No fue tarde para arrepentirse. Otros dos ex jefes de la policía de Rosario se convirtieron en imputados colaboradores en la causa por el fraude con el combustible de los patrulleros y aportaron información “que en parte comprueba lo que ya sabíamos y en parte es desconocida”, según adelanta el fiscal José Luis Caterina.
Los subinspectores Sergio Darío López y Jorge Santiago Delgado se sumaron así al comisario Gerardo Fabián Ramírez, que dio el primer paso en noviembre de 2025. Los tres acordaron juicios abreviados y recibieron reducciones en el monto de la pena prevista y condenas de ejecución condicional que homologó la jueza Verónica Silvana Lamas González.
Los arrepentidos fueron piezas centrales en la asociación ilícita liderada por el ex jefe de la policía de Rosario Daniel Alejandro Acosta y organizada por su secretario privado, Rodrigo Sebastián Domínguez, según los términos de la acusación. Ramírez, jefe de Garage, recibía el dinero que destinaba la provincia para el combustible y lo repartía entre las secciones; López administraba el dinero asignado al Comando Radioeléctrico, “un centro neurálgico por la cantidad de móviles y cargas”, según Caterina; y Delgado era el encargado de las cargas en la División Logística.
Los tres ex jefes declararon ante la fiscalía y coincidieron en apuntar hacia arriba dentro de la organización. “Aportaron muchísima información. Comprometen severamente a Domínguez, a Diego Santamaría como jefe del Comando Radioeléctrico y a Roberto Gabriel Blanco como jefe de Logística”, dice el fiscal Caterina.
El abogado Carlos Varela sostiene en cambio que “algo hace ruido” en los juicios abreviados que se formalizaron esta semana. “¿Cómo podrá haber un fallo en sentido contrario para las personas que van a ir a juicio, respecto de las cuales no se ha destruido la presunción de inocencia y quienes ni siquiera han asumido la responsabilidad de los hechos imputados? ¿Un Tribunal podrá dictar ahora un fallo que declare la inocencia del resto de los acusados?”, se pregunta el defensor de Juan Manuel Herrera, ex encargado de cargas de la Sección Caballería y Perros, y Gustavo Adrián Bazán, ex empleado de Garage.
En esa situación se encuentran, además de los mencionados, los policías Héctor Daniel Saucedo, Fabián Fantín, Juan Alberto Villordo, Nanci Gabriela Plomer, Mario Rodrigo Brest, Edgardo Roldán, Franco Sebastián Cuesta, Fabián Oscar Becerra, Adrián Bahl, Diego Luna, Roberto Sandoval, Javier Norberto Arce, Fernando Miguel Ceballos y Juan Pablo Pigozzi y los civiles Mónica Bianconi y Daniel Reynoso. Los jefes policiales enfrentan también el pedido de destitución que el subsecretario de Control de las fuerzas de seguridad Lucas Covacich hizo ante el Ministerio de Justicia y Seguridad y la perspectiva de una causa por enriquecimiento ilícito “que está en trámite”, según Caterina.
Ramírez recibió 3 años de prisión de ejecución condicional por asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo; López, 2 años y 8 meses de prisión condicional y Delgado 2 años y 3 meses de prisión condicional por asociación ilícita, cohecho pasivo, defraudación agravada y falsedad ideológica. Los tres con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Entre los que esperan juicio, la fiscalía pidió 14 años de prisión para Domínguez y 12 años de prisión para Acosta.
“La confesión de un delito no basta para dictar una condena. La prueba de la responsabilidad tiene que estar dada más allá de la confesión”, objeta Varela. El abogado sostiene que el fallo de los recientes juicios abreviados “debió haberse dictado junto con el de los otros consortes de causa, no con anticipación” y asume la voz del resto de las defensas: “Pedimos que se respete la tramitación de los juicios conforme al ordenamiento legal vigente”.
La escalera hacia la cúpula
“La maniobra está fuertemente comprobada a partir de la asunción de Acosta como jefe de la Unidad Regional II”, afirma el fiscal Caterina. El calendario registró el hecho el 31 de mayo de 2023, un día después de que lo anunciara Claudio Brilloni, entonces ministro de Seguridad de la provincia y hoy director general de Gendarmería. Pero el fraude se preparó con anticipación, según el testimonio de Ramírez.
Los arrepentidos expusieron un plan concebido en detalle. Con la mecánica de las entrevistas laborales, como reseñó la fiscalía, “Acosta y Domínguez fueron convocando uno a uno a todos los jefes de ese momento de las diferentes secciones de cuerpos” y les hicieron una oferta que no podían rechazar si querían conservar el cargo: “hacer dinero con el combustible y subirlo (a la Jefatura)” en sociedad con la empresa Gas Auto Tiferno, de Bianconi. En la tormenta de ideas, durante una de las reuniones mantenidas en el comedor de la Jefatura, el subinspector López sugirió facturar una sobrecarga de dos o tres litros por carga y por móvil, método que se implementó.
