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Política

Una buena noticia y otra muy mala para la gestión del próximo gobierno provincial en seguridad

Hay una buena noticia para el próximo gobierno de la provincia: Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de la Nación. Y hay otra noticia que no es nada nueva pero retorna como muy mala en la inminencia del cambio de gestión en Santa Fe: el incremento de la violencia en las calles de Rosario, con sus factores asociados en la crisis carcelaria y la situación de la policía provincial, la fuerza que recibirá un nuevo voto de confianza para reprimir al narcomenudeo.

Bullrich acompañó a Pullaro el día en que el radical ganó las elecciones a gobernador. Fue entonces cuando lanzó su promesa de “exterminar al kirchnerismo” si era elegida presidenta. Durante la campaña electoral estuvo también en Rosario y no se le pasó por alto la situación de la seguridad: “vamos a desplegar cinco mil efectivos federales para controlar los movimientos de todas las bandas, una por una”, prometió. El año anterior ya le había enviado una carta pública al presidente Alberto Fernández para exigir el despliegue del Ejército en la ciudad.

La ex candidata a la presidencia también respaldó la propuesta de Pullaro de construir una cárcel con capacidad para tres mil internos, reservada para “narcotraficantes y sicarios”. El nuevo gobernador de la provincia, a su turno, compartió esta semana los argumentos de Javier Milei sobre los problemas de seguridad: el kirchnerismo trastornó la naturaleza de las cosas e instauró “esa visión de que las víctimas son victimarios y los victimarios son víctimas”.

Volver a poner a la policía en las calles, activar las investigaciones criminales y retomar el control de las cárceles son las prioridades del Ministerio de Seguridad que encabezará Pablo Cococcioni. Estos objetivos están asociados a lo que el próximo ministro de Gobierno Fabián Bastía aspira a presentar de inmediato en la Legislatura: un amplio conjunto de reformas que incluirán al Ministerio Público de la Acusación, la policía de Santa Fe y los Tribunales Penales, además de la anunciada adhesión a la ley de narcomenudeo.

Las reformas a la ley 13.013, del Ministerio Público de la Acusación, contienen entre otros ítems las atribuciones de la Fiscalía General respecto a unidades especiales e instrucciones, sus facultades de intervención y reasignación en casos concretos y su intervención en la designación de regionales. Como trasfondo todavía está presente el cortocircuito entre Pullaro y el MPA —o más específicamente, la Fiscalía Regional de Rosario, a la que no vería con buenos ojos— a propósito de la intervención en el asesinato del policía Leoncio Bermúdez en el Hospital Provincial.

Pullaro consideró que ante el crimen de Bermúdez debió constituirse “un comité de emergencia para actuar con todo el poder del Estado” mientras la Fiscalía General del MPA afirmó que “se ordenaron numerosas diligencias y se pusieron en marcha diversas tareas investigativas”. El asesinato del policía hizo emerger además reclamos de médicos que atienden a presos por mayor seguridad y por los precarios protocolos con que se conducen el Servicio Penitenciario y la policía provincial. La crisis en la Fiscalía de Rosario atraviesa por el momento un paréntesis, después que el próximo gobernador impartiera su bendición tácita a fiscales que intercambiaron acusaciones.

Otro aspecto de las propuestas del próximo ministro de Gobierno es una reforma de la ley orgánica de la policía de Santa Fe. Se trata de la normativa que rige a la institución desde 1975 y a la que el gobierno de Omar Perotti intentó modificar con un proyecto de Marcelo Sain que finalmente nunca salió de los cajones de los legisladores, cancelado por los enfrentamientos que caracterizaron su gestión.

Sin embargo, no parece tratarse de una reforma que involucre al núcleo de la ley policial. Los principios que orientan al proyecto son mantener el escalafón único, definir ramas y especialidades y modernizar el esquema de organización de la fuerza manteniendo la unidad de comando policial.

Pullaro cuenta con las mayorías necesarias para imponer esos cambios y también la adhesión de Santa Fe a la Ley de Desfederalización en materia de estupefacientes, más conocida como ley de narcomenudeo porque precisamente es lo que habilita como objeto de persecución por parte de las provincias y no ya de la Nación. En septiembre de 2022, consultado por la adhesión de la provincia de Tucumán, el presidente de la Corte Suprema Daniel Erbetta tuvo una opinión crítica al respecto: “La ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, ni reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que han aumentado el negocio, las ganancias y el consumo, y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja”. Un especialista en el estudio del narcotráfico, el politólogo Sebastián Cutrona, considera a su vez “completamente negativos” los resultados de la ley de narcomenudeo en su libro Drogas, política y actores sociales en la Argentina democrática.

También se estudian reformas al Código Procesal Penal de la provincia relativas a juicios por jurados, las mecánicas de las audiencias, los hábeas corpus y los juicios abreviados, en particular para “casos especiales de alta connotación” y “medios extraordinarios de investigación y prueba”. Esta orientación normativa constituye también una coincidencia con el programa del presidente Milei, quien ya adelantó la intención de modificar prácticamente el conjunto de la ley penal, de inteligencia y de defensa nacional.


La transición de la inseguridad


De noviembre a octubre se registra un nuevo incremento de los homicidios dolosos en el departamento Rosario, que al 24 de noviembre contabiliza 235 muertos. La inseguridad de cada día aumenta en la transición al nuevo gobierno con una sucesión de fugas de presos, crímenes en las calles y en la cárcel y balaceras.

