Premios a pagar de la Lotería por más de 1.500 millones y una multa a Aguas Santafesinas de 15 millones tal vez sean dos curiosidades menores del extenso informe de 78 páginas que hizo la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los números que encontró en las cuentas del Gobierno de Santa Fe antes de que asumiera la gestión de Omar Perotti. Un documento que no es fácil de encontrar (no aparece publicado en la página web de la Provincia), es difícil de entender y, salvo un breve y acalorado debate sobre el déficit, su discusión pasó rápidamente por la agenda informativa de los primeros días de junio. Pero de un análisis minucioso de sus páginas surgen algunas sorpresas: la principal, que no se llevaba como corresponde el registro de deudas, con lo que todo lo demás se vuelve relativo.
Curiosamente, en un dossier plagado de números, planillas, cuadros y expedientes, repletos de fechas y aclaraciones, lo más relevante no es lo que está en esos gráficos, sino un párrafo que aparece en la página 29 con una recomendación que puede resumirse diciendo que el Gobierno de la Provincia no tenía un correcto registro de sus deudas, no contabilizaba como debe hacerse el pasivo.
A partir de ese dato, todo lo que se diga sobre los números va a estar bien, porque en el mejor de los casos será una fotografía que da indicios de la realidad, pero que no muestra todo.
Si se observan en detalle las numerosas aclaraciones que hace el informe de la AGN, los números pasan a segundo plano, aunque en cualquier caso la presentación y redacción del trabajo resulta casi incomprensible para quien no tenga alguna preparación técnica. Le hubiera faltado un resumen de dos hojas que lo hiciera comprensible para cualquiera…
No obstante, hay algunas pistas interesantes. Por ejemplo, en la página 36 del escrito, cuando se refiere a la Fiscalía de Estado, pueden leerse varias observaciones. La primera dice, con un lenguaje técnico y cierta sutileza, que “la nómina de procesos no contiene información relacionada al grado de probabilidad de ocurrencia y tampoco se encuentran cuantificados económicamente”.
La segunda puntualización, aunque es compleja, parece concreta: “El método de registro de las actuaciones administrativas llevada a cabo no permite garantizar la formalidad del registro de las mismas, como así tampoco el orden cronológico en que se registra. Por ello no se pudo constatar que la última resolución de la máxima autoridad de la dependencia sea la informada, toda vez que no posee intervención alguna de unidad responsable de supervisar el cumplimiento del sistema de control interno”.
Por estas razones sugiere que se “incorporen procedimientos tendientes a registrar los actos administrativos en libros rubricados y foliados, de modo tal que se pueda verificar la integridad y confiabilidad de la información. Dichas formalidades —dice sin vueltas— ofrecen fecha cierta, transparencia, legitimidad y calidad a la gestión”.
Al Libro Guinness
Pero a la par de intentar explicar ese punto central, tal vez convenga destacar un dato a favor. Es que si bien el informe no habla precisamente bien de la transparencia en el registro de los números, la provincia de Santa Fe merecería tener un lugar en el libro Guinnes, porque se transformó en el primer caso de una jurisdicción que tuvo una auditoría al inicio y al fin de una gestión de gobierno. Algo que resulta bastante inusual en estos tiempos y por estas latitudes, muy poco adeptas a las rendiciones de cuentas.
Lo paradójico es que esa conducta de control externo lejos estuvo de aclarar las cosas. La controversia entre quienes gobernaron los últimos años y quienes lo hacen desde el 10 de diciembre, sobre la interpretación del informe de la AGN, fue toda una curiosidad, sólo interesante para entendidos, y que no duró mucho tiempo porque la apagó la pandemia.
Sobre los activos casi no hubo debate, aunque en el informe tampoco resulta muy clara su cuantía. Pero entrando a la cuestión clave, cabría preguntarse cómo llevó el gobierno de Santa Fe sus pasivos sin ese registro que parece indispensable.
La reveladora página 29
La propia Auditoría lo cuenta en esa reveladora página 29, donde relata que “la Contaduría General de la Provincia ha absorbido las funciones propias de la Unidad Rectora Central del Sistema de Crédito Público, sin contar con un método de registración que refleje el endeudamiento resultante de las operaciones del crédito público”. Y explica cómo se las arregló para hacer el informe: “Su evolución (la del crédito) fue obtenida a partir de planillas de cálculo llevadas a tal efecto por el organismo”.
De manera más directa, podría decirse que no hay lo que se denomina “sistema de crédito público”, o sea registración de pasivos. Se reemplaza con planillas de cálculo —sin aclarar el software—, y confeccionadas por un área cuya función es llevar adelante toda la contabilidad del sistema estatal, mezclando así actividades básicas de áreas distintas.
Algunos profesionales consultados por el tema coinciden en explicar este problema de una manera muy sencilla: “No existe termómetro. Así de simple. La fiebre se conoce poniendo la mano en la frente. Y nada más. Si pagamos una vez, o dos; si pagamos bien o mal, si estamos gestionando bien una deuda, si es sustentable el endeudamiento de corto plazo, si estamos pidiendo créditos a tasas astronómicas para pagar sueldos; todo eso, no hay posibilidad de saberlo”.
Por eso la recomendación clave que hace la AGN: “Impulsar la decisión que permita crear la Unidad Rectora Central de Crédito Público, por parte del nivel jerárquico que corresponda. Hasta tanto ello no ocurra, implementar un sistema específico de registración de deuda pública, que permita mantener actualizado el estado del crédito público, debidamente integrado al subsistema de contabilidad”.
Lo que pasa ahora, y viene pasando, podría resumirse así: al no existir un sistema legal habilitado, cualquier deuda está sujeta a duda en cuanto a su pago. Ya se trate de la deuda con los bancos comerciales o los certificados impagos a contratistas de obra pública. Las intervenciones oficiales de distintos funcionarios habilitados por ley, a través de sus dictámenes, aseguran que todo está con resguardo legal, entre ellas, que la documentación es correcta y no hay errores. Con la modalidad que se mantiene ahora, funciones del Contador General de la provincia son precarias, y no es su responsabilidad ni función asegurar la legalidad de los pagos.
¿Por qué pasa esto?
Este no parece ser un problema sólo del socialismo. Se arrastra desde antes y podría seguir ahora con el peronismo en el gobierno, si no se cambia el método. Santa Fe posee una nueva ley de administración financiera desde noviembre de 2005, pero en 2020 el registro de crédito público todavía se sigue llevando con planillas de cálculo. Por eso es tan discutible el stock de deuda.
En el país, esa lección se aprendió en 1988. Y en 1991 se envió un proyecto de ley con un sistema de crédito público. Actualmente existen experiencia en la materia, sistemas, instituciones, normas y hasta software disponible en el mercado. Por lo que cabría preguntarse si el problema fue por falta de decisión.
Desde la técnica de auditoría, no tener contabilizado el pasivo es clave para los accionistas, que en el caso de la provincia serían los ciudadanos.
Desde el Derecho Público, el endeudamiento y lo que implica es potestad exclusiva del Poder Legislativo. Son asuntos que exceden lo financiero y pueden rayar lo legal.
Tal vez si el informe se hubiera limitado a ese breve párrafo de la página 29, se habrían evitado muchas discusiones. O en todo caso se habrían concentrado en explicar lo importante y no en disputarse la razón hablando sólo de la superficialidad de estos números. Finalmente, una lamentable conclusión para un dictamen hecho por expertos y en el que nadie puede adjudicarse la razón.
El informe completo
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