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Sociedad

Del dicho al hecho: quedan miles de personas recluidas en manicomios que por ley ya no deberían existir

En nuestro país, más de 12.000 personas viven encerradas en instituciones de salud mental. En promedio, esas personas llevan 8 años de encierro. Entre ellos también hay 266 niños, niñas y adolescentes. Pero lo más incongruente es que hace más de 10 años que nuestro país cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010, que estableció que el 25 de noviembre de 2020 no debían existir más hospitales psiquiátricos, ni públicos ni privados, en la Argentina. La transición debía ser hacia una atención en centros comunitarios, sin encierros, a través de dispositivos que permitan a las personas vivir en libertad y en contacto con el mundo.

Pero los manicomios siguen existiendo. Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG argentina especializada en derechos humanos, es urgente generar conciencia sobre el problema. Es por eso que el 25 de noviembre del año pasado, la fecha límite que la ley había puesto para el cierre de los hospitales, ACIJ puso en marcha la plataforma “Argentina sin manicomios”, que va contando segundo a segundo el tiempo que transcurre desde esa promesa incumplida.

“¿Por qué la ley no se cumple? Implica un cambio cultural muy profundo —dice Celeste Fernández, abogada, coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ—. Hay intereses económicos, corporativos, falta de voluntad política. Algunas cosas mejoraron, como instituciones que cerraron salas de aislamiento donde las personas eran alojadas como forma de castigo. Pero existe un incumplimiento profundo.”

“Hubo algunos avances —añade Eduardo Quiroga, también abogado e integrante del programa que coordina su colega—. Por ejemplo, la creación de un Órgano de Revisión Nacional en Salud Mental encargado de velar por el cumplimiento de la ley e intervenir en procesos de internación no consentida, cuando se considera que la persona representa un riesgo cierto o inminente para sí misma o para terceros, que según el último Censo Nacional de Salud Mental asciende al 36,4% de las internaciones. Ese órgano es de aplicación obligatoria en todo el país. Otro organismo que la ley creó es la Unidad de Letrados, abogados especializados en salud mental que representan a las personas internadas sin su consentimiento”.

¿Y por casa cómo andamos?

Según el censo, en Santa Fe hay 814 personas internadas en 17 instituciones. Es la cuarta provincia con más internados por salud mental, después de la provincia de Buenos Aires, Caba y Córdoba.

“Cada provincia reglamenta su propia ley y hace un observatorio propio. En Santa Fe se avanzó a instancias de la Defensoría del Pueblo, que instó a la Legislatura a la reglamentación del Organismo de Revisión en Salud Mental. Se hicieron los concursos más importantes. Pero todavía no está funcionando”, dice Facundo Vidal Valls, abogado de la Dirección General de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.

Directora provincial de Salud Mental hace apenas dos meses, la psicóloga Celina Pochettino viene de estar al frente del Agudo Ávila, un hospital monovalente en vías de convertirse en hospital de salud integral. “Tanto allí como en otros hospitales provinciales ha disminuido la población de larga estadía. En el Agudo, por ejemplo, de 58 camas totales ocupadas sólo 12 son de pacientes con estadía mayor a dos años. La pandemia vino con toda su complejidad a señalar la inconveniencia del encierro y de la lógica monovalente de atención. Hemos incluído médico clínico en la guardia del hospital, no solamente psiquiatras. Se logró pasar de un promedio de 18 altas mensuales en el primer trimestre de 2020 a 32 en el último trimestre del año”.

De los personas que pudieron dejar el manicomio “en el mejor de los casos volvieron a sus casas; en otros se desplegaron en la provincia casas asistidas de medio camino, ya hay 12, en pandemia se inauguró una y pronto otra. Además hay acompañamiento en pensiones y también a domicilio. Santa Fe debe tener un plan provincial y convocaremos a distintos sectores porque creemos que hay que hacerlo integralmente”, dijo la funcionaria.

Según el médico psiquiatra Lucas Raspall, que hasta hace poco ejerció su tarea en el Sanatorio Neuropático, en Rosario las instituciones de salud mental monovalentes, tanto públicas como privadas, fueron disminuyendo su cantidad de camas y se avanza hacia un modelo de propuestas ambulatorias más afín con la Ley de Salud Mental.

“La ley es un marco normativo para todos —dice Raspall—. Faltan dispositivos intermedios como centros de salud mental comunitarios, casas de medio camino u hostales asistidos, para terminar con la transición. Lo que sí está instalado en los profesionales de la salud mental es una mirada desde los derechos humanos que no era propia de otros tiempos. No veo a nadie con la vieja mirada. Hoy es también más firme el trabajo interdisciplinario y no hay nuevos profesionales que se vayan formado fuera de este paradigma. Las cosas se irán reconvirtiendo. Es cuestión de tiempo y trabajo”.

Sin embargo, no todos los diagnósticos son tan optimistas.

