El pleito de las partes en las audiencias donde se revisa la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, condenado a nueve años de prisión por proteger a cambio de sobornos a un empresario de juego clandestino, es una guerra. Los fiscales del caso este martes replicaron con todo a los defensores que, un día antes, habían dicho que el juicio era poco menos que una farsa porque prácticamente lo habían condenado en ausencia al senador provincial Armando Traferri, a quien los magistrados consideraron organizador, desde la política, de la asociación ilícita que le cubría las espaldas al capitalista de juego Leonardo Peiti.
Este martes los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro replicaron que la defensa de Serjal se había dedicado a defenestrar el juicio terminado en noviembre pasado, parafraseando lo que sus oponentes habían dicho un día antes. “Dijeron que hubo un proceso ilegal, usaron una retórica de amigo/enemigo hablando de lo justo y lo injusto, de fiscales tramposos, de jueces ilegales y arbitrarios, de imputados colaboradores mentirosos y de dos testigos que son empleados del Organismo de Investigaciones a los que llamaron cuatro de copas. De lo que no hablaron fue de la prueba producida en el debate. Y con un análisis de esa prueba muy minucioso y medular los jueces condenaron por unanimidad”, arrancó Caterina.
En el avance de la audiencia quedó patente que las heridas que este litigio dejó en el Ministerio Público de la Acusación, donde este caso desató una batalla entre fiscales que fueron compañeros, están muy lejos de haber cicatrizado. Pero también se dieron a conocer, o se reiteraron, pormenores asombrosos de la trama de complicidades por los que se llegó a la condena en primera instancia y que está en revisión toda esta semana. Que en síntesis pasa por cómo se organizó una protección policial, judicial y política para que Leo Peiti pudiera avanzar con mínimas preocupaciones en su negocio del juego poniendo grandes cantidades de dinero.
Caterina primero y Fabbro después adelantaron que si se habló de Traferri sin que hubiera llegado a juicio —solamente está imputado— es porque él demoró voluntariamente su presentación amparándose en sus fueros. Y que fue necesario mencionarlo a él y a sus conductas porque forman parte inescindible del contexto del caso que tuvo que explicar la fiscalía para poder pedir condena para Serjal. Uno de los hechos de corrupción institucional más importantes de la provincia.
La madeja de hechos es tan encadenada que para exponer un episodio hay que reconstruir todos sus eslabones previos. En este trámite está condenado Serjal a nueve años de prisión y el empleado de la fiscalía Nelson Ugolini a cinco años por pasar información interna a Peiti, quien a la vez se la transmitía a Maximiliano “Cachete” Díaz, un miembro de la banda de Los Monos. Previamente había sido condenado en juicio abreviado el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad que era cobrador del dinero de la protección y mano derecha de Serjal.
“Están locos”
La fiscal Fabbro contó que Peiti revela en su declaración como imputado colaborador que Ponce le había señalado que para arreglar las causas en las que ya estaba imputado iban a necesitar 100 mil dólares y que ese monto se lo solicitaba Serjal.
Peiti dijo “ante cinco jueces distintos” —siguió Fabbro— que ese dinero le pareció una locura y que entonces le avisó a Traferri para quejarse de que era una desmesura la cifra exigida por “esta gente que vos me presentaste”. Frente a eso reveló que el senador lo llamaría a Ponce para decirle “que estaban locos”. La fiscal reveló que los peritos determinaron que para esa fecha geolocalizaron el teléfono de Peiti captado por una antena en Ricardone donde también fue ubicado el celular del senador que tiene allí una propiedad. La conclusión de los investigadores: Peiti y Traferri estaban juntos.
En el planteo de los fiscales, si Traferri fue capaz de llamar a los fiscales que cubrían a Peiti para decirles que se habían bandeado en lo que pedían, era porque tenía un papel preponderante en la organización ilícita.
Los fiscales contaron que la evidencia de la protección que brindaba la asociación había quedado plasmada en el comportamiento institucional que tuvo Serjal como fiscal regional con una causa que en Casilda la fiscal Marianela Luna llevaba contra garitos de juego de Peiti. Esta fiscal había pedido órdenes de requisa sobre esos locales pero antes comunicó a la Fiscalía Regional Rosario sobre el tema. Llamativamente y pese a los informes de la policía que indicaban que los garitos estaban activos los procedimientos dieron resultado negativo.
Frente a esto —siguió Fabbro— la fiscal Luna se contactó con el entonces fiscal general Jorge Baclini para referirle su perplejidad ante lo ocurrido. Baclini entonces le sugirió que se proveyera de nuevos informes, pidiera volver a allanar y esta vez no le avisara a Serjal. Así se hizo en los mismos lugares y el resultado fue positivo. Fue el 27 de marzo de 2018. Al día siguiente, según se corroboró, Serjal emitió una resolución, la 62/18, donde ordenó a todas las jurisdicciones centralizar las causas de juego ilegal en una oficina de Delitos Económicos y Complejos en Rosario. Para los fiscales queda claro que se aseguró que el amparo a Peiti pasara por su control para evitar que le armaran causas al empresario, que pagaba entre 4.500 y 5.000 dólares por mes para tener cobertura.
Centralidad de un celular
A los fiscales les preocupó mucho mostrar que investigar por corrupción a Serjal y a Traferri no fue resultado de una conspiración sino de una casualidad. Una cuestión azarosa que tuvo mucho de malentendido y que generó una guerra de guerrillas dentro de la Fiscalía Regional Rosario.
