El 31 de diciembre, cerca de las dos de la tarde, los trabajadores del centro cultural Haroldo Conti recibieron un mensaje de WhatsApp en el que se les informaba que estaban despedidos de sus cargos en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, completando con ellos un tendal de más de 400 cesantías en el organismo dirigido por Alberto Baños. Si bien el mayor impacto de estas medidas se sintió en Buenos Aires, los ecos de una actitud constante de agravio contra las políticas de Memoria (Verdad y Justicia) llegaron a todas las provincias, incluida Santa Fe.
Las esquirlas del desmantelamiento de la secretaría y sus organismos se hacen notar en el desarrollo de las causas de lesa humanidad, en posibles sanciones contra el Estado nacional por parte de autoridades supranacionales y en el clima de época que se configura. Más allá de las consecuencias inmediatas y tangibles, referentes y funcionarios que se desempeñan en este ámbito señalan con preocupación la configuración de un ambiente social que habilita el negacionismo y la repetición de los usos de la violencia como herramienta política.
Encender los candiles
El fiscal federal jefe de la Unidad de causas por delitos de Lesa Humanidad de Rosario, Adolfo Villate, describió en diálogo con Suma Política que la falta de personal en las oficinas de la Secretaría podría traer consigo graves retrasos para el acceso a información documental y diversas evidencias para los juicios: “Esto nos afecta gravemente”, dijo el investigador.
“Cuando investigamos algún hecho que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, una de las bases que consultamos es el Archivo General de la Memoria y el Rutve” (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado), apuntó Villate y añadió que “en la medida que se desarman esas dependencias o se les quitan recursos eso nos debilita muchísimo en la menor calidad de respuestas que obtenemos y la documentación que nos envían o que encontramos.”
El fiscal federal sostuvo que quienes integran la unidad de investigación de lesa humanidad “venimos viendo que esta amenaza (por parte de funcionarios del Ejecutivo nacional e integrantes del arco político afín a La Libertad Avanza) existía desde un comienzo y de a poco se fue concretando. No tiene que ver solamente con la desarticulación de la Secretaría, sino que genera todo un clima en derredor de lo que tiene que ver con los juicios”.
Al ser consultado sobre las consecuencias directas del vaciamiento de la secretaría nacional, Villate dijo que “cada vez vamos a tener menos cantidad de material para sostener nuestras acusaciones. En los ministerios de Defensa y de Seguridad (de la Nación) había equipos que realizaban investigaciones sobre los expedientes de los trabajadores de décadas anteriores en dichas dependencias, que para nosotros eran vitales y que han sufrido desmantelaciones”.
Si bien fuentes consultadas por este medio apuntan que las pruebas de mayor peso específico en estos procesos judiciales son los testimonios de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, el fiscal se mostró preocupado también por las documentaciones provenientes de áreas sensibles del Estado nacional y que necesitan un tratamiento especial, siguiendo protocolos que fueron desarrollado desde cero por los trabajadores y especialistas de las áreas dedicadas a la Memoria. Que ya no estén estas personas a disposición de las consultas del Poder Judicial “tiene consecuencias en la calidad de los materiales que nosotros podemos usar de prueba en el marco de un juicio. Hay un montón de acervos documentales cuyo acceso depende exclusivamente de la voluntad política del Poder Ejecutivo nacional”, espetó.
La variedad de perfiles profesionales y técnicas que empleaba la Secretaría iba de antropólogos, historiadores y fotógrafos hasta ingenieros, físicos, arqueólogos y químicos, que aportaron a la investigación y desarrollo de las centenas de causas que llegaron a juicio.
Los brujos piensan en volver
Si el gobierno de Javier Milei sostiene su posición de ataque contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina “se estaría incumpliendo un compromiso internacional que tiene como contrapartida a su cumplimiento la posibilidad de sanciones comerciales. Esto es así porque la obligación es del Estado todo, del Poder Ejecutivo también”, advirtió la abogada querellante en causas de lesa humanidad Gabriela Durruty, ex coordinadora provincial de Acceso a la Justicia de Santa Fe del Ministerio de Justicia de la Nación, también consultada por Suma.
