Las fisuras, antagonismos y vueltos en un acto de autoridades en la Cámara Federal de Rosario

La carga política de determinados eventos se acrecienta con el paso de los días. A una semana de ocurrido, un acto en la Cámara Federal de Rosario para la jura de un nuevo camarista permanece en los diálogos de las autoridades que estuvieron allí. Tuvo mucha carga simbólica porque ahí se representaron, en vivo y en persona, las tensiones profundas que perduran a partir de los cambios en la Justicia Federal. Y que desde hace veinte días recrudecieron a partir de la paralización del trámite que lleva al juicio por corrupción al ex juez federal Marcelo Bailaque.

Lo que tiene en definitiva como disputa cada vez más frontal en el caso de Bailaque es que en su caso están pulseando integrantes de la Corte Suprema de la Nación. La pelea no es por Bailaque. El ex magistrado implicado en distintas causas de corrupción no es lo que importa en la refriega. El que importa, preocupa o es blanco de interés es Santiago Busaniche. Un escribano que es lobista del Poder Judicial de la Nación, conectado a magistrados de Comodoro Py en actividad, a servicios de inteligencia y a personas influyentes donde se deciden los destinos de la política nacional.

Busaniche es una región común en las dos causas vigentes de corrupción de la Justicia Federal de Rosario y de mayor visibilidad. Porque enlaza los casos de Bailaque y los de Gastón Salmain, el juez federal civil y comercial en Rosario desde 2024, implicado por pedir sobornos y que afrontará a partir del 6 del mes próximo el juicio político que podría destituirlo.

Esta es precisamente la zona de guerra que se explicitó en los, para la habitual flema judicial, más que flamígeros discursos en la Cámara Federal de Rosario del 11 de septiembre pasado. El contexto viene de lejos pero revigorizó la coyuntura el fallo de Aníbal Pineda, presidente de la Cámara, que frenó el juicio por extorsión donde está Bailaque acusado de montar una causa penal para que el financista Fernando Whpei concretara la extorsión de pedirle al imputado, el directivo de la aseguradora San Cristóbal y agente bursátil Claudio Iglesias, 200 mil dólares a fin de paralizarla.

El influyente Busaniche, cercano a un sector de la Corte Suprema, aparece en una decena de audios hablando con otro actor de la extorsión, el ex director regional de la AFIP en Rosario Carlos Vaudagna, que fue el que impulsó el inicio del expediente, a partir de una denuncia anónima en la AFIP contra Iglesias. Busaniche le insiste con energía a Vaudagna, y está grabado en mensajes de whatsapp, que acelere la denuncia contra Iglesias.

Un importante sector de la Justicia Federal ve, en la acción de Pineda de suspender el trámite del caso contra Bailaque y más allá de la convicción que lo haya guiado, la primera etapa de una acción que lo que busca es salvar a Busaniche. A éste lo representan legalmente dos abogados del estudio de Darío Richarte, que es un ex número dos de la SIDE en tiempos de la presidencia de Fernando De la Rúa.

En la primera audiencia, Salmain fue imputado de pedir un soborno para que un fideicomiso de Fernando Whpei comprara dólares en el mercado oficial durante la vigencia del cepo cambiario. En este caso aparece Busaniche como coimputado por gestionar la coima en favor de Salmain. Y en esta causa hubo, hace un mes, una novedad que la sacudió de abajo a arriba.

Esto fue cuando trascendió que como testigo en la causa de Salmain iba a ser citado el empresario de salud rafaelino Carlos Tita. Este poderoso actor económico fue socio del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. Lo que piensa un sector de la Justicia Federal de Rosario es que esta novedad puso en marcha una acción para que las dos causas, la de Bailaque y la de Salmain, no avancen más. Con los mecanismos que la Justicia Federal de la Capital Federal activa con éxito cuando decide que un caso es mejor dormirlo. Como ocurrió con Lago Escondido o, ahora mismo, con el oscuro empresario Leonardo Scatturice.

Todo esto fue el paisaje subterráneo de los discursos que se pronunciaron en la Cámara Federal hace siete días. Donde el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dirigió un mensaje hacia adentro. Dijo sin nombrarla que en la Justicia Federal “hay mucho que limpiar todavía”. Se refirió a un “entramado muy complejo” que no se agota con el delincuente que está en la cárcel, sino que se debía enfocar en quienes le brindaron protección. Lo dijo en una ciudad donde por ejemplo Bailaque está imputado de haber omitido investigar al narcotraficante Esteban Alvarado.

La tribuna y el púlpito

En el auditorio de la calle Entre Ríos estaba concentrado el círculo rojo de la Justicia Federal y de la de Santa Fe. Adelante en la platea estaba el intendente Pablo Javkin, los diputados nacionales Romina Diez (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Agustín Pellegrini (LLA), los ministros de la Corte santafesina Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Roberto Falistocco, la fiscal general del MPA Cecilia Vranicich. Y el ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques.

Lo que concentró la atención sobre la disputa soterrada, que no se le escapó a nadie, fueron los discursos de Aníbal Pineda y del juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz. Que aunque no lo hayan querido, confrontaron.

Pineda se tomó un tiempo prolongado en el atril, más que nadie. El titular de la Cámara ponderó el trabajo sostenido y el esfuerzo institucional, potenciado por la implementación hace dos años del sistema acusatorio en Rosario, que dejó atrás el sistema escrito. Y remarcó que, en un contexto difícil por la gran cantidad de cargos vacantes hay dos jueces con prisión preventiva, como Bailaque y Salmain.

