Contracción fiscal, mayor endeudamiento y devaluación del peso fue la combinación elegida para iniciar la Fase 3 del programa económico. Fase que viene a superar la anterior iniciada en julio de 2024 cuando se propuso bajar la inflación a un dígito —eliminando la emisión de dinero espurio—, pulverizar las brechas de los dólares y acumular reservas, vía comercio exterior.
La distancia entre lo propuesto y los resultados logrados es abismal. Recurrir al FMI no fue una opción sino una necesidad. Argentina estaba cumpliendo con sus obligaciones y contaba con los dólares para hacerlo en julio de este año. Pero las urgencias sobrevinieron. La firma de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas obligó a salir de la rigidez cambiaria, sostenida firmemente por el equipo económico y advertida por todo el arco político. El atraso cambiario era evidente y el inicio de la campaña agropecuaria no dio margen para persistir en el error. Hay que acumular reservas.
En ocasiones, las buenas intenciones encuentran un límite en la realidad. Y deben tenerse en cuenta sus señales puesto que siempre se está a tiempo para cambiar el rumbo.
El contexto internacional, marcado por una guerra comercial preanunciada que traerá menor actividad y mayor volatilidad financiera, aceleró —o terminó de forzar— el nuevo rumbo.
El mismo constituyó una decisión arriesgada teniendo en cuenta las bases económicas vigentes en la argentina del 2025 —año electoral—: actividad económica restringida a los sectores primarios no urbanos, empleo en caída, inversiones ausentes, consumo urbano retraído, presiones cambiarias en alza, así como la inflación. Un punto de partida muy complejo para la nueva etapa del programa.
El acuerdo número 23 con el Fondo Monetario Internacional vino a “blindar” el programa económico que aseguran, y perjuran en el gobierno, sólo se empleará para fortalecer la institucionalidad del Banco Central y sus reservas. Ahora bien, todo préstamo otorgado supone condiciones y requerimientos de metas. En este caso: reforma previsional, tributaria y apertura de los mercados. Nada nuevo y desconocido para un país que ostenta un número considerable de créditos internacionales.
La experiencia argentina es muy rica para enseñar de los fracasos y aprender de los aciertos. Sólo que los momentos cambian y hacen singular cada caída. En materia social, el deterioro de los indicadores de pobreza, indigencia e informalidad laboral son alarmantes. Los planes de reestructuración conllevan grandes dosis de sacrificios, que alteran los equilibrios precarios de la comunidad y exigen grandes cuotas de capital político para instrumentarlos y legitimarlos. Será una tarea titánica resetear la economía en este contexto de debilidad. El incremento prometido del superávit primario del 1,3 % al 1,6 % del PBI representará mayor contracción que retardará el arranque de la economía. En definitiva, un programa de ajuste que atravesará las pretensiones electorales de un gobierno que necesitará mucho músculo legislativo para encarar las promesas asumidas.
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