El jefe de todos los fiscales que investigan narcotráfico en Argentina tomó la palabra para hablar del ex juez federal Marcelo Bailaque. Estaba hablando de lo que había dicho un día antes el contador Gabriel Mizzau, que era el contador de al menos dos empresas del grupo del narcocriminal Esteban Alvarado, y a la vez del mismo magistrado al que el gobierno de Javier Milei le aceptó la renuncia el año pasado, cuando iba derecho al juicio político.
Lo que pidió Mizzau a Bailaque, de quien era amigo de la escuela secundaria, fue que le tirara un centro. “Y ese centro consistió según el reconocimiento del mismo señor Mizzau en que Bailaque le diera, en reiteradas oportunidades, información sobre medidas de prueba pretendidas por los investigadores y por los fiscales en relación a la organización criminal de Alvarado”.
Treinta minutos antes, en la misma audiencia el fiscal federal de Rosario Matías Scilabra, que investiga narcotráfico, dio una idea de cuál pudo ser ese apoyo. Mencionó que Bailaque recibió una investigación de comercializadores de droga en 2013 que lideraba Alvarado. Y que rechazó ocho medidas de prueba que solicitaba uno de los fiscales, basado en informes de Gendarmería y la Policía Aeroportuaria que apuntaban a Rosa Capuano, la entonces esposa del narco, que era justamente la persona que había contratado a Mizzau como su contador.
Scilabra dijo que para entonces Mizzau era contador de Alvarado. Y que los criterios que usó Bailaque para denegar medidas pedidas contra la esposa de Alvarado y contra uno de sus responsables de negocios, Jorge Benegas, no eran los que utilizaba habitualmente, que fueron arbitrarios y no permitieron el avance de esa investigación. Sin embargo los datos ya colectados en ese expediente olvidado servirían, hacia 2022, para condenar en la Justicia provincial por asociación ilícita a Alvarado y a muchos de los allí aludidos. Un informe de la UIF entonces hacía alusión a Logística Santino y a Sagrado Corazón de María, vinculado a Alvarado y conectados al lavado del tráfico de drogas. Mizzau era quien llevaba los estados contables de ambas firmas.
¿Qué dijo Mizzau al decidir convertirse en arrepentido para, de esa manera, obtener una atenuación en su pena a cambio de contar la intimidad de lo ocurrido entonces? ¿Cómo fue la intimidad de esa declaración? ¿Por qué se decidió a hablar durante siete horas en el último día que podía hacerlo sin ser un imputado común en esa causa?
El testimonio terminó de brindarse doce horas antes de que, en la audiencia del jueves, se diera a conocer que Mizzau aceptaba ser imputado colaborador, en lo que iba a ser el acto en que debía fijarse fecha para el inicio del juicio oral y público a Bailaque, y a su propio ex contador que ahora ventilaba esos detalles.
El fiscal Iglesias, de la Procuración de Narcotráfico (Procunar), dijo textualmente que Bailaque le adelantaba a Mizzau medidas de prueba que los investigadores solicitaban y que el contador se las pasaba a Rosa Capuano. “La motivación del juez Bailaque para no hacer lugar a esas medidas no obedeció a un análisis de los elementos de cargo reunidos, sino a beneficiar tanto económica como procesalmente al señor Mizzau. Económicamente porque cobraba honorarios de la organización. Procesalmente porque recién se logró formalizar una investigación contra Mizzau ahora, y no como debería haber ocurrido, cuando se realizó oportunamente (desde 2015) la investigación patrimonial a Alvarado”.
Mizzau hizo su confesión un día antes, el miércoles, en una audiencia ante el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, que al final aceptó que se convirtiera en arrepentido. En su testimonio fue explícito que Bailaque le pasaba información sobre el devenir del caso y las pretensiones de los investigadores. Mizzau dijo saber que el marido de su clienta “andaba en algo raro” y que fue relevante para que Capuano lo contratara que ella sabía que él era también el contador del juez que llevaba la denuncia contra su esposo.
Cuando trascendió por primera vez en 2024 por dos publicaciones en medios distintos que Mizzau era el contador de Alvarado, el mismo magistrado dijo que nunca se había enterado. Como no podía negar que el dato estaba en las mismas actuaciones que tenía en el caso donde lo terminó procesando —exactamente en el anexo 39 que era un informe patrimonial— lo que hizo fue admitir que tal vez había sido negligente al examinar todas las constancias de su propia investigación.
Lo declarado por Mizzau ante un juez derrumba ese argumento. El contador dijo que al menos en cuatro ocasiones hablaron con Bailaque por entonces que él había tomado las empresas de Alvarado.
