Causas por juego clandestino en cuatro departamentos y un denominador común cada vez más claro: el emporio Peiti
Osvaldo Aguirre
Hay un punto en común en las investigaciones por juego clandestino que se desarrollan en los departamentos de Castellanos, General López, General Obligado y Rosario: la participación de Leonardo Peiti como organizador de casinos clandestinos. No es el único capitalista ilegal en la provincia, pero sí el que parece el más importante por un volumen de negocios consolidado a partir de aceitadas relaciones con la política, la justicia y las fuerzas de seguridad. Su detención y la de su hermano Roberto Peiti es un golpe que pone en crisis ese emporio, como definió a la empresa delictiva el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.
Los procedimientos ordenados por los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema de Rafaela sorprendieron a Peiti en su residencia del barrio de Fisherton. También al abogado Luis Rossini, que protestó a viva voz y acusó poco menos que de traición al fiscal general de la provincia Jorge Baclini. Pero la libertad tenía un probable vencimiento el 7 de abril, fecha en que deberá comparecer en los tribunales de Melincué y afrontar un pedido de prisión preventiva.
Si había algo que Leonardo Peiti no quería era terminar preso. Y menos afrontar un período de encierro de duración incierta mientras se extendiera la investigación sobre el juego clandestino. Esa fue una de las razones por las que accedió a convertirse en “imputado colaborador”: quedarse en su casa a cambio de revelar sus tratos con los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.
La causa que el fiscal Martín Castellano empezó el 8 de agosto de 2020 con la captura de David Alejandro Perona, tres años después de recibir una denuncia, es ahora una causa contra Peiti. El supuesto “rey del juego” de Rafaela, fallecido por coronavirus en noviembre, parece haber sido más bien un socio minoritario del rosarino, su contacto en el departamento Castellanos.
En los veinticuatro allanamientos del jueves se secuestró documentación, vehículos, dinero y equipos para salas electrónicas. Uno de los procedimientos realizado en Rosario tuvo lugar en una mutual sospechada de recibir dinero del juego clandestino con el que haría préstamos a asociados. Un delito a partir de otro delito para incrementar el pozo millonario del dinero negro.
“Peiti armó diferentes estructuras en diferentes departamentos con diferentes operadores”, explica el fiscal de Melincué Matías Merlo. Lo que no cambia es el tipo de organización, desplegada en tres niveles según la investigación realizada en siete localidades de la provincia: los encargados de sala tienen a cargo los garitos; un coordinador o enlace funciona como administrador y contacto con Peiti, quien proveía el software y la ingeniería.
Otra característica es la complicidad institucional con el juego clandestino. En Rafaela, dijo un vocero judicial, “la coima venía con el cargo” en la unidad regional; el pago de sobornos era una práctica tan descarada que se hacía en la propia Jefatura de la Unidad Regional V. En Reconquista, el contacto parece haber sido el fiscal Rodrigo González, “con quien hablaban ante cualquier inconveniente”, dice el fiscal Merlo.
Fernando “Macho” Pérez está acusado de administrar los siete casinos que se detectaron en Reconquista como parte de la red de Peiti. Al mismo tiempo hubo otra red de garitos en el norte de la provincia que involucró al comisario Iván Barrientos y fue desarticulada a fines de 2019 después de una investigación del fiscal regional Rubén Martínez y el fiscal Aldo Gerosa.
Peiti se muestra muy fastidiado en las escuchas telefónicas con la actuación de los fiscales Gerosa y Leandro Mai, que entorpecen también sus negocios, por lo que viaja a Reconquista. A partir de la intercepción del teléfono de “Macho” Pérez (no de Ricardo Paulichenco, como se informó al principio) surgió su contacto con el fiscal González: “tenemos en el término de tres meses un total de 40 llamadas entrantes y salientes donde el fiscal de Reconquista comparte información con la persona involucrada en la causa”, detalla Merlo.
González “tenía conocimiento de la actividad que realizaban y pese a ese conocimiento no tomó las medidas respectivas: allanamientos, detenciones”. Tanto que hasta compartió un viaje a Brasil y la propiedad de una lancha con el administrador de los garitos.
Los problemas de la red de Peiti en Reconquista se solucionaban con un golpe de teléfono: “cualquier circunstancia que pudiera presentarse en cuanto a conflictos con la ley penal lo tenían al fiscal como punto de referencia”, agrega Merlo, que el martes imputó a González de partícipe en asociación ilícita como encubridor y por la desaparición de 703 legajos que ahora se trata de recuperar.
El fiscal de Reconquista habría cumplido así la misma función que los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad: proteger a Peiti. No obstante, en la investigación no aparecen evidencias sobre el pago de coimas ni otros beneficios más allá del viaje de placer a Brasil.
Las acusaciones surgieron además del testimonio de Sofía Czirwony, pasante en el Ministerio Público de la Acusación que denunció al fiscal por amenazas y violencia laboral y entre otros detalles reveló la inquina de González hacia el fiscal regional Martínez: “le voy a mandar a gente de la pesada”, habría dicho en alusión a sus contactos en el juego clandestino, aunque no queda claro si se trató de una bravata, de un simple deseo o de algo más serio.
En Rosario, “la investigación sobre cómo se organizaron el negocio del juego y la estructura de corrupción está prácticamente cerrada”, dice el fiscal Matías Edery. El otro aspecto de la causa todavía en curso es el lavado de dinero del juego clandestino, que salpicó al ex corredor y empresario Oscar Larrauri.
“Vamos a imputar además a la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena en principio por omisión de persecución penal y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, agrega Edery. La fiscal se negó a desbloquear su teléfono después que saliera a la luz un diálogo con Nelson “Coqui” Ugolini, ex empleado de Ponce Asahad, donde consideraba que investigar el juego ilegal y los depósitos clandestinos de cereales era un absurdo.
La fiscal Serena quedó mal parada además por su intervención en el homicidio de Juan Cruz Vitali, el 12 de mayo de 2019 en Capitán Bermúdez. La auditora de la causa pidió su desplazamiento, por lo que interviene la fiscal Paola Aguirre.
Vitali escapó en auto de un control policial y alcanzó a llegar hasta su casa, pero el subcomisario Sergio Di Franco lo ejecutó de un disparo en la nuca. Lo que parecía un caso de gatillo fácil pasó a ser considerado como un accidente a partir de una pericia balística que quedó envuelta en sospechas.
Las irregularidades que se le atribuyeron a la fiscal Serena fueron haber concedido la prisión domiciliaria a Di Franco sin realizar una audiencia; devolverle su teléfono celular sin abrir y sin molestarse en investigar su contenido y avalar una pericia de reconstrucción sin contar con la autopsia.
“Tenemos una denuncia sobre irregularidades en la confección de las pericias. En base a eso hicimos allanamientos a los policías que participaron en las pericias y a los que nosotros sospechamos que estuvieron detrás”, explica Edery en relación a los seis allanamientos realizados el 17 de marzo, entre ellos los domicilios de los ex comisarios Ernesto Andreozzi y Gonzalo Paz.
Cuatro fiscales imputados y dos presos y un sospechoso que no puede ser indagado es el balance parcial de la causa por juego en Rosario.
Autor
