La agenda está en construcción e incluye investigaciones en curso y juicios aún sin fecha pero cargados de expectativas en torno a un grupo familiar de Villa Gobernador Gálvez acusado por lavado de activos y al financista Patricio Carey por la venta de dólares al narco Marcelo Medrano. La implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal pone a la Justicia Federal de Rosario ante una tarea largamente postergada: la persecución del delito económico y la criminalidad compleja.
Los alegatos del fiscal Federico Reynares Solari en los juicios orales tuvieron un motivo recurrente: la crítica al viejo sistema de la Justicia Federal y a una burocracia incapaz de conmoverse ante el incremento de la violencia narco y la impunidad del delito de cuello blanco. “Las causas por lavado de activos deberían ser ahora una prioridad de la Justicia Federal”, dice.
Entre esas causas se encuentra la que afronta la organización criminal “con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional” que lideraron Juan Carlos y Norberto Carlos Derminio en Villa Gobernador Gálvez. En diciembre pasado la fiscal Adriana Saccone y el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay Molina pidieron el juicio oral para ocho personas, acusadas entre otros delitos de 146 operaciones de lavado de dinero realizadas en el transcurso de la última década.
La división del trabajo entre el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal parece optimizarse. “La decisión política de la provincia de asumir la persecución del microtráfico nos obliga a hacer lo que siempre debimos hacer: perseguir a las estructuras más complejas, lo que incluye necesariamente el lavado y la circulación de dinero proveniente de actividades delictivas”, insiste Reynares Solari.
El bluff de investigaciones federales concentradas durante largo tiempo en el secuestro de cantidades ínfimas de droga —como sucedió en la causa contra Olga “Tata” Medina— sería el modelo para no repetir. Aunque la transición entre lo nuevo y lo viejo tiene su tiempo, no serán ya los jueces quienes establezcan las estrategias de persecución sino los fiscales y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Desde 2017, cuando instaló una sede en Rosario, la Procunar realizó investigaciones conjuntas con la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA. Fue un primer intento de revertir el aislamiento crónico entre la Justicia Federal y la provincial y se concretó en intervenciones logradas en torno a causas de alto impacto público —como la del triple crimen de Ibarlucea, del 29 de enero de 2022— y en otras que permanecen en secreto, como la vinculación de policías retirados con la distribución de armas y drogas en la zona de Rosario.
Los ejes de la Procunar son precisamente la investigación en sentido ascendente de las organizaciones criminales en vez de perder tiempo y recursos con los últimos eslabones de la cadena o los consumidores, la atención hacia las cuestiones patrimoniales vinculadas con el delito y la fuerte disposición proactiva, sin esperar a que la policía aporte información. El último criterio es más que pertinente en Santa Fe: el factor común a las bandas de Los Monos, Esteban Alvarado, Delfín Zacarías, Luis Medina, Ignacio Actis Caporale, Emanuel Sandoval, Marcos McCaddon, Mauro Gerez, Daniel Godoy y un largo etcétera fue la participación de policías de la provincia.
Buenos hombres de negocios
La familia Derminio es desconocida para el público. No responde al estereotipo narco consagrado en el discurso político y periodístico de la provincia, el que identifica a la violencia criminal con familias de barrios periféricos y presos de alto perfil en cárceles provinciales y federales. Sin embargo, según la acusación el grupo obtuvo mayor provecho económico y tuvo una actividad tan dilatada como diversificada en sus mecanismos para lavar dinero, desde préstamos usurarios hasta financiamiento de construcciones. Las operaciones de lavado registraron además la compraventa de automotores (94 casos), inmuebles (33) y embarcaciones (4) con fondos provenientes del narcotráfico, las defraudaciones y el contrabando de mercaderías.
El Ministerio Público Fiscal acusó a Norberto Carlos Derminio, Juan Norberto Derminio, Matías José Angel Matarochi, Micaela Belén Barbieri, Diego Antonio Ramón Noguera, Débora Gisel González, Lourdes Derminio y María Cecilia Rodríguez por lavado de activos y asociación ilícita y les secuestró casi 2 millones de dólares. En 2009 Juan Carlos Derminio —pater familia, fallecido en el transcurso de la investigación— fue detenido como responsable de una cocina de cocaína montada en Villa Gobernador Gálvez, pero el episodio no fue un obstáculo para la continuidad de actividades delictivas que se incrementaron entre 2014 y 2021. Matarochi, por su parte, es propietario de una empresa de transporte de cargas con sedes en Santa Fe, Santiago del Estero y Salta y el año pasado sufrió dos balaceras por motivos que se ignoran en su casa de Álvarez, después de obtener la libertad condicional.
“Hay un acostumbramiento del sistema a tener en el banquillo de los acusados a las mismas personas —afirma Reynares Solari—. En las causas por los puntos de venta de drogas y por los homicidios parece haber acusados más condenables que otros. Tener en el banquillo a un empresario y hacer un juicio por lavado de dinero u otros delitos económicos es ya un mensaje importante”.
Todavía menos vinculado con el estereotipo narco, Patricio Carey afronta una causa por las actividades de Cofyrco, la financiera informal que funcionaba a pasos de la Bolsa de Comercio de Rosario, y en particular por la venta de dólares a Marcelo Medrano hasta un día antes de su asesinato. Hay otra cuenta pendiente: los 200 documentos de identidad encontrados en la cueva, que según se presume fueron utilizados para compras ilegales de dólares.
Otros directivos y un asesor de Cofyrco acordaron juicios abreviados con el fiscal Sebastián Narvaja, del MPA. Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, operadores del Grupo Carey, están acusados por intermediación financiera no autorizada en torno a las actividades de Turismo Oldani, en la ciudad de Santa Fe, y a la oscura saga de delitos que surgió con el asesinato del empresario Hugo Oldani, otra causa elevada a juicio oral pendiente de fecha.