Pero hay un sector muy fuerte en la Justicia que piensa que no es un mérito que haya dos jueces en prisión preventiva, sino una circunstancia ineludible, ya que era imposible frente a la avalancha de evidencia contra ellos hacer una cosa distinta. Y lo que también piensan es que si eso salió a la luz fue porque llegaron a la jurisdicción fiscales y jueces, o bien se potenciaron a jóvenes locales, que no tienen compromisos en una estructura fuertemente condicionada por el festival de cargos entre amigos, allegados y familiares de los que históricamente controlaron la Justicia Federal.

El discurso de Rodrigues Da Cruz, que precisamente viene de afuera, prácticamente dejó esto en evidencia. La ocasión que reunía a todos fue la asunción como camarista federal de Florentino Malaponte, que es un funcionario que hizo carrera como fiscal y juez en la Justicia de Santa Fe.

A esa circunstancia le sacó rédito Rodríguez Da Cruz para trazar una línea divisoria en la propia Justicia Federal que él integra desde hace tres años. Precisamente dijo que Malaponte provenía de una Justicia provincial que con una Rosario arrasada por la violencia del comercio de drogas tomó el deber de la persecución que dejaba vacante una Justicia Federal que, pese a ocuparse del narcotráfico, miró de lejos esos problemas.

No lo dijo de ese modo, pero hablaba claramente de eso, como luego lo refirieron muchos del auditorio en charlas informales, que empezaron en los mismos pasillos y terminaron en el Jockey Club en Fishertón, precisamente el ámbito de la ciudad donde hay más jueces por metro cuadrado que en los propios tribunales.

Rodrígues da Cruz contrastó del todo con Pineda que es técnicamente su superior. Dijo que en una jurisdicción federal cuestionada y atravesada por el escándalo hay una mayoría que hoy trabaja para restaurar la confianza y superar una grave crisis institucional. Indicó que la responsabilidad de un juez que asume como Malaponte es por ello mayúscula.

Dijo que no se debía olvidar al fuero provincial. Y aquí la desemejanza. Sostuvo que hubo un grupo único de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Santa Fe que cuando Rosario reclamaba responsabilidad, entrega y valentía para tomar decisiones tuvieron todo eso y pusieron el cuerpo ante la indiferencia de algunos, la omisión de otros y la complicidad de unos pocos.

Los funcionarios provinciales y los invitados en general captaron muy claramente la potencia de la disonancia. Y no pararon durante días de hablar de eso. Como del frenazo a la causa a Bailaque y el contundente rechazo de los fiscales federales al fallo que paraliza el trámite, que para ellos ocurre por desconocimiento del derecho, como lo marcaron de manera explícita en el agravio.

En el cocktail del Jockey Club distintos jueces y no jueces marcaban que había sido muy llamativa la extensión del discurso de Pineda en relación a los ministros de la Corte Provincial y al de Rosatti. Y que también les había causado atención el efusivo y enfático agradecimiento del presidente de la Cámara Federal a la diputada Romina Diez, la referente más fuerte en Santa Fe del gobierno de Javier Milei.

En Rosario, mientras tanto, la causa de Bailaque está frenada. Según los fiscales, completamente a destiempo, porque si hay que resolver qué Código rige, todo podría haber avanzado hasta el momento mismo del inicio del juicio. El tiempo en que la Cámara Federal de Casación y eventualmente la Corte de la Nación demanden en resolver seguirá avanzando y puede que los tiempos de sanción se hayan cumplido para personas que como Bailaque tienen ya prisión preventiva.

Lo que era lo más comentado es que esto parece ser parte de un partido que se juega más arriba. Y que tiene que ver más con Busaniche que con Bailaque. Lobista del más alto nivel de la Justicia Federal, conectado por estirpe a la aristocracia política de su ciudad y conocedor de los sótanos de inteligencia, el escribano santafesino según sus defensores tuvo un intento de suicidio con ansiolíticos que obligaron a su internación en Santa Fe en mayo pasado, lo que dio a conocer Suma Política.

Busaniche ahí justamente dejó una carta que hicieron circular donde dijo que su acusación de estar implicado en extorsiones y sobornos venía de una interna en lo más alto del Poder Judicial argentino. Y señalaba que quien con más ímpetu actúa en su contra era Horacio Rosatti. Justamente el principal orador del acto que es motivo de este artículo.

La interna aludida enfrenta, según lo señalado, a Horacio Rosatti con Ricardo Lorenzetti. Es una situación singular donde todos hablan de honra pero aparecen tocados por controversias. El hijo de Horacio Rosatti acaba de asumir como vocal de un tribunal federal en Santa Fe luego de que hubieran movimientos inexplicables en su concurso que lo hicieron subir inexplicablemente en el orden de mérito.

Lo que se da ahora ocurre cuando el empresario Carlos Tita está por ser citado en la causa de Salmain y cuando en la de Bailaque se propuso la comparecencia, en principio como testigos, del ex administrador de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi, un aliado de Lorenzetti que manejaba las cuentas multimillonarias por quince años del Poder Judicial de la Nación.

Marchi fue señalado por Vaudagna, que es imputado colaborador, como la persona que empujaba a Busaniche a apurar desde Buenos Aires que se concretara la causa penal de parte de Bailaque contra el directivo de San Cristóbal.

Lorenzetti fue socio del empresario Carlos Tita y fue quien resistió que corrieran de su cargo a Héctor Marchi. También participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024. Y presentó sus libros en el museo de la Democracia que manejaban los hermanos Whpei, uno de los cuales está ahora imputado en la causa de Bailaque por extorsión.

De muchas de estas cosas se habló en los jardines del Jockey después del encuentro en la Cámara Federal, algo turbulento para el estilo promedio de las ceremonias del Poder Judicial argentino.