El Concejo modificó el sistema de distinciones a ciudadanos e instituciones de la ciudad. La nueva ordenanza, impulsada por Anita Martínez, incorpora nuevas categorías, especifica el número de avales requeridos y redefine algunos criterios para su aprobación. Como novedad, las distinciones otorgadas ahora también podrán ser revocadas. Se trata de una ordenanza que suele despertar objeciones y, desde su instrumentación a mediados de los noventa, ya fue modificada en ocho oportunidades. Los nuevos cambios se aprobaron por unanimidad, pero así y todo presenta algunos reparos. En La Libertad Avanza creen que el proyecto “quedó corto” y consideran que debe ponerse un tope anual a la cantidad de distinciones. Para el peronismo era necesaria una modificación, aunque apuntan que los cuestionamientos suelen aparecer cuando se trata de artistas o instituciones vinculados a los sectores populares.
La iniciativa fue aprobada recientemente y plantea una serie de modificaciones a la ordenanza 6.808, vigente desde 1999. El nuevo Sistema de Distinciones contará con cinco reconocimientos: Diploma de Honor, que reconoce una acción o mérito puntual; Ciudadano Distinguido, para destacar la trayectoria de ciudadanos rosarinos; Institución Distinguida, en reconocimiento a la trayectoria institucional de organizaciones de la ciudad; Ciudadano Ilustre, en reconocimiento a una “meritoria y dilatada actuación en defensa del bienestar y los intereses de la comunidad”, que además pueda señalarse como ejemplo para las generaciones futuras; y Visitante Distinguido, para destacar la trayectoria de personas que arriben temporalmente a Rosario.
La nueva normativa exige diferente cantidad de “avales” a presentar, en función de la categoría de distinción. Para la entrega de un Diploma de Honor se requieren de tres avales y podrá ser aprobado por mayoría simple del cuerpo legislativo, mientras que para Ciudadano Distinguido, Institución Distinguida y Visitante Distinguido se necesitan cinco avales y una mayoría absoluta de los miembros presentes del Concejo. En tanto, la declaración de Ciudadano Ilustre deberá acompañarse de diez avales y requiere de una aprobación por unanimidad. En todos los casos, las distinciones pueden ser solicitadas por concejales o particulares.
También se amplía el apartado de prohibiciones. La normativa ya imposibilitaba la entrega de distinciones a personas que hayan cometido o participado en crímenes de lesa humanidad y a funcionarios que hayan ejercido cargos jerárquicos durante gobiernos de facto en Argentina. Con la nueva ordenanza tampoco podrán ser reconocidas las personas que se encuentren condenadas judicialmente por delitos; que estén inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; que reproduzcan, promuevan o fomenten cualquier tipo de discriminación; y quienes fomenten, promuevan o incurran en apología del crimen (según el Artículo 213 del Código Penal).
Uno de los aspectos más novedosos de la nueva normativa es la posibilidad de revocar las distinciones. Las revocaciones también deberán ser aprobadas por el cuerpo legislativo y solo podrán ser propuestas si la persona o institución distinguidas incurren en alguna de las causales enumeradas dentro de las prohibiciones. También se establece que la Comisión de Cultura y Educación deberá llevar adelante un “Registro de Distinciones” en el que se asentarán todas las distinciones otorgadas por el Concejo y deberá actualizarse anualmente.
Alternativa superadora
En el último tiempo, la política de distinciones del Concejo estuvo en la mira por distintos motivos. Algunas objeciones tenían que ver con las fronteras difusas entre categorías, e incluso la entrega de distinciones que no estaban tipificadas. Por otro lado, algunos bloques cuestionaban una suerte de “abuso” de esa herramienta legislativa. En líneas generales, entre todos los espacios había un consenso sobre la necesidad de ajustar la normativa. Por eso, la ordenanza se aprobó por unanimidad.
Para Martínez, la normativa aprobada es “una alternativa superadora” a lo que había, que sintetiza las intenciones de distintos proyectos que dieron vuelta por el Concejo en los últimos años, sin llegar a destino. “El proyecto agrega definiciones concretas de lo que significan personas o instituciones de reconocida trayectoria, para especificar y definir qué es lo que se quiere distinguir. También teníamos algunos grises, sobre todo en la forma de pedir los avales de aquellas instituciones o personas físicas que proponen una distinción. Esos aspectos ahora están mejor detallados”, explicó a Suma Política.
