A la tirante relación entre el Ejecutivo provincial y la Legislatura se le presentará un problema más o una nueva oportunidad para negociar. El Gobierno necesita este año acuerdo legislativo para la designación de un nuevo defensor del Pueblo de la provincia, en reemplazo del socialista Raúl Lamberto, cuyo mandato vence a fines de julio.
Pero también tendrá que cubrir otras vacantes que requieren aprobación parlamentaria: un vocal ahora y otros dos el año que viene en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, y en septiembre dos de los cinco miembros que integran el Tribunal de Cuentas, además de otras designaciones en el Poder Judicial. Son todos cargos que tiene que proponer el gobernador pero que necesitan el aval de las dos cámaras.
“El gobierno no tiene mayoría parlamentaria, por eso no puede empezar a abrir el juego”, deslizan fuentes parlamentarias al confirmar que todavía no se movió ninguna ficha para hablar de esos reemplazos. Nadie imagina la posibilidad de que no se ocupen esos puestos, por lo que significan como posibilidad de restablecer relaciones con la Legislatura.
Aunque en el caso de la Defensoría sería posible, si quedara a cargo de los defensores adjuntos, como ya ha ocurrido en otros tiempos. No así en el Enress, donde con la salida de su titular, Oscar Urruty, esta semana para asumir en la Secretaría de Gobierno de la provincia, quedarán sólo tres miembros, al límite del quorum, con lo que todas las resoluciones requerirán del acompañamiento de todos los integrantes. Y recién dentro de un año el oficialismo podría aspirar a tener la mayoría en el directorio del ente que le posibilita la ley. En el Tribunal de Cuentas pasa algo parecido.
No obstante, las negociaciones entre el Gobierno y la Legislatura tienen otras urgencias, que pasan por la ley de conectividad y su financiación, y las tres leyes con las que el Ministerio de Seguridad pretende transformar a la Policía. A estas se suman los proyectos para extender el mandato de dos a cuatro años de las comisiones comunales, y el que busca establecer la autonomía municipal sin tener que reformar la Constitución, aunque todavía está en discusión.
El desacople de la Defensoría
Una situación inusual se dará este año en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Mientras su titular Raúl Lamberto tendrá que dejar ese cargo el próximo 29 de julio, cuando se cumplirán los cinco años de mandato desde su asunción, sus dos adjuntos continuarán en funciones, al igual que la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, por un desacople en sus designaciones.
A Lamberto lo propuso el ex gobernador Miguel Lifschitz, se aprobó su nombramiento en junio de 2016 y asumió un mes después. Pero el ex vicegobernador Jorge Henn y Gabriel Savino fueron aprobados como defensores adjuntos para las zonas norte y sur de la provincia en noviembre de 2019 y asumieron en diciembre de ese año, con lo que tienen que cumplir mandato hasta el mismo mes de 2024. Asumieron en sus cargos pocos días después que el gobernador Omar Perotti, pero seguirán un año más.
Lo mismo pasa con la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, que va por su segundo mandato de cinco años, que renovó en 2017, y seguirá en el cargo hasta mayo del 2022. La ley prevé que al defensor además lo asistan otros dos auxiliares: el del Público y el de la Tercera Edad, pero estos nunca fueron nombrados.
Ya ocurrió que los adjuntos asumieran el cargo vacante del defensor provincial. Cuando Edgardo Bistoletti falleció en el cargo, en abril del 2014 (había asumido designado por Hermes Binner en 2009), quedaron al frente el adjunto de zona norte Luciano Leiva y la defensora de la Niñez Analía Colombo. También Rubén Dunda, que había sido designado defensor adjunto de la zona sur, ejerció un interinato similar al frente de la Defensoría, varios años antes.
Pero este desajuste en los mandatos es la primera vez que se produce en los casi 30 años que tiene la Defensoría del Pueblo, y se originó después de la gestión del primer defensor, Norberto Nicotra, en 1991, tras el fallecimiento del adjunto de Rosario Pablo Benetti Aprosio. (Juan Carlos Bettanín era el adjunto de la zona norte). Ambos estaban nombrados por asamblea y al defensor provincial (Fernández) le habían rechazado el pliego. A los dos años muere la defensora adjunta, y queda Rubén Dunda a cargo por un año y medio. En esa época se originaron los desacoples en las designaciones.