Fabbro dijo que el elemento central que motivó esta pesquisa, una de las de mayor impacto en la política santafesina reciente, fue el hallazgo del celular de Cachete Díaz. Refirió que se estaba investigando el atentado contra el City Center en Rosario del 11 de enero de 2020, que costó la vida del gerente bancario Enrique Encino, y que un oficial de la PDI que era ex TOE, Sergio Sánchez, pensó que ese ataque podía estar vinculado con una sucesión de extorsiones con balaceras dirigidas contra empresas y comercios, o contra gente que mantenía actividades de precaria legalidad, que predisponía a no denunciar esos aprietes.
Lo que ocurrió entonces fue que un joven encontró un celular roto en la vereda de su edificio ubicado en Mitre al 3700, el mismo lugar donde habían detenido un día antes a Cachete Díaz. Ese joven había visto la detención, relacionó el teléfono roto con eso y se sintió temeroso de cómo actuar. Lo que hizo fue llamar a un fiscal de Venado Tuerto que conocía, ya que él mismo es de allí, para preguntarle qué hacer. Este ex fiscal, que es el hoy camarista penitenciario Horacio Pueyrredón, le recomendó entregar el teléfono en la Fiscalía de Delitos Complejos. El joven así lo hizo. El mismo Pueyrredón dio testimonio de que así fue.
Cuando se pudo peritar el teléfono quedó claro que era de Cachete Díaz, que hablaba con el capitalista Peiti. En sus intercambios se advirtió que Peiti le mandó una captura de pantalla donde consta la situación procesal de dos detenidos que habían estado implicados en un primer ataque al Casino. Se pudo reconstruir que Peiti obtuvo esos datos de adentro de la Fiscalía porque la imagen del intercambio era una captura de pantalla del sistema informático del MPA.
“Era imposible que la información no viniera de adentro”, dijo Fabbro. Luego quedaría claro que quien pasó ese dato fue Ugolini, que trabajaba con Ponce Asahad, que era la persona que le cobraba dinero a Peiti para Serjal.
“No hubo ningún complot”, dijo la fiscal Fabbro. Recordó que el que investigaba el homicidio del casino era el fiscal Luis Schiappa Pietra. Y que por eso recibió el contenido del teléfono de Cachete Díaz con el que se reconstruyó el derrotero de la asociación ilícita que protegía el juego.
Fue en ese tramo donde los rescoldos del rencor en el MPA parecieron muy vivos. Recordó también la fiscal que Mariana Ortigala, la mujer que está imputada por extorsiones cercana a la Banda de Los Monos, había inventado que el teléfono de Cachete Díaz se lo había dado ella a una empleada de la oficina donde trabajaba el fiscal Schiappa Pietra junto a su colega Matías Edery. Esto se reveló una falsedad que chocó con lo que había declarado el camarista Pueyrredón sobre cómo llegó ese aparato a la causa.
En el medio de ese pasaje sobrevoló que Edery quedó al margen de la causa que llevó a la imputación a Serjal y a Traferri cuando fue acusado por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca de dar él mismo protección a Mariana Ortigala. Esta actuaba como informante de Edery en la causa seguida por múltiples delitos al líder criminal Esteban Alvarado. Edery resultó señalado por ese delito presunto de favorecer a Ortigala en una audiencia donde no estuvo presente en la que se imputaba a la mujer. Eso generó un cataclismo de tensiones no apagadas en el MPA.
Cuando apareció el teléfono de Cachete Díaz que exponía que personas ligadas al delito recibían información que comprometía a altos funcionarios del MPA, dijo Fabbro, el fiscal Schiappa Pietra pidió una reunión con los más altos responsables del MPA, el fiscal general Baclini y el fiscal regional Serjal. “Lo hizo porque pensó: esto es muy grande”.
Sostuvo la fiscal que había que ser cuidadoso cuando aparece un indicio de delito en un funcionario público. “No hacemos una denuncia general contra un colega. Lo informamos”, dijo.
Enseguida añadió: “Casi todos lo hacemos”.
“Hay que tener en cuenta que en este caso donde termina condenado Serjal hay un contexto de gran relevancia”, había dicho al iniciar su planteo el fiscal Caterina. “Acá se imputó una asociación ilícita en la cabeza del MPA de Rosario”, dijo. “Lo que había atrás era la cobertura ilícita a negocios ilícitos”.
Agregó que una de las patas de la red era política y que por ello estaba mencionado Traferri: para explicar su funcionamiento. Y que los jueces de primera instancia mencionaron en su fallo condenatorio la participación del senador con un análisis minucioso. “La defensa no ha hablado de la prueba rendida en el debate. Pero los jueces valoraron antes llamados, extracciones de teléfonos. En audiencias que demandaron doscientas horas”.
Este lunes comenzó la revisión de la condena a Serjal y Ugolini ante la Cámara Penal de Rosario. Los jueces que analizan la apelación de la defensa son Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrín.
En la primera jornada el abogado Ignacio Carbone, defensor de Serjal, fue quien expuso más largamente.
“A Traferri lo condenaron en un juicio en el que estuvo ausente. No tuvo derecho a defensa. Esta es una de las principales razones por la que el juicio en el que condenaron a Serjal es inconstitucional y es inválido”, sostuvo el defensor del ex fiscal regional de Rosario. “Se condenó a personas que no sometieron a juicio. Una de ellas es Traferri”, estableció.
Autor