La concejala del PRO también destacó que la nueva ordenanza “crea un marco legal más valioso” al incorporar la categoría de visitante distinguido, un reconocimiento que en la práctica se venía otorgando desde el Concejo, aunque sin estar especificado como categoría en la ordenanza. “Hoy queda ratificada la posibilidad de distinguir a estos visitantes, obviamente cuando reúnen la jerarquía correspondiente”, expresó y agregó: “También dejamos por escrito la posibilidad de revocar las distinciones otorgadas, ante casos muy específicos”.
Las nuevas incorporaciones encuadran con un caso que encendió la polémica en el Concejo: la distinción al músico Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante. En octubre de 2021, en el marco de su visita a la ciudad, Ciudad Futura propuso su distinción y generó un debate caliente en el recinto. El interbloque Cambiemos argumentó su rechazo en su “corta trayectoria”, mientras que la entonces concejala Daniela León denunció que sus letras “fomentan la violencia simbólica contra el género y celebran la marginalidad”.
La distinción fue aprobada, pero el paso de L-Gante por la ciudad dejó tela para cortar. Apenas unos días después trascendieron una foto junto a Máximo Ariel “el Viejo” Cantero, líder fundador de la banda de Los Monos, y un video en el que enviaba un saludo para otro integrante del grupo narcocriminal. En abril de 2023, menos de dos años después de su distinción, el concejal Miguel Tessandori propuso derogar el reconocimiento, amparándose en un tecnicismo: que la ordenanza no establece la categoría de Visitante Distinguido en ninguno de sus incisos. La derogación fue aprobada por unanimidad.
“La posibilidad de revocar este tipo de situaciones habla de la impecabilidad que nosotros necesitamos para los distinguidos. Para evitar ese tipo de situaciones es que se refuerzan las prohibiciones. En caso de que alguna persona haya sido distinguida y pueda presentar en el presente o en el futuro algún tipo de estas situaciones también puede ser revocado de una manera mucho más estructurada. La idea es superar la ordenanza que tenemos, que también puede seguir mejorándose”, detalló.
Cosa de números
Desde La Libertad Avanza acompañaron el proyecto de Anita Martínez reconociendo que se trata de “un paso adelante” en la legislación vigente, aunque remarcando que la ordenanza queda corta. El bloque presentó un proyecto propio similar al que se terminó aprobando, pero con una diferencia sustancial: le pone un tope anual a la cantidad de distinciones que se pueden otorgar desde el Concejo.
Los cupos se fijan por categorías: a lo largo del año, el Concejo podría entregar solo una distinción de Ciudadano Ilustre y reconocer hasta cinco Instituciones Distinguidas, hasta diez Ciudadanos Distinguidos y hasta cinco Visitantes Distinguidos. Para los Diplomas de Honor, el proyecto libertario contempla veinte reconocimientos. En tanto, el texto también señala que cada concejal podrá presentar hasta un proyecto de distinción por año calendario, para cada una de las categorías previstas. “Los cupos anuales no utilizados en cada categoría no podrán ser reasignados entre sí ni trasladados a ejercicios posteriores”, aclara.
En el resto del texto no hay demasiadas diferencias: también incorpora la figura del visitante distinguido y la posibilidad de revocar distinciones ya otorgadas. Incluso sostiene la prohibición de otorgar distinciones a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y a quienes hayan ejercido cargos durante los gobiernos de facto, pese a que algunas semanas atrás el bloque libertario fue el único que no acompañó una declaración conmemorativa por los 50 años del golpe de Estado.
“Lo que salió en el Concejo fue un proyecto de Anita Martínez, donde se incluyeron algunas modificaciones que planteamos nosotros. Pero la realidad es que el proyecto sigue quedando totalmente corto para lo que debería ser un proyecto real de distinciones en una ciudad tan importante como Rosario”, evaluó Franco Volpe, en diálogo con Suma Política. “Es cierto que es un paso adelante hacia donde debemos ir y por eso acompañamos. Pero no alcanza”, añadió.
En un rastreo rápido por el sistema de expedientes del Concejo se observa que durante el año pasado se otorgaron 124 distinciones, de las cuales 75 corresponden a ciudadanos y organizaciones, 17 a visitantes distinguidos y 32 diplomas de honor. En lo que va del 2026 se aprobaron 15 distinciones: 8 para visitantes distinguidos, 6 para reconocer a ciudadanos y organizaciones de la ciudad y un solo diploma de honor. En la web oficial del Palacio Vasallo figuran alrededor de 2.000 personas e instituciones distinguidas en la ciudad.
