La Justicia y la política santafesinas quedaron en el centro de la escena en el juicio contra Esteban Alvarado y seis acusados de integrar su organización. El desempeño de la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas como jueza de Instrucción, la actuación del juez federal Marcelo Bailaque y los vínculos de policías corruptos con el senador Armando Traferri fueron los temas centrales en la extensa declaración del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.
“Es sorprendente que estemos logrando imputaciones confirmadas por la Justicia sobre la base de información producida en otra provincia, en otra investigación y en otro momento histórico. Es una cosa de locos”, dijo Sain. Se refirió así a la investigación desarrollada por el fiscal federal de San Isidro, Patricio Ferrari, que condujo a la primera detención de Alvarado, en agosto de 2012, en base a escuchas telefónicas y actuaciones que Rodenas recibió en su carácter de jueza de Instrucción.
“Si esta información hubiera sido tratada por la Justicia rosarina se hubiera sabido toda esta componenda ya en el año 2012, 2013. Gran parte de las cosas que pasan en esta ciudad tienen que ver con el Estado bobo, muchas veces cómplice, que se para frente a los grupos criminales”, agregó Sain.
El ex ministro también cargó contra el juez Bailaque y, sin nombrarlo, contra el fiscal Marcelo Di Giovanni, por desestimar una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que documentó las actividades de Alvarado: “Hablando de Estado bobo, entre 2013 y 2016 gran parte de las personas investigadas en este juicio ya estaban identificadas como parte de una organización criminal en la causa federal. Pero el juez Bailaque dejó caer la causa a fines de 2016, sin ningún tipo de razón, en vez de dar las detenciones del caso tal como pedía la propia policía”.
En el primer tramo de su declaración, Sain hizo valer su formación como sociólogo para analizar el fenómeno del crimen organizado y los modos de participación estatal. “En el caso rosarino se dio una particularidad: se quebró la capacidad de regulación ilegal del Estado a través del componente policial y a partir de 2010, 2011, las organizaciones criminales empezaron a controlar sectores de la policía —dijo—. Rosario es un caso único: las organizaciones criminales controlan sectores de la policía y les dan órdenes. Lo vimos en el juicio a Los Monos, y en el caso que se ventila en este juicio pasa lo mismo: no es la policía la que establece las reglas de juego de lo que puede hacer el mundo criminal sino que el mundo criminal rige el juego”.
La justicia ciega
El ex ministro de Seguridad comenzó por recordar la convocatoria del ex gobernador Miguel Lifschitz para desempeñarse en el Organismo de Investigaciones, cuya dirección asumió después de ganar un concurso el 19 de diciembre de 2018. Sain afirmó que el nombramiento se demoró por presiones de Patricia Bullrich y Elisa Carrió, lo que habría quedado al descubierto en la investigación de la justicia federal de Dolores en torno al espía Marcelo D’Alessio.
Poco antes, el 13 de noviembre, el cadáver del prestamista Lucio Maldonado había aparecido en un descampado vecino al casino City Center con un cartel que decía “con la mafia no se jode”. Esteban Alvarado estaba identificado ya como instigador del asesinato y en su búsqueda, guiados por su ex cómplice Rodrigo Ortigala, los investigadores del Ministerio Público de la Acusación habían allanado un rancho en la isla Charigüé en el que supuestamente había parado y que alquilaba Alejandra Rodenas, entonces diputada nacional.
“Al día siguiente de asumir me reúno en Rosario con el equipo del Organismo de Investigaciones. Pablo Báncora (policía que integraba el grupo de investigadores y pasaba información a Alvarado) narra el procedimiento de la isla: dice que en medio del allanamiento aparece (Jorge) Llonch, que después fue compañero mío de gabinete en el gobierno de Perotti, y a continuación llega la diputada nacional Alejandra Rodenas. Eso no estaba mencionado en el acta de procedimiento, cosa que le reproché a Báncora”, dijo Sain.
La creciente desconfianza que provocaba Báncora se reforzó el 31 de enero de 2019, cuando personas no identificadas balearon la casa de Marina Marsili, integrante del MPA, en Rioja al 500. El atentado fue parte del plan de Alvarado para desligarse del crimen de Maldonado y los autores habrían llegado al lugar con información aportada por el policía.
