La cumbre de cambio climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, finalizó el domingo pasado con un sabor agridulce. La conclusión es que se avanzó algo pero no lo suficiente como para lograr la meta de que la temperatura media global no aumente más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial.
El momento protagónico de Argentina fue el encendido discurso del presidente Alberto Fernández en el que pidió que los países en desarrollo puedan cambiar deuda externa con acción ambiental. La iniciativa no cuajó. De hecho, el problema del financiamiento es la mayor traba para que el mundo avance hacia la mitigación del calentamiento global.
Un incremento superior de 1,5 grados provocará un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, incendios, sequías e inundaciones. El impacto es en la naturaleza pero también en las personas porque estos fenómenos extremos generarán dificultades para acceder al agua, problemas en la producción de alimentos, impactos directos en la salud y problemas migratorios.
A pesar de los tibios avances, la COP26 puede marcar la agenda energética, agropecuaria y ambiental del país. Argentina tiene dos tareas por completar:
Mediano plazo. Argentina debe poner en marcha acciones concretas para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030 para cumplir con el compromiso firmado en el Acuerdo de París. El objetivo es emitir un 19 por ciento menos de gases de efecto invernadero (GEI) que el máximo histórico de emisiones alcanzado en 2007.
Largo plazo. Pero además debe saldar una deuda. El compromiso para Glasgow era presentar una estrategia a largo plazo para convertirse en un país con neutralidad de carbono (balance cero entre lo que emite y lo que captura) para 2050. Pero ese documento no fue presentado.
“El tema más sensible para Argentina es el sector agrícola y allí puede estar la justificación de por qué no presentó la propuesta de largo plazo que había prometido. En las negociaciones globales siempre fue prioridad evitar que el país tenga que adoptar compromisos serios para el sector agrícola y ganadero”, asegura Christopher Kiessling, investigador posdoctoral de políticas climáticas del Conicet en la Universidad Católica de Córdoba y coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal.
Desde el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) argumentan que el país puede alinear sus estrategias de lucha contra el cambio climático haciendo foco en dos sectores claves: deforestación y energía. ¿Cuál debería ser la agenda climática nacional en los próximos años?
Deforestación
“Existen una serie de beneficios para realizar tempranamente una reducción drástica de emisiones por deforestación, ya que esto permite tener un margen importante para compensar aumentos de emisiones en sectores que son más difíciles de evitar, como en la agricultura, la ganadería o algunas ramas de la industria”, señala un documento del CPA.
El 10 por ciento de las emisiones provienen de este sector. Frenar el desmonte trae otros beneficios adicionales como proteger la biodiversidad y los suelos, y garantizar la regulación hídrica.
Una de las medidas indispensables para esto sería garantizar los fondos estipulados en la ley de bosques nativos (26.331). Desde hace más de una década se le asigna menos del 5 por ciento de dinero previsto por la normativa. El año próximo debería recibir 40.000 millones de pesos, pero el proyecto de ley del presupuesto 2022 tiene asignados solo 1.200 millones.
Los fondos sirven para compensar a los dueños de las tierras con bosque por los servicios ecosistémicos que están prestando (entre ellos, retener el dióxido de carbono, el GEI más importante) y también para monitorear el desmonte ilegal.
Varios sectores ambientalistas también reclaman una reforma para que el desmonte y los incendios sean delitos penales. El presidente Fernández anunció en la COP26 una nueva ley de bosques que podría incorporar este punto.
Reforestación
Pero además el país está desaprovechando una herramienta muy conveniente para mitigar el cambio climático: reforestación.
Un plan nacional contempla como meta alcanzar la superficie de 2 millones de hectáreas de cultivos forestales, pero el sector sigue estancado. La forestación también traería beneficios económicos y sociales, señalan desde el CPA.
Humedales
La ley de Humedales es una deuda pendiente del Congreso de la Nación. Como los bosques, estos ecosistemas también retienen dióxido de carbono. La aprobación de la norma ayudaría a realizar un inventario de ellos, conocer su estado y protegerlos.
Energía
La COP26 también dio una tibia señal de que los combustibles fósiles ya tienen los años contados.
Según Kiessling, la cumbre puede ser el puntapié inicial para que Argentina revise su plan energético. “La COP26 puede ser la primera señal para que Argentina vea de qué manera se envían señales a los mercados sobre los riesgos económicos que tiene invertir en combustibles fósiles”, apunta.
Pero asegura que será un tema complicado para el país ya que intenta avanzar con una ley hidrocarburos, los subsidios a esta industria son muy importantes y además tiene Vaca Muerta, una de las reservas de gas natural más grandes del mundo.
El CPA calcula que las energías renovables debería ser el 50 % de la matriz energética en 2030, si Argentina quiere cumplir con sus objetivos climáticos de mediano y largo plazos.
En la actualidad, son el 9,5 por ciento, mientras que los combustibles fósiles representan el 61,4 % de la matriz energética.
Si bien el país promovió el programa RenovAr para incorporar fuentes eólicas, solares y biomasa, la iniciativa se discontinuó y varios proyectos quedaron a mitad de camino.
El anuncio de inversiones en hidrógeno verde en el país por parte de una empresa australiana puede ser el impulso que se necesita para avanzar en la producción de energía sin contaminación.
Eficiencia energética y subsidios
Otra estrategia para mitigar el cambio climático es lograr que todos los sectores sean más eficientes en el consumo de la energía.
Desde la CPA señalan que los subsidios asignados de forma indiscriminada desalientan el ahorro de energía. Según el cálculo oficial, se podría reducir hasta un 8 por ciento la demanda energética siendo más eficientes.
Las primeras medidas fueron el etiquetado de electrodomésticos, pero las propuestas deben ser más profundas y tener continuidad. La eficiencia ayuda a mitigar el cambio climático pero también cuida el bolsillo de las familias, los empresarios y del país ya que permitiría disminuir las importaciones de combustibles.
Vehículos eléctricos
El transporte es el segundo sector que más GEI emite, detrás del agropecuario. Pero Argentina no tiene una política seductora para avanzar en la electrificación del parque vehicular.
En 2020 solo se patentaron 2.383 vehículos eléctricos o híbridos. Los primeros pasos deberían darlos los municipios con la incorporación de colectivos de bajas emisiones.
Trabajo desde las provincias
Para Kiessling queda mucho trabajo por delante. En el 2022 el país debe elaborar su estrategia a largo plazo y los planes por sector para cumplir con el compromiso de mediano plazo.
“Hay que transversalizar la problemática climática. No puede ser solo un tema del Ministerio de Ambiente. En los otros ministerios aparece como un problema que se suma a la agenda de trabajo tradicional, pero no se ve como una prioridad”, sostiene.
Y asegura que el trabajo en las provincias es fundamental. La ley nacional de cambio climático implica que su implementación se realice en cada distrito con normativas propias.
En este sentido, Santa Fe fue pionera con la sanción de la suya en diciembre del 2020 (y promulgada en enero). La normativa fija un plazo de un año para la elaboración de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
“Más allá de las metas nacionales que se comprometan en las cumbres internacionales, la acción climática termina siendo provincial y local”, sostiene Kiessling.
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