A mediados de 2024, Santa Fe figuraba en el lote de las provincias cuyas empresas registraban los menores niveles de morosidad con el sistema financiero. Un año y medio después, en enero de 2026, la foto cambió rotundamente. Aunque todavía mantiene rangos de irregularidad más bajos que el resto, los datos encienden una señal de alarma: el número de compañías que tiene atrasos en sus pagos registró un fuerte crecimiento y pasó del 4,9 % al 7,8 %.
La información de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica regularmente el Banco Central (BCRA) muestra que en los últimos dieciocho meses esa tendencia se repitió, con matices, en todo el país, incluso en provincias donde predominan las actividades que resultaron “ganadoras” con el modelo económico del gobierno de Javier Milei, como el agro, el petróleo o la minería.
Para el economista Cristian Módolo, especialista en finanzas y ex subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, el origen del problema hay que buscarlo en el año 2025. “El proceso electoral generó una dolarización como nunca se había registrado, ni cuando Fernández ganó las elecciones ni en la época de Macri cuando se desató el vendaval de 2018”, señaló. Ese fenómeno, explicó, “tuvo consecuencias monetarias fenomenales” que todavía se sienten en la cadena de pagos. “Las crisis de liquidez que se producen por dolarización descontrolada traen sus consecuencias”, adelantó.
Santa Fe, como sus pares de la zona núcleo productiva —que integran Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos— no fue la excepción. Si bien la actividad agropecuaria, una de las pocas que registra una evolución positiva, le permitió a las empresas santafesinas atemperar la crisis en la cadena de pagos, la fuerte caída de la industria en la provincia, que retrocedió 9,7 % en enero en forma interanual, y también del comercio, ofició de contrapeso y acentuó la morosidad que creció casi 3 puntos porcentuales (p.p.) en el sistema financiero.
Un dato lo deja en claro: en el sector agropecuario argentino, donde el nivel de actividad habría avanzado 15 % durante 2025, la mora llegó al 5,7 % en enero de este año, es decir una suba de 2 p.p.
“La morosidad fue aumentando tanto en empresas como en individuos y eso está afectando los resultados de los bancos”, dijo el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, quien planteó hace algunas semanas que este fenómeno comenzó a materializarse en territorio provincial donde las empresas “se están atrasando” en sus pagos. Una situación que, dijo, “se aceleró en los últimos seis meses”.
Módolo coincidió con ese diagnóstico y fue más atrás en el tiempo para explicarlo. “Esta dolarización tuvo y tiene consecuencias en la economía real, secando la plaza”, dijo, lo cual generó “primero caída del consumo en las actividades más vinculadas al sector doméstico, que derivó en que empresas y comercios flojos de caja tengan problemas, y eso triplicó la cantidad de cheques rechazados y, como correlato, la cadena de pagos se quebró”, graficó.
Un mapa uniforme
“A pesar de ciertas particularidades regionales, el aumento de la mora fue una constante a nivel país”, reveló el último informe de Estudios Económicos del Banco Provincia, el cual fue contundente: “Acá no hubo Vaca Muerta que salve”, dijo, y agregó que, por ejemplo, “en Neuquén la irregularidad de cartera trepó 4,4 p.p.”. Otras provincias como Santa Cruz, bastión de la actividad petrolera, tuvo el mayor crecimiento en cantidad de empresas con mora (+6 p.p.), llegando al 14,6 % en la actualidad, seguida por La Rioja (+5,6 p.p.) y Chubut (+5,4 p.p.). Lo que muestra que tampoco las regiones petroleras y mineras estuvieron exentas del aumento en la irregularidad de las personas jurídicas.
Para el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab, la ecuación es simple: “La industria no tiene demanda porque el comercio no vende y esto ocurre porque no hay consumo”, dijo y, como correlato, “empieza a crujir la cadena de pagos”, agregó al señalar que “salvo algunos sectores como campo o gas y petróleo en áreas puntuales del país, todo va para atrás”.
Módolo aportó otro elemento al diagnóstico. “Al subir las tasas para frenar la dolarización se le sumó más combustible a este incendio”, afirmó. Y recordó que “el gobierno en julio desarmó las LEFI para liberar liquidez pero todo eso fue contra el peso, porque se dolarizó”, lo que provocó “un segundo semestre espantoso con consecuencias concretas en la cadena de pagos”.
“La morosidad es la expresión de un deterioro de la situación económica”, sintetizó Diab. Y confirmó que casi todos los rubros de la economía “hace entre 10 y 11 meses muestran caídas en las ventas”, algo que consideró se volverá a repetir cuando en los próximos días CAME difunda las estadísticas de marzo. “La falta de poder adquisitivo genera todo esto”, sentenció.
