El agua dulce, parte fundamental de la vida en el planeta, está bajo amenaza en todo el mundo por su uso humano excesivo, con algunas actividades productivas como la agricultura como causa principal. A esto se suma el desigual acceso al agua segura y a servicios de saneamiento de casi un tercio de los habitantes del planeta, lo que representa una violación al derecho humano al agua, tal como fue establecido por las Naciones Unidas en 2010 y adoptado por la Organización Mundial de la Salud en 2014. “El estrés hídrico y la crisis del agua ya no alcanzan para describir las nuevas realidades hídricas del mundo. Hoy estamos en bancarrota hídrica, se acabó el saldo a favor” dice un documento reciente publicado por el Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH). El concepto de “bancarrota hídrica” introduce la idea de que algunos de los grandes sistemas hídricos globales están rotos, al punto de no poder ya ser restaurados. Esta “nueva normalidad” tiene causas y razones concretas: siglos de sobreexplotación humana, la contaminación de ríos y lagos, la destrucción de ecosistemas con fines productivistas y una presión climática incrementada por el calentamiento de la Tierra, están entre las más importantes.
Un mundo de desigualdades
A todo esto se suman importantes desigualdades geográficas y sociales que impiden que la totalidad de los habitantes del mundo puedan acceder a agua segura: según la ONU, el 75 % de la población mundial vive en países donde el agua escasea o es insegura, más de la mitad de los grandes lagos del planeta se están secando y unos 2.000 millones de personas habitan sobre terrenos que se hunden por sobreexplotación. Para Aníbal Faccendini, titular de la cátedra del Agua en la Universidad Nacional de Rosario, el concepto de quiebra hídrica global es interesante, pero no refleja las enormes desigualdades entre los países del norte y los del sur: “el mayor consumo ocurre en el norte, mientras que el 75 por ciento de las personas que no acceden a estos servicios básicos están en el sur. Hay nichos de hiperconsumo en Estados Unidos, con ciudades donde se usan 1.000 litros por día por persona, contra 7 millones de argentinos sin acceso al agua segura, una cifra que sube a 150 millones a nivel regional”, dijo, para agregar que es urgente “abordar más y mejor esa desigualdad de acceso”.
Para Facundo Barrionuevo, politólogo especializado en gobernanza del agua y gestión de infraestructura, es la propia concepción del agua como un derecho humano lo que está siendo puesto en discusión: “hace unos años se empezó a considerar el agua como un bien que cotiza en Bolsa, lo que marcó un quiebre respecto a la concepción simbólica de lo que entendemos por agua. El agua ha sido un motivo de conflicto y hoy esa conflictividad está creciendo a nivel global. Nos queda cada vez más lejos su definición como derecho humano”.
La foto argentina
Argentina, con su propias particularidades, no es ajena a esta problemática, muy diferente según las regiones aunque con algunos rasgos en común. Primer punto: casi el 70 % del territorio nacional tiene suelos secos, áridos o semiáridos, donde el acceso al agua es todo un desafío diario, sea para consumo humano como para procesos productivos. En la opinión de Jorge Collins, ingeniero hídrico del Instituto Nacional del Agua (INA), el país no está en situación de “bancarrota hídrica”, aunque advirtió que “si se sigue haciendo una explotación excesiva de recursos llegaremos a una crisis semejante”. Para el experto, hay varios puntos a tener en cuenta, que van desde la persistencia de zonas urbanas con pozos negros —que generan filtraciones contaminantes muy difíciles de revertir— al uso que se hace para ganadería, sector que muchas veces recurre a fuentes de agua dulce sin reposición, lo que luego se traduce en una salinización de los niveles de aguas freáticas. “Si sólo nos enfocamos en una excesiva necesidad de sobreproducción, iremos llegando a situaciones que pueden empezar a parecerse a una bancarrota hídrica”.
Ríos y humedales
Los ríos son una muestra de cómo la intervención antrópica excesiva puede alterar los ecosistemas al punto de no retorno. Según Naciones Unidas, casi un tercio de las grandes cuencas del mundo sufren alteraciones importantes en sus flujos. Los humedales, ecosistemas asociados a la presencia constante o intermitente de agua, están bajo grave amenaza: según la Fundación Humedales/Wetlands International, han perdido hasta el 65 % de su superficie global desde 1.900 a esta parte, más rápido que cualquier otro ecosistema. “La conversión de humedales para otros usos de la tierra y los cambios en los patrones de inundación y contaminación, son algunas de las causas más grandes de pérdida y degradación de los humedales”, explicaron desde esa Fundación.
Según Faccendini, los humedales del delta medio y bajo del Paraná “están mercantilizados y privatizados en los hechos” en pos de la plusvalía de un sector económico, o de varios. “Alguien, con mi salud, gana plata ilegítima e ilegal en estos procesos de plusvalización que capturan cuerpos y los someten contaminando el agua y el aire, deteriorando la biodiversidad”, dijo el abogado, para quien, cuando todo se convierte en un negocio, “la plusvalización se está imponiendo sobre la libertad de los cuerpos, humanos y de otros seres vivos”.
Algunos sí, otros no
Según los datos oficiales del último Censo Poblacional del año 2022, el 83 % de la población argentina (38,2 millones de personas) accede a provisión de agua por red pública, mientras que el 57 % (26 millones) tiene desagüe a cloacas. En la provincia de Santa Fe, tienen acceso a esos servicios el 84,4 % de la población (2,9 millones) y el 55% de la población (1,9 millones de personas), respectivamente. Desagregados por departamentos, esas coberturas son de 487 mil personas con acceso a agua por red pública en La Capital y 1,2 millones en el departamento Rosario; y 275 mil personas con desagüe a cloacas en La Capital, contra 912 mil en Rosario. Un dato importante: durante el último proceso de reforma constitucional provincial, se aprobó incluir el derecho al agua y al saneamiento como derechos humanos esenciales.
Para Faccendini, si bien en Rosario y zona se ha avanzado con infraestructura de acueductos “todavía falta”. “Precisamos mejorar la planificación hídrica urbana en las grandes ciudades santafesinas, porque si bien el servicio está garantizado para las zonas céntricas y macrocéntricas, en algunas franjas de sectores vulnerables todavía falta mucho. Seguimos teniendo 400 mil santafesinos sin acceso seguro y permanente al agua potable y eso debe interpelarnos”. En un sentido parecido razonó Barrionuevo, para quien las provincias (soberanas en la gestión de sus recursos naturales, según la Constitución del 94) han mostrado deficiencias en esa administración. “Santa Fe es un ejemplo de las desigualdades existentes en términos naturales, y luego sociales y de políticas estatales. Es un territorio enorme marcado por la desigualdad, con diferencias muy importantes entre las ciudades ribereñas, y las que están hacia el oeste”, dijo, para agregar que esas desigualdades de origen suelen verse agravadas según la robustez de la empresa que opere el servicio así como por vulnerabilidades sociales dentro de las grandes ciudades. “Estos cuadros de desigualdad solo se corrigen con políticas de largo plazo”, concluyó el especialista.
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