El tirador que frenó su moto para disparar contra el frente de la parrilla El Establo no solo puso a cuerpo a tierra a los clientes que se encontraban en el lugar. También asestó el golpe de gracia a la crisis que se incubaba dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia y que terminó de emerger con los procedimientos ordenados por un fiscal de Santa Fe en oficinas de la Gobernación en Rosario y en la capital provincial y las renuncias de catorce funcionarios vinculados con el exministro Marcelo Sain.
Una cámara suele mostrar más de lo que se aprecia a simple vista. En el registro de la balacera contra El Establo lo que se pudo ver fue el aplomo con que el tirador se detuvo frente a la parrilla y abrió fuego. Como quien dispara sobre seguro. Para el caso, la seguridad de contar con “la permanente ausencia policial en la calle”, como lo definió el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta después del sofocón que pasó en el microcentro ante un intento de arrebato.
La actuación deficiente de la policía no fue una novedad. Lo que llegó a un punto máximo de tensión fueron las diferencias en el Ministerio respecto al modo de dar una respuesta urgente al problema, frente al clamor público y a la falta de ideas donde se proyectan iniciativas como la de militarizar la ciudad de Rosario. El eslogan paz y orden es desde hace rato un búmeran que socava la imagen del gobierno del Frente de Todos.
El desenlace de esa interna que escaló de modo áspero en la semana es la convocatoria del gobernador Omar Perotti a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados: un cambio de rumbo que adelantó el senador Alcides Calvo al presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia en seguridad hasta el 31 de diciembre de 2022.
La renuncia del “equipo de Sain” fue un hecho desde el momento en que el gobernador decidió hacer esa convocatoria. E incluso trascendió el miércoles, cuando se anunció que el exministro estará a cargo de una asesoría especial en materia de criminalidad compleja dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación y que formará una estructura precisamente con colaboradores “que ya trabajaron junto a Sain en la provincia de Santa Fe”, como se informó ese día.
Pero el desplazamiento de los funcionarios vinculados con Sain aparece ahora en el marco de un procedimiento por presunto espionaje ilegal y por irregularidades en una licitación para la compra de armamento, lo que supone un nuevo golpe contra el exministro e indirectamente contra el gobierno provincial.
El procedimiento ordenado por el fiscal Ezequiel Hernández en la sede de la Gobernación se produjo dos días después del anuncio sobre el nuevo destino de Sain, recibido con críticas que eran de esperar entre los legisladores que promovieron su apartamiento de la función pública. La misión del ex ministro será “colaborar en el análisis (…) respecto de delitos instaurados o cometidos por grupos criminales organizados, con impacto en la economía ilegal y las tramas de eventual protección estatal de todas las jurisdicciones”. Y su aval parece ser precisamente su actuación en la provincia contra lo que calificó una y otra vez como crimen organizado.
La oportunidad del procedimiento provocó suspicacias: podría responder a una nueva declaración de guerra de la fiscalía regional de Santa Fe contra Sain; o bien a una intervención resuelta a partir del trascendido de que los funcionarios del ministerio estaban deshaciéndose de documentación. El rumor se comprobó —el personal que recorrió las oficinas se llevó varias bolsas de consorcio con papeles pasados por una picadora —pero resta saber si contienen información comprometedora, y será difícil su reconstitución.
El caso se inició con la denuncia del subdirector del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, contra la ex jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur, Débora Cotichini, por tráfico de información hacia Sain. La auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, pidió la suspensión de Cotichini en septiembre y ahora podría proponer su destitución.
Los elementos secuestrados ayer incluyeron los teléfonos celulares de los funcionarios presentes —notoriamente el de Germán Montenegro, segunda autoridad en el Ministerio— y documentación en soporte digital. El fiscal Hernández dijo que se analizará su contenido pero los trascendidos describen una especie de archivo de inteligencia en las sombras de la política provincial.
Según esos trascendidos, Sain reunió información de manera sistemática sobre empresarios, jueces y periodistas, entre otras figuras públicas. El exministro habría sido un convencido de la necesidad de contar con información exhaustiva sobre personas con actuación en el ámbito de la seguridad y sus enemigos aseguran y reiteran que el propósito de esa actividad era el de producir “carpetazos”.
Sin embargo, el carpetazo del que se tiene noticia es el que le costó el puesto a Sain en el ministerio y no fue investigado ni pareció preocupar a nadie en la clase política: la difusión de una conversación privada que fue editada con oficio para terminar de condenarlo ante la opinión pública. Un dossier presentado en la denuncia contra Cotichini incluye por otra parte transcripciones de escuchas telefónicas irregulares que no se especificaron, y el tráfico de información remite por el momento a la divulgación de un perfil de la ex funcionaria Ana Viglione en un programa de C5N.
Mientras la situación del ex ministro se vuelve complicada —“legalmente es espionaje, un delito penado por la ley de inteligencia”, afirma un observador de la causa—, el gobierno provincial se apresta a dar un giro en su política de seguridad. El paquete de leyes elaborado durante la gestión de Sain parece destinado definitivamente al olvido; ahora se trata de dialogar y de consensuar una declaración de emergencia en seguridad en la que el oficialismo y la oposición parecen coincidir. Habrá que ver cuáles son los costos del acuerdo, en términos políticos y también respecto de las investigaciones en curso sobre el crimen organizado, y cuáles son sus réditos en lo inmediato.
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