Al final crean una oficina para medir bien la deuda de la Provincia

El gobernador Omar Perotti se va a dar un gusto especial. Sin desembolsar un solo peso, va a cancelar una deuda que arrastraba la Provincia al menos por los últimos 15 años. Tomó una decisión que pondrá fin a las dudas de los números, esas que planteó la Auditoría General de la Nación (AGN) cuando le recomendó a Santa Fe llevar un registro de sus créditos como se debe, y no como lo venían haciendo las gestiones peronistas y socialistas que lo antecedieron.

Se trata de la creación por decreto de la Unidad Rectora Central del Sistema de Crédito Público, una nueva dependencia oficial que la AGN señaló como indispensable para garantizar transparencia. No tenerla, como hasta ahora —como se destacó en una nota anterior de Suma Política— ponía en discusión la realidad de la deuda pública de Santa Fe.

Hasta el presente esas funciones estaban absorbidas por la Contaduría General de la Provincia, con lo que el gobierno de turno era juez y parte. No había un método de registración que reflejara el endeudamiento. “Hay que llevar un registro independiente de la gestión. Hay que evitar que el que administra sea el mismo que anota lo que quiere”, explicó sobre el tema el ex titular de la Auditoría Oscar Lamberto.

Entre economistas hay temas para discutir y otros que no plantean debate. Y este, el de la falta de un organismo que lleve el registro de las deudas de la provincia, es uno de estos últimos. Porque no sólo lo pidieron los expertos de la AGN que vinieron a revisar las cuentas a Santa Fe (figura una recomendación en la página 29 de su informe), sino que la cuestión provocó una coincidencia inesperada: la de los principales referentes del área económica del socialismo y del peronismo, que en cambio no estuvieron tan de acuerdo a la hora de interpretar los números del déficit que figuran en el mismo informe.

Por eso la primera nota de Suma Política sobre el tema destacó que más que los números de la auditoría, importaban las recomendaciones, y en especial esa que decía que se llevaba un registro precario de los créditos, con planillas de cálculo y sin la necesaria independencia de la gestión.

“Se tendría que haber hecho antes”

Si estaba en duda qué harían las actuales autoridades, con el decreto que está por firmar Perotti esa pregunta queda contestada. Decidieron cambiar y ponerse en línea con lo que demandan los procedimientos administrativos más modernos. “Nosotros no necesitábamos que la Auditoría nos dijera lo que había que hacer. Los que estamos en esto sabemos que se tendría que haber hecho mucho tiempo antes”, dijeron desde el actual oficialismo al momento de explicar el decreto de Perotti.

Desde el Ministerio que comanda Walter Agosto destacaron que “el sistema de contabilización de la deuda era muy endeble, por eso lo estamos tratando de corregir con esta decisión. Por no tener un sistema de crédito público había un alto grado de desprolijidad, no sólo era que no tenían registros presupuestarios. Y no estamos hablando de cien millones, sino de miles y miles”.

No obstante aclararon que “esto que se va a crear ahora es una estructura nueva, que demandará un proceso de selección y llevará su tiempo”.

Por su lado, los ex funcionarios que acompañaron a Miguel Lifschitz coincidieron en la necesidad de crear esta unidad, tal como lo prevé la ley de administración financiera provincial, la que hasta ahora no había sido reglamentada en ese capítulo. Durante las gestiones socialistas, estas funciones fueron absorbidas por la Contaduría General.

No obstante, en el equipo de Economía que lideró Gonzalo Saglione se hizo una aclaración para restarle gravedad al asunto: “Esta situación tiene que ver con la escasa utilización del crédito público que históricamente ha hecho la provincia, con muy pocas transacciones. Cuando se compara con otras provincias —destacan— Santa Fe tiene una sola emisión de títulos en el mercado, tiene contadas con los dedos de una mano las operaciones de crédito público con entidades financieras y organismos unilaterales de crédito”.

Explican que este nuevo organismo registrará “solamente aquella deuda que resulta de la realización de operaciones de crédito público. Para la deuda flotante, que son los compromisos de pago devengado pero pendientes de cancelación, está todo debidamente registrado en el Sistema Provincial de Administración Financiera.

Todo el capítulo de lo que se conoce como deuda flotante, no forma parte de lo que debiera ser el ámbito de aplicación de la unidad rectora del crédito público. Refiere solo a las operaciones de deuda consolidada. Porque en el sistema de administración financiera hay absoluta trazabilidad de cada gasto devengado y si fue pagado o no”, aseguran.

De eso no se habla

Ni oficialismo ni oposición quieren hablar ya públicamente del informe de la AGN sobre las cuentas de la provincia de Santa Fe, ni reflotar sus cruces por el nivel de las finanzas públicas.

La oposición porque considera que “si hay un problema que Santa Fe no tiene, ese es la salud de sus finanzas”. Y por eso se resisten a que el asunto ocupe un lugar en la agenda de los medios.

En cambio, el oficialismo sostiene que aunque “hubo un velo sobre el tema y era difícil salir a explicarlo”, ahora otros organismos le dieron la razón con los números. “Ya no estamos solos —dicen—, y ahora queda más claro que la provincia tenía una situación difícil, tanto en materia de déficit como de deuda de corto plazo”.

Para fundamentar ese concepto, mencionan dos puntos:

1. “El sitio web del gobierno nacional actualizó los datos definitivos de todas las provincias al 2019, y ahí está claramente reflejado el déficit del que dimos cuenta”.
2. “Hubieron dos informes de dos instituciones nacionales prestigiosas (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) que hacen un análisis de todas las provincias y, en ambos casos, no sólo dan cuenta de nuestros números sino que también afirman que de las provincias grandes Santa Fe fue la que más déficit fiscal tuvo”.

Por su lado, desde el socialismo desafían: “Vean las declaraciones de unos y otros durante el segundo semestre de 2019. Qué decía cada uno y lean el informe de auditoría”, aconsejan antes de meterse en una confrontación.

“Hablaban de un déficit de 20 mil millones de pesos, y la auditoría no dice eso. No encuentro nada en el informe donde se ratifique lo dicho por la actual gestión. El déficit es de 8.200 millones de pesos, y el saldo de caja era de 4600 millones de pesos. Nunca hicimos alarde, pero se omite hablar de eso”.

Sobre los sueldos sostienen que “la deuda flotante de sueldos al 10 de diciembre no existía. Los sueldos de noviembre estaban pagos, y en caja había 4.600 millones. No hay que hacerle decir al informe de la AGN lo que no dice”.

El decreto

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