Según ella, el rol de atender esta responsabilidad de mantener “políticas activas en materia de derechos humanos” cae sobre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debido a su capacidad técnica, territorial y económica. Entre estas responsabilidades se encuentra “proteger la prueba documental y proteger la prueba testimonial, que es la reina de las pruebas”, dado que los juicios de lesa humanidad “no terminaron y no van a terminar mientras permanezcan niños cuya identidad fue suprimida, mientras no sepamos dónde están los cuerpos de los compañeros (detenidos desaparecidos) y mientras sigan apareciendo responsables por identificar. Es una porción muy pequeña de los responsables de un genocidio que se desarrolló durante siete años la que fue juzgada y sancionada”.
Durante los últimos 40 años, la red de organismos y espacios oficiales se ha diversificado y, especialmente después del 2003, han pasado a ser parte de la institucionalidad de los estados subnacionales.
Ramón Verón, director de la subsecretaría de Memoria Democrática de la provincia de Santa Fe, pone paños fríos a su lectura de la coyuntura y baja el precio a los daños que puede llegar a realizar la gestión libertaria a los sitios de memoria dependientes de la provincia y del municipio.
“Hay una relación directa entre lo que es Nación, pero no nos afecta porque la autonomía política de la provincia es total”, sostuvo. El funcionario apuntó que “de ninguna manera se va a afectar a los procesos judiciales que se están llevando adelante. Estamos hablando de 50 años de historia, es imposible poder borrar con el codo lo que se escribió durante 50 años”.
Verón aseguró asimismo que continuarán las políticas de mantenimiento y protección de los ex centros clandestinos de detención (CDD), muchos de ellos hoy declarados espacios de memoria, a los que según otras fuentes del área la provincia podría destinar un importante presupuesto este año.
El titular de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe Emilio Jatón, por su parte, se excusó de responder las consultas de este medio.

Un escenario en disputa
Para Lucas Massuco, licenciado en ciencias políticas y director del Museo de la Memoria de Rosario, que depende de la municipalidad, la desafectación de los trabajadores de la secretaría nacional es otra de las afrentas a las políticas de memoria producidas por el gobierno nacional desde el primer día de su mandato, y construyen de a poco un escenario social en donde se banalizan y colocan de nuevo dentro del plano de lo aceptable las conductas tomadas por los represores de las diferentes dictaduras argentinas, especialmente la última.
“Un eventual cierre de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación afectaría en todas las acciones que articulamos en el territorio con otras instituciones, sumado a que apenas vuelva a funcionar el Poder Judicial vamos a estar en una situación muy diferente a como cerró la actividad en diciembre”, en referencia a las audiencias que se retomarán después de la feria judicial en las causas de lesa humanidad.
El Ruvte, que sistematiza la información de las víctimas del terrorismo estatal “fue desmantelado. Si hacemos una consulta, si pedimos un dato o aportamos información, va a ser muy difícil obtener los resultados con la celeridad que los procesos de verdad y justicia exigen”.
“Estamos alarmados, porque un país que supo ser un ejemplo a nivel internacional en materia de restitución de derechos y memoria en los procesos post dictatoriales, ahora se está transformando en una nación que le está dando la espalda a esos procesos”, dijo Massuco y destacó que desde los espacios subnacionales de memoria “tenemos la responsabilidad de sostener las políticas de derechos humanos y tomar la posta hasta que cambie el clima. O repensar las estrategias para dialogar con una sociedad que ha elegido este camino”.
El docente e investigador reflexionó sobre el cambio de época hacia voluntades políticas que abrevan con los sectores reaccionarios: “El 57 por ciento de la población que apoyó la propuesta de Javier Milei no votó para que haga estas cosas en cuanto a los derechos humanos y memoria, pero sí para ciertos aspectos que tienen que ver con lo macroeconómico. Tenemos la responsabilidad de revisarnos y tomar nuevas conversaciones con una sociedad con la que no nos estábamos conectando hace rato”.
En este mismo sentido, sostuvo que “las nuevas generaciones tienen una agenda de preocupaciones, como la falta de derechos sociales y laborales que defender, no tener casa, etcétera, de ahí que no sea una preocupación. Lo que nos interesa es poder dialogar con esa agenda de preocupaciones y lograr una conexión con este proceso de genocidio que ocurrió en nuestro país y, en vista de esos puentes, lograr construir una mejor sociedad”.