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Una extraña y voluminosa lista de nombres, que suma dudas a la causa del supuesto espionaje ilegal

¿Qué tienen en común el Honorable Concejo Deliberante de Rosario y Vicentin? ¿Y la Cámara de Diputados de la Nación con Eduardo Trasante? ¿Y el fiscal Matías Edery con el abogado Carlos Varela? Cualquier persona medianamente informada en la provincia de Santa Fe puede adivinar la respuesta: todos integran la extraña lista de 661 personas físicas y jurídicas e instituciones que, según un off the record fuertemente legitimado a través de medios de prensa rosarinos, habrían sido objeto de espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad.

La lista sorprende por su volumen y por su contenido. Incluye a empresarios, dirigentes de la oposición política y funcionarios del gobierno de Omar Perotti. Están también la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el actual diputado Maximiliano Pullaro y el juez federal Marcelo Bailaque. Es tan impactante que parece convincente por sí misma, aunque en realidad no está claro cuáles son las actividades de las que habrían sido víctimas, y su aparente homogeneidad se desdibuja cuando se advierte la presencia de universidades, clubes, policías y personas que sufrieron episodios delictivos, como Damián Abdelmalek (hijo del cónsul de Siria en Rosario, baleado por asaltantes en diciembre de 2020) o el pastor Eduardo Trasante.

La sospecha instalada a través del off the record afirma que el Ministerio de Seguridad de la provincia recopiló información sobre esas personas y que esa práctica podría haber violado la ley nacional de inteligencia si hubiera sido realizada de manera clandestina. Las especulaciones se multiplican sin ninguna otra evidencia: se trataría de “maniobras” que no se especifican, de “perfilamientos” tampoco determinados, de “recopilación sistemática de información”, de “fichas” desconocidas y de “carpetazos” que no se produjeron, porque el único del que se tiene conocimiento en la provincia es el que le costó el puesto a Marcelo Sain (la difusión de un audio privado, convenientemente editado) y ante el cual ninguna autoridad pareció preocuparse.

La extraña lista de personas, empresas e instituciones proviene de un oficio dirigido por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez a los fiscales de toda la provincia para saber si existieron justificaciones legales a los fines de consultar bases de datos y requerir información.

Para Juan Lewis, abogado de cinco de los ex funcionarios de Seguridad señalados en la causa, el listado proviene de consultas a bases abiertas como Sudamericadata: “hay malestar en muchos fiscales porque si están investigando a esas personas decirlo en la causa más mediática que tiene la provincia es como levantar la perdiz”, dice. “Hay nombres inexplicables —afirma por su parte el criminólogo Enrique Font—. Eso si la lista es fiable, porque no sabemos si está chequeada o tiraron carne podrida. O si quieren hacerle un favor a algunos que están interesados en saber si están siendo investigados”.

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez

El juego del gran bonete

El Ministerio Público de la Acusación no emitió ningún comunicado sobre la causa. Los fiscales Hernández y Jiménez no hablan con la prensa. El vocero del MPA de Santa Fe, Gustavo Rizzo Patrón, declaró al sitio Rosario Plus que “oficialmente la fiscalía no está diciendo nada”. ¿Pero entonces quién afirma que existió espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe?

Nadie lo dice, no hay pruebas a la vista, pero parte de la prensa rosarina concluye que el espionaje ilegal fue una práctica de rutina en el Ministerio de Seguridad. Como en los tiempos en que los periodistas demasiado identificados con sus fuentes (policiales, judiciales, empresariales, políticas) hacían malabarismos de lenguaje en tiempo potencial, ahora el espionaje es puesto entre comillas y calificado eventualmente como presunto para ponerse a cubierto de desmentidas y de rectificaciones y a la vez para dar por cierto aquello que se conjetura.

Nadie lo dice, no hay pruebas a la vista, pero parte de la prensa rosarina concluye que el espionaje ilegal fue una práctica de rutina en el Ministerio de Seguridad

La teoría conspirativa del espionaje se apoya en la estigmatización de Marcelo Sain y se potencia con la soledad política en que enfrenta las acusaciones. Si cuando estaba en funciones, restringía su respaldo a Omar Perotti y al diputado Roberto Mirabella, ahora le reprocha al gobernador el acercamiento con la oposición y mientras se defiende a través de las redes sociales y de su abogado sus adversarios permanecen en silencio y parecen apostar al mismo juego de desgaste que lo sacó de la función pública y del Organismo de Investigaciones.

La filtración de supuesta información protege a la fuente y opera en la escena judicial para instalar una versión de los hechos. Los sospechosos no pueden responder porque no hay un juez ni un fiscal que ejerzan públicamente la acusación y porque no saben de qué deberían defenderse.

“Lo muy grave es que el MPA filtra estas cosas pero no muestra las pruebas ni da intervención a un juez. Parece que quieren instalar el tema para mantener viva la causa. Esto es muy excursión de pesca y está muy operado”, analiza Font. 

La repercusión social del off the record es otro factor de peso en la causa. Las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, la Federación de Industriales de Santa Fe, las Cámaras de la Construcción de Rosario y Santa Fe, la Federación Gremial del Comercio y de la Industria, la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, el Consejo Regional del Norte Santafesino, Federación Agraria, Coninagro, Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino y la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario difundieron comunicados en que repudian “una labor de inteligencia ilegítima” que, según aclaran las mismas entidades, no está confirmada.

“Hay que ver en qué bases se hicieron búsquedas y para qué se usaron los datos —señala Font—. Incluso si no hay causas penales que justifiquen las búsquedas no necesariamente hay espionaje ilegal. Para acreditar espionaje tenés que probar la intención y los fines de esa actividad, no consiste simplemente en obtener datos que puede requerir cualquier persona a través de un abono”.

Como parte de la investigación, el viernes se realizó una pericia sobre los equipos secuestrados en las oficinas del Ministerio de Seguridad. En opinión del abogado Lewis, el procedimiento a cargo de la sección Análisis Digital Forense agregó una nueva irregularidad: “Lo que hicieron fue abrir los sobres, sacar los artefactos y tomar los datos del disco rígido. La cadena de custodia está rota, los equipos quedan a merced de cualquiera. Cuando se hace una pericia se trata de manipular lo menos posible el objeto. En las informáticas se extrae con equipos especiales toda la info de un teléfono y se la traslada a otro equipo, lo que no se cumplió”.

El 1° de febrero se realizará en Santa Fe una audiencia multipropósito —no imputativa, en principio— en la que los fiscales Hernández y Jiménez expondrán sus razones para mantener la reserva de las acusaciones. El secreto, mientras tanto, funciona para sostener las sospechas. 

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