El comienzo de la relación de Javier Milei con el campo no fue el esperado. Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, tomaron por sorpresa al sector rural. Del gobierno que traería rebaja de los impuestos y las retenciones, salió un inmediato aumento de ambos.
Los derechos de exportación, una de las fuentes principales de recaudación, vuelven a quedar en el centro del problema fiscal de la Argentina. Si la prioridad del nuevo gobierno es lo financiero, con los pasivos del Banco Central adelante, las necesidades recaudatorias muestran su cara de hereje.
Apenas conocidos los primeros lineamientos de la política económica, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, recibió a la Mesa de Enlace. El gobierno explicó que el aumento al 15 por ciento para todos los productos de exportación se debe a la emergencia. Desde la Mesa de Enlace contestaron que la lógica de esa disposición repite un error común en anteriores gestiones: una medida macro que desconoce la realidad productiva.
El razonamiento del agro es exactamente el inverso al mantra macroeconómico repetido en las presentaciones televisivas. Para quienes están al frente de unidades empresariales y toman decisiones cotidianas, en realidad, sin realismo microeconómico no hay posibilidad de ordenamiento macro.
Un dirigente rural lo supo explicar de forma ilustrativa al indicar el impacto diferencial sobre las diferentes escalas, pero fundamentalmente sobre los diferentes sectores y segmentos de las cadenas. No es lo mismo un pequeño productor que uno grande, aunque más distinto aún puede ser un tambero de un productor de soja o maíz, más allá de su tamaño. Y todavía más diferencia hay entre producción primaria e industrialización.
La respuesta oficial a los reclamos del campo fue ambigua. La transitoriedad anunciada de las medidas supone que las complicaciones del verano serán una pretemporada para el campeonato oficial que el gobierno entiende comenzará en marzo, una vez que empiece a ingresar la cosecha gruesa.
Hasta entonces deberá sortear las necesidades de financiamiento a través de la asistencia externa, la descompresión de las deudas con importadores a través de un bono, y la buena voluntad exportadora para incrementar liquidaciones que le permitan al Banco Central participar en el mercado de cambios y reforzar las reservas internacionales.
Los coletazos de la corrección
El primer shock de ajuste del tipo de cambio oficial implicó un alza directa de 118 por ciento. A partir de enero, el deslizamiento sería del 2 por ciento mensual. Con ese ritmo, en seis meses la inflación consumiría la mejora en la competitividad. El dólar exportador quedó en un 80 por ciento al tipo de cambio oficial y un 20 al contado con liquidación, lo que arroja un tipo de cambio implícito de 850 pesos.
Para las importaciones, el impuesto PAIS sube al 17,5 por ciento, lo que lleva el tipo de cambio a 940 pesos. Por ahora, el control de cambio se mantiene, lo que estira la vida de la brecha cambiaria hasta que el Banco Central pueda recomponer las reservas que hoy están 11.300 millones de dólares en negativo.
El ajuste trae como condición una recesión que reducirá la demanda mientras el nuevo esquema cambiario incentiva las exportaciones. La clave estará en cuanto será la disparada inflacionaria de los próximos meses y hasta dónde llega la tolerancia social. El objetivo del equilibrio financiero para 2024 requiere una remontada de 5 puntos del PBI. Tiene, de un lado, una mejora en la recaudación de alrededor del 2 por ciento, y del otro, un recorte del gasto del 3 por ciento.
Los riesgos son muchísimos. La devaluación del peso de un 54 por ciento impacta directamente sobre los ingresos de la población, que verá cómo el traslado a precios crea un escenario social extremadamente delicado. Sin embargo, el influjo positivo de ese salto cambiario sobre el margen agropecuario queda neutralizado con el aumento de los costos ligados a la suba de retenciones, las importaciones y los combustibles, entre otros.
Otra vez, lo micro se antepone a la razonabilidad macro. Para aquellos productores que no se proveyeron anticipadamente de insumos, la rentabilidad seguirá exigida al máximo y el aprovechamiento del giro meteorológico que deja atrás la sequía dependerá de la capacidad de inversión que refleje cada planificación financiera.
La delgada línea hasta marzo
Una buena calibración del impacto diferencial sobre los actores económicos se basa en los pequeños detalles de la práctica empresarial que se pierden en las formulaciones teóricas expresadas en una planilla de cálculo o un argumento de economía política.
Esa fue la matriz del planteo de la Mesa de Enlace, que padece la hegemonía de los macroeconomistas que desde la Ciudad de Buenos Aires son capaces de ordenar los agregados económicos pero que pocas veces se encontraron al frente de una unidad productiva debiendo tomar decisiones.
Para el nuevo gobierno, la tarea será analizar la situación cadena por cadena y producto por producto, a fin de evitar ejercer presión donde no hay capacidad de resistirla y no sumar desincentivos en un área de la vida económica que será crucial para una reconstrucción.
La posibilidad de una revisión del aumento de las retenciones manifiesta, una vez más, la inexactitud de las políticas de gabinete. El beneficio fiscal no sería lo suficientemente significativo como para empiojar de entrada la relación con el campo.
Otra alternativa que asomó durante las últimas horas es la de entregar un bono en compensación por las retenciones. Lo cierto es que, así como el campo fue la gran fuente de financiamiento del modelo del kirchnerismo, ahora es el elegido para financiar las reformas estructurales que promete el nuevo gobierno.
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