El lunes pasado, los obreros de Pampa Energía que se concentraron frente al Ministerio de Trabajo desplegaron una bandera que decía: “La industria nacional no es nostalgia, es soberanía”. En la audiencia se acordó prorrogar la conciliación voluntaria e interesar al Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe en el debate sobre la crisis del cordón industrial. En la calle, se cruzaron dos conceptos que calentaron en estos días la batalla cultural.
En la convergencia del conflicto material y simbólico, el gobierno de Javier Milei sufrió esta semana una “pequeña 125”. Si el proyecto de retenciones móviles que saltó del escritorio a la crisis política le propinó una derrota impensada al gobierno de Cristina Kirchner, la crisis de los prácticos en la hidrovía y el retiro del capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fueron el muro contra el que Federico Sturzenegger chocó, una vez más, la calesita.
“De los errores se aprende”, dijo en los pasillos del congreso de Aapresid un funcionario de la administración nacional, insospechado de soberanista. Iñaki Arreseygor, director de la Agencia de Puertos y Navegación fue el artífice de la privatización de la vía navegable troncal y ahora impulsa un proyecto de ley de desregulación del transporte fluvial de cabotaje que podría acabar con los vestigios de la marina mercante. Pero apenas pudo disimular el fastidio por el garrón que se comió con la fallida atropellada del Coloso sobre las condiciones de trabajo de los baqueanos que orientan a los barcos en los ríos argentinos. Se activó la protesta y el comercio exterior se paró por dos días. La paz llegó cuando el gobierno suspendió el decreto desregulador.
Pocas horas después, el bloque oficialista en el Senado retiró la extranjerización de tierras del mega proyecto que, desde la permisividad al incendio de campos hasta el desalojo exprés de inquilinos, promueve un modelo jurídico propio de los westerns de Sergio Leone. En el transcurso del debate y las balas de goma, el capítulo ígneo finalmente también fue mochado. La alianza política que conduce Milei se topó con una trinchera inesperada.
La dinámica de lo impensado
El desempleo, la precarización laboral, el industricidio, el endeudamiento público y familiar, el recorte de salarios y jubilaciones, la supresión de prestaciones básicas, el avance sobre las provincias, la violencia institucional y el repunte de la inflación y la pobreza parecían apenas el paisaje sobre el que se desplazaba la marcha triunfal de esta coalición hacia el “reseteo” de la economía argentina. La dinámica de lo impensado, sin embargo, llevó al centro de la discusión política el trapo que los jugadores de la selección de fútbol mostraron para reivindicar la soberanía sobre las Islas Malvinas. La adhesión popular pasó sin escalas a la pelea contra el proyecto de enajenación territorial y gatilló una ofensiva contracultural que condensó todos los conflictos en la idea puesta al sentido común que los libertarios intentan instalar desde hace más de dos años: la patria no se vende.
A contrapié
Se verá si es una burbuja o un cambio de época. Lo cierto es que Milei quedó a contrapié. También el universo político que lo orbita, a menor o mayor distancia. A nivel local, esa brecha se expresó en la decisión del gobierno provincial de retirar de la tribuna de Newell’s una bandera que llamaba a defender la tierra. Por convicción o necesidad, la identificación con el mandato libertario volvió invisible la narrativa oficial de la provincia invencible.
Pareció adivinarlo el jefe político de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que en medio de la campaña que terminó con la victoria de su espacio en los comicios municipales, acusó a los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe de “colaboracionistas”. Deslizó que, a cambio del acercamiento a la Nación, recibieron fondos “para pagar el aguinaldo”
Más allá de las chicanas, el deterioro de las cuentas públicas es una tendencia común en las provincias, producto de la crisis económica y el recorte de transferencias federales, pese al alivio circunstancial en la coparticipación en julio, gracias al calendario de vencimientos del impuesto a las ganancias.
La ruta del ajuste
El déficit acumulado de los primeros cinco meses en Santa Fe tensiona los ahorros que obtuvo la administración de Maximiliano Pullaro con el ajuste realizado en los últimos años. El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) rastreó ese recorrido en un nuevo informe que difundió durante la semana. Señaló que a fin del año pasado, las cuentas provinciales todavía mostraban un leve superávit financiero equivalente al 0,07 %. Fue clave para este resultado la contracción de 9,3 % real en el gasto total devengado entre 2023 y 2025.
La poda no fue pareja. Mientras educación y seguridad social acumularon bajas de 13,3 % y 10,3 %, respectivamente, administración gubernamental y seguridad mostraron subas de 1,4 % y 10,6 % en cada caso. Como apunte del nuevo equilibrio de poder, los economistas compararon el aumento del 38 % en el presupuesto para la Dirección Superior Ejecutiva, vértice del gobierno, con el recorte del 22,3 % en el Poder Judicial.
En la línea de tiempo, el recorte más profundo fue en 2024, del 16,8 % interanual. En 2025 se registró una recuperación parcial que “no alcanzó para volver a los niveles previos”. La misma tendencia mostraron los primeros tres meses de 2026: la obra pública y una recomposición parcial del gasto educativo llevan el bloque a niveles cercanos a ese punto de partida,en 2023, mientras que “las funciones previsión social y salud siguen ocho puntos por debajo”.