Para el concejal libertario el Palacio Vasallo se convirtió en “una máquina de imprimir distinciones”. Su proyecto, entiende, va contra eso: “Nosotros pusimos algunos topes y mayoría agravada para la votación. Restringir la cantidad también le da más valor a la distinción. El año pasado tuvimos una distinción cada tres días. Tenemos que volver a ponerle el valor que verdaderamente se necesita”. El proyecto de la Libertad Avanza volvió a comisión, con la intención de insistir con la iniciativa propia.
Reparos
En el peronismo entienden que la nueva normativa no presenta cambios sustanciales, por eso acompañaron la normativa. Para Mariano Romero, el filtro sigue siendo político más allá de los avales o exigencias que se pongan en el texto de la ordenanza. Sí planteó como “un disparate” la propuesta de La Libertad Avanza para colocar un “tope” en la cantidad de distinciones por año. Lo mismo con la intención de imponer una mayoría agravada para todo tipo de distinciones.
“Con su proyecto, La Libertad Avanza busca establecer una suerte de veto en términos políticos. De hecho, no están votando ninguna distinción para nadie. Creo que hay alguna intencionalidad con determinadas banderas que los libertarios en particular repudian”, expresó a Suma Política. “Cuando hay una distinción vinculada a derechos humanos votan en contra y cuando es de otro orden se abstienen porque dicen que no están de acuerdo con las formas en que se presentan las distinciones”, completó.
En una misma línea, para Norma López la ordenanza de distinciones necesitaba una mejora, pero también consideró que “hay un clima de época” donde las políticas vinculadas a la cultura y lo comunitario se ponen en tela de juicio: “Lo que se venía cuestionando muchas veces era lo meritorio de las distinciones. Cuando el reconocimiento viene desde los sectores populares da la sensación de que se levanta la vara de las exigencias. En cambio, cuando hablamos de personalidades y figuras reconocidas, la meritocracia ahí no se cuestiona. Estoy convencida de que lo popular también merece ser reconocido y siempre es bueno distinguir en tanto sirva para proyectar a mejores ciudadanos o ciudadanas”.
El recorrido
La ordenanza de distinciones tiene un recorrido legislativo marcado por las modificaciones. Pareciera una ordenanza que se fue “emparchando” al andar. Tiene un antecedente directo en 1995, cuando Jorge Boasso presentó una ordenanza que buscaba ordenar los requerimientos para la distinción de Ciudadano Ilustre de la ciudad. En los considerandos, aquella ordenanza ya planteaba que dar mayores precisiones conceptuales “limitaría las subjetividades en torno a las nominaciones, causa por la que en la actualidad el número de las mismas es elevado y suscita polémicas en torno al merecimiento de las designaciones”.
Un año después, el exceso de nominaciones se saldó creando por ordenanza la figura de Ciudadano Distinguido para que aquellas personas “que sin llegar a alcanzar sus méritos para ser escogidos como ilustre, por sus antecedentes merecen ser destacados en el desarrollo de una actividad”.
Sin embargo, la ordenanza 6.808 sancionada en 1999 derogó todo lo anterior y fijó el esquema de distinciones aún vigente. En ese primer momento fijaba la categoría Diploma de Honor, Ciudadano Distinguido y Ciudadano Ilustre y eso se mantuvo sin modificaciones hasta el 2007, cuando se decidió profundizar en la definición de cada una de esas categorías que, según el propio proyecto, “ha resultado en ocasiones confusa”.
Curioso fue lo ocurrido en 2008, cuando se definió que el comité evaluador para la distinción de un ciudadano ilustre pasaría a ser opcional, en los casos en que la Comisión de Cultura lo encuentre necesario. Pero más curioso fue lo que ocurrió en 2010, cuando se volvió a modificar el mismo artículo para establecer la conformación “obligatoria” de un comité evaluador en todos los casos, aunque considerando su decisión “no vinculante”.
En 2012 se incorporó la categoría de Institución Distinguida, mientras que en 2013 se introdujo un esquema formal de avales para todas las distinciones. En tanto, en 2017 se introdujeron las primeras prohibiciones, vinculadas a delitos de lesa humanidad y participación en gobiernos de facto. Ese mismo año, además, se suprimió la convocatoria de un comité evaluador para la declaración de Ciudadano Ilustre y, en su lugar, se pasó a exigir la unanimidad de los miembros del Concejo.
La última modificación se realizó en 2020, cuando se agregó la categoría de Ciudadano Distinguido por Labor Comunitaria, con el objetivo de destacar a aquellas personas que se hayan destacado “en labores socio comunitarias, prácticas solidarias y acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las cuales se insertan”. Duró poco: la reciente modificación con el proyecto de Martínez no contempla esta categoría.
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