En una provincia que naturaliza situaciones extraordinarias, ¿qué habrá pasado para que tenga que llegar a discutirse si la presencia de un ministro en la Legislatura debe ser abierta a la prensa? ¿Cuándo se perdió el sentido de esa obligación de que el público, las audiencias, se enteren de manera directa o, al menos indirectamente por los medios, de lo que hacen sus funcionarios? ¿Por qué es necesario debatir si una reunión abierta es conveniente o no? ¿No está claro que los representantes de los votantes deben dar cuenta de sus acciones, y más aún cuando interpelan a un funcionario, justamente el que se encarga del asunto más reclamado por la sociedad?
Las preguntas vienen a cuento del inesperado debate que se da esta semana a raíz de la convocatoria al ministro Marcelo Sain para que el viernes asista a la Legislatura, convocado por la comisión de Seguridad que integran siete diputados de distintos partidos, pero mayoritariamente de la oposición.
Parece contradictorio que lo citen y a la vez pongan restricciones a su presencia. ¿Por qué no recibirlo en el lugar más amplio, en el recinto de sesiones, con la participación de todos los legisladores, y que a la vez lo que diga pueda ser seguido por los medios que deseen de manera presencial y por todos los que quieran vía internet?
¿Qué es lo que se tendría que cuidar en beneficio de los intereses del Estado? ¿A qué le temen los legisladores que se oponen a que la primera visita a la Legislatura del ministro más controvertido del actual gobierno provincial pueda ser seguida por todos?
Las leyes que establecen que algunas sesiones sean secretas se cuidan de señalar que esas restricciones se refieren a tramos específicos, cuando se traten temas que hacen a la seguridad del Estado, cuando la información pueda ser origen de causas contra el Estado o utilizada para favorecer el delito. En ningún caso se prevé preservar a los ministros y, menos aún, a los legisladores.
¿A qué le temen los que resisten la presencia de Sain en la Cámara? Probablemente a su estilo bravucón e impredecible, que, suponen, puede terminar ventilando datos comprometedores para todos los gustos. Pero es una ingenuidad pensar que esos mismos datos no van a ser divulgados por los legisladores que participen del encuentro o por los propios colaboradores del ministro al final de la reunión.
Nadie imagina que Sain dé a conocer información delicada que pueda servir a la estrategia de los delincuentes, y aún en ese caso se podría hacer un apartado para hablar sólo de esa cuestión. Si alguien tendría que reclamar que la reunión no sea pública debiera ser el ministro y no los legisladores que lo convocan. Pero sorprendentemente es al revés.
Alarma la naturalización de este tipo de límites a la tarea de la prensa. Suele aducirse que los ministros que concurrieron a la Legislatura en las últimas dos gestiones socialistas lo hicieron en estas condiciones de contención informativa y reguladas. Pero no era esa la costumbre durante anteriores gestiones, como las de Obeid y Binner, por citar a dos de los últimos gobernadores en los que esa práctica de información abierta estaba más consolidada.
Aturde el silencio de los gremios de prensa a la hora de sentar posición sobre estos derechos de los periodistas de simplemente poder asistir a una reunión donde un ministro dará explicaciones a la sociedad, justamente sobre el tema más sensible, el de la inseguridad, en base a preguntas que harán nada menos que los representantes elegidos por los ciudadanos. Sin embargo puede darse la paradoja de que ese encuentro se haga en el secreto de una reunión entre pocos.
Un debate ordenado y la posibilidad de que cada uno diga su parte resolvería tantos temores prematuros. Para que no termine imponiéndose el contrasentido de que se puedan ver las sesiones ordinarias de las cámaras, pero no las interpelaciones a los ministros.
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