Para los economistas del Cepa, los salarios públicos, a través de su licuación, fueron los principales aportantes al ajuste. Citaron siete casos testigo que “perdieron poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y junio de 2026”. Señalaron que el maestro/a de grado registró la mayor caída, del 18,9 %. El cálculo no incluye presentismo ni jornada extendida, mecanismos que implican más horas de trabajo, en un caso, y una suma condicionada, no remunerativa y no bonificable, en el otro. Le siguen la categoría 3 de la administración central (–11,9 %), la policía (–4,9 %) y el personal del arte de curar (–2,8 %). El personal de enfermería acumuló la mayor pérdida absoluta, de 10,8 millones de pesos.
El recorte, aclararon, no fue para todos. “En el Estado, las categorías bajas, el 91 % de la planta, cerraron junio de 2026 un 9,5 % por debajo de 2023, mientras las intermedias y altas terminaron 19,2 % y 12,3 % por encima”. Concluyeron, por eso, que el ajuste “se cerró sobre el salario de los trabajadores estatales y sectores esenciales del Estado, mientras se protegía el vértice ejecutivo y el aparato de control”.
El sesgo “redistributivo” del ajuste fue replicado por los poderes públicos que cuestionaron algunos de sus aspectos. Es el caso del Poder Judicial. La Corte Suprema de Santa Fe avaló, en fallo dividido, la declaración de inconstitucionalidad de los topes jubilatorios, hoy cercanos a 13 millones de pesos, que impuso la reforma previsional. Más contemplativa fue, en cambio, con el aporte solidario que esa ley impuso a activos y pasivos de la Caja provincial. Más allá de que ese descuento dejará de existir dentro de un mes y medio, es relevante el origen de las demandas que llegaron al máximo tribunal. El caso que tuvo “éxito” fue iniciado por una camarista penal. El otro, por una maestra jubilada.
Plata quemada
En todo el país, el haber jubilatorio medio perdió 7,3 millones de pesos de poder adquisitivo desde fines de 2023, estimó el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) en su último informe de coyuntura. Es una caída de 23 %. El mismo estudio señala que la transferencia de ingresos desde el sector asalariado al del capital sumó 97,3 billones de pesos en poco más de dos años.
Hija de esta caída, crece la morosidad del endeudamiento familiar: 16 % en préstamos personales, 26 % en fintech y 58 % en otras formas de “crédito fácil”. “No hay antecedentes de tales proporciones de crédito en mora para la economía de las familias argentinas”, subrayó el equipo de economistas que coordina Sergio Arelovich. Un informe de la consultora Zentrix señaló que el 62 % de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses.
El gobierno nacional reaccionó frente a este drama. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los deudores deben “hacerse cargo” de una supuesta maniobra de especulación que habrían urdido para beneficiarse con una licuación inflacionaria que no llegó. El jefe de Estado fue por más: “Nadie les puso una pistola en la cabeza para tomar deuda”, dijo.
En rigor, tampoco a Caputo le pusieron una pistola en la cabeza para entregarse a una ordalía de endeudamiento con acreedores privados y organismos multilaterales durante dos gestiones: la de Macri y la actual. El raid terminó con una deuda de casi 60 mil millones de dólares con el FMI, a cuenta del sector público. Es decir, de todos. Ese pasivo es la contrapartida de un proceso de dolarización concentrado en pocas manos.
Esta fuga no para. Pese a la incorporación del petróleo y la minería como enclaves de exportación, los dólares que la economía real genera “no son suficientes para atender la demanda de la economía financiera”, explicaron desde Mate. Y completaron: “El esquema solo sobrevive, por ahora, con un fuerte incremento de la deuda pública y privada y con el apoyo financiero de Estados Unidos”. La fragilidad del esquema está detrás del despertar del dólar, las tasas y el riesgo país, en estos días.
Este combo no ayuda a frenar el repunte inflacionario que se espera para julio y el repunte del índice de pobreza, aun en los polémicos términos en los que la mide el Indec. La consultora ExQuanti concluyó, en base a los datos de la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que la cantidad de personas que no pudieron acceder a una canasta básica de bienes y servicios se elevó en 1,8 millones entre el tercer trimestre de 2025 (se toma esta base para despejar el efecto aguinaldo) y el primero de 2026. A principios de 2024, por la megadevaluación inicial de Milei, el porcentaje de pobres se disparó al 53 % de la población. Ese índice comenzó a bajar a medida que se diluía el efecto del salto cambiario, lo que alimentó un extraño festejo del presidente en la comparación contra sí mismo. Este juego dialéctico se cortó. El Observatorio de la deuda social de la UCA estimó que la tasa fue del 30 % en los primeros tres meses del año, 3,1 puntos más que en septiembre de 2025.
Sobre este material combustible crecen los conflictos. La semana arrancó con paros nacionales de docentes y de estatales. ATE Rosario centró la protesta local en la sede de la obra social de las Fuerzas Armadas, Osfa/Iosfa, cuyas prestaciones están cortadas en la región por una crisis de financiamiento. El martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) realizó una audiencia para escuchar las demandas contra la reforma laboral que llevó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu). El jueves se llenaron las calles contra los cambios a la ley de tierras y el viernes los sindicatos y organizaciones sociales marcharon en el Día de San Cayetano por “Pan, tierra, techo y trabajo”, otra consigna que no se queda en la nostalgia.
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