Santa Fe estudia con atención y mucha cautela el anuncio que el presidente Javier Milei realizó ante el Congreso en la Apertura de Sesiones 2025, de avanzar en una reforma tributaria integral que le devuelva la “autonomía fiscal a las provincias”.
Así como el que se quema con leche ve una vaca y llora, el gobierno de Maximiliano Pullaro mira de reojo cualquier reforma del sistema de reparto de los recursos que hasta ahora, o al menos desde la última ley de coparticipación allá por 1988 (23.548), le trajo a la provincia más pérdidas que ganancias.
“Santa Fe va a estar sentada a dialogar pero con dos consignas centrales que son, por un lado, reducir la carga tributaria y, por otro, lograr una mejor armonía fiscal que beneficie a la economía santafesina”, afirmó a Suma Política el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.
En cambio, “si en esa discusión la provincia va a mantener el mismo nivel de carga tributaria y las demás van a beneficiarse, no estará”, enfatizó.
Sin embargo, el funcionario reconoció que cualquier análisis es sesgado o al menos apresurado porque la Nación no puso este tema a consideración de las provincias y, además, el anuncio de Milei se remitió a un puñado de enunciados sin precisiones.
El presidente habló de “reducir en un 90 por ciento la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente seis”. Y dijo además que, sumado a eso, “el espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre”.
Esta idea no es nueva, de hecho el gobierno nacional viene amagando con eso desde agosto del año pasado cuando se la planteó a los secretarios de Hacienda de todo el país en el último encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. “Venimos escuchando frases similares desde entonces pero no hay ningún avance”, puntualizó Olivares.
Tanto para Santa Fe como para Córdoba, provincias que por su estructura productiva aportan mucho más de lo que reciben vía coparticipación, la posibilidad de pensar en una descentralización de las potestades tributarias, es bienvenida. Es, yendo más al fondo de la cuestión, una “discusión propia de la esencia del federalismo”, explicó un ex funcionario santafesino.
Esta es una causa que en las últimas décadas encuentra en la misma vereda a oficialismo y oposición en la provincia, cualquiera sea el partido que tenga la responsabilidad de gobernar.
El gobernador cordobés, Martín Llaryora, dejó entrever durante los últimos días que coincide con el gobierno nacional en torno a que es necesaria una discusión sobre una nueva forma de recaudar y distribuir los recursos públicos, mucho más en un contexto donde de facto la Nación se corrió de temas esenciales como la obra pública y los servicios a las provincias, pero aún sigue manejando la caja.
Competir por fondos
En su manual de liberal libertario, Milei pretende que las jurisdicciones provinciales actúen con una lógica de mercado y compitan entre sí para atraer contribuyentes. “El Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto sustancialmente inferior al total actual y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que generará una competencia fiscal entre ellas que dinamizará sus economías”, fueron sus palabras ante la asamblea legislativa.
En ese punto es donde las dudas se multiplican. “Una cosa es competir por la radicación de empresas y otra por el consumo final”, precisó el titular de Economía de Santa Fe al referirse a la diferencia que representa tener potestad fiscal sobre el impuesto a las Ganancias o sobre el IVA. “Si la competencia es por gravar procesos productivos es una cosa y si es sobre transacciones sobre consumos, es otra”, planteó.
De hecho, la diferencia de tamaño, escala y población juegan fuerte en esta ecuación.
Si se compite por un impuesto como el IVA es imposible empardar a un distrito como Caba que tiene una población de tres millones de habitantes y durante el día siete millones de consumidores que circulan por allí y que no tendrá ningún interés en reducir alícuotas porque, como dice el dicho, “tiene la vaca atada”.
Pero también puede ocurrir algo similar con impuestos como ingresos brutos que gravan la actividad económica. Las jurisdicciones con radicaciones portuarias o mineras no se van a mover de una región por el sólo hecho de que un distrito les cobre menos impuestos, ya que esas radicaciones responden a las ventajas naturales o competitivas de un determinado distrito respecto de otro.
Algo similar podría ocurrir, por ejemplo, si las provincias deciden gravar la producción agropecuaria. ¿Qué posibilidad tendría de competir un distrito como Jujuy con Santa Fe o Córdoba donde se concentra la mayor producción de granos?
“Esta idea parte del supuesto de que todo el mundo va a bajar impuestos y nadie garantiza que, en casos como estos, haya una mayor carga fiscal”, detalló Olivares tratando de descifrar escenarios posibles.
También puso como ejemplo lo que ocurre en Santa Fe y Córdoba donde el agro está exento de ingresos brutos pero está gravado con IVA. “Con la propuesta de la Nación, las provincias tendrían la posibilidad de gravar con más alícuota el IVA porque la base imponible es más grande”, especuló el ministro santafesino.
Una carrera desigual
Esta discusión también tiene otro condimento y es la asimetría que existe entre las diferentes provincias en el plano fiscal. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) publicado este mes indica que “algunas provincias presentan un alto nivel de dependencia de los recursos tributarios de origen nacional, principalmente por recursos coparticipables, como Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, La Rioja y Catamarca, mientras que, en el otro extremo, los niveles de recaudación de recursos locales son sensiblemente mayores, como en el caso de Chubut, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La menor capacidad para hacer frente a sus gastos con recursos tributarios propios fue históricamente en Argentina el talón de Aquiles de muchas provincias que estaban sometidas a la billetera y, por eso, a la voluntad política del gobierno central.
Reformas de este tipo, que les imponen jugar solas en la arena de una suerte de “mercado fiscal” con sus pares, profundizan la diferencia entre regiones y también entre ciudadanos.
Para otras provincias como Santa Fe, que históricamente estuvieron en mejor posición en términos de ingresos propios, la gestión de Milei fue una aplanadora.
“Las provincias financiamos el equilibrio fiscal nacional”, dijo Olivares y recordó que Santa Fe “no recibió un peso desde el 20 de enero del 2024 para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones”, una deuda que a mitad del año pasado acumulaba 700 mil millones de pesos.
Por eso, “la posibilidad de una reforma fiscal integral que suponga también discutir las potestades tributarias que quedan en cabeza de cada uno de los diferentes niveles de gobierno es una discusión bienvenida”, consideró un integrante del gabinete de otra gestión en Santa Fe.
Aunque las palabras de Milei estuvieron lejos de plantear una discusión de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, desde Santa Fe consideran que cualquier debate exige consensos.
Sin embargo, para Olivares, esa posibilidad luce lejana. “Está proponiendo hacer modificaciones que requieren el consenso explícito de las 24 legislaturas provinciales un gobierno que al mismo tiempo resuelve todo con DNU”, concluyó.
Autor