Pero también sostuvo que no solamente hizo las declaraciones juradas de Bailaque, sino que dio a entender que fue más allá, acomodando los números de ingresos de procedencia no clara para la compra de al menos un departamento. Lo que ahora realizarán los fiscales es una profundización de esa pesquisa patrimonial con el rastreo de fondos de los bienes adquiridos.
En este plano también quedó en claro que Mizzau no era el que le llevaba papeles contables a Bailaque sino que actuaba como el contador de su familia. Lo que es relevante porque los fiscales también investigan a la esposa del ex magistrado, Graciela Martínez Maulión, que es abogada y funcionaria del Poder Judicial de Santa Fe. Le imputan a ella y a su marido ser coautores de lavado de activos al comprar un lote en el consorcio Vida Barrio Cerrado de Funes por valor de 70 mil dólares. El inmueble fue cedido por la empresa constructora Edeca que al momento de la transacción tenía una causa penal por delitos tributarios en el juzgado a cargo de Bailaque.
Los que analizan el pleito desde afuera y desde adentro infieren que la declaración de Mizzau representa el golpe más duro para Bailaque. En las audiencias donde se defendió en noviembre de 2024 en el punto donde lució más intransigente fue en rechazar todo lo que sugiriera siquiera alguna tolerancia en la pesquisa hacia Alvarado. En esta causa la expectativa de pena para él es la más baja, la de incumplimiento de deberes de funcionario público, con dos años de prisión. Pero es la moralmente más deteriorante para un magistrado, la de tener alguna anuencia con un delincuente condenado.
La palabra de Mizzau lo que transparenta, y en ese sentido aporta valor, es algo difícil de acreditar en evidencia objetiva adicional. Que según revela Bailaque tenía conocimiento de que su propio contador, él mismo declarante, lo era del grupo de Alvarado.
El tono de la declaración, según revelan quienes escucharon, fue la de una persona que sin duda busca una mejora en su situación procesal. Pero cuando empezó a desgranar lo ocurrido tuvo el relato una torrencialidad muy espontánea que generó una muy fuerte impresión de autenticidad. Decían tras el acto que nadie declara siete horas seguidas si no tiene información para brindar.
Los fiscales no tienen prueba de que Bailaque cometió cohecho. No pueden decir con elementos que Alvarado o su contador le proponían un intercambio de base material para que le frenara medidas en contra o las informara de antemano. Por eso la pena es de incumplimiento. Mizzau dijo también que al ex juez nunca le cobró por sus servicios.
Bailaque niega tajantemente haber favorecido a Alvarado ni mucho menos recibido nada o tener connivencia con el narcotráfico. Pero las relaciones entre su contador, él mismo y un actor central de la violencia medida en homicidios en Rosario en los últimos veinte años fue lo que se puso en debate en una audiencia pública en el testimonio, ahora, de uno de ellos, que lo admite.
El ex magistrado está en una encerrona. No podrá tener la chance de un proceso abreviado por las causas en las que tiene mayor expectativa de pena, por ejemplo diez años solicitados por una extorsión contra dos agentes bursátiles para congelarles una causa abierta por lavado de dinero. Si abrevia la fiscalía le impondrá que sea por las tres causas que le siguen o por ninguna.
Eso implicaría una pena menguada a cambio de admitir culpa, algo especialmente corrosivo porque debería reconocer de mínima un vínculo inaceptable con narcotraficantes. Elegir no hacerlo significará un horizonte de prisión efectiva en un proceso que ya lo tiene en domiciliaria, que no deja de acumular prueba en su contra y que tiene más evidencia en corroboración.
En el caso en el que habló Mizzau esta semana, el ex magistrado está imputado de prevaricato, que implica sacar resoluciones contrarias a derecho, en este caso denegando medidas contra Alvarado, como intervenciones telefónicas y cautelares. Estas medidas coinciden con el despliegue temporal en que Mizzau tenía relación profesional con la esposa de Alvarado.
Los fiscales lo recordaron en varias audiencias y lo hicieron también este jueves. Mientras esas medidas que apuntaban de modo directo a Alvarado y su grupo, Rosario vivía la mayor escalada de homicidios de su historia, y decenas de estos casos fueron ordenados por esta organización como quedó evidenciado en la sentencia que condenó al líder criminal a prisión perpetua. Un hombre que acumuló tanto poder y tanta capacidad económica, dijeron los investigadores, que para intentar una fallida fuga de la cárcel de Ezeiza se compró un helicóptero.
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