El 2022 fue un año complicado para los asalariados. El crecimiento del costo de vida estuvo por encima de los ingresos en varios sectores y sólo los empleados públicos pudieron ganarle a la inflación. De acuerdo a las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) durante diciembre el salario promedio incrementó un 5,4 %, mientras que el acumulado del año cerró en 90,4 %. La inflación llegó a 94,8 %.
Entre los trabajadores la suba en los precios se convirtió en una de las mayores preocupaciones. Juan Pablo Cassiello, delegado seccional de Amsafe Rosario, explicó “que la inflación es un gran mecanismo que funciona para que los sectores populares que viven del salario pierdan poder adquisitivo”.
En igual sentido se expresó Alberto Botto, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario: “El proceso inflacionario que está atravesando la Argentina es crítico. Afecta a la economía en general pero sobre todo a la economía de los trabajadores y trabajadoras. A partir de las desigualdades se engendra la violencia que vemos actualmente”.
El Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) difundió un informe sobre la pérdida del salario durante el 2022. En comunicación con Suma Política, Natalia Pérez Barreda, integrante de ese colectivo, precisó: “Con los salarios se da un dato preocupante. El país viene de una caída del salario real después del gobierno de Cambiemos y este gobierno no pudo revertir la situación”.
En el mundo laboral hay dos tendencias que se profundizan. Por un lado, la recuperación del ingreso se da de forma desigual según el sector y el tipo de vínculo contractual; por el otro, la curva del empleo informal crece llevando la cifra a 5,4 millones de trabajadores no registrados, dato que representa el 33 % de la fuerza laboral.
Para los especialistas de MATE el salario promedio registrado de noviembre del 2022 fue de 175.500 pesos, mientras que en 2015, a valores actuales, la remuneración promedio del trabajador registrado estaba en 234 mil pesos. “Hay 60 mil pesos menos de capacidad de compra —advirtió Pérez Barreda—. Esto es preocupante porque podemos ver que en una situación de crecimiento económico asistimos a una redistribución regresiva del salario”.
En paralelo, según los informes del gobierno en materia de informalidad, empleo y desocupación, en 2022 se generaron 600.000 puestos de trabajo, pero solo 100.000 estuvieron dentro del sector registrado. “La recuperación económica fue mayor, más temprana y de mayor intensidad que la creación de empleo. Gran parte de los puestos de trabajo creados post pandemia son empleos de menor calidad. Empleos no registrados y crecimiento de monotributistas”, explicó Pérez Barreda, y apuntó que “se agregaron 500 mil monotributistas respecto al año anterior”.
La puja en el sector público
Sobre ese escenario complejo de un mercado de trabajo en recuperación pero sostenido por la reproducción de la informalidad, los gremios ya comenzaron a discutir las paritarias del año en curso. Los sindicatos tienen por delante un verdadero desafío. Algunos buscan recuperar parte de lo perdido, pero el conjunto deberá negociar en un clima donde nuevamente parece consolidarse un alza en los precios.
En el sector público de Santa Fe, los gremios docentes ya rechazaron la primera oferta del gobierno provincial de un 33,5 % de aumento escalonado hasta julio y van a un paro de 48 horas el miércoles 1° y jueves 2 de marzo, que es cuando debían empezar las clases. Los docentes finalizaron el 2022 con una actualización por encima de la suba de precios, sin embargo para Cassiello el salario no logra recuperar la pérdida de los años anteriores: “Nosotros sobre fin de año pudimos ganarle a la inflación, pero durante los nueve meses del año pasado perdimos en relación con un salario que ya venía deteriorado”.
Distinta es la situación del sindicato de Luz y Fuerza. A fines de octubre, el gremio cerró una paritaria con un incremento del 99 %. “La situación salarial es buena, logramos algo de equilibrio dentro de lo que significó el proceso inflacionario”, aclaró Boto.
“Si bien no se avanzó mucho, nosotros estamos en medio de la negociación. Se difundió la referencia de la paritaria nacional docente con porcentajes que podrían mejorar el salario”, detalló Cassiello. El gremio docente de la provincia considera que la negociación paritaria deberá “plantear un aumento cercano al 100 % para el cargo testigo, es decir, un salario de 240 ó 250 mil pesos, equivalente a la canasta básica”.
Por su parte, Boto señaló que el gremio avanza con las discusiones con la Empresa Provincial de la Energía y en la paritaria nacional sin demasiados contratiempos, aunque “falta establecer cómo van a ser los acuerdos”, explicó. Sin embargo advirtió que buscan que “haya revisión y acuerdos cortos”.
