El final cantado del debate, tratamiento y la sanción definitiva con fuerza de ley de la reforma previsional en Santa Fe confirma el escenario de las fuerzas políticas que, justo hace exactamente un año, al unirse cambiaron el signo partidario del gobierno provincial.
En una misma semana el gobernador Maximiliano Pullaro festejó el 11 de septiembre que un año atrás ganaba las elecciones, el 12 que se había sancionado la norma que impulsó para la Caja de Jubilaciones que promulgó de inmediato y el 13 que el tema ya comience a pasar a la historia. Que sea solo un asunto de quienes serán alcanzados por los recortes a los beneficios previsionales que se dispusieron, no el tema que se eligió enfrentar.
En alguna medida, el lunes 16 de septiembre comenzará otra agenda política en Santa Fe, ya con un proyecto de ley de presupuesto en discusión en el Congreso de la Nación y otras prioridades para la Casa Gris.
Aquí, todo se hizo en los plazos deseados y ahora habrá que ver si el recuento de daños es aceptable. Eso lo dirá el tiempo.
Por lo pronto, lo dicho: Unidos para Cambiar Santa Fe ha pagado costos por llevar adelante una ley de la que se convenció, que aceptó que era necesaria. Pero ha salido entero de un debate que demandó no pocas negociaciones internas entre funcionarios y legisladores de las distintas bancadas del oficialismo. Ahí, en la Casa Gris, tras la presentación de un informe que recogió todas las posiciones con representación parlamentaria, gremial, sectorial y de los colegios profesionales sobre el tema, se hizo la redacción final del proyecto que luego en el Senado (donde estuvo apenas una semana) mereció algunas mínimas correcciones.
En Diputados también estuvo solo siete días y fue tan importante como la sesión que lo sancionó el dictamen de cuatro comisiones en un plenario de deliberación conjunta del día 10, que ya había convocado a una tercera parte de los miembros de la Cámara baja de 50 bancas.
En el Senado el oficialismo tiene dos tercios de las 19 representaciones departamentales, por eso fue la Cámara de origen. En el otro cuerpo el partido de gobierno, que es en realidad una alianza de partidos, los 28 votos que garantiza la Constitución.
Sin sorpresas
El final cantado solo podía acallarse en caso de precipitarse una inesperada diferencia interna. Todas se habían resuelto antes de que el complejo y extenso texto del gobierno tuviera estado parlamentario, es decir, antes de ser elevado al Poder Legislativo.
Es más fácil hacer cuentas sobre la oposición de 22 miembros, dividida en seis bloques (y subloques) que lució sin liderazgos claros, en especial en el peronismo. Espacio que, con sus dotes televisivas y poder de fuego en los medios nacionales, supo ocupar Amalia Granata. En contra del proyecto estaban los 20 diputados opositores presentes pero solo 9 pulsaron el botón por la negativa y otros 11 ninguno. Por descarte, el sistema los marcó como abstenciones. (Si todos hubieran hecho esto último habría quedado en una evidencia mayor el desprolijo apuro por la aprobación del oficialismo porque para que un legislador se abstenga debe ser autorizado por la Cámara). En síntesis, no hubo una estrategia sino varias e incluso algunos no sabían qué hacer.
Como hace un año
Ese escenario, el de un no peronismo que gobierna producto de su unidad y una oposición dispersa, se confirmó tras el duro proceso de votar una ley hasta ahora impopular.
Podrá decirse que la mayoría silenciosa clama por más equidad y que es una minoría la que resulta con cambios en las condiciones, los aportes, los años de trabajo y los montos de los haberes activos y pasivos comprometidos, pero que la Caja santafesina es —aún con los ajustes votados y promulgados— un verdadero jubileo en comparación con la miseria nacional que paga Anses. Pero para desgracia del gobernador Pullaro el trámite legislativo sucedió justo en la misma semana en la que Javier Milei logró la confirmación de su veto en el Congreso para una ley que pretendía mejorar las muy pobres jubilaciones y pensiones nacionales.
Escenas violentas
En lo simbólico, la irrupción de la violencia contra el frente del edificio de la Legislatura en Santa Fe fue lo contrario de lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires con el debate en el Congreso por las jubilaciones.
