Para un gobierno golpeado, lo más razonable era proponer un plan de control de daños, con un primer escalón: mostrar algún triunfo legislativo, justo en ese universo palaciego donde con posterioridad al Mundial de fútbol han cambiado —y para siempre— las proporciones numéricas, la correlación de fuerzas políticas. Este martes pasado, el gobierno consiguió un módico alivio: alineó a un puñado de gobernadores del llamado Norte Grande y prometió un “zonas cálidas” para el próximo verano, a cambio de eliminar los subsidios a “zonas frías”, que continúan vigentes pero que con media sanción en Diputados buscan su momento para atravesar el Senado y obtener sanción completa.
La promesa de la Casa Rosada a los gobernadores amigos del norte argentino es subir hasta 300 KWh mensuales el consumo con subsidio, e incluso, hasta 500 KWh en aquellos puntos “muy calientes” donde el aire acondicionado es un pulmotor que funciona 24 x 7 desde diciembre a marzo, para que la vida humana sea algo razonable. Desde ya, la maniobra de los subsidios a “zonas cálidas por frías” es un traspaso de recursos de un área a otra del país, sin consecuencias relevantes en el gasto público: busca una buena noticia legislativa para el gobierno, y un verano algo más amigable para el electorado de las provincias del norte en el semestre anterior a las elecciones nacionales.
El norte argentino, por padrón electoral, al menos cuadriplica a las provincias de la Patagonia. La provincia de Santa Fe perdería el beneficio de zonas frías en algunas decenas de localidades del sur, pero no ganará beneficios por zona caliente; no está en esa conversación.
Una sesión fría
Esa sesión con la que el oficialismo planea volver al Senado todavía está fría, no tiene fecha cierta. Igual o más fría sigue siendo para el gobierno la pretensión de alterar las reglas de juego electorales de 2027, con la mentada suspensión de las elecciones primarias, PASO. El peronismo ya empezó a mover su diversidad en un sentido unitario, y generó un hecho político relevante que marca el cambio de época: el encuentro entre una decena de líderes nacionales (con la presencia, hasta ahora regateada, de Axel Kicillof) conmovió el tablero de manera real: ni siquiera necesitó una foto. Como en el amor verdadero, no es con una publicación sonrientes en Instagram donde se valida la relevancia histórica de los hechos.
El número de mayoría absoluta en el Senado (37), piso necesario para bajar las PASO, todavía no está ni en el presente ni en el horizonte cercano de la Casa Rosada. Por eso, ahora la Rosada habla de noviembre o diciembre para ir por las PASO; el peronismo, por su parte, se autopercibe creciendo, y espera que la temporada primavera verano lo encuentre más fuerte y no más débil que hoy mismo.
Más controlada para el gobierno de Milei se anuncia la sesión del próximo 26 de agosto, cuando intentará meter como tema principal la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y el denominado Inocencia Fiscal II, a la vez que la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción de la alícuota del IVA para la fécula y la harina de mandioca, que pasaría del 21% al 10,5%.
Con todo, la dramática deriva económica de millones de argentinos no se resuelve con una módica baja en el precio de la harina de mandioca, posiblemente celebrada por la amplia y generosa comunidad paraguayo-argentina que puebla masivamente los conurbanos de las principales ciudades del país. La explosión que creció de manera vertical en el último semestre fue el endeudamiento popular, en especial, con las opacas billeteras virtuales que ponen dinero prestado en mano a un touch de celular pero, rápidamente, transforman al deudor en muerto civil al no poder afrontar tasas de interés disparatadas.
La tormenta cercana
En este punto, el gobierno enfrenta una tormenta que se está armando de dimensiones impredecibles. Subestimó el conflicto con la frase provocadora de sus funcionarios “un problema entre privados”, y todo indica que llegará mal y tarde para ensayar una respuesta política adecuada a un asunto que angustia de manera directa a unos seis millones de argentinos, y varios millones más si se contabilizan los grupos familiares involucrados.
Las propuestas parlamentarias para aliviar a los hundidos por las deudas que contrajeron en el violento retroceso de ingresos y crecimiento de precios —sobre todo la comida—, son una treintena y se tratarán en Diputados en las próximas semanas en comisiones. Entre esas propuestas, se destaca la de la santafesina Caren Tepp (Unión por la Patria), con un trabajo de recolección de datos detallado y construido a lo largo y ancho de toda la bota santafesina.
La diputada rosarina de Ciudad Futura, originaria de Santo Tomé, busca crear un Régimen de Emergencia para el Desendeudamiento Social (REDES), destinado a personas con deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales que se encuentren en situación de mora. Prepara, por lo demás, el lanzamiento en los próximos días de un manual de ayuda para endeudados: un material que contribuirá a resistir y a organizarse contra el endeudamiento.
“Pensábamos el crédito como una herramienta para hacer una inversión, para acceder a un bien relevante. Hoy cada día más familias recurren a una tarjeta, a una aplicación, para pagar la comida, el alquiler, los medicamentos o las tarifas”, sostuvo Tepp a Suma Política.
“Hay un momento en que la deuda deja de ser una solución transitoria y se convierte en el problema. Cuando una familia tiene comprometido lo que todavía no cobró se pierde la capacidad de sostener la vida cotidiana”, amplió la diputada que ingresó a la Cámara baja nacional en diciembre de 2025, luego de encabezar la lista del peronismo y aliados en la provincia de Santa Fe.
El proyecto contempla quitas de capital según la antigüedad de la mora y establece límites para la tasa de refinanciación. La cuota resultante de la reestructuración no pueda superar el 20 por ciento de los ingresos netos mensuales de la persona deudora. También contempla la extinción de determinados intereses punitorios y establece que los costos administrativos de la renegociación no puedan trasladarse al deudor. Además, prevé que durante el proceso de renegociación se suspendan las acciones judiciales y extrajudiciales de cobro y el devengamiento de intereses, cargos y comisiones sobre las deudas alcanzadas por el régimen.
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