El gobierno nacional restablecerá a partir del mes próximo las transferencias de fondos para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, a un ritmo de 10 mil millones de pesos mensuales por el término de un año. Ese es el punto principal del convenio firmado el martes pasado por el gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y la conducción de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés).
En el marco de un conflicto “crónico” que Nación y provincias arrastran desde los años 90, cuando el sistema jubilatorio se convirtió en el “tercer socio” de los recursos federales, el acuerdo firmado esta semana resuelve la disputa más reciente. La que se abrió a principios de 2024 cuando, en forma unilateral, el gobierno de Javier Milei interrumpió por decreto los anticipos mensuales que el Estado nacional tiene la obligación de aportar, a cuenta de una auditoría anual, para solventar el rojo de los organismos provinciales no transferidos.
Al mismo tiempo, se abre un período de negociación y auditoría para acordar el fondo y la forma de pago del stock de deuda acumulado desde 2022 a 2025, que la provincia estima cercano a 2 billones de pesos. Es una deuda acumulada por la interrupción o mala liquidación de estos anticipos, ya no por decreto, sino por simple mora o incumplimiento.
El reclamo santafesino por estos fondos fue presentado a fines de 2023 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En virtud del nuevo convenio sellado esta semana, ese proceso judicial queda en suspenso por seis meses, prorrogables por otros seis, aunque una salvaguarda permite reactivarlo automáticamente frente a cualquier discordia.
“Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos, se comienza a pagar en cuotas, los fondos que la Nación debe aportar por ley a la provincia por la Caja de Jubilaciones”, expresó Pullaro en la red X, luego del encuentro con Pettovello.
La restitución del flujo mensual de fondos para la Caja es un alivio para las cuentas públicas provinciales, aunque es solo un primer paso. El Tesoro santafesino desembolsó el año pasado 311.901 millones de pesos para solventar el rojo del organismo. Son más de 25 mil millones de pesos mensuales los que Nación tuvo que cubrir.
“A través del convenio que hoy firmamos se reinician las transferencias mensuales que se suspendieron en el último año de gobierno del ex presidente Alberto Fernández, es el inicio de un buen camino”, dijo el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.
Los giros comprometidos son el doble que los que la administración libertaria ofreció durante una audiencia de conciliación judicial realizada el año pasado y el triple, en términos reales, de los últimos que se recibieron, durante la gestión de Alberto Fernández.
Las transferencias acordadas, por un total de 120 mil millones de pesos, se harán en concepto de anticipo de lo que resulte de la auditoría del ejercicio 2026.
El ex secretario de Finanzas Públicas de Santa Fe, Jorge Simón, consideró “positivo” el acuerdo. “Cuando alguien te quiere pagar hay que sentarse a negociar y sacar el mejor acuerdo posible”, dijo.
Para Simón, quien fue funcionario de la administración anterior, el acuerdo evita que se siga sumando deuda y le asegura a la provincia un ingreso significativo. “Es el equivalente al presupuesto total de la Universidad Nacional de San Juan”, dijo para graficar ese flujo millonario que comenzará a percibir Santa Fe mensualmente.
Sin embargo, en las filas del PJ no todos coinciden. Para el diputado provincial Marcos Corach, ex mano derecha de Omar Perotti en su gobernación, el acuerdo es como el árbol que tapa el bosque, porque se enfoca en el flujo de deuda pero no en el stock. “Este es el esquema por el cual Santa Fe recibiría transferencias por unos 120 mil millones de pesos en el año, a cambio de suspender por un año los plazos de un juicio contra Nación”, se quejó.
“Estamos hablando de una deuda actualizada cercana a los 2 billones de pesos. Lo que se va a cobrar corresponde a 2026, mientras que lo de 2024 y 2025 se acumula sin claridad sobre cómo se va a pagar”, señaló.
En ese punto Simón marcó una diferencia. “Enhorabuena que el gobierno nacional y las provincias lleguen a un acuerdo, porque sería muy injusto que los santafesinos que pagamos IVA o impuesto al cheque, que van a Ansés, luego no recibamos nada”, planteó y aseguró que “en eso no deberíamos plantear oposición”.
Viejas cuentas
¿Por qué el gobierno nacional tiene la obligación de financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones? Ese compromiso surge en los años 90, cuando el entonces gobierno de Carlos Menem y los gobernadores firmaron varios pactos fiscales que en los hechos convalidaron una suerte de redistribución de recursos y gastos entre el Estado nacional y los provinciales. Como ahora, la Nación buscaba transferir parte de sus responsabilidades a los distritos del interior. A diferencia de ahora, entonces estaba más abierta la discusión sobre las contraprestaciones.
El déficit del sistema previsional y la antesala de su privatización metieron en esa mesa de negociación los fondos de jubilaciones y pensiones. Un carril de esa historia, que tiene que ver con las detracciones de la coparticipación para solventar la seguridad social, derivó años más tarde en el famoso juicio que le ganó la provincia a la Nación en 2015.
Por otra vía corrieron los acuerdos para traspasar las Cajas previsionales de la provincia al régimen nacional. Santa Fe y otros doce distritos no ejercieron esa opción y, como contrapartida, acordaron el aporte del Estado central a la financiación del déficit.