En el acto de su asunción, Acosta declaró a quien quisiera oírlo: “Mi objetivo primordial es poner más patrulleros en la calle, para que se note más la presencia policial. El ciudadano quiere salir a la calle y ver a un patrullero que esté cerca, quiere ver la presencia policial”. El jefe policial utilizó así las demandas de seguridad de los rosarinos como cobertura de un “desfalco sistemático”, en los términos de Caterina.
“Nunca va a ser suficiente”, proclamó Acosta, lo que luego se tradujo en la exigencia de dinero al Estado provincial para incrementar el combustible de los patrulleros. Santa Fe se ahorra 60 millones de pesos mensuales a partir del descubrimiento del fraude, calcula la fiscalía.
Las razones de Acosta parecían de simple sentido común: nadie podía discutir que “la presencia de los patrulleros es fundamental para disuadir el delito”. Mientras tanto su secretario privado había armado un esquema donde los jefes rendían cuentas con planillas y donde la empresa Gas Auto Tiferno hacía pagos rigurosamente quincenales, ensobrados con los nombres o los apodos —el trato era evidentemente familiar— de los involucrados en la estafa.
El contexto histórico descubre un aspecto lateral pero igualmente significativo. Acosta fue el undécimo jefe de la Unidad Regional II durante el gobierno de Omar Perotti. Su nombramiento puso fin a la inestabilidad en el cargo, un correlato de la grave crisis de seguridad que padecía Rosario. Pero la normalización institucional se asentó sobre un compromiso de corrupción.
En diciembre de 2023, cuando asumió como ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni afirmó que solo había 20 patrulleros para atender los llamados al 911 en Rosario. Brilloni contradijo esa declaración. Al margen de la polémica, el fraude iba sobre ruedas aunque disminuyeran los patrulleros en la calle: un primer informe de Asuntos Internos detectó 85 móviles que figuraban como fuera de servicio en el parque automotor y realizaban cargas de combustible.
La denuncia anónima que originó la investigación el 18 de julio de 2024 en carta certificada del Correo Argentino mencionó a Ramírez, Domínguez y Acosta. Asuntos Internos, a cargo de las medidas de investigación, presentó los primeros informes sobre irregularidades detectadas el 22 de agosto y el 8 de septiembre de 2024, en este caso junto con la Subsecretaría de Control de las fuerzas de seguridad. El 25 de septiembre de 2024 Acosta obtuvo el ascenso extraordinario de director de policía a director general de policía por “mérito extraordinario en el ejercicio de sus funciones”, lo que puertas adentro fue recibido como un espaldarazo definitivo. Sin embargo, la estructura clandestina tenía fisuras.
Al servicio del fraude
La presentación de los arrepentidos remite a las tensiones y a los rencores incubados durante los dos años en que funcionó la asociación ilícita. Como parte de su descargo, Acosta afirmó que la “oficina de gestión de multas” que administraba Domínguez con mano de hierro era una broma entre compañeros. Pero la supuesta chanza no causaba precisamente gracia, según los testimonios.
La “oficina de gestión de multas” imponía sanciones a los que hicieran mal el trabajo de la recaudación clandestina. Como en un reino del revés, la autoridad policial velaba por la eficacia en el delito y no por el cumplimiento de la ley. Pero además hubo un sentido de humillación y de burla en los castigos que consistían en proveer whisky o asado para la cúpula: “asombra el placer con que (Domínguez) ejerce su dominación sobre los mandos medios y bajos”, apuntó Caterina. Y dar órdenes desde Brasil, donde veraneaban el jefe y su secretario, también resintió los lazos.
Domínguez pareció volverse odioso además porque filtraba el acceso a Acosta. “Era muy difícil para los otros jefes entrar en contacto directo con el jefe de Unidad”, dice Caterina. El bloqueo provocó la reacción de López, según las conversaciones telefónicas interceptadas.
El 14 de noviembre de 2024, la secretaria de Coordinación Técnica y Planificación Financiera Georgina Orciani pidió las rendiciones mensuales y consecutivas desde enero a octubre de ese año respecto del consumo de combustible de las 19 Unidades Regionales de la policía provincial. Las comunicaciones intervenidas registraron el nerviosismo de los actores y en particular el resentimiento de López respecto de sus superiores, lo que ahora se traduce en una declaración en la que compromete al ex jefe del Comando Radioeléctrico.
“En más de una ocasión tuve que ir a hablar en forma personal con el jefe de unidad porque era impresionante la presión que sentía yo, que ejercía sobre mí el señor Domínguez, no solo sobre mí sino sobre los jefes de secciones y sobre los administradores. Quería que aumentáramos lo que se generaba, que subiéramos más plata”, declaró Ramírez. La olla del fraude sigue destapándose con el impulso de esa misma presión.
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