Vidas miserables

“No se habla de las miles de vidas que están bajo tutela psiquiátrica, con inodoros rebalsados de excrementos, rejas en las puertas, represión policial, profesionales que ignoran la Ley de Salud Mental, agua fría para bañarse, las sábanas sucias, las camas llenas de bichos, la comida vieja, los rostros demacrados, la ropa sucia…” (Juan, sobreviviente de encierro psiquiátrico).

“Los lugares de internación deterioran la salud —dice Celeste Fernández—. Las personas se ven privadas de su libertad individual, pierden lazos familiares y sociales, son excluidas de sus comunidades, del mercado de trabajo, de la educación, están condenadas a una rutina determinada por la institución, a menudo superpoblada. No hay ninguna intimidad, no tienen condiciones de higiene ni de salubridad y esto se agravó con la pandemia. Tienen mala alimentación y están sobremedicadas. Todavía persisten prácticas como la sujeción a las camas o el electroshock. Hay puertas sin picaporte, que sólo se abren desde afuera. El tratamiento que reciben está basado en la medicación como forma de control”.

El tema del género, enfatiza Celeste Fernández, se presenta en prácticas de violencia física o sexual, control no consentido de la capacidad reproductiva a través de acciones como moler pastillas anticonceptivas sobre la comida, ligaduras de trompas contra la voluntad, o quitar a los hijos para ponerlos en adopción. “Esas prácticas, que parecen de otra época, siguen existiendo —afirma la abogada—. Tampoco se aborda con respeto la cuestión sexual, que se patologiza como si fuera un instinto incontrolado. Hay casos de abuso, situaciones no consentidas que no se investigan”.

Fotografías: Alan Monzón

Públicos y privados

Según el último censo —realizado en 2019 y que, en teoría, debería repertirse este año—, la mitad de las personas internadas están en hospitales y centros de salud públicos y la mitad en clínicas privadas. En su portal, ACIJ informa que en el país hay 162 manicomios: el 75% son privados y el 25% públicos.

“El mundo de las clínicas privadas es muy heterogéneo —dice Celeste Fernández—. Puede ser que sean mejores ediliciamente pero nada más. Están sujetas a menores controles. Son más cerradas. Además, las clínicas cobran por cada persona ahí adentro. Les conviene sostenerlas internadas”.

La relación de las familias con los integrantes afectados no siempre es sencilla. “Deberían tener apoyo financiero y emocional —agrega Fernández—. Muchas familias se destrozan a medida que el familiar empeora. Es que llegan a situaciones extremas porque no hay prevención. Y son muchos que no conocen la existencia de la ley, no saben que pueden denunciar cualquier situación de vulneración de los derechos”.

Según el censo, el 66% de las personas internadas recibe visitas. El 41% puede hacer llamadas telefónicas pero en el 13% de los casos las tienen que pagar o si son castigadas no pueden comunicarse. “Hay clínicas que tienen internados menores con adultos. Pasa en clínicas privadas reconocidas, con residencias psiquiátricas donde los psiquiatras son formados dentro de la misma lógica”.

Salir de la sombra

Desde que se sancionó, en 2010, La ley de Salud Mental imponía el cierre escalonado de los manicomios y la creación, a la par, de servicios de salud mental comunitaria. “Pueden ser viviendas asistidas, casas donde vivan 4, 5 o 6 personas con algún profesional que los asista, viva o no con ellos; otros dispositivos como cooperativas de trabajo y grupos de apoyo mutuo; hospitales de día con talleres y actividades. El 58% de quienes viven en neuropsiquiátricos tiene vivienda propia y el 69% ingresos, pero no disponen de ellos. En nuestro país hay algunas experiencias aisladas pero el sistema estructuralmente no se modificó”.

La primera experiencia de desmanicomialización en el mundo surgió en Trieste, Italia, en los años 70. Sólo se interna a las personas por períodos breves, si sufren crisis y únicamente en hospitales generales, cercanos al lugar donde viven, sin aislarlas de la comunidad. En nuestro país, la provincia de Río Negro es pionera: en 1991 se cerraron los manicomios.

“Hay algunas experiencias, como por ejemplo el Programa de Rehabilitación y Externacion Asistida (PREA) del hospital Estévez de Lomas de Zamora, que surgió en los 90 —dice Eduardo Quiroga—. Se crearon grupos de mujeres que van a vivir a una casa. Tienen subsidios a nivel provincial pero enfrentan dificultades para costear el alquiler de las viviendas. En la zona funciona un centro comunitario, abierto a todos, para que se generen lazos no únicamente entre personas con padecimientos mentales. Se han externado así unas 100 mujeres”.

“La ley dice que el Estado debería destinar el 10% del presupuesto en salud a salud mental, pero es apenas el 1,47% —reflexionan los abogados de ACIJ—. Sin recursos son imposibles las transformaciones. Hay estudios que indican que las experiencias de salud comunitaria son costo efectivas: en el mediano plazo, cuestan menos que mantener grandes hospitales neuropsiquiátricos. El problema de fondo es el desconocimiento. Políticos que están en salud y toman decisiones pero que jamás han entrado en un hospital o clínica de este tipo y no tienen idea de lo que se vive detrás de esas paredes”.

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