Sain dedicó varios tramos de su declaración a reivindicar a integrantes de su equipo que son investigados en la causa por el presunto espionaje. Dijo que Sebastián Sánchez localizó a través de Facebook a Rosa Capuano, lo que fue el hilo conductor para el procedimiento del 2 de febrero de 2019 en Embalse Río Tercero en que se detuvo a Esteban Alvarado, y destacó “la labor de la licenciada Débora Cotichini, la persona que conducía todos los equipos de investigación de la estación Rosario del Organismo de Investigaciones”.
Al relatar las tareas que ordenó desde el Organismo de Investigaciones, Sain explicó también metodologías de investigación que cayeron dentro de las sospechas de espionaje. En varios pasajes describió la elaboración de perfilamientos como una práctica elemental, mencionó la utilización de fondos reservados para el alquiler de una casa como medida de seguridad para el personal que investigaba la estructura de Alvarado y aportó detalles sobre un software de origen israelí para analizar comunicaciones telefónicas, lo que constituyó un anticipo de su defensa en la causa que llevan adelante los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez y que en el entorno del ex ministro atribuyen a un designio del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez.
“Decidimos trabajar cuatro dimensiones: la estructura criminal de Alvarado; la estructura de gestión de empresas; la protección estatal que recibía de un conjunto de policías y el aparato de seguridad que formaban los gatilleros. Estábamos frente a una empresa criminal compleja, había que darle un cariz diferente a las investigaciones tradicionales”, dijo Sain.
La investigación no comenzó precisamente desde cero. El fiscal federal de San Isidro Patricio Ferrari había llevado a prisión a Alvarado en 2012 por robo de autos de alta gama y obtenido escuchas que documentaban en detalle sus actividades como narcotraficante en Rosario bajo la cobertura de la Unidad Regional II. “La Justicia provincial recibió la causa pero no hizo nada. Me queda claro que no se quiso investigar cuando había un montón de evidencia para tirar de la soga”, dijo Sain, en una nueva referencia hacia Alejandra Rodenas, quien archivó las actuaciones como jueza de Instrucción.
La complicidad policial ocupó un largo tramo en la declaración y se extendió por las dos ramas del árbol corrupto de la Unidad Regional II: por un lado los ex jefes de la Policía de Investigaciones Martín y Marcelo “Puchero” Rey, Javier Makhat, Cristian “Chamuyo” Di Franco, Jorgelina Chávez; por otro, el enclave de la vieja Dirección de Drogas. Sain recordó el antecedente de Juan José Muga, embagayado por agentes de la ex Dirección de Drogas Peligrosas y condenado por la Justicia Federal por tráfico de marihuana en junio de 2016 después de entregar una lista de narcopolicías a la jueza Laura Inés Cosidoy. “Le quedó claro que la doctora Cosidoy tenía una estrecha relación con los narcopolicías”, observó Sain, quien particularizó el caso de Alejandro Franganillo, mencionado en la nómina y elevado a jefe de Drogas Peligrosas en el segundo gobierno de Jorge Obeid.
El análisis de plana realizado por el OI sobre los policías asociados con hechos de corrupción marcó una coincidencia. “Todos terminaban su carrera en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo”, dijo Sain. A pedido del fiscal Matías Edery, mencionó a Jorge “el perro” Andriozzi —“se retira y es custodia y chofer de (el senador Armando) Traferri—, Gonzalo “el chino” Paz, Gustavo Spoletti y Ernesto Gaudencio, ex jefe de la brigada operativa de la Policía de Investigaciones. “Había ahí un refugio político-institucional”, indicó el ex ministro.
En ese punto Sain volvió a poner el foco en la actual vicegobernadora: “Cuando tomamos el procedimiento de la isla Charigüé, vemos que la doctora Rodenas, de estrecha vinculación con el senador Traferri, es su subordinada política, aparece en medio del allanamiento con el abogado histórico de Alvarado (Paul Krupnik). La que se puso en la escena fue la entonces diputada nacional”.