Recalculando
Debido al ritmo que tuvo la variación en los precios durante el año pasado, los gremios discuten distintas estrategias para evitar que el incremento de la canasta básica y otros gastos afecte los acuerdos paritarios. El repertorio de herramientas va desde la aplicación de una suma fija al salario hasta la instrumentación de la cláusula gatillo.
“Lo que nosotros planteamos es tener un aumento ahora en marzo y después un mecanismo que logre sostenerlo”, argumentó Cassiello sin precisar qué tipo de mecanismo debería instrumentarse. Para el dirigente docente “la suma fija achata las escalas. Nosotros tenemos escala por antigüedad. Se han diseñado mecanismos para achatarlas y nosotros por el contrario planteamos que las escalas se tienen que recuperar”.
Boto rechazó la implementación de la cláusula gatillo para ajustar automáticamente los salarios: “La cláusula gatillo es una recomposición tardía. Sigue de atrás al indicador. Nosotros creemos que es mejor establecer un porcentaje de arranque que vaya cubriendo previamente los procesos inflacionarios que se van dando en los meses subsiguientes”.
Sin embargo, el Secretario de Luz y Fuerza no descarta la incorporación de una suma fija al salario siempre que se respete la paritaria. “Primero la paritaria, y después si viene un bono, es válido”, resaltó.
Actividad cae y la deuda sigue
En el Palacio de Hacienda se encendieron las luces de emergencia. Los guarismos de enero volvieron a colocar la cifra de la inflación en el piso de los 6 puntos comprometiendo las proyecciones en materia de precios. Asimismo, se profundiza la tendencia a la desaceleración de la actividad que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) difundió a fines de 2022.
El oficialismo continúa con el mismo plan desde que Massa maneja la cartera de Hacienda. Intenta ordenar las principales variables macroeconómicas haciendo desembolsos en dólares como parte de la refinanciación del programa de crédito stand-by y a la vez busca la estabilidad del mercado cambiario incrementando las reservas del BCRA.
Para pagar la deuda profundiza la reducción del gasto público quitando subsidios y disminuyendo la emisión monetaria. Para acumular reservas, implementa tipos de cambio paralelos (dólar soja I y II), recibe financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y espera cerrar acuerdos comerciales ventajosos con el Brasil de Lula.
Con las disertaciones de Massa hay que hacer un ejercicio talmúdico para distinguir entre las palabras y los hechos. Si bien señala la importancia del mercado interno y el rol que desempeñan los ingresos de asalariados en el producto bruto, los instrumentos de estímulo a la exportación, subsidios a las empresas de servicios públicos y atractivos fiscales para los bonistas del mercado doméstico no frenan la inflación ni mejoran la situación salarial.
Distintos analistas y dirigentes sindicales coinciden en mencionar el pago de la deuda externa como la mayor dificultad que tiene el gobierno: “La deuda va a ser un condicionamiento más en un momento de restricción externa como el actual donde tenés dificultades para retener los dólares del superávit comercial”, reflexionó Pérez Barreda.
A fines del mes de enero el gobierno realizó dos desembolsos para el pago de las cuotas del préstamo stand-by gestionado por Macri en 2018. Mientras se espera una revisión fiscal del organismo internacional en marzo, durante la primera parte del 2023 el oficialismo pagó una suma de 14 millones de dólares.
Según la economista de MATE, la dependencia externa clausura la posibilidad del gobierno para hacer un giro en su política económica: “Las revisiones del FMI controlan el gasto público evitando que el Estado en momentos de desaceleración, gastando más, pueda expandir la economía”.
El impacto de la deuda se hace sentir en la estructura de precios. Para respetar los compromisos de pago, el gobierno está subiendo el tipo de cambio oficial acelerando el ritmo de la devaluación. Con una referencia de valor o ancla económica en ascenso, la desvalorización de la moneda local se traslada a los precios de la góndola.
El salario tendrá un 2023 con grandes desafíos. La desaceleración de la actividad repercute en la contratación y la calidad del empleo. Los ingresos, jaqueados por un régimen de alta inflación, deberán sortear las dificultades mejorando las negociaciones salariales y al mismo tiempo exigiendo aperturas que se adapten a la variación del costo de vida. Sin embargo, las estrategias dependen del nivel de protección sindical de los trabajadores y el sector de la producción en la que se inserta cada gremio.
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