Tironeada por la crisis, la manta fiscal se achica y tensiona la relación entre los estados nacional y subnacionales. Las discusiones sobre el reparto de impuestos, los tirones por ATN y los adelantos de coparticipación vuelven al primer plano, mientras crece la conflictividad en los territorios y se teje una nueva generación de pactos ad hoc tan urgentes como inestables. El ajuste, fundamento del plan económico, amenaza con convertirse también en su detonador.
La libreta de 400 mil millones de pesos que le abrió el gobierno nacional a doce provincias que pidieron adelantos de coparticipación busca lubricar la alianza parlamentaria oficialista pero también aliviar las consecuencias de una caída de ingresos que alimenta crecientes conflictos en provincias y municipios.
La misma sequía fiscal invitó al ministro de Economía, Luis Caputo, a anunciar por tercera vez la cesión de la ruta nacional A012 a la provincia, por “falta de presupuesto” y voluntad para repararla por parte del gobierno nacional. De concretarse, sería una más de las responsabilidades que viene transfiriendo de hecho en materia de infraestructura.
La Nación paralizó la obra pública pero sigue recaudando impuestos específicamente creados para su financiamiento. Es el caso del gravamen sobre los combustibles, el único que mostró ingresos por encima de la inflación en el primer trimestre del año, aupado por el efecto de la guerra en el precio del petróleo.
Nafta al fuego
Sobre esta masa tributaria se desató un nuevo round de la pelea entre los municipios y el gobierno central. A fin de marzo, el Consejo Federal de Intendentes (Cofein), reunido en Paraná, reclamó una “discusión de fondo sobre el esquema impositivo”, en un contexto en el que los municipios vienen sosteniendo “lo que la Nación abandona”. El reclamo interactúa con la presión libertaria contra las tasas viales que cobran muchas ciudades, entronadas en la lista de bullying fiscal junto al impuesto a los Ingresos Brutos. En ambos casos, la respuesta desde las jurisdicciones locales fue comparar el peso de esos ítems en las facturas, en relación al de los tributos nacionales, que no solo es mucho mayor sino que no vuelve.
“De lo que nuestra ciudad genera en concepto de IVA, Ganancias e Impuestos a los combustibles, solo retorna el 7 por ciento”, dijo el intendente Pablo Javkin.
La tensión por los combustibles se difunde en el terreno. Un proyecto en el Concejo municipal requirió informes sobre los 4.500 millones de pesos de deuda que Nación acumula en compensaciones por las tarifas sociales de la Sube. En el Amba, el nuevo corte de subsidios exploró los límites de la pueblada, mientras que en Santa Fe se redujeron frecuencias del transporte interurbano. Hasta en la isla de actividad agropecuaria surgieron conflictos por tarifas con los transportistas rurales.
La política fiscal dejó tierra arrasada y ahora cava un pozo. La recaudación de impuestos nacionales cayó por octavo mes consecutivo y acumuló una baja de 7,5 % interanual en el primer trimestre de 2026. Con ella se derrumbó la coparticipación: 8,3 % real en el consolidado y 7,7 % en el caso de las transferencias automáticas a Santa Fe.
La Caja
En medio de este panorama, el acuerdo firmado el martes entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra nacional de Capital Humano, Sandra Pettovello, para restablecer el flujo de fondos de Nación para financiar parte del déficit de la Caja provincial de Jubilaciones, parece de otra dimensión.
El propio Javier Milei había interrumpido a principios de 2024 estas transferencias a las que el Estado nacional está obligado por leyes y pactos federales. Dos años después aceptó realizar doce pagos mensuales de 10 mil millones de pesos a partir de mayo. Como parte del convenio, las partes discutirán el stock de deuda previsional, estimado en 2 billones, que Santa Fe busca cobrar por vía de una demanda judicial en la Corte Suprema. Por seis meses se suspenden los plazos procesales para habilitar una negociación que, como novedad, incluye la posibilidad de recibir bienes de la Nación a cambio.
Más allá de las hipótesis que puedan formularse sobre la llave que abrió esta salida, en un momento en que el gobierno provincial ensayaba un distanciamiento con la política económica nacional, es importante poner el acuerdo en el contexto de las cuentas públicas locales. El Tesoro santafesino desembolsó el año pasado casi 312 mil millones de pesos para solventar el rojo del organismo, unos 25 mil millones mensuales. Este gasto marcó la diferencia entre un superávit de 320.165 millones, el que hubiera sido si cada jurisdicción cumplía su parte, y uno de 8.264 millones, el que finalmente fue.