Estas transferencias se realizan a modo de anticipo y contra auditorías que involucran ejercicios de simulación que las pongan en armonía con los criterios que utiliza la Ansés para el cálculo y pago de haberes. Por encima de eso, la cuenta queda a cargo de la provincia.
Las disputas y dilaciones en torno a estos ejercicios se convirtieron en trincheras donde el flujo de fondos entraba en disputa. A lo largo de los años hubo distintas interrupciones.
En la llamada ley de reparación histórica, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, las provincias lograron introducir artículos para reafirmar esta obligación, de la misma forma que lo hicieron en distintos presupuestos nacionales. Lo que debe hacer Nación por este marco normativo es transferir antes del día 20 de cada mes, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.
Avanzado el gobierno de Alberto Fernández, esas transferencias, que además estaban clavadas en los cálculos de 2019, se interrumpieron de hecho. Sobre finales de la administración provincial de Omar Perotti, y tras recorrer sin suerte la etapa de reclamo administrativo, el Estado santafesino planteó una demanda en la Corte Suprema.
Cuando este proceso comenzaba a carretear, Javier Milei firmó el decreto 280 que, a través de uno de sus artículos, directamente interrumpió esas transferencias. En agosto de 2024 el gobernador Maximiliano Pullaro sumó una demanda contra esa medida.
En junio del año pasado, el gobernador y sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti fueron juntos a la Corte para pedir que se determine el monto de la deuda previsional. Pocos días después se realizó una audiencia de conciliación que fracasó porque Santa Fe consideró insuficiente la oferta que hizo Nación, de girar 5.000 millones de pesos por mes durante seis meses.
Meses antes, Córdoba había llegado a un acuerdo con Ansés en un conflicto de características similares, aunque en ese caso fue parte de un proceso de negociación política más amplia. Ese acercamiento incluyó la incorporación de la provincia mediterránea al régimen de extinción recíproca de deudas.
El gobierno santafesino se mostró en su momento refractario a adherirse a ese sistema de compensación o pago en especies que puso en marcha el gobierno de Javier Milei en 2024 porque el Estado provincial es netamente acreedor de la Nación y porque no quería comprometer el trámite iniciado ante la Corte.
Deuda por bienes
Eso cambió en este nuevo acuerdo, que abrió una ventana de negociación de 180 días por la deuda judicializada, correspondiente al período de 2022 a 2025. En su primera fase, requerirá una auditoría desde el año 2020. Según informó la provincia, por el período que va de ese año a 2023 se negociará el saldo armonizado. En relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta.
La Ansés presentará un resultado y el Estado santafesino tendrá su opinión al respecto. Si se llega a un acuerdo sobre el monto definitivo, la discusión pasa a la forma de pago. Si no, se reactiva el pleito en la Corte Suprema.
La novedad del nuevo convenio es que la provincia aceptó incluir esta vez entre las alternativas de cancelación, que también pueden ser bonos, los mecanismos previstos del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor). Como Santa Fe no tiene deuda con Nación, el canje debería realizarse a través de la transferencia de bienes.
Estas transferencias podrían ir desde el edificio del Ejército de Sarmiento y 3 de Febrero en Rosario, hasta los desarrollos del plan Procrear pendientes de ejecución o los valiosos terrenos de Puerto Norte —también en la ciudad— que administra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), objeto del deseo de las empresas desarrolladoras pero también de la precaución de quienes quieren asegurarse que los fondos previsionales no terminen financiando negocios inmobiliarios.
En ese punto Simón recordó que durante los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid en la provincia, durante el menemismo, la provincia aceptó bienes del Estado nacional como parte de pago de deudas por diferentes conceptos que el gobierno mantenía con Santa Fe. En ese paquete se incluyó, por caso, “las dependencias de la actual Jefatura de Policía de Rosario”, dijo y planteó que “no es descabellado pensar en esas opciones”.
También recordó que en 2022 —durante la gestión de Omar Perotti y Walter Agosto como ministro de Economía— la provincia recibió bonos ajustados por CER como pago de deudas nacionales, algo que fue objetado por la oposición, pero que terminó trayendo beneficios a las arcas fiscales. “Nos criticaron mucho”, dijo y consideró que “siempre es bueno un arreglo donde hay que resignar algo que seguir litigando eternamente”.
Esta discusión, de todos modos, todavía tiene un trecho por recorrer. Las relaciones entre Nación y provincia, entre otras, no han sido fáciles en la era libertaria. La interrupción brutal de transferencias no automáticas, los reiterados anuncios incumplidos sobre infraestructura, la deserción de responsabilidades nacionales en el territorio y los cruces por los impuestos, muestran un terreno resbaloso para los acuerdos.
Los cambios operados en el gabinete nacional a fines del año pasado, las necesidades comunes por la caída de la recaudación y las necesidades parlamentarias del oficialismo a nivel nacional se mezclan en la coctelera de las relaciones de fuerza con resultados dispares cada día. En este caso, significó un pequeño paso que lleva algo de alivio a las cuentas santafesinas.
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