Así también lo planteó Módolo: “Acá no se trata de un problema de flujo, es un problema económico. Se necesita poner dinero en el bolsillo, un shock de ingresos, pero no veo voluntad de este gobierno de hacerlo”, afirmó.
Datos que alarman
Las estadísticas oficiales ya empiezan a dar cuenta de esta tensión. El BCRA en el Informe de Bancos correspondiente a enero —el último disponible— indicó que en ese mes el saldo de las financiaciones al sector privado en situación irregular alcanzó al 6,4 % del total. La peor parte se la llevan las familias, donde la morosidad crediticia tocó el 10,6 %, mientras que la de las empresas se ubicó en 2,8 %, un porcentaje que empieza a poner en alerta a los bancos.
Módolo advirtió que los números del sector empresario formal son especialmente preocupantes por su naturaleza. “Están en 3,9 % de mora y eso es muy alto, porque son los más cumplidores, los que no se atrasan en créditos ni tienen problemas para cancelarlos”, subrayó.
Aunque son una foto clara de una tendencia que se viene consolidando desde fines del año pasado, el economista y titular del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), Sergio Arelovich, advirtió que estos números están incompletos porque la información del BCRA “no aporta datos sobre el nivel de cobertura con Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad que debieron crear los bancos por la mora de los tres tipos de cartera (comercial, consumo y asimilable a consumo)”. Aunque “lo que observamos es que las previsiones contabilizadas crecieron exponencialmente”, observó.
De todos modos, ya comenzó la temporada de balances trimestrales (que cerraron el 31 de marzo) y los números dan algunos indicios de que la situación se complejiza y la morosidad empezó a impactar en la rentabilidad del sector bancario. Según datos de la consultora especializada en finanzas Delphos Investment publicados por La Nación, “el aumento de los cargos por incobrabilidad limitó la mejora de las ganancias”. De hecho, el balance del Grupo Galicia muestra que su utilidad neta siguió en negativo luego de que los cargos por incobrabilidad subieran al 29 %. Algo similar ocurrió con el BBVA Argentina, que si bien cerró con números positivos, la situación de cartera irregular saltó al 4,1 % del total contra el 3,3 % del trimestre anterior.
El fenómeno también alcanzó al mercado de capitales. Módolo señaló que “muchas Obligaciones Negociables dejaron de cumplirse”, fundamentalmente de actores fuertes de negocios del mercado doméstico como las principales cadenas de retail que eran las que más emitían ON para fondear créditos con fideicomisos, algunas de las cuales “cayeron como moscas o pasaron a la quiebra”. También mencionó casos en el agro y en el sector de maquinaria agrícola, donde se reestructuraron pasivos.
Una de cada ocho, en problemas
El relevamiento del Banco Provincia hizo un desagregado de los datos globales del BCRA y señaló que en el primer mes del año, 1 de cada 8 empresas en Argentina que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular, es decir un 12,5 %, lo que representa un aumento de 2,6 p.p. respecto al arranque de 2025 (+9,9 %). “El año pasado, entonces, no solo creció el nivel de actividad: también lo hizo, y de manera generalizada, la irregularidad de cartera”, indicó.
Actualmente suman más de 35.000 las empresas endeudadas con algún tipo de atraso en el repago de sus créditos, una situación que afecta especialmente a las más chicas, que son las que tienen menor espalda. “La irregularidad de cartera llegó al 10 % en el 75 % de los créditos de menor monto (préstamos de hasta 45 millones de pesos)”, detalló el informe de Banco Provincia casi el doble respecto a un año atrás cuando estaba en 5,5 %.
En el segmento de las más grandes el impacto es menor y llega al 2,4 % y sólo al 2,1 % si se computan el mínimo porcentaje que sacó créditos por más de 1.000 millones de pesos.
De esta manera “en el mundo de las empresas la irregularidad de cartera tiene un perfil regresivo: afecta más a las más chicas”, definió.
Las mismas entidades financieras que empiezan a ver cómo sus balances se pintan de rojo ya venían observando este fenómeno desde antes, cuando los testeos propios chocaban con los datos oficiales. La consultora LCG señaló que los bancos se vienen encontrando con empresas que tuvieron más dificultades para afrontar sus deudas a tiempo durante los meses de febrero y marzo. A eso se suma que incluso en el caso de los mayores deudores, aquellos que concentran el 34 % de las financiaciones y suelen tener menor nivel de morosidad, el ratio de irregularidad llegó a 4,2 % en diciembre de 2025, por encima del promedio del segmento. Y además empeoró la calificación de muchas firmas, lo que consideró “un deterioro mayor al registrado en episodios de alta morosidad como 2018, 2019 o la crisis de 2009”.