Allá las fuerzas policiales están azuzadas por discursos de funcionarios, militantes y simpatizantes del gobierno nacional que condenan las movilizaciones antes de que se produzcan. Y desataron escenas como la de un escuadrón de motos que literalmente a lo Mad Max en una carrera salvaje en anchas avenidas desérticas atropellaron a una viejita jubilada. Dantesco. Como el episodio de la niña a la que un policía armado con escudo, casco y un traje protector le tira gas en la cara.
Esas maravillas del orden a cualquier precio son inversamente proporcionales a lo que vivió Santa Fe: aquí se resistió a una invasión violenta de manifestantes con una suerte de pizarra y el humo de los matafuegos vaciados por policías sin armas, en mangas de camisa y zapatos. Se había ordenado repliegue total e incluso retirar a la guardia de infantería. Las vallas gigantes propias de un partido de fútbol de riesgo se pusieron y quitaron antes de que llegaran los manifestantes.
¿Pasó lo peor?
Si de aquí en más la agenda legislativa que mes a mes ha llevado la Casa Gris adelante es la que el oficialismo sueña para 2025, lo que se viene será de fácil digestión interna para los bloques de Unidos. Por algo, junto con el sapo a comer de la reforma previsional hubo pasos firmes en los partidos políticos y en la alianza gobernante con la reforma de la Constitución como norte. El año que viene se renuevan legisladores nacionales por Santa Fe y, tal vez, si no hay sobresaltos se elijan convencionales constituyentes.
En ese proceso que la oposición observa, hubo una búsqueda infructuosa de desgajamientos en el frente de frentes. Al menos a nivel de los dirigentes no sucedió. Habrá que ver qué pasa con las bases, si los reproches internos se calman.
La forma en que se votó sin disidencias en el oficialismo y la presencia de representantes de las distintas fuerzas que lo componen en la foto del día 13, el de la confirmación de que había sido promulgada la ley, no dejan lugar a dudas. Arriba, en la cúpula, no hay fisuras. Abajo, según el caso, habrá que ver.
Alquimia y pragmatismo
Es inédito: el frente de frentes le da lecciones de pragmatismo al peronismo. Esa amalgama de fuerzas tan distantes ideológicamente como el socialismo y el PRO (con el radicalismo instalado en el centro de su conducción con la figura del gobernador), muestra que en política es posible mezclar el agua y el aceite. O al menos, que el segundo había resultado bastante más soluble de lo que se pensaba… Ya se sabe, H2O es la fórmula del diluyente universal y eso se espera de tantas corrientes de los partidos políticos más populares y con más historia en el poder. Nadie se asombra de las mezclas con aguas radicales (o del peronismo y sus tantas vertientes y torrentosos brazos). La oposición justicialista santafesina seguramente soñaba con que hubiera menos habilidades para aguar los oleos socialistas. Eso buscaba la hiriente pintada “Garquibaldi” para el senador socialista Paco Garibaldi que duró apenas unas horas en el Palacio Legislativo cuando el tema logró media sanción. Lo mismo, los reproches a viva voz desde las barras (que incluyeron unos chorros de agua y papeles, además de insultos) de los dirigentes gremiales que pudieron ingresar a ver la sesión. Su blanco fue especialmente el socialismo, se intentaba encender sus aceites esenciales, hacer fuego en el agua.
Está claro que se llama “proyecto de poder” la alquimia que logró el milagro de unir el agua y el aceite en sus diversas presentaciones: acuosas corrientes internas radicales que hasta hace un par de años iban sin tocarse al Atlántico de Cambiemos o el Pacífico del Frente Progresista santafesino; confundidos macristas con el panorama nacional ante la irrupción libertaria que los ha desplazado de su espacio (o revalidado su rol de centro), y las versiones de mezcla o puro de primera prensada de los aceites socialistas que aceptaron hace más de año el rumbo actual.
Bajo ese esquema, es lógico suponer que los socialistas aceptaron de los radicales que —facultades delegadas mediante— si se mueve masivamente la edad jubilatoria de las empleadas del Estado santafesino, de los actuales 60 a los 65, sea solo un costo político a pagar por el gobernador y siempre que eso suceda antes a nivel nacional.