Los hechos extraordinarios de violencia suelen poner al descubierto problemas crónicos. La salidera de que fue víctima una prima de Antonella Roccuzzo animó a vecinos de Lavalle y Pellegrini para denunciar que la zona está liberada para el robo callejero. Después de un estallido que se consumó en un doble crimen, el incendio de una casa y la balacera contra otra, vecinos de Agustín Magaldi al 8700 afirman que el barrio está bajo el control de una banda narco que tiene complicidad policial. 

Un preso de 37 años que cumple condena en Coronda se fue caminando del Hospital Cullen, en Santa Fe, donde estaba internado. Otro de 18 pidió permiso para ir al baño, cuando lo habían llevado a los Tribunales provinciales en Rosario, y se fugó. Otro de 24 años, cordobés, pareció descomponerse en la comisaria 9, de Arroyito, y se escapó por la ventana del baño, el día de las elecciones y a horas de caer detenido. Más que puerta giratoria de la Justicia lo que parece existir es una puerta abierta de la policía santafesina.

En otros episodios se nota la precariedad de los penales policiales. El martes la comisaría del barrio Alto Verde, en Santa Fe, se inundó por la lluvia  y dos detenidos aprovecharon que los policías estaban ocupados con el percance para escapar. La semana pasada, una jueza de Rosario prohibió por tercera vez que se alojen presos en el patio de la comisaría 32 y describió “condiciones absolutamente indignas”.

En septiembre, el ministro de Seguridad Claudio Brilloni dijo que las comisarías de Rosario tienen capacidad para 140 detenidos y alojaban 438. Entre las promesas de la campaña electoral, Pullaro anunció que las comisarías no alojarán presos. La pregunta es dónde irán cuando las cárceles están a su vez superpobladas.

Gonzalo Antonio Bracamonte tenía 36 años, cumplía una condena por delitos contra la propiedad y pidió un traslado desde la cárcel de Coronda. El miércoles, diez minutos después de llegar a la Unidad Penitenciaria N° 11,  de  Piñero, fue asesinado a puñaladas por otro preso con el que compartió una celda transitoria en el pabellón 38.

El 17 de octubre, también en Piñero, fue asesinado Gustavo Figueroa, de 41 años. El crimen desató teorías conspirativas porque coincidió con la misteriosa fuga de Mauricio Laferrara de la cárcel de Villa Devoto. Según estableció el fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación, los dos hechos no tuvieron ninguna relación y la explicación se encuentra en una pelea por el liderazgo en el pabellón 17, por lo que acusó a otros cuatro presos. Como detalle adicional había una decena de facas en el lugar que se supone controlado por el Servicio Penitenciario.



La elección de la violencia


En la noche de las elecciones presidenciales un Peugeot 208 en el que iban varias personas frenó en Liniers al 2200. Héctor Miguel Gaitán bajó del auto pero no llegó muy lejos: otras personas no identificadas lo mataron de dos balazos.

El Peugeot había sido robado el mismo día y apareció incendiado cerca del escenario del crimen. Los asesinos dejaron una nota en la que prometían más muertes “si gana Milei”: una broma macabra para celebrar la ejecución, según la investigación del fiscal Alejandro Ferlazzo.

“La nota no tiene ningún tinte político serio —aclara Ferlazzo, por las dudas—. Parece que fueron a ejecutarlo y decidieron escribir ese mensaje como diversión Todo demasiado rústico”.

El perfil de Gaitán y su historia de vida encuadran en un contexto de marginalidad recurrente en el narcomenudeo: sin domicilio fijo, perdido el contacto con familiares, tenía antecedentes por adicciones y una vinculación con los escalones más bajos en la venta de drogas que pudo costarle la vida.

En el mapa narcocriminal el barrio en el que ocurrió el asesinato está referenciado con una banda de la que era proveedor Oscar Alberto Godoy, asesinado en Luis Palacios en octubre de 2022. Otro punto de la ciudad, el sector de barrio Gráfico localizado en las calles Magaldi y Benteveo, se encuentra a su vez en control de otra banda.

La situación surgió a la luz con las ejecuciones de Francisco García y Karina Ferreyra, de 23 años, seguida de balaceras que dejaron dos heridos y el incendio de una casa precaria en Magaldi al 8700. Esa zona que teóricamente se encuentra en jurisdicción de la subcomisaría 22a y dentro del municipio de Rosario, “es un lugar abandonado por el Estado donde los grupos que se disputan la venta de drogas usurpan propiedades y cometen crímenes cuando quieren”, dice el fiscal Ferlazzo.

“Los vecinos no tienen ningún tipo de protección. En esa zona de la ciudad no hay presencia policial y cuando la hay no da respuesta. Hay un grupo que claramente tiene el control del barrio y se ha generado una disputa por la ocupación de casas para vender droga. Si se produce algún tipo de oposición van y cometen crímenes”, agrega el fiscal.

Ferlazzo observa el cuadro más amplio del fenómeno: “Las bandas están muy dispersas en la ciudad, siempre en relación con el narcotráfico. Se desarman y se reconfiguran en determinados barrios y en determinadas zonas. A veces se presentan varias que responden a un mismo sector que está un escalón por encima. Esas son las variables que producen la violencia, cuando hay algún tipo de disputa por el control de un territorio o para establecerse un punto de venta. Es lo que vemos todos los días”. Una transición en la que corren la sangre, la droga y los sobornos ante un Estado ausente.


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