El último día de marzo la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) presentó su informe mensual de bancos donde aporta una foto del sistema financiero y allí ratificó esta tendencia. “La irregularidad del crédito al sector privado aumentó a 6,4 % en enero y acumula 13 meses seguidos de subas, explicado principalmente por el alza en la irregularidad del crédito por consumo de las familias”, detalló la entidad, y dijo que tanto bancos públicos como privados están expuestos a esta situación, con porcentajes que alcanzan entre el 6,1 % y 6,6 %.
Pero aunque la situación de los individuos es la más problemática —y de hecho hay dando vueltas varios proyectos de legisladores nacionales, locales y funcionarios provinciales para atenderla— el panorama en las empresas tampoco muestra buenas señales. “El indicador de morosidad del crédito destinado a las empresas aumentó 0,3 p.p. a 2,8 % en enero”, afirmó Adeba.
Las cuentas no cierran
Además del retraso en el pago de los créditos bancarios, un semáforo de la solvencia empresarial es el movimiento de cheques, un instrumento muy utilizado por las pymes para financiarse a corto plazo. Aquí tampoco la situación es mejor: en el primer bimestre de 2026, la cantidad de documentos rechazados por falta de fondos tuvo niveles comparables a los de la pandemia.
La central de análisis de riesgo crediticio Fidelitas indicó que desde diciembre pasado y febrero se acumularon casi 600 millones de dólares en cheques rechazados, un porcentaje que tuvo un pico histórico en el último mes de 2025 donde llegaron a 97.612, un 200 % más que un año atrás.
Diab reconoció que desde la entidad empresaria reciben muchos reclamos para hacer frente a esta situación pero también que hay un “corrimiento” por parte del Estado que en otras oportunidades hacía de puente con las entidades financieras. También dijo que la Cámara de Crédito Comercial que trabaja junto a la entidad da cuenta de “aumentos continuos de la morosidad, razón por la cual se están restringiendo algunas tarjetas de crédito y crece la cartera de incobrables”.
“Hoy hay tasas de créditos personales o descuento de cheques que están en el orden del 80, 90 o 100 % anual, con una inflación proyectada del 25 %, son niveles muy difíciles de pagar”, apuntó Báscolo.
Algunos abren el paraguas
A esa tensión en la cadena de pagos se le suman además otras irregularidades. “Lo que no es transparente es el tamaño y composición del resto de la deuda empresaria: proveedores, servicios medidos como luz y gas, deuda fiscal nacional, provincial y municipal, seguros contratados”, sumó Arelovich para dimensionar el problema.
El economista puso un ejemplo concreto que impacta en la provincia. “Litoral Gas elevó sus previsiones por riesgo de incobrabilidad —por servicios prestados a los usuarios empresas y hogares— en 2.500 millones de pesos durante el ejercicio cerrado en diciembre de 2025”, detalló y planteó que eso se multiplica si se tienen en cuenta otras prestadoras como el caso de la Empresa Provincial de la Energía.
Además, Arelovich sumó otro dato: “La ganancia declarada por Litoral Gas después de impuestos del ejercicio cerrado en diciembre de 2025 es siete veces superior (600 %) a la del ejercicio cerrado en 2024, medido en pesos constantes de diciembre del año pasado”. A su juicio, eso es parte “del falso superávit fiscal (por quita o reducción de subsidios), de la desregulación en la construcción de precios y probablemente en la reticencia inversora porque nadie se lo exige”, pero “también es parte de la explicación del crecimiento de la deuda empresaria y del nivel de la mora”, agregó.
Las explicaciones para un problema que crece y empieza tomar fuerza en la agenda pública son muchas, incluso contienen varios aspectos técnicos, pero hay una que está a la vista y es ineludible: el deterioro del ingreso de los argentinos hace crujir toda la cadena. La propia consultora internacional Moody’s —preocupada por la rentabilidad del sistema financiero— alertó por los niveles de mora y apuntó entre otras cosas a la relación deuda-salarios como un jugador central. “El deterioro de los salarios reales presionó la capacidad de pago de los hogares”, dijo.
Módolo también reparó en el dato del comercio exterior como síntoma del parate. “Las importaciones cayeron 21 %; están importando menos porque no están vendiendo, también producto del mismo fenómeno: la crisis de iliquidez que generó este tornado electoral, que dejó un tendal de actores en problemas”, cerró.
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