ocho meses que el tema está dando vueltas, huele demasiado a tufillo político. Tengo miedo de que termine siendo la versión santafesina de la causa sobre la muerte de Nisman y que la oposición la tire encima cada vez que se le complica la situación”.

De un lado hay acusaciones sobre espionaje y licitaciones arregladas en perjuicio del Estado; del otro escraches, para vincular a la política con la policía corrupta. El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, recordó el apoyo de Maximiliano Pullaro al ex comisario Druetta después que Rubén Rimoldi fuera designado ministro de Seguridad. Si el antecedente de Druetta hubiera servido para analizar el modo en que la policía santafesina se vincula históricamente con el delito y en particular con el narcotráfico, tal vez hubiera sido más difícil dejar el gobierno de la seguridad provincial en manos de la propia policía.

Busatto cree factible sin embargo un acuerdo entre los partidos mayoritarios que supere el obstáculo de la disputa electoral: “Todos somos parte del problema y también somos parte de la solución. De los problemas políticos se sale con más política, pero hay que dar pasos concretos al respecto”.


Rubén Rimoldi

La designación de Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad en Santa Fe y las aspiraciones de un activo lobby policial abren un margen de incertidumbre y agitan fantasmas del pasado. “Las expresiones del nuevo ministro son preocupantes, porque apuntan a retrotraer las reformas que se hicieron durante el gobierno de Obeid —dice Joaquín Blanco—. No sabemos si va a ser un bombero destinado a apagar incendios en la coyuntura o si tratará de sentar bases para un proyecto a largo plazo. Si intenta esto, a un año y cuatro meses del final de la gestión de Perotti y a menos de un año de que haya elecciones, parece poco probable que pueda hacer transformaciones de fondo sin apoyo político de la oposición. En las próximas semanas se va a develar el misterio”. 

Los spots de campaña en que un enérgico Omar Perotti hace volar por el aire una montaña de cocaína y en el que anuncia el advenimiento de la ley y el orden en la provincia deberían ser tenidos en cuenta para la próxima campaña, agrega el diputado socialista. “Lo que pasó electoralmente en 2019 es una estafa —dice Blanco—. Ahora interpela a toda la política sobre si es legítimo hacer campañas electorales con el tema de la seguridad, si es legítimo jugar con la expectativa de la gente y de las víctimas para ganar votos”. Un programa de seguridad es algo bien distinto y no supone una tarea para el futuro: “el momento es ahora”, afirma Busatto.



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