La relevancia de la administración previsional se puede ver desde distintos ángulos. El economista Cristián Módolo destacó en su último monitor de la economía regional el “fuerte impacto” recaudatorio que tuvo la reforma que llevó adelante el gobierno santafesino, a partir de los suplementos cobrados a los activos y pasivos para achicar el déficit. “Prácticamente uno de cada dos pesos que ingresaron al fisco provincial en 2025 provino de la coparticipación, un cuarto de los tributos provinciales y otro 20 %, uno de cada cinco, de los aportes a la Caja de Jubilaciones”, señaló. El rubro de contribuciones a la seguridad social fue el que más subió en la comparación interanual: 40 %.
Aun cuando los ingresos propios evolucionaron mejor que los federales, la ecuación financiera de la provincia “que había resultado relativamente holgada en 2024” tendió a cerrarse en 2025. Esto se debe, abundó, a la “normalización” de gastos tras un año en el que “se habían licuado con mayor intensidad” como consecuencia de la política económica nacional.
Exportar la crisis
En el arranque de 2026, el panorama nacional sumó otra complejidad, derivada de “las consecuencias desastrosas del segundo semestre de 2025”, describió el economista. La contracción económica se traduce en una caída de ingresos públicos que, regla del déficit cero mediante, deja a la motosierra “sin mucha madera para cortar”. De hecho, las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los ingresos por privatizaciones vienen sosteniendo el superávit fiscal en la Nación. Esta pérdida impulsa al gobierno de Milei a “exportar la crisis fiscal a las provincias”.
Pero esta suerte de coparticipación de la malaria se desenvuelve en un escenario de creciente conflictividad social. El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) contó “al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país” desde inicios de 2026. El 80,4 % de ellos, señaló, siguen activos.
“La conflictividad no sólo atraviesa todo el país y la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse”, agrega el estudio, atento al contexto de “aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo”.
El ajuste se muerde la cola. “La caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por coparticipación y de la recaudación de impuestos propios, ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en áreas claves; se multiplicaron los conflictos y, para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad”, explicaron los economista de Cepa, que además consideraron otro aspecto: “La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias”.
La pelea fiscal se reproduce al interior de los distritos. El proyecto del concejal Juan Monteverde para que el Estado santafesino transfiera los fondos a la ciudad para financiar el 100 % del gasto de salud municipal disparó el primer round de la pelea por la Intendencia en 2027. La actual administración provincial elevó ese financiamiento al 43 %, desde los niveles muy bajos en los que los había dejado la gestión anterior. Para el edil de Ciudad Futura, el compromiso de cubrir el 100 % liberaría presupuesto municipal, por ejemplo, para desarrollar una política de vivienda. Tanto el gobernador Pullaro como el intendente Javkin salieron al cruce de la propuesta, tildándola de “impracticable” y asociándola a una eventual afectación de la autonomía municipal. Pero la discusión está, tanto como la que en algún momento pondrá en debate la coparticipación provincial.
Brotes de otoño
La polémica se activó en momentos en que la deserción nacional obliga a los gobiernos subnacionales a destinar sus raleados recursos a atender demandas básicas, como las de salud, que se multiplican. “Estamos en plena catástrofe”, dijeron en los últimos días los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) que se movilizarán la semana próxima al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar la reactivación de transferencias a provincias y gobiernos locales.
La crisis de financiamiento de la obra social de los jubilados, sobre la cual se produjo el curioso deslinde público de responsabilidades del Ministerio de Capital Humano, tocó tierra en Rosario con las denuncias de vaciamiento de los policlínicos Pami I y II que realizaron trabajadores y jubilados. Las autoridades respondieron con el despido de la secretaria general de la Junta Interna de ATE, Melina Gutiérrez. La reacción fue una protesta de alcance nacional que se consolidó con el armado de una “carpa negra” contra la corrupción frente a la sede local de la entidad. En la otra punta del centro, los docentes de Amsafé montaron la carpa blanca itinerante que acompaña su plan de lucha contra el gobierno santafesino por mayores salarios. El martes, organizaciones sociales salieron a la calle en defensa de los 900 mil trabajadores desocupados que dejarán de cobrar el salario social complementario. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el nucleamiento sindical surgido de la pelea contra la reforma laboral, prepara un masivo plenario de representantes del más de centenar de organizaciones que nuclea para el 1º de Mayo, a la vez que la CGT convocó, en consonancia con la Iglesia, a una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril. La calle se está brotando en otoño.
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