Cuando hace dos años, en 2019 asumieron Henn y Savino como defensores adjuntos, el ex defensor y diputado provincial Nicotra pidió volver al espíritu de la ley que creó la Defensoría y unificar los mandatos para que todos terminen al mismo tiempo, cuando vence el del titular, para que no pase lo que ocurrirá ahora, que se irá el defensor y seguirán los adjuntos.
Argumentó Nicotra que la Defensoría es una institución “unipersonal”, donde los adjuntos son ayudantes auxiliares.
Ante esta situación el gobierno puede designar a un nuevo defensor este año, para que conviva en funciones durante el tiempo que le resta a los adjuntos, y recién después procure unificar. También podría decidir dejar vacante el cargo y que los adjuntos ocupen la función principal, hasta la designación de nuevos nombres para todos los cargos. Aunque eso pasaría al próximo gobierno, porque recién ocurriría en 2024.
Al defensor que termina este año, Raúl Lamberto, el final de su mandato le produce dos efectos negativos desde el punto de vista político. La primera es partidaria: como el cargo de defensor debe ser ocupado por alguien que no realice militancia ni ejerza ninguna política, cuando asumió debió pedir licencia en su afiliación al Partido Socialista, con lo cual no podrá votar en las elecciones internas de su partido previstas para este 18 de abril.
La otra consecuencia es en sus expectativas políticas: al expirar su cargo en julio, no podrá ser tenido en cuenta para alguna candidatura, ya que si bien estará fuera de la función pública cuando se realicen las elecciones, no alcanzaría a ser nominado al momento de producirse el cierre de listas en mayo. Para eso tendría que renunciar antes y ya adelantó que no está en sus planes.
Un santafesino a la vacante del ENRESS
En el Ente Regulador de Servicios Sanitarios Públicos se producirá la próxima semana una vacante no prevista tras la designación de Oscar Urruty como secretario de Gobierno de la provincia, y se completará un casillero pendiente desde 2018.
El dirigente rosarino venía ocupando desde el año pasado el lugar de la presidencia del directorio que integran cinco miembros: cuatro son propuestos por el Ejecutivo, y uno por el gremio de obras sanitarias.
Cuando Urruty formalice su renuncia, quedarán tres vocales en funciones, por lo que toda resolución requerirá el acompañamiento de todos los miembros. Una es socialista (Anahí Rodríguez), otro radical (Oscar Pintos) y el tercero pertenece al PDP (Leonel Marmiroli). A los dos primeros se les termina en 2022 el mandato de cuatro años.
Después del escándalo por la nominación de la pareja de Oscar Barrionuevo, que había sido despedida de la empresa Aguas Santafesinas, en unos 45 días se podría sumar el director sindical, vacante desde 2018 y que dio motivo a una medida judicial y a una multa a la provincia por esa falta de designación. También provocó un cambio en las normas para la designación de los representantes obreros en los organismos que dependen del Estado.
La pulseada por esta designación gremial la ganó Obras Sanitarias de Santa Fe, que nominó a Mario Mehaud, un técnico que actualmente se desempeña en la administración del Enress. Su postulación logró el apoyo del gremio de Rosario, ya que la nota formal con la propuesta de ese nombre lleva la firma de ambos secretarios generales.
Dos lugares en el Tribunal de Cuentas
Otro lugar con expectativas de negociación es el Tribunal de Cuentas de la provincia, que está integrado por cinco miembros (tres deben ser contadores y dos abogados). En septiembre de este año se vence el mandato de dos de sus integrantes, uno de ellos el actual presidente, el contador Oscar Marcos Biagioni, en el cargo desde 2015.
Según la ley, la presidencia del organismo de control externo provincial está a cargo del vocal que designa el propio cuerpo en acuerdo plenario, quien permanecerá en funciones por un año.
Los miembros del Tribunal de cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo, y necesitan acuerdo de la Asamblea Legislativa. Hoy además del presidente Biagioni, integran el Tribunal otros dos contadores: Sergio Beccari y María del Carmen Crescimanno, y los abogados Dalmacio Juan Chavarri y Lisandro Mariano Villar.
El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.
Autor
