Una de las estrategias institucionales para poder enfrentar el delito organizado, que no para de crecer en Rosario, es cortar el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas. Los proyectos inmobiliarios son uno de los conductos clásicos para “blanquear” fondos; frente a ello, la Municipalidad cuenta con la ordenanza 9204, aprobada en mayo del 2014, que la obliga a informar a la UIF (Unidad de Información Financiera) si detecta operaciones sospechosas. Sin embargo, la llegada de nuevos proyectos millonarios a la ciudad expone la falta de actualización de la normativa. Por eso ahora buscan mejorarla y adaptarla a los tiempos que corren.
La 9204, aprobada por unanimidad, creó el “Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones”. Es una herramienta que permite al municipio pedir más información sobre el origen de los fondos cuando determinados montos de inversión se combinan con rubros específicos —más permeables a la actividad del lavado de dinero— como los desarrollos inmobiliarios.
La normativa, que fue impulsada por el concejal del PRO Roy López Molina, nació a partir del debate que se planteó en el año 2012 ante la polémica habilitación del boliche Esperanto, en la esquina de Presidente Roca y Zeballos, que generó un profundo malestar entre los vecinos y que se terminó frenando.
Según diversas consultas que realizó Suma Política, la ordenanza tiene más de un flanco débil: por un lado, se señala que es necesario generar mecanismos para que esa información requerida por el Ejecutivo no quede cajoneada y, a su vez, aggiornarla para incluir nuevos rubros como, por ejemplo, fideicomisos, hoteles, hostels, guarderías náuticas, entre otros, que hoy en día no están abarcados.
Frente a la no inclusión de ciertas actividades comerciales, se abre la posibilidad de que dinero proveniente de negocios ilegales —como el narcotráfico— se cuelen por esas vías. La lupa vuelve a enfocarse en este tipo de regulaciones, sobre todo ante nuevos mega desarrollos inmobiliarios.
El temor se fundamenta en que la Justicia empezó a investigar a distintos empresarios del rubro vinculados al lavado de activos proveniente del narcotráfico. Hace pocas semanas, el financista y ex director de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, fue procesado por cambiar en su agencia el dinero proveniente de la red narco del peruano Julio Rodríguez Granthon.
En este contexto de violencia inusitada en la ciudad y con la mira puesta en la ruta del dinero ilícito, empiezan a mostrar sus falencias algunas normas, como la 9204, y es necesario retocarlas para que cobren fuerza y sentido.
“Hoy estamos en una discusión acerca de si hay que reformar la ordenanza y adaptarla a algunas situaciones que no estaban abordadas anteriormente como pueden ser los fideicomisos inmobiliarios. Pero hay que tener en cuenta que la base del instrumental es una discusión que ya se dio”, indicó a Suma Política el concejal López Molina.
Según entiende el edil, la herramienta “se aprobó en un momento en que Rosario recién estaba conociendo el lavado de activos y la violencia. Y funcionó. Incluso, funcionó como advertencia para todos aquellos que querían venir a invertir con dinero sucio. Era un obstáculo original que no se encontraba en ningún otro municipio”, agregó.
El edil oficialista Fabricio Fiatti también cree que hay que adaptarla y, según confirmó a este medio, en el Palacio Vasallo se está empezando a “hablar” del tema para tratar de incorporarle mejoras a la normativa, de modo de aggiornarla a los tiempos que corren.
La definición acerca de la licitud o no de los fondos de un emprendimiento no es una competencia del Concejo de Rosario, sino que es de incumbencia federal en el marco de la UIF que, de detectar alguna incompatibilidad, trabaja en conjunto con la Justicia abriendo un legajo penal.
Asimismo, existen en la ley Antilavado sujetos obligados a la información como es el caso de los escribanos. Pero ellos no definen ni dictaminan sobre la licitud de los fondos. Simplemente, en función de determinados parámetros, si detectan operaciones que pueden ser sospechosas informan a la UIF mediante los denominados ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas).
Un municipio tampoco tiene la competencia para analizar la licitud de los fondos, y no cuenta con el andamiaje operativo ni los recursos humanos para llevar a cabo la investigación. Además, no está obligado a informar.
Miradas contrapuestas
Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), su titular, Andrés Gariboldi, señaló a Suma Política que el origen de fondos de cualquier proyecto “es muy importante”, pero cree que los canales a nivel nacional “ya están dados”, tanto por los corredores inmobiliarios como los escribanos como agentes de información ante la UIF. Por eso, frente a una operación sospechosa, “debemos informar”.
Actualmente, el Estado nacional “ha planteado claramente de qué forma se tiene que demostrar el origen de fondos”. Para Gariboldi, sería redundante que el Concejo interviniera porque “ya hay una ley”.
Según Roy López Molina, este canal de denuncia “es un déficit” que habría que “transformar mediante le ley Antilavado” para poder “incorporar a los Estados subnacionales como agentes de información”, porque “no puede ser que un escribano frente a la compra de un determinado inmueble tenga que informar y la Municipalidad o la provincia, que autorizan licitaciones millonarias, no estén obligados a hacerlo”.
Para el criminólogo Enrique Font, la posibilidad de que tanto la Municipalidad como el Concejo pudieran intervenir en investigar el origen de fondos “no está mal”, dada “la baja efectividad” y agregó: “No veo que este doble control perjudique en algo, porque no agrega demasiado trabajo a un desarrollador inmobiliario acreditar algo que hizo con los escribanos”.
Antecedente positivo
Un caso paradigmático que demostró que la normativa funciona, se dio tras haber discutido y aprobado por unanimidad en el Palacio Vasallo la ordenanza 9204. Su gran debut sucedió en 2014 cuando quiso arribar a la ciudad la franquicia internacional Hard Rock Café. Si bien parecía que se encaminaba a tener luz verde, una revisión de los papeles de la inversión encendió un debate candente en el Concejo que excedió lo meramente urbanístico.
Resultó que del emprendimiento participaba un fondo de inversiones al que la Afip y la Procelac investigaban por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. Se trataba de Hope Founds, licenciataria de la franquicia de la emblemática cadena de bares temáticos, que en Rosario se había asociado con capitales vernáculos para abrir un local en pleno Pichincha, con un proyecto de inversión que rondaba los dos millones de dólares.
Haciendo uso del convenio que tiene la Municipalidad y amparada por la ordenanza mencionada, el Ejecutivo tuvo que informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), sobre la inversión que pretendía arribar a la ciudad. Finalmente, el proyecto se truncó.
Tras el primer bochazo del municipio, cuatro años después, en 2018, también bajo intendencia de Mónica Fein, la franquicia volvió a la carga, pero la ex mandataria de Rosario firmó un decreto que echó por tierra la posibilidad de que la cadena norteamericana se pudiera instalar en la estratégica esquina de bulevar Oroño y el río.
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