La condena contra el financista y ex administrador de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan —actualmente en la Cámara Nacional de Casación— marcó un precedente que puede actualizarse: “el negocio narco no es solamente una cuestión de violencia altamente lesiva, sino que esa violencia se explica porque hay quienes aprovechan el dinero que se genera”, plantea el fiscal federal. Los financistas son considerados como parte de las redes criminales, aunque vivan en barrios cerrados y no frecuenten los mismos círculos que los sicarios.
Shanahan tenía dos oficinas, una en España al 800 y otra en Ovidio Lagos al 400 donde atendía por separado a empresarios y a narcos de Villa Banana: los clientes no debían mezclarse a riesgo de que bajara el concepto social de la empresa. “No era un elemento aislado sino parte de un sistema —enfatiza Reynares Solari—. El narcotráfico no se desarrolla sin las divisas extranjeras que consigue. Los financistas que tienen una cueva son buenos hombres de negocios, en cuanto a la calidad que tienen como profesionales, y saben perfectamente cuál es el origen del dinero que manejan”.
Brian Walter Bilbao, prófugo de la Justicia Federal, fue otro hombre invisible. Parecía un vecino común y corriente de clase media alta de Rosario hasta que se descubrió la poderosa organización que lideraba. “No era el narco lumpen y pobre del que nos hablan los medios sino una persona de vida normal, que llevaba sus hijos al colegio todos los días, tenía un buen pasar sin ostentaciones y vivía en Pellegrini y Mitre. Estaba muy afuera del radar”, dice otra fuente de la Justicia Federal.
La causa contra Bilbao se refiere a transportes de cocaína en avionetas desde Bolivia hasta el sur de Santa Fe y a la distribución de la droga en el mercado europeo. Entre los catorce detenidos se encuentran un ingeniero aeronáutico, dos pilotos y un mecánico colombianos, apresados en noviembre pasado en el club Campo Timbó de Oliveros con dos aviones Beechcraft Baron. La investigación comenzó en agosto de 2020 a partir de un reporte de inteligencia sobre una avioneta en viaje a la provincia y se activó con el examen de teléfonos secuestrados a tres integrantes de la banda.
Otro procedimiento más reciente y parte de una investigación en trámite en la Justicia Federal llegó al corazón de la city rosarina, allí donde transitan los “buenos hombres de negocios”, con el allanamiento del restobar Pico Fino, en Córdoba y San Martín. Era el lugar donde compraba dólares uno de los contactos rosarinos de una organización con sede en Salta.
El allanamiento estuvo comprendido en una serie de procedimientos realizados en Rosario y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires el 22 de abril, en relación con una causa en la que se investiga a un ciudadano oriundo de Salvador Mazza, provincia de Salta, y sospechado de ingresar cocaína desde Bolivia a través del paso fronterizo Aguas Blancas. La red abastecía a distribuidores en el Gran Buenos Aires y en Rosario y San Nicolás contaba con un distribuidor organizado con parte de su familia para el almacenamiento, el transporte y la venta y recibía la droga de varios proveedores.
El salteño exigía pagos en dólares, lo que llevó a los rosarinos a hacer compras periódicas en cuevas financieras. La particularidad de esta banda consiste en que transportaban la cocaína en moto y en pequeñas cantidades, de entre cinco y siete kilos en cada viaje. Los narcos se reinventan.
La ley y la trampa
Si el sistema acusatorio propicia por fin la persecución del crimen organizado en la Justicia Federal, el blanqueo de capitales contemplado en la Ley Bases del gobierno nacional va en sentido contrario. “Plantear el blanqueo con una visión economicista sin tener en cuenta el daño social que produce el lavado de activos es peligroso. Estas medidas apuntan a hacer del país un paraíso fiscal, un lugar donde se va a poder colocar dinero y nadie va a preguntar por qué ni cómo”, afirma un investigador.
El fiscal Reynares Solari comparte la preocupación pero cree que el blanqueo no afectará las posibilidades de investigación. “Hay ciertas luces de alarma, el proyecto hace muchísimas menos preguntas que las que recomienda el Gafi”, reconoce. No obstante, “si bien sería partir de varios casillero más atrás, no sería una garantía de impunidad; de hecho, la hija de Delfín Zacarías se había acogido a un blanqueo y pudimos demostrar que ese dinero provenía del narcotráfico”.
El otro investigador recuerda declaraciones del presidente Javier Milei —“no me importa de dónde viene el dinero”, dicho en una entrevista con Alejandro Fantino— y sostiene que con la eventual normativa la persecución de la criminalidad económica dejaría de ser prioritaria: “Una cosa es el Código Penal y otra la lectura que hace el mercado de las nuevas disposiciones. Una lectura del mercado sería que en este caso se eliminan restricciones para el lavado de dinero. Es una decisión que encuadra con la orientación global de la economía en relación con el negocio financiero”.
Pero la ley Bases sigue en discusión y el blanqueo de capitales es uno de los puntos que provoca reparos entre los legisladores nacionales. Mientras tanto el Ministerio Público Fiscal de Rosario, dice Reynares Solari, se apresta “a cumplir lo que siempre debió haber sido y dejar de pelear cuestiones corporativas con los jueces, que no tienen que ocuparse de armar la agenda de persecución penal”.
Reynares Solari recuerda los “padecimientos” de su etapa como fiscal de instrucción: “En más de una ocasión el Ministerio Público se veía limitado y tampoco teníamos una respuesta en la Cámara Federal, o la respuesta era muy tardía”. Por eso tiene una convicción: “Algo peor de lo que teníamos no puede ser. El sistema era impresentable”.
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