El 10 de junio de 2019 Alvarado fue imputado como jefe de una asociación ilícita. Pero en la trastienda del MPA, reveló Sain, hubo un pedido del entonces fiscal regional Patricio Serjal para que las actuaciones se postergaran hasta después de las elecciones, a fin de no empañar la campaña de Rodenas como vicegobernadora con el recuerdo del procedimiento en la isla Charigüé.
“La decisión de no imputar hasta el mes de agosto iba a impedir la construcción del caso penal. Miremos la película final: se hizo una investigación impecable que fue ratificada por sucesivos jueces y por los propios reprochados (en alusión a los policías que aceptaron condenas en juicios abreviados y se reconocieron como parte de la organización de Alvarado). Si no se hubiera hecho la imputación vaya a saber cómo terminaba la causa”, dijo Sain, que apuntó más allá del ex fiscal Serjal: “Trata de impedir la imputación contra Alvarado porque era un empleado de Traferri”.
El papel de la política
A mediados de 2019 los policías de San Lorenzo estaban ocupados en correr a opositores de Traferri y en cuidar que nadie tapara los carteles por su candidatura. El 13 de agosto de 2019, el senador y el comisario Gustavo Spoletti mantuvieron una conversación que se expuso en el juicio:
Spoletti: —Hola Pipi, ¿estás en la oficina?
Traferri: —Disculpame, recién (lo) veo, flaco
S: —Porque fui a la mañana y te iba a dar un abrazo
T: —Estoy en la peña con el equipo futuro de gobierno.
S: —Sí, algo me enteré, amigo. Contá conmigo.
T: —Por ahora no, porque no quiero que los identifiquen conmigo. Quiero y debo preservarlos.
Sain mantenía reuniones con el gobernador electo Omar Perotti, quien le había ofrecido el Ministerio de Seguridad. “Perotti me dijo que había una presión muy grande de Armando Traferri para llenar los casilleros de los ministerios de Justicia y Seguridad —afirmó—. Rodenas le había delegado el armado a Paul Krupnik; como fronting iban a poner a Gustavo Peters y la Jefatura de Policía iba a quedar para Spoletti, porque Gonzalo Paz, el candidato original, estaba según propios dichos de los interesados más sucio que una papa”.
Krupnik, además de defender a Alvarado, representó a Spoletti en la causa que el policía enfrentó por enriquecimiento ilícito y que terminó archivada por Rodenas, en su carácter de jueza. El agradecimiento de Spoletti por esa resolución quedó registrado en escuchas telefónicas, dijo Sain.
“Nos preguntábamos por qué tenían tanto poder estos policías —agregó el ex ministro—. Por qué seguían en carrera, cuando estaban incursos en infracciones administrativas. La pregunta era también si tenían protección judicial y política, porque si no se corta por lo más fino. Y la verdad es que estos policías llegaron donde llegaron porque tuvieron cobertura política”.
En ese marco, el ex ministro denunció un “acuerdo entre Traferri y (Maximiliano) Pullaro para nombrar a Paz como jefe de la policía de San Lorenzo” y una entente “del Frente Progresista con el peronismo” por la cual habrían sido designados Jorge Baclini como fiscal general de la provincia y Serjal como fiscal regional.
Sain dedicó otros pasajes de su declaración a contestar indirectamente acusaciones de Traferri. El senador del Departamento San Lorenzo sostiene que sus menciones en la causa por juego clandestino respondieron a una persecución política. “No estábamos equivocados cuando investigábamos los vínculos de Serjal con estos sectores de la vida institucional santafesina —dijo el ex ministro—. Hasta que Santa Fe no tire de la soga y caiga quien tenga que caer en esta materia habrá dolor y sangre”.
Alejandra Rodenas no contestó hasta ahora los cuestionamientos a su intervención en las causas mencionadas. El jueves por la noche, unas horas antes de que Marcelo Sain se presentara en el juicio, la vicegobernadora disertó en el Foro por la Reforma Judicial que se realizó en la Facultad de Derecho de Rosario. El tema de su intervención fue “Cómo pensar la relación Derecho y Justicia desde una mirada crítica: los desafíos